Corte Suprema acoge recurso de nulidad y ordena nuevo juicio por robo con intimidación en Pudahuel

Se estableció vulneración al derecho a la defensa, al incorporar el Ministerio Público en el juicio oral el testimonio de testigos que no fueron incluidos en la etapa procesal respectiva.

La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa y ordenó la realización de un nuevo juicio oral, por jueces no inhabilitados, en contra de L.H., sindicado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de robo con intimidación. Ilícito que habría cometido en mayo de 2020, en la comuna de Pudahuel.

El fallo señala que, del análisis detenido de la sentencia, en especial de las secciones reproducidas precedentemente, se pone de manifiesto que la atribución de autoría realizada al imputado en el hecho por el cual fue condenado, fue fundada principalmente por la declaración de la víctima, que es uno de los testigos incorporados por la Fiscalía a la acusación en la audiencia de preparación de juicio oral como vicio formal, pues lo omitió al indicar los medios de prueba de los que se iba valer en el juicio oral, incumpliendo el requisito establecido en la letra f) del artículo 259 del Código Procesal Penal, tratando de subsanar tal error de una manera no prevista por el ordenamiento jurídico, cercenando, finalmente, el derecho de defensa de que es titular todo inculpado de un delito.

Asimismo sostiene que, según se desprende de lo razonado por los sentenciadores al acusado se le atribuye la calidad de autor en los hechos por los que fue condenado por haber sido reconocido por la víctima, quien relató la forma en que acontecieron los hechos e identificó la especie sustraída y recuperada por los funcionarios policiales.

…“Por otra parte –prosigue–, los mismos sentenciadores absuelven al acusado de otro hecho, fundado, precisamente, en la ausencia de la otra víctima, que corresponde al segundo testigo incorporado por el Ministerio Público a su acusación en la audiencia de preparación de juicio oral”.
“En consecuencia, la incorporación de esos dos testigos a la acusación en una etapa procesal posterior a la prevista por el legislador, permitió la declaración de uno de ellos en el juicio oral, resultando determinante para efectos de atribuirle responsabilidad como autor al acusado en uno de los hechos, no obstante que el ofrecimiento de prueba por el Ministerio Público lo realizó en forma extemporánea en la audiencia de preparación de juicio oral”, añade el fallo-

…“Todo aquello significó una sorpresa para el recurrente, pues constituye un dato de relevancia que el imputado y su defensa no pudieron enfrentar probatoriamente en el proceso, mediante la facultad de refutación y ejercicio de la prueba, lo que afectó su estrategia del caso y lesionó su derecho a defensa”.

En lo que concierne al recurso de nulidad impetrado, la resolución señala, debe tenerse en consideración que ha sido instituido por el legislador para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente esta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del veredicto, abriendo paso a una solución de ineficacia de todos aquellos actos en que se hubieren violentado sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes –artículo 373, letra a), o cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una inexacta aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo– artículo 373, letra b), o, se expida la decisión con la concurrencia de alguno de los motivos absolutos de nulidad reglados en el artículo 374 de la ley”.

…“Sobre el particular esta Corte ha sostenido que el recurso de nulidad está regido por los mismos principios y reglas generales que gobiernan la nulidad procesal, por consiguiente, para su procedencia deben concurrir sus presupuestos básicos, entre los cuales se encuentra el llamado ‘principio de trascendencia’ que, por lo demás, recoge el artículo 375 del Código Procesal Penal, en virtud del cual la trasgresión que sustente un recurso de la naturaleza como el de la especie, debe constituir un atentado de entidad tal que importe un perjuicio al litigante afectado que se traduzca en un resultado lesivo para sus intereses en la decisión del asunto, desde que exige que el defecto denunciado tenga influencia en la parte resolutiva del fallo (SCS Roles Nos 12.885-15 de 13 de octubre de 2015 y 5363-16 de 03 de marzo de 2016). Así, se ha resuelto también que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrabe, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso y, en el caso sub judice, el derecho a defensa (SSCS Rol N° 2866-2013 de 17 de junio de 2013, Rol N° 4909-2013 de 17 de septiembre de 2013, Rol N° 4554-14 de 10 de abril de 2014 y Rol N° 6298-15 de 23 de junio de 2015)”, releva la resolución.

…“Esa sustancialidad –ahonda– no dice relación con lo resolutivo del fallo, ya que ello en la especie obligaría a ponderar prueba para verificar una eventual y diversa conclusión fáctica, sino con la entidad o dimensión de la vulneración de que trate. La situación es similar a los motivos absolutos: no se precisa demostrar perjuicio –porque se le presume cuando se trata de esta clase de infracciones– ni incidencia en lo resolutivo, pero debe constatarse que se trata de una infracción relevante de los derechos o garantías establecidos en la Constitución y los Tratados Internacionales”.

…“No se trata simplemente de establecer que el delito fue ejecutado por LH. como autor del robo con intimidación que afectó a la víctima de iniciales C.F.H.T. el 12 de mayo de 2020, sino que va más allá, pues lo relevante es determinar cómo la incorporación de la afectada como testigo en la acusación en la audiencia de preparación de juicio oral, permite acreditar la participación del acusado en el ilícito”, explica.
“En efecto, si la estrategia defensiva se construye sobre la premisa que el Ministerio Público no va a rendir como prueba el testimonio de la víctima, pues omite señalarla en la acusación presentada en la oportunidad indicada en el artículo 248 del Código Procesal Penal, para luego incorporarla alegando un vicio formal en la audiencia de preparación de juicio oral, impiden al imputado y su defensor enfrentar y cuestionar probatoriamente dicha alteración, lo que transgrede, en definitiva, el derecho a defensa, requisito sine qua non para asegurar un procedimiento justo en los términos del artículo 19, N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República”

Por todo lo anterior se acoge el recurso de nulidad deducido en favor de L.H. y en consecuencia, se invalidan la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y el juicio oral que le antecedió en la causa RIT N° 44-2021, RUC N° 2000481070-9 del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y se restablece el procedimiento al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura el testimonio de la víctima de iniciales C.F.H.T., ofrecido por el Ministerio Público.

Consulte texto completo del fallo.

(Fuente: Poder Judicial).

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