Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 08

RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – ESTATUTO DOCENTE – BONO PROPORCIONAL

MUÑOZ ZAPATA, LUIS Y OTROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COELEMU – CUARTA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312752
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes -docentes del sector municipal-, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda deducida por ciento noventa profesores en contra de la municipalidad, por medio de la cual los actores solicitaron se le condene al pago del aumento de la bonificación proporcional que contempla la Ley N° 19.933 . Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

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CORPORACIÓN MUNICIPAL – SALUD – RECURSO DE PROTECCIÓN

SOTO C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312738
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – SERVICIOS DE SALUD – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DESPIDO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DEL RECURSO –

La decisión de no renovar la contrata se encuentra debidamente fundada pues se sustenta en dar estricto cumplimiento a la Ley 19.378, en relación con lo informado por el Servicio de Salud, disminuyendo así el porcentaje de funcionarios a contrata a los límites impuestos por la ley. Este razonamiento se corrobora con lo indicado en la resolución impugnada, en el que consigna que la función desempeñada por la recurrente, esto es, profesional técnico en el Cesfam, será desempeñada el año siguiente, por personal perteneciente a la dotación de salud contratados de forma indefinida. De esta forma la resolución exenta encuentra justificación en la condición de dotación del servicio, amén de lo indicado por el Servicio de Salud que la obligaba a disminuir su personal a contrata.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de protección deducido por la funcionaria en contra de la decisión de no renovar su contrata. Esto, debido a que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente fundado pues la recurrida sustenta su decisión de no renovación de la contrata, en dar estricto cumplimiento a la Ley 19.378 , en relación con lo informado por el Servicio de Salud, disminuyendo así el porcentaje de funcionarios a contrata a los límites impuestos por la ley. Este razonamiento se corrobora con lo indicado en el considerando séptimo de la resolución impugnada, en el que consigna que la función desempeñada por la recurrente, esto es, profesional técnico en el CESFAM, será desempeñada el año 2022, por personal perteneciente a la dotación de salud contratados de forma indefinida.

2.- La resolución exenta encuentra justificación en la condición de dotación del servicio, amén de lo indicado por el Servicio de Salud que la obligaba a disminuir su personal a contrata. Por ello, es posible concluir que el acto administrativo se encuentra debidamente fundado, sin que la decisión adoptada pueda ser considerada arbitraria o ilegal, puesto que no es consecuencia del mero capricho, sino del ejercicio de una potestad legal, llevada a cabo con el fin de ajustar el actuar del Municipio a la legalidad vigente.

3.- Es requisito sustancial en la decisión de no renovar la contrata que la autoridad aporte la expresión de su motivo o fundamento concreto, que ha sido exigida como condición de mínima racionalidad, puesto que, como ocurre en la especie, a través de tal resolución, se afectan derechos de las personas, de modo que si carece de ellos, la resolución impugnada resultaría ilegal por contravención a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 19.880 al carecer de razonabilidad y de fundamentos suficientes. Ahora bien, al examinar el acto administrativo que se objeta, se aprecia que éste, a diferencia de lo planteado por la recurrente, se encuentra debidamente fundado.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – RENOVACIÓN DE CONTRATA

PEÑA Y LILLO FUENTES, ANA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312690
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – FUNCIONARIOS PUBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – DESPIDO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO –

El Municipio realiza una notificación verbal de no renovación de contrata de una nutricionista, lo cual vulnera la garantía de igualdad ante la ley al no fundamentarse la decisión.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la decisión del municipio recurrido de comunicar la no renovación de la contrata a la recurrente. Esto, pues este actuar es ilegal y arbitrario por infringir la exigencia de fundamentación que contemplan los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, tornándola arbitraria por vulnerar la igualdad ante la la ley garantizada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución.

2.- Para que la decisión recurrida se ajustara a derecho, era menester que el municipio recurrido manifestara de modo pormenorizado que se evidencia que los servicios de la recurrente ya no son requeridos, situación que debe ser vinculada con elementos objetivos, en el sentido de que el cargo desempeñado por la actora en calidad de nutricionista ya no es necesario. Sin embargo, esto no se realizó, pues no concurrió en la especie acto formal alguno de la Administración en dicho sentido, por cuanto es inconcuso que el aviso de la decisión de no renovación se comunicó verbalmente. Se advierte, entonces, la evidente falta de fundamentación de la decisión.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO -RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

DÍAZ FLORES, ESTER Y OTRA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312764
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – ORGANOS DEL ESTADO – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO –

Si bien puede sostenerse que la sentencia que reconoce existente una relación laboral entre las partes, es de evidente naturaleza declarativa, y que procede sancionar al empleador con la nulidad del despido en caso de constatarse que dejó de pagar en forma íntegra y oportuna las cotizaciones previsionales, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de relaciones laborales que provienen de un contexto de contratación a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, pues, en tales casos, concurre un elemento que permite diferenciar su aplicación, por cuanto surgieron al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, particularidad que permite entender que no responde a la hipótesis estricta para la que se previó la nulidad del despido.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda de declaración de relación laboral, rechazó aplicar la sanción de nulidad del despido. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues si bien puede sostenerse que la sentencia que reconoce existente una relación laboral entre las partes, es de evidente naturaleza declarativa, y que procede sancionar al empleador con la nulidad del despido en caso de constatarse que dejó de pagar en forma íntegra y oportuna las cotizaciones previsionales, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de relaciones laborales que provienen de un contexto de contratación a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, pues, en tales casos, concurre un elemento que permite diferenciar su aplicación, por cuanto surgieron al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, particularidad que permite entender que no responde a la hipótesis estricta para la que se previó la nulidad del despido, que excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar, por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, contravención que justifica el castigo descrito en el artículo 162 del Código del Trabajo.

2.- La aplicación -en estos casos- de la sanción referida, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio firme, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional y desmesurada para el trabajador, porque puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal, propio de dicho sector, por lo que no corresponde su otorgamiento.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

CORDERO, IVÁN C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA – CUARTA SALA  
Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Colección: Jurisprudencia

Cita:  MJJ312779

Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – ACCION DECLARATIVA – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Los servicios prestados por el demandante no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios y, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, teniendo en consideración que en la faz de la realidad, las labores desempeñadas no se avienen a un cometido específico, dada su extensión temporal, por sobre los catorce años, el hecho de que correspondían principalmente a tareas de atención de público, consistentes en implementar acciones vinculadas a la prevención del consumo de drogas, su uso indebido y reducir de manera significativa su demanda y tráfico ilícito de todas aquellas sustancias, dentro del territorio del Municipio, es claro que sus objetivos coinciden y se corresponden plenamente con los fines que, conforme a la ley, debe guiar el actuar del municipio.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado. Al respecto, decisión adoptada en el caso es consecuencia de una errada calificación de los hechos asentados toda vez que los servicios prestados por el demandante no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, y que, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, teniendo en consideración que en la faz de la realidad, las labores desempeñadas no se avienen a un cometido específico, dada su extensión temporal, por sobre los catorce años, el hecho de que correspondían principalmente a tareas de atención de público, consistentes en implementar acciones vinculadas a la prevención del consumo de drogas, su uso indebido y reducir de manera significativa su demanda y tráfico ilícito de todas aquellas sustancias, dentro del territorio del Municipio, es claro que sus objetivos coinciden y se corresponden plenamente con los fines que, conforme a la LOC de municipalidades, debe guiar el actuar del municipio, entre los cuales se incluyen, tanto la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, como de manera más general, la promoción del desarrollo comunitario y la satisfacción de las necesidades de la localidad.

2.- El actor desempeñó sus labores sujeto a una jornada de trabajo, que por orden del jefe de la DIDECO debía asistir también días domingos, o festivos, día de la madre, el padre, fiestas patrias etc., percibiendo un estipendio fijo, encontrándose bajo supervisión directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, características que configuran el vínculo de subordinación y dependencia, que, de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, permiten distinguir al contrato de trabajo de otras modalidades de prestación de servicio. De manera que la presencia de esas circunstancias determina que una prestación de servicios personales, retribuida con una remuneración mensual fijada en forma previa, deba ser calificada como una relación laboral.

3.- Más allá de lo escriturado en los instrumentos, en especial de los contratos celebrados por las partes, los respectivos decretos administrativos que los autorizan y demás documentos aparejados, fluye que, en los hechos, esto es, en el devenir material y concreto de la realidad cotidiana en que se desarrolló la vinculación referida, se configuró una de naturaleza laboral, al concurrir, en la práctica, los elementos que dan cuenta de aquella, conforme el artículo 7º del Código del Trabajo. (De la sentencia de reemplazo).

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RECURSO DE PROTECCIÓN – FERIA AMBULANTE

MEZA DURA, MAVIS Y OTRO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE – PRIMERA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Iquique
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312769
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – VENTA AMBULANTE – FERIA – ACCION FISCALIZADORA – MEDIDAS DE SEGURIDAD – RECURSO ACOGIDO –

La municipalidad ha vulnerado los derechos de los residentes al omitir las fiscalizaciones y medidas de orden público necesarias para evitar que se instale una feria ambulante frente a sus domicilios.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra las omisiones de la Municipalidad que han permitido la instalación de comercio ambulante en la puerta de la casa del recurrente. Esto, puesto que se evidencian claras falencias en la función fiscalizadora de la Municipalidad, y por otra parte, la manifiesta falta de requerimientos de actuación de las demás autoridades que están llamadas a cumplir sus respectivas funciones, conforme a su propia Ordenanza Municipal. Por ello, siendo responsable de su aplicación y eficaz cumplimiento, incurre la entidad edilicia recurrida en una omisión al no decretar medidas efectivas que propendan a la sana convivencia vecinal, quebrantada con ocasión del comercio informal instalado en las inmediaciones de la feria itinerante de esta ciudad, así como la inactividad que propicia un riesgo sanitario y medio ambiental para los vecinos de sector.

2.- Según el artículo 4° literal b) de la Ley 18.695, dentro de las funciones a cumplir por la Municipalidad está la protección de la salud pública y la de protección al medio ambiente, en el inciso 21 del artículo 5° del mismo cuerpo normativo. Sin embargo, no consta que se haya acreditado el debido requerimiento a la Seremi de Salud para controlar la venta de alimentos con evidente infracción a la normativa sanitaria y medio ambiental, más aún teniendo en especial consideración la pandemia, por cuya inactividad se propicia la existencia de un foco de alto riesgo de contagio y propagación del virus para los vecinos del sector.

3.- El hecho que las labores de control del comercio ambulante puedan ser ejercidas, también, por otras entidades, como Carabineros de Chile, no obsta a que siendo el municipio la primera autoridad comunal las aborde con todos los medios de que disponga, tal como debe cumplirlo por su propia normativa, esto es, la Ordenanza Municipal Nº 351. En tal sentido, no ha sido acreditado en cuanto a la adopción de medidas efectivas, resultando insuficiente una mera coordinación con Carabineros, así como las fiscalizaciones mediante inspectores municipales los martes y jueves desde las 05:00 horas, desde que dichos mecanismos no se han traducido en mecanismos que eliminen o atenúen el malestar impugnado.

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