Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 07

RECURSO DE APELACIÓN –  FALTA DE SERVICIO – AUTORIZACIÓN DE LOTEO

GARCÍA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA – OCTAVA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Octava
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312678
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACION – CALLES Y CAMINOS PÚBLICOS – MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS – DISCAPACITADOS – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – DAÑO EMERGENTE – DAÑO MORAL – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

El diseño de la vereda peatonal, no permitía ni aún con la reparación efectuada con posterioridad al accidente del actor, asegurar que esta pudiera servir de manera adecuada para el desplazamiento de una silla de ruedas, y en particular, una de las características de las que el actor poseía al momento del accidente, razón por la cual sí es posible concluir que en la especie existió una falta de servicio, máxime considerando que el Estado ya había adquirido un compromiso a raíz de la ratificación de la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada en aquella parte que rechazó el daño emergente y, en su lugar, acogerlo, confirmándose la sentencia que acogió la demanda por falta de servicio. Esto, debido a que el diseño de la vereda peatonal, no permitía ni aún con la reparación efectuada con posterioridad al accidente del actor, asegurar que esta pudiera servir de manera adecuada para el desplazamiento de una silla de ruedas, y en particular, una de las características de las que el actor poseía al momento del accidente, razón por la cual sí es posible concluir que en la especie existió una falta de servicio, máxime considerando que el Estado ya había adquirido un compromiso a raíz de la ratificación de la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad.

2.- Si bien la Ley N° 20.422 vino a hacer más específica la obligación contraída por el Estado de Chile, y dispuso un plazo para la ejecución de obras conforme a un nuevo estándar, según se lee en el artículo 1° transitorio, ello en ningún caso importa que la Municipalidad queda exonerada de su obligación de mantener las vías públicas en estado de servir a todas las personas, incluyendo sin duda a todas aquellas en situación de discapacidad, en el marco del principio de no discriminación e igual goce en el ejercicio de los derechos, consagrado en el artículo 1° de la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad.

3.- Resulta inaceptable que la municipalidad pretenda coartar el derecho del actor a desplazarse libremente por el territorio comunal, señalándole al demandante la ruta que -según su parecer- debía seguir para regresar a su hogar, puesto que como se viene razonando, la demandada tiene la obligación de satisfacer las necesidades de la comunidad local, lo que importa acondicionar las distintas calles con rebajes peatonales y rampas para que las personas con discapacidad puedan desplazarse por donde estimen conveniente en pleno ejercicio de su libertad ambulatoria. No resulta así procedente invocar como causal de exoneración de responsabilidad el hecho de que el actor hubiera estado circulando por la calzada, dado que la prueba rendida en la instancia demostró que era la única alternativa de que disponía para transitar hacia y desde su domicilio. Tampoco resulta excluyente que el actor en este caso exija por un lado la responsabilidad civil de la Municipalidad, y que, por otro lado, se pueda exigir la responsabilidad del conductor del vehículo que provocó el accidente, pues son responsabilidades que tienen un origen diferente, y lo que acá se discute es el cumplimiento dado por la demandada con respecto a aquellas obligaciones que le son exigibles en materia de conservación de las vías públicas de su comuna.

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RECURSO DE PROTECCIÓN –  CORONAVIRUS – LICENCIA MÉDICA –  

ALCALDESA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA Y OTROS C/ MINISTRA DE SALUD SUBROGANTE – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Copiapó
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312657
Compendia: Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – CORONAVIRUS – LICENCIAS LABORALES – AUTORIDAD SANITARIA – POLITICAS DE ESTADO – RECHAZO DEL RECURSO –

La orden de no entregar licencias médicas a las personas consideradas como «Alerta Contagio», conocidos como contactos estrechos, según se señala en Plan de Manejo de Coronavirus en Chile frente a nueva variante ómicron, no puede constituir una contravención a la normativa vigente. Por el contrario, la decisión de la autoridad sanitaria encuentra cobijo en las normas, que frente a una situación que ha sido calificada como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, la habilitan a dictar medidas en el ejercicio de sus prerrogativas y en resguardo de la salud de la población. Tampoco resulta arbitraria pues se enmarca dentro del Plan de manejo frente a la nueva variante, cuyo objetivo es disponer de nuevas estrategias para el manejo de la pandemia, en base a criterios técnicos de salud pública proporcionados por la ciencia y la comunidad de expertos nacional e internacional y a las características de la variante indicada.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección deducido en contra de la autoridad sanitaria por la orden de no entregar licencias médicas a las personas consideradas como Alerta Contagio, conocidos como contactos estrechos, según se señala en Plan de Manejo de Coronavirus en Chile frente a nueva variante ómicron, vigente desde el 20 de enero 2022. Al respecto, no se vislumbra cómo la actuación denunciada, esto es, la decisión de no otorgar licencia a quienes queden comprendidos en la clase Alerta Covid y que forma parte de la implementación del plan aludido, puede constituir una contravención a la normativa vigente, ya detallada precedentemente. Por el contrario, la decisión de la autoridad sanitaria encuentra cobijo en las normas, que frente a una situación que ha sido calificada como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, la habilitan a dictar medidas en el ejercicio de sus prerrogativas y en resguardo de la salud de la población. Además, tampoco resulta arbitraria pues la medida, que la recurrente impugna, se enmarca dentro del Plan de manejo de coronavirus en Chile frente a nueva variante ómicron, cuyo objetivo es disponer de nuevas estrategias para el manejo de la pandemia, en base a criterios técnicos de salud pública proporcionados por la ciencia y la comunidad de expertos nacional e internacional y a las características de la variante indicada.
2.- La nueva variante, si bien ha demostrado ser más contagiosa, tiene menor patogenicidad y menor virulencia, lo que unido a la alta cobertura de vacunación alcanzada permite evitar formas más graves de la enfermedad y una menor tasa de hospitalización, lo cual ha hecho necesario adaptar las estrategias vigentes de testeo, trazabilidad y asilamiento, conforme a las recomendaciones del Consejo Asesor y de los expertos internacionales.
3.- La función de dictar las políticas públicas dentro de un Estado Democrático de Derecho le corresponde efectuarlo al Gobierno que asuma la dirección del Poder Ejecutivo del país, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia en esta materia, no siendo posible, por tanto, al Poder Judicial atribuirse dicha función en conocimiento y resolución de una acción de protección, por cuando aquello podría implicar la intromisión en facultades privativas que el constituyente ha establecido al respecto.
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RECURSO DE PROTECCIÓN –  FUNCIONARIOS A CONTRATA – INVALIDACIÓN DE CONTRATACIÓN –  

CASTILLO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312617
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – LABORAL – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DECRETO ALCALDICIO – ACTO ADMINISTRATIVO – REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La declaración que impone la obligación de devolver las remuneraciones pagadas por la Municipalidad como contraprestación de servicios en un contrato invalidado excede el marco de competencia de la potestad invalidatoria de la administración, al aplicarse al respecto la normativa del Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, dando lugar al recurso de protección interpuesto contra el decreto alcaldicio mediante el cual se invalidaron los contratos de trabajo correspondientes a la actora con la Municipalidad. Esto, pues al haberse excedido de los márgenes establecidos por ley para su obrar, el actuar de la recurrida configuró una actuación antijurídica, no sustentada en sus facultades ni en la razón, por no sujetarse íntegramente a las disposiciones constitucionales y legales que deslindan su poder de invalidación, y ha incurrido en autotutela, pues estableció en su favor, la existencia de una obligación, vulnerando así, la igualdad ante la ley que le asiste a la actora, desde que el Municipio declaró por sí y ante sí un crédito en su beneficio, constituyéndose así en una comisión especial.

2.- La declaración relativa a la imposición de devolver las remuneraciones devengadas y pagadas a la funcionaria por los servicios prestados durante el desarrollo del vínculo entre las partes excede el marco de competencia franqueado por la ley a la potestad invalidatoria ejercitada, toda vez que ésta se encontraba limitada únicamente para «invalidar los actos contrarios a derecho». Refuerza esta conclusión si observamos a modo de ejemplo, que es la ley la que otorga facultades expresas a la Administración, para adoptar decisiones que afectan las remuneraciones de funcionarios, como podemos apreciar del artículo 67 de la Ley N°10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

3.- La declaración controvertida afectó derechos adquiridos por la actora, incorporados a su patrimonio como correlato de la prestación de servicios, al tenor de la definición establecida por el artículo 5 letra d) y 93 y siguientes de la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, e inclusive en el artículo 54 bis del Código del Trabajo, aplicable en la materia de acuerdo a lo estatuido en el inciso tercero del artículo 1° de dicho cuerpo normativo. En este caso, la recurrida se encuentra vedada de establecer por decreto -tras el análisis de procedencia de reembolsos o restituciones prescrito por el artículo 63 de la Ley Nº 18.575- la existencia de un crédito en su favor, porque aquello implica un actuar no amparado por su potestad invalidatoria, expresamente restringida, como se razonó. Y porque además importó un pronunciamiento que en el caso, no ha principiado su análisis desde la presunción de la buena fe, que le asiste a la afectada.

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LABORAL – RECURSO DE NULIDAD –  CORPORACIÓN MUNICIPAL – DOCENTES –  

CONTRERAS C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO – SEGUNDA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala: Segunda
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312632
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – DOCENTES – INTERPRETACION DE LA LEY – VIGENCIA DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Dado que la demandante cumplía con los requisitos para ser titular en el cargo, al momento de terminar su vínculo contractual a plazo, era menester que la Corporación Educacional, en su momento, realizara las adecuaciones contractuales pertinentes para reconocerle tal calidad y de esta manera, su vínculo laboral hubiera estado vigente al momento del traspaso, y acto seguido, la incluyera en el listado del personal docente traspasado, obligación que no cumplió por considerar que no tenía derecho a tal reconocimiento e inclusión, violando con ello, principios laborales fundamentales, como es, el principio de continuidad laboral derivado del genérico principio protector, que tiene por fundamento el que la relación laboral no es efímera, sino que presupone una vinculación que se puede prolongar en el tiempo.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda declarativa de titularidad docente, ordenando a la demandada, Servicio Local de Educación Pública, extender a nombre de la demandable el respectivo contrato de trabajo en ese sentido. Al respecto, dado que la demandante cumplía con los requisitos para ser titular en el cargo, al momento de terminar su vínculo contractual a plazo, esto es, el día diez de marzo del año 2020, era menester que la Corporación Educacional específica -que entró en funcionamiento el día 01 de enero del año 2020-, en su momento, realizara las adecuaciones contractuales pertinentes para reconocerle tal calidad y de esta manera, su vínculo laboral hubiera estado vigente al momento del traspaso, y acto seguido, la incluyera en el listado del personal docente traspasado, obligación que no cumplió por considerar que no tenía derecho a tal reconocimiento e inclusión, violando con ello, principios laborales fundamentales, como es, el principio de continuidad laboral derivado del genérico principio protector, que tiene por fundamento el que la relación laboral no es efímera, sino que presupone una vinculación que se puede prolongar en el tiempo, acertando la jueza del grado, en su considerando noveno, que justamente la docente recurre a la tutela judicial para obtener tal reconocimiento.

2.- La aplicación de las normas legales que regulan el reconocimiento de titularidad en el cargo docente y el traspaso de establecimientos educacionales no puede quedar al mero arbitrio o errada interpretación que hagan los organismos involucrados en dicha materia, y el hecho de no incluir a la demandante en la nómina del personal docente traspasado, teniendo derecho a estarlo, no puede constituir una infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

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LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – MUNICIPALIDADES – NULIDAD DEL DESPIDO  

SOTO BUSTAMANTE, DANIEL C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS – CUARTA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312660
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – ORGANOS DEL ESTADO – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogiendo la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado y nulidad del despido. Al respecto, yerra la sentencia al aplicar la sanción de nulidad del despido, pues tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. Además, se ha considerado que la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

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