Corte de Santiago confirma resolución que ordenó entrega de información sobre inversión extranjera

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por una Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, en contra del Consejo para la Transparencia que le ordenó entregar información sobre contratos de inversión extranjera solicitada por ley de transparencia.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada  estableció que la información solicitada es de carácter público, por lo que no está sujeta a causal de reserva.

Que la recurrente, alega, entonces, en síntesis, primeramente, que no le resulta posible atender a la entrega de la información solicitada, argumentando, que la misma no reviste la calidad de pública, y asimismo, porque no existiría constancia que los inversionistas extranjeros hubieren entregado copia de las escrituras de los contratos en cuestión, ni que la institución los tenga en su poder, y que su búsqueda, dado su volumen, por no encontrarse digitalizada gran parte de aquella, y otras almacenadas en bodegas externas, destinadas al efecto, implicaría la distracción de sus funcionarios de sus labores habituales, de conformidad a lo previsto en el número 1°, letra c) del artículo 21 de la Ley de Transparencia”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “Al respecto, cabe señalar, que la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, si bien cuenta con patrimonio propio y personalidad jurídica, es un servicio público, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyo objeto es la promoción y atracción de la inversión extranjera, y el mejoramiento del clima de inversión en el país, ofreciendo los servicios de atención y provisión de información a potenciales inversionistas, así como servicios de facilitación y acompañamiento en la materialización de sus proyectos de inversión y servicios de post inversión, instalados en el país”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “En razón de lo dicho, resulta dable establecer que, a su respecto aplica el artículo 28 de la Ley de Transparencia, el que impide reclamar ante la Corte de Apelaciones de aquellas resoluciones del Consejo para la Transparencia que otorguen acceso a la información, a los órganos de la Administración del Estado, que la hubieren denegado fundados en la causal del número 1° del artículo 21 de la ley en comento”.

De esta forma, lo anterior, es suficiente para concluir que el reclamo de la Agencia, en esta primera alegación, carece de legitimación activa, debiendo desecharse la causal de reserva invocada”, añade.

Que, sin perjuicio de lo relacionado, atendida la naturaleza de las funciones de la recurrente, y de la información solicitada, constituida por las copias de los contratos, que se enuncian en la resolutiva de la decisión de amparo, celebrados por la sociedad Atento B.V., a través de la recurrente, como su apoderado –los que detentan una naturaleza pública–, en lo tocante a la distracción indebida de sus funcionarios de sus labores habituales, no se encuentra debidamente justificado ni acreditado en autos, la exigencia prevista en el inciso final del artículo 7° del Reglamento de la ley en comento, esto es, cuando: ‘‘… su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales’”, afirma el fallo.

En efecto, lo que impone, a quien invoca tal causal, la carga de evidenciar, en forma precisa, antecedentes tales como el detalle efectivo de las horas y cantidad de funcionarios necesarios para la recopilación de la información solicitada, y la magnitud e incidencia de la misma, en sus labores habituales, sin que, baste una mera referencia general al respecto.
De modo, que como se ha dicho, siendo la regla general la publicidad de los actos de los órganos del Estado, cualquier excepción a este principio, debe interpretarse restrictivamente, y en cada caso, acreditarse fundadamente, lo que en la especie, no ocurrió”, concluye.

Ver fallo Corte de Apelaciones aquí.

(Fuente: poder judicial)

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