Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 10

LABORAL – MUNICIPALIDADES – RECURSO DE NULIDAD

GALLARDO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Puerto Montt
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327373
Compendia: Municipalidades, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – AUDIENCIAS – EXCEPCIONES – INEPTITUD DEL LIBELO – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – DEBIDO PROCESO – NULIDAD DE OFICIO –

La falta de resolución de la excepción de ineptitud del libelo opuesta por la demandada y falta análisis de toda la prueba rendida y como consecuencia de ello la falta de fundamentación que se advierte en la sentencia recurrida importa una vulneración al artículo 459 N° 4 y 6 en relación a la causal de nulidad del artículo 478 letra e), del Código del Trabajo.

Doctrina:
1.- Corresponde invalidar de oficio la sentencia que acogió la demanda de tutela laboral toda vez que la falta de resolución de la excepción de ineptitud del libelo opuesta por la demandada y falta análisis de toda la prueba rendida y como consecuencia de ello la falta de fundamentación que se advierte en la sentencia recurrida importa una vulneración al artículo 459 N° 4 y 6 en relación a la causal de nulidad del artículo 478 letra e) , del Código del Trabajo.

2.- Al dejarse la resolución de la excepción de ineptitud del libelo para definitiva, se incurrió en infracción a lo previsto en el artículo 453 regla 1) inciso cuarto que dispone: «Una vez evacuado el traslado por la parte demandante, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo, de caducidad, de prescripción o aquella en que se reclame del procedimiento, siempre que el fallo pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo más breve posible, a fin de que se subsanen los defectos u omisiones, en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio». De lo que se advierte, por lo imperativo de la regla, que la resolución de la excepción de ineptitud del libelo no procedía dejarla para la
sentencia definitiva más aún cuando en el inciso quinto la misma norma legal dispone «Las restantes excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en definitiva».

3.- Los defectos denunciados mediante la excepción de ineptitud del libelo constaban de la demanda, que según señala contiene una serie de contradicciones, inconsistencias e incongruencias que la hacen ininteligible, y que el propio sentenciador estimó de complejidad conjuntamente con las otras dos excepciones de cosa juzgada y caducidad, lo que motivó que dejara su resolución para definitiva, sin embargo la excepción de ineptitud del libelo debió haberse procedido conforme a lo previsto en el artículo 453 regla 1) del Código de Trabajo y no dejarse su fallo para definitiva.

4.- La institución del debido proceso la constituye un conjunto de garantías que la carta fundamental, los tratados internacionales ratificados por Chile y en vigencia y las leyes le entregan a las partes de la relación procesal por medio de los cuales se pretende que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que respeten los procedimientos fijados por la ley y que las sentencias sean debidamente fundadas.

_______

LICITACIÓN PÚBLICA – CASINOS DE JUEGO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

CASINO LUCKIA ARICA S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327400
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – CASINOS DE JUEGO – JUEGOS DE AZAR – LICITACIÓN PÚBLICA – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

El Municipio vulnera la normativa que regula las licitaciones de casinos al pactar de manera contractual la extensión de la concesión de un casino contraviniendo los límites legales que establece tanto la ley como la Superintendencia de Casinos y Juegos.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la empresa reclamante contra la sentencia de reclamación de ilegalidad que establece que la Municipalidad podía modificar y renovar la concesión municipal a favor de un tercero. Esto, puesto que el sentenciador del reclamo de ilegalidad ha efectuado una errónea interpretación de la ley, al desconocer expresamente las normas de los artículos 2 y 3 de la Ley 19.995 y el límite establecido en las mismas, el 31 de diciembre de 2017, como fecha máxima para prorrogar los contratos de concesión municipal, desconociendo así su expreso tenor literal. Dicho error ha producido un evidente perjuicio desde que en consideración a dichas disposiciones legales debió acogerse el reclamo de ilegalidad, desde que de ninguna forma pudo validarse la eliminación de la prórroga adicional de dos años convenida.

2.- El Municipio ha pretendido crear un «tercer» régimen jurídico para amparar situaciones no solo no previstas por la ley sino que expresamente la contraviene, en los términos señalados por los artículos 2 y 3 transitorio de la Ley 19.995, vulnerando así el propósito del legislador de establecer un régimen general de licitaciones y permisos sujetos a dicha nueva normativa y a la Superintendencia de Casinos y Juegos (de la sentencia de reemplazo).

3.- Yerra el sentenciador del reclamo de ilegalidad al validar que por mutuo acuerdo se modifique, mediante la resolución municipal que precisamente se impugna, el contrato de concesión municipal, contrariando así expresamente los artículos 2 y 3 transitorio de la Ley 19.995, modificado por la Ley 20.856. Esto infringe severamente los principios básicos que gobiernan todo proceso licitatorio como son la expresa sujeción a las bases y la igualdad de los oferentes.

4.- El artículo 29 de la ley N° 13.039 autorizó la instalación de un casino y, en virtud de la ley N° 18.936, su concesión quedó entregada a los municipios mediante el sistema de propuesta pública. Luego, el artículo 36 de la ley N° 19.420 —incorporado por la ley N° 19.669—, permitió el establecimiento, administración y explotación de nuevos casinos de juego en esa comuna, y determinó las condiciones especiales a las que quedarían sujetos. Asimismo, con el objeto de uniformar la regulación de los distintos casinos de juego y someterlos a todos a la fiscalización de la SCJ, a quien se le confiere atribuciones para otorgar concesiones, se dictó la ley N° 19.995 de 2005, que estableció las bases generales para su autorización, funcionamiento y fiscalización. Específicamente, tratándose de la comuna en cuestión, determinó en su artículo 64 que se regirían por el artículo 36 y, en lo no regulado, por las disposiciones de dicho cuerpo normativo.

5.- Son ilegales las modificaciones del contrato de concesión municipal aprobadas por Decreto Alcaldicio en las que se pretendió extender el período de duración hasta los 30 días anteriores a la fecha en que el nuevo operador adjudicado estuviera en condiciones se iniciar sus actividades, eliminándose expresamente el plazo de dos años. De esta manera se prolongó la concesión más allá del tiempo estipulado en la prórroga original, todo ello en contravención con el principio de juridicidad que aseguran los artículos 6 y 7 de la Constitución (de la sentencia de reemplazo).

_________

ADMINISTRATIVO – CONTRATACIÓN PUBLICA – RECURSO DE PROTECCIÓN

SALGADO PARADA, JAIME C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327396
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DESPIDO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO

La circunstancia de haber permanecido el recurrente en el cargo a contrata por veinte años generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por el funcionario público en contra de la municipalidad por la decisión de no renovar la contrata. Al respecto, la circunstancia de haber permanecido el recurrente en el cargo a contrata por veinte años generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. Por ello, la decisión de no renovar la contrata ha devenido en una vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

2.- La resolución que dispuso la no renovación de la contrata del funcionario es ilegal porque contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 19.880, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley al ser el recurrente discriminado arbitrariamente en comparación a otros empleados que, desempeñándose en cargos a contrata, permanecen en ellos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones veraces que han de expresarse. (De la prevención de la Ministra señora Ravanales y el Abogado Integrante señor Águila)

________

ADMINISTRATIVO – CONTRATACIÓN PUBLICA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – ULTRAPETITA

NAVARRETE Y DÍAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327397
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – CIVIL – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACION – LICITACIÓN PÚBLICA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – DECRETO ALCALDICIO – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – LUCRO CESANTE – VICIO DE ULTRA PETITA – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

El Tribunal resuelve no acoger la demanda por indemnización por haber adjudicado la licitación a una empresa competidora por razones que la misma empresa que interpone la demanda en contra de la Municipalidad nunca alega, incurriendo en vicio de ultra petita.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de apelación que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda de resarcimiento de daños por haber adjudicado el proceso licitatorio convocado para la construcción y operación del relleno sanitario provincial a otra empresa. Esto, puesto que los juzgadores de segundo grado incurrieron en el vicio de ultra petita, consagrado en el N° 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en su variante de extra petita, puesto que en su decisión rebasan el marco de la discusión planteada por las partes, considerando que si bien la demandada solicitó el rechazo de la acción, no fundó tal petición en la circunstancia de que la oferta presentada por la demandante resultara inadmisible o que existiera un desajuste entre ella y las bases que regulaban la licitación.

2.- La Municipalidad demandada no sostuvo en parte alguna de su defensa que la demanda debía ser rechazada como consecuencia de que, desechada la propuesta formulada por otra empresa, la oferta de la empresa demandante debía ser igualmente desestimada, en tanto «la oferta del costo total unitario» que ésta presentó «sobrepasa el valor de la tarifa máxima anual establecida en las bases», motivo por el cual «su oferta tampoco cumpliría con las bases de licitación». La demandada no sometió a la decisión del tribunal este particular, puesto que no fundó su defensa en dicha circunstancia. Sin embargo, los sentenciadores decidieron desechar la demanda de que se trata basados, precisamente, en este razonamiento.

3.- De no haber obrado la demandada del modo ilegal en que actuó, esto es, de haber rechazado la propuesta de la empresa competidora como correspondía en derecho, la única oferente que hubiera podido continuar en el concurso habría sido la empresa demandante. Esta sociedad, por consiguiente, se debió adjudicar el concurso, pues no existe antecedente alguno que permita inferir que, en tal evento, su propuesta no podría haber resultado vencedora. En otras palabras, la situación demuestra que, de no haber mediado una actuación ilegal de la demandada, la actora contaba con una muy alta probabilidad de obtener en la licitación de que se trata, puesto que los antecedentes objetivos acreditan que un proceder guiado por la razón y la objetividad debió conducir al ente edilicio a preferir a aquel interesado que satisfacía de mejor manera las exigencias establecidas por el ente público (De la sentencia de reemplazo).

4.- No se configura el vicio de ultrapetita, toda vez que el tribunal al rechazar la demanda por no configurarse el daño a título de lucro cesante demandado —en razón de no encontrarse la Municipalidad demandada en condiciones de adjudicar el proyecto licitado a la actora— no se extendió a puntos no sometidos a la decisión del tribunal. Al contrario, justamente se ajustó a los términos a la controversia en cuanto examinó los requisitos de la acción, en la especie la existencia del daño, específicamente el lucro cesante, con arreglo a los términos del auto de prueba (Del voto en contra de la Ministra señora Ravanales).

5.- Fue la demandante quien durante la sustanciación de la causa, y con el fin de acreditar los supuesto de su acción acompañó copia del expediente de la licitación de otra empresa tramitado ante el Tribunal de Contratación Pública, incluyendo copia de la sentencia ejecutoriada dictada en dicho procedimiento. Allí se tuvo presente por el tribunal que conforme a lo señalado por la Comisión en el Acta de Evaluación, la oferta del costo total unitario presentado por la demandante sobrepasaba el valor de la tarifa máxima anual establecida en las bases. Por su parte, es esta misma parte la que concluye que la empresa demandante también sobrepasa la tarifa máxima anual (Del voto en contra de la Ministra señora Ravanales).

________________

ADMINISTRATIVO – TRANSPARENCIA – RECURSO DE ILEGALIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ C/ CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA – CUARTA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327419
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – TRANSPARENCIA – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES – PRESUPUESTO NACIONAL – GASTOS – LEGITIMACIÓN ACTIVA – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La Municipalidad no tiene legitimación activa para recurrir de ilegalidad ante una decisión que ordena entregar información relacionada con antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de reclamación de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad contra la decisión del Consejo para la Transparencia de entregar la información sobre el cálculo realizado para determinar el déficit Municipal indicado de forma pública, detallando el déficit por unidad, gestión municipal, salud y educación. Esto, puesto que el artículo 28 inciso 2° de la ley 20.285 estatuye que los órganos de Estado no tienen derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiese fundado en la causal del número 1 del artículo 21 . La alegación de fondo del reclamo se basa precisamente en el artículo 21 N°1 letra b) de la ley del ramo, por lo que carece de legitimidad activa la Municipalidad para interponer el reclamo de ilegalidad.

2.- En el procedimiento ante el Consejo para la Transparencia no se invocaron los argumentos relacionados con la causal de reserva alegada por la Municipalidad, por lo que no corresponde analizar en el reclamo de ilegalidad dichas alegaciones. Además, la decisión objetada se basa en afirmaciones del Alcalde relacionadas con el déficit presupuestario, los que necesariamente deberán estar basados en documentación soportante.

____________

CORPORACIONES MUNICIPALES –  RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – DESPIDO INDIRECTO

GARCÍA C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327430
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO INDIRECTO – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO –

No obstante la nutrida normativa reguladora de la terminación del contrato contenida en los artículos 72 a 77 del Estatuto Docente, no consulta normas que regulen el despido indirecto. La aplicación supletoria de un cuerpo normativo, en la especie el Código del Trabajo, no debe tener por objeto complementar aspectos secundarios o de mera reglamentación, pero sí corresponde darle aplicación frente a una situación sustantiva importante, una verdadera institución jurídico-laboral regulada sólo en dicho código. La institución del despido indirecto obedece al sano propósito, e indiscutible interés jurídico, en orden a que las entidades empleadoras cumplan con las obligaciones que, conforme a la legalidad, las ligan con sus dependientes.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda por despido indirecto y nulidad del despido. Al respecto, y en relación con la primera materia de derecho consultada relativo a la procedencia del despido indirecto a los profesionales regidos por el Estatuto Docente, se concluye que no obstante la nutrida normativa reguladora de la terminación del contrato contenida en los artículos 72 a 77 del Estatuto Docente, no consulta normas que regulen el despido indirecto. La aplicación supletoria de un cuerpo normativo, en la especie el Código del Trabajo, no debe tener por objeto complementar aspectos secundarios o de mera reglamentación, pero sí corresponde darle aplicación frente a una situación sustantiva importante, una verdadera institución jurídico-laboral regulada sólo en dicho código. La institución del despido indirecto obedece al sano propósito, e indiscutible interés jurídico, en orden a que las entidades empleadoras cumplan con las obligaciones que, conforme a la legalidad, las ligan con sus dependientes. En consecuencia, es procedente la afirmación que sostiene la compatibilidad normativa descrita por el empleo de la expresión «solamente» -artículo 72 del Estatuto Docente- puesto que la reglamentación referida a la impugnación de la causal de despido indirecto y las consecuencias de ser acogida no existe en la mencionada legislación especial, por lo que debe aplicarse la codificada en forma supletoria, por tratarse de una laguna que encuentra respuesta en el derecho común laboral, concluyéndose que la exclusión atribuida como sentido conceptual a ese adverbio, es posible asignar sólo en aquellos asuntos íntegramente normados que por una razón de suficiencia, repelen todo intento integrador.

2.- En relación con la procedencia de aplicar la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo a los profesionales de la educación regidos por la Ley N° 19.070, se debe tener en consideración, que la normativa reguladora de la terminación del contrato, contenida en los artículos 72 a 77 del Estatuto Docente, tampoco comprende normas que regulen la nulidad del despido, pero que ello no obsta a su aplicación, pues la supletoriedad de un cuerpo normativo -en la especie, el Código del Trabajo-, no debe tener por objeto la mera complementación de aspectos secundarios o de sola reglamentación, si no darle aplicación frente a una situación sustantiva importante, como sucede con la punición en comento.

3.- En lo concerniente a la sanción de la nulidad del despido, se debe tener presente que la razón que motivó su consagración legal, fue lograr una adecuada protección de los derechos previsionales de los trabajadores ante la insuficiencia de la normativa legal en materia de fiscalización, y la ineficiente persecución de las responsabilidades pecuniarias de los empleadores a través del procedimiento ejecutivo, que de manera indefectible generan consecuencias negativas en los trabajadores, en especial los más modestos, quienes ven burlados sus derechos previsionales, y, por ello, en su vejez no les queda otra posibilidad que recurrir a las pensiones asistenciales, siempre insuficientes, o a la caridad; sin perjuicio de que, además, por el hecho del término de la relación quedan privados de su fuente laboral y, por lo mismo, sin la posibilidad de solventar sus necesidades y las de su grupo familiar.

4.- Si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo; y, que en la especie, se acreditó el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera, puesto que el empleador no enteró las cotizaciones previsionales en los órganos respectivos en tiempo y forma, siendo aplicable la punición mencionada, incluso frente a la vigencia del Estatuto Docente, por imperio de la norma de remisión supletoria, que, en caso de silencio en el estatuto especial, reconduce a aplicar las normas del derecho laboral general.

________

RECURSO DE PROTECCIÓN – FUNCIONARIOS MUNICIPALES –  RESTITUCIÓN DE DINEROS

QUIJADA VERA, HAYDÉE C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES Y OTRA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327431
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – REMUNERACION – DESCUENTO EN LAS REMUNERACIONES – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La Contraloría y la Municipalidad recurrida actúan ilegal y arbitrariamente al resolver la restitución de fondos pagados en exceso a docentes municipales sin mediar un procedimiento administrativo que les diera la oportunidad de ejercer una defensa y realizar sus descargos.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la docente, dando lugar a la protección originalmente interpuesta por ella en contra de la resolución de Contraloría que ordena a la entidad edilicia que debía ordenar el reintegro de las sumas pagadas indebidamente a docentes en el plazo de 60 días hábiles. Esto, puesto que al decidir las recurridas unilateralmente, sin procedimiento previo alguno ni con garantías de defensa técnica, de efectuar alegaciones, rendir pruebas e impugnar lo decidido, como ocurre en un procedimiento administrativo o un juicio de cuentas, se afecta las remuneraciones de la actora vulnerando la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución a través de un acto ilegal y arbitrario.

2.- Será en el debido procedimiento que se ordena incoar al ente contralor en el que se determinará la obligación y monto que la recurrente debe restituir, correspondiente a las sumas percibidas en exceso. Se dispondrá, en su caso, la devolución de los dineros que hayan sido efectivamente descontados y/o pagados a la misma.

3.- Si se determina por la autoridad afectar los derechos de los funcionarios, ha de adoptar los resguardos necesarios en orden a respetarlos respecto de aquellos que no estaban en condiciones de conocer la improcedencia del pago que habría sido indebidamente percibido y, a su tiempo, hacer efectivas la responsabilidades en aquellos que sí se favorecieron con pleno conocimiento de ello, o fueron quienes tomaron estas decisiones ahora cuestionadas en virtud de las prerrogativas de que gozaban. Esto debe hacerse a través de los mecanismos administrativos pertinentes, para decidir sobre la obligación personal, de cada funcionario, de efectuar una restitución o no.

_______

DEMANDA LABORAL – HONORARIOS –  DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE NULIDAD

BRAVO CÁRCAMO, CARLOS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327426
Compendia: Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – PRIMACIA DE LA REALIDAD – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO –

Para determinar qué estatuto se aplica a una persona que presta servicios para un órgano de la Administración del Estado, no corresponde considerar únicamente las cláusulas contractuales que rigen la relación existente entre las partes, puesto que será determinante lo que suceda en la práctica, según los hechos establecidos en cada caso, particularidades concurrentes en la especie, de las que fluyen elementos que permiten su adscripción a las normas del Código del Trabajo, según el criterio interpretativo que la doctrina denomina «primacía de la realidad» y que en la legislación laboral encuentra respaldo normativo en el inciso primero de su artículo 8, puesto que toda prestación de servicios en los términos señalados en su artículo 7°, esto es, de carácter personal, contra el pago de una remuneración periódica, y bajo subordinación y dependencia, que hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que a dio lugar a la demanda declarativa de relación laboral y de despido injustificado. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues las funciones cumplidas en la práctica por el demandante fueron genéricas, sin una determinación precisa, ejecutadas en dependencias del mercado y en las calles de la ciudad, bienes cuya administración está encomendada a las municipalidades, tal como lo establece el artículo 5 letra c) de la Ley N°18.695, quien, además, intervenía en la organización de ferias itinerantes y en actividades de promoción del turismo, propósito que esa misma ley permite desarrollar a la demandada, según lo prescribe su artículo 4 letras c) y d) , desempeño sujeto a la supervisión inmediata del director de desarrollo comunitario responsable de su contratación, advirtiéndose que aquéllas responden a actividades en las que la demandada tiene injerencia e interés, cumplidas como subordinado y dependiente, por lo que no puede sostenerse que ejecutó actividades específicas permitidas por el régimen excepcional del artículo 4 de la Ley N°18.883, sino más bien, y tal como se resolvió, a una relación normada por las disposiciones del Código del Trabajo, por haberse rebasado el ámbito de la regulación estatutaria, que encuentra amparo en sus artículos 1 y 7 .

2.- Para determinar qué estatuto se aplica a una persona que presta servicios para un órgano de la Administración del Estado, no corresponde considerar únicamente las cláusulas contractuales que rigen la relación existente entre las partes, puesto que será determinante lo que suceda en la práctica, según los hechos establecidos en cada caso, particularidades concurrentes en el que se revisa, de las que fluyen elementos que permiten su adscripción a las normas del Código del Trabajo, según el criterio interpretativo que la doctrina denomina «primacía de la realidad» y que en la legislación laboral encuentra respaldo normativo en el inciso primero de su artículo 8 , puesto que toda prestación de servicios en los términos señalados en su artículo 7°, esto es, de carácter personal, contra el pago de una remuneración periódica, y bajo subordinación y dependencia, que hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, cuya principal expresión se da cuando se contrata a un trabajador dependiente con la apariencia de ser independiente a honorarios, cumpliendo funciones propias del servicio que lo emplea, divergencia que obliga a establecer la verdadera naturaleza del vínculo, a través de un análisis completo de la prueba conocida por la judicatura y no solo nominal, según la literalidad pactada.

3.- Si una persona se incorpora a la dotación de un servicio estatal bajo la modalidad que contemplan los artículos 11 de la Ley N°18.834 o 4 de la Ley N°18.883, pero, en la práctica, ejecuta una labor que no tiene la característica de especificidad o que se desarrolla fuera de las condiciones de temporalidad que exigen estas disposiciones, satisfaciendo una exigencia que la ley reclama del órgano público, corresponde aplicar las normas del Código del Trabajo, por cuanto, como se indicó, constituye la regla general en esta clase de relaciones y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato laboral, el trabajador quedaría al margen del estatuto que fue invocado al inicio de la vinculación, en una situación de precariedad injustificada.

______________________

A %d blogueros les gusta esto: