Corte Suprema acoge recurso de amparo y autoriza ingreso al país de ciudadana haitiana para que regularice su situación migratoria

Se estableció el actuar ilegal de la Prefectura de Policía Internacional Aeropuerto, que le impidió el reingreso al país a la amparada.

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo deducido y autorizó el ingreso al país de una ciudadana haitiana que se encuentra retenida en el aeropuerto, con el objetivo que regularice su situación migratoria.

El fallo señala que la amparada salió del territorio nacional con fecha 6 de junio de 2019, intentando regresar al país con fecha 4 de diciembre de 2020 y 10 de febrero pasado, sin que Policía Internacional Aeropuerto, le permitiera ingresar a territorio nacional, al estimar que había operado la revocación tácita de su permiso de permanencia definitiva, por lo que se encontraba en situación irregular de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 N° 4 de la Ley 21.325 y no contaba con el visto consular de turismo necesario para los ciudadanos de nacionalidad haitiana.

La resolución plantea que, respecto de la parte actora debe tenerse en consideración que la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2, enfermedad que amenaza la vida y salud individual de la totalidad de la población mundial, misma que no ha sido controlada, además, las persecuciones políticas y dificultades económicas más las carencias sanitarias que padecen en sus países de origen quienes ingresan irregularmente a Chile, las que son de público conocimiento y que incluso, como es sabido, han llevado a naciones, a autorizar, recientemente, visas temporarias a cientos de ciudadanos extranjeros que han acudido hasta sus respectivas fronteras, de modo tal que impedir el ingreso a territorio nacional de un ciudadano extranjero bajo tales circunstancias, implicaría necesariamente una afectación de la integridad física, psíquica y seguridad personal del mismo.

“En este sentido, la Declaración de Cartagena de 1984, recoge las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisando un concepto de refugiado al incluir en él a las personas que han huido de sus países porque, su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; lo que es recogido posteriormente en la Declaración de San José de 1994. Por consiguiente, resultan aplicables en la especie, esta vez como principios propios del Derecho Humanitario Internacional, el de Defensa, Revisión de la Medida y Decisión Judicial Previa, de la No Devolución y No Rechazo en Frontera, haya sido o no reconocida la condición de refugiados, hayan ingresado o no regularmente al territorio nacional, normas del Derecho Internacional reconocidas a partir de la Convención de 1951, y artículo VII del Protocolo de 1967 y que proviene de la condición de aquellos. Esto ha sido reconocido, asimismo, de acuerdo al ius cogens en forma expresa en la Declaración y Plan de acción de México, para fortalecer la protección internacional en favor de las personas en América Latina”, añade.

“Tal ámbito del Derecho Internacional ha sido recogido por la Ley 20.430, sobre Protección de Refugiados, y su Reglamento 837, artículos 1, 6, y 26, y, 1, 32, y 35, respectivamente. Por ello, carece de importancia de hecho y jurídica si el ingreso al territorio nacional se ha efectuado por las personas amparadas de forma regular o irregular, razonando y teniendo en cuenta que la salida del país de origen o del lugar en que tenían residencia ha sido urgente y precaria y a veces el extranjero debió ingresar al país necesariamente en forma irregular”, razona el máximo tribunal.

Por todo lo anterior, se revoca la sentencia apelada de dos de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 1528-22, y en su lugar se declara que se acoge la acción constitucional intentada en autos en favor de J.B., de nacionalidad haitiana y se dispone que la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente la Prefectura de Policía Internacional Aeropuerto, deberá permitir el ingreso de la amparada al territorio nacional, a fin que pueda realizar un proceso de regularización de su situación migratoria.

Consulte texto completo de la sentencia.

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