Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 11

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO DE ILEGALIDAD

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES CARLOS PUELMA BESA C/ DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE VALPARAÍSO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327553
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – ACTO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La construcción de un cerco perimetral sobre terrenos fiscales se hizo excediendo lo autorizado por la Municipalidad y la Dirección de Obras, por lo que el Director está facultado para ordenar el desarme y cierre del cerco.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar la reclamación de ilegalidad interpuesta contra la resolución del Director de Obras que ordena el desarme y retiro del cerco perimetral de una propiedad. Lo anterior, puesto que el Director de Obras Municipales actuó dentro de las facultades que la ley otorga a su unidad administrativa, sin que se advierta el exceso de facultades que le imputa la reclamante, puesto que, tan pronto éste tomó conocimiento de la denuncia efectuada por el Director de Vialidad en cuanto a la existencia de un cerco en el deslinde con la franja de terreno fiscal, en uso de la atribución que a este último le otorga el inciso primero del artículo 41 de DFL N° 850 de 1997.

2.- Una vez constatado el hecho mediante una inspección técnica que se efectuara en terreno, el Director de Obras hizo uso de las facultades que la Ley de Urbanismo y Construcciones le entrega, que lo habilita a ordenar el desarme y retiro del cerco denunciado. Por esta razón, habiendo actuado el Director de Obras Municipales con estricto apego a la normativa urbanística y de vialidad, la resolución impugnada no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

3.- Habrá que desestimar la alegación de la reclamante en orden a que la resolución recurrida infringe el principio de confianza legítima y el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, como asimismo las normas sobre la ley de expropiaciones que convertirían en arbitraria la misma. Esto, desde que habiendo quedado establecido que el cerco cuyo desarme y retiro se ordena se encuentra emplazado en la faja fiscal de 40 metros, cuya construcción no formó parte del proyecto convenido que contó con permiso municipal, no puede entenderse que se haya infringido el principio de confianza legítima por no darse los supuestos de procedencia de la misma, ni menos puede vulnerar las normas sobre expropiación.

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JUICIO EJECUTIVO – EXCEPCIONES – RECURSO DE CASACIÓN

RGG SPA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAMPA – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327579
Compendia: Microjuris
VOCES: – CIVIL – JUICIO EJECUTIVO – EMPLAZAMIENTO – NOTIFICACIONES PROCESALES – RECEPTORES JUDICIALES – EXCEPCIONES – PLAZO – DEBIDO PROCESO – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Ante la hipótesis de iniciarse el requerimiento de pago con la notificación de la demanda en una comuna distinta de aquella que sirve de asiento al tribunal, aunque dentro del territorio jurisdiccional de éste, y concluir en un acto posterior en el lugar de asiento del juzgado, lo propio será adoptar una línea de interpretación que se avenga tanto con las particularidades de ese trámite compuesto -cuyo mérito no admite ser fraccionado-, como con las exigencias de un procedimiento racional y justo, uno de los presupuestos de la garantía constitucional del debido proceso al cual deben sujetarse los tribunales. La consideración y aplicación de tales directrices conducen a privilegiar el hecho de que, bajo la hipótesis antedicha, la secuela de las actuaciones que informan el trámite en comentario deberá entenderse realizada fuera de la comuna asiento del tribunal.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte ejecutada en contra de la resolución que, confirmando el fallo de primer grado, no dio lugar a tramitar las excepciones opuestas por la ejecutado, por extemporáneas. Al respecto, en la especie, se ha justificado que el ejecutado fue notificado de la demanda el 23-03-2021 en su domicilio ubicado en la comuna de Lampa, acto en el cual el receptor judicial le dejó «cédula de espera», citándolo para el día siguiente a su oficina ubicada en la comuna de Colina para requerirlo de pago, actuación que se llevó a efecto en la oportunidad fijada, en rebeldía del demandado. Dado ese contexto, resulta innegable que el requerimiento se inició con la notificación de la demanda en la comuna de Lampa y concluyó con el requerimiento de pago propiamente tal efectuado posteriormente en rebeldía. Lo antedicho trae por necesaria consecuencia que el plazo dentro del que la ejecutada debía presentar las excepciones era de ocho días, y que la oposición del litigante en mención, por la vía de la excepción formalizada en escrito presentado el día 01-04-2021, no es extemporánea, como han declarado los jueces del fondo, puesto que lo fue al séptimo día hábil luego de haber sido notificada en la forma antes descrita, resultando aplicable, en la especie, lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 459 del Código de Enjuiciamiento Civil, en su redacción vigente antes de su modificación el 30 de noviembre del año 2021. El error en que incurrió la sentencia censurada, ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo de la interlocutoria impugnada, toda vez que derivó en que las excepciones opuestas fueron desechadas por extemporáneas, en circunstancias que debían ser admitidas a tramitación.

2.- Ante la hipótesis de iniciarse el requerimiento de pago con la notificación de la demanda en una comuna distinta de aquella que sirve de asiento al tribunal, aunque dentro del territorio jurisdiccional de éste, y concluir en un acto posterior en el lugar de asiento del juzgado, lo propio será adoptar una línea de interpretación que se avenga tanto con las particularidades de ese trámite compuesto -cuyo mérito no admite ser fraccionado-, como con las exigencias de un procedimiento racional y justo, uno de los presupuestos de la garantía constitucional del debido proceso al cual deben sujetarse los tribunales. La consideración y aplicación de tales directrices conducen a privilegiar el hecho de que, bajo la hipótesis antedicha, la secuela de las actuaciones que informan el trámite en comentario deberá entenderse realizada fuera de la comuna asiento del tribunal. Ese aserto obedece a que no se debe perder de vista la primera finalidad del requerimiento, cual es la notificación de la demanda, cuyo acaecimiento desencadena el momento procesal para ejercitar la respectiva defensa, habida cuenta de la ampliación contemplada en la ley por la vía de aguardar la conclusión del trámite del requerimiento de pago.

3.- En materia procesal civil rige el principio dispositivo, en cuanto son las partes quienes pueden disponer de sus derechos procesales y sobrellevar las cargas con libertad, sea ejerciéndolos sea renunciando expresa o tácitamente a ellos. Desde el punto de vista de la defensa, un plazo establecido por la ley es sin duda un derecho, que puede ser renunciado expresamente antes de su vencimiento o, el remanente, si la renuncia es posterior. La renuncia tácita del plazo sólo puede verificarse si el beneficiado con él circunstanciadamente realiza una actuación que la presupone.

4.- Un receptor puede tener su oficio en la comuna asiento del tribunal, pero contar con competencia para notificar en otra comuna, siempre que forme parte del territorio de competencia del tribunal al que estén adscritos. En este sentido, resulta de toda lógica que el plazo con que cuenta el ejecutado rebelde para ejercer su defensa no depende del lugar donde el receptor tiene su oficio, puesto que por razones prácticas habitualmente estará en la comuna asiento del tribunal. Una conclusión contraria haría ilusorio el derecho del ejecutado a la totalidad de los plazos respectivos a que se refieren los artículos 459 a 461 del Código de Procedimiento Civil. De esta manera, si se cuenta el plazo desde el requerimiento tácito en virtud de la cédula de espera del receptor judicial que tiene su oficio en la comuna de asiento del tribunal, se priva al ejecutado de cuatro días a lo menos, sin que éste expresamente haya manifestado su voluntad en renunciarlos. Cosa distinta es el requerimiento presencial, ya que en este caso, el ejecutado, en conocimiento del texto de la ley, sabe cuál es la consecuencia de su actuación.

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LABORAL – CORPORACIONES MUNICIPALIDADES 

ESCOBAR AGUIRRE, ALIRO C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA DE LA SERENA – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de La Serena
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327546
Compendia: Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ESTATUTO DOCENTE – SUMARIO ADMINISTRATIVO – PLAZO – CADUCIDAD DEL PROCESO LABORAL – DESPIDO INJUSTIFICADO – AUSENCIAS INJUSTIFICADAS – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

No es posible sostener que el sobreseimiento decretado en un procedimiento que busca hacer efectiva determinadas responsabilidades administrativas, pueda ser considerado como un acto válido para poner término a una relación laboral.

Doctrina:
1.- Se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la corporación municipal demandada en contra de la sentencia que rechazó la acción de tutela laboral; acogiendo la acción de ilegalidad del despido, disponiendo la reincorporación del docente. Esto, debido a que el tribunal correctamente desestimó la acción de caducidad del reclamo, pues de los antecedentes de la causa, el ejercicio de la acción de reclamación se hizo dentro de plazo legal, esto es 60 días contados desde que se notificó el despido. Las alegaciones que señala el recurrente en orden a que el plazo se debió contar desde la fecha en que se le comunicó la decisión de sobreseimiento del sumario administrativo del que estaba afecto el funcionario, no tiene asidero alguno.
2.- De la lectura del inciso segundo del artículo artículo 75 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 1997, aparece que el reclamo por la ilegalidad del término de la relación laboral que le asiste al profesional de la educación, respecto de quienes no observaron las condiciones y requisitos establecidos para poner fin a la referida relación, es de 60 días contados desde la notificación de la resolución que cesa sus funciones, sin que en dicha norma nada se diga, para el evento de que de los mismos hechos emanaren dos o más acciones, la forma en que deban interponerse unas y otras.
3.- El tribunal a quo, al acoger la reclamación respecto al despido del docente, ha hecho una correcta aplicación de la letra c) del artículo 72 del Estatuto Docente, ya que no es efectivo que el citado artículo, no establezca como condición la injustificación de la ausencia. En efecto al contrario de lo que sostiene el recurrente, aparece de la norma citada, que es necesario para que se esté en presencia de una inasistencia en forma reiterada a las labores, que la inasistencia del trabajador sea sin causa justificado, de donde resulta que si la inasistencia es justificada, tal como lo estableció la juez del grado en la especie, no se configura la causal de término de la relación laboral invocada.

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URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – ORDEN DE DEMOLICIÓN – RECURSO DE ILEGALIDAD  

DESARROLLO INMOBILIARIO BELLAVISTA S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327526
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – AUTORIZACIONES MUNICIPALES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – ORDEN DE DEMOLICION – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La Municipalidad tiene la facultad de ordenar la demolición de obras no amparadas por un permiso de edificación. La orden contempla solo la parte de la edificación objetada, sin afectar al resto del edificio y a las zonas ya habitadas.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la Municipalidad por rechazar la solicitud de recepción definitiva de obras y ordenar la demolición de las construcciones. Esto, pues al haberse declarado la caducidad del permiso de edificación que amparaba a la reclamante para dar curso a las obras de edificación, se produce que la actora no cuente con permiso y, por tanto, cualquier obra de edificación que se hubiese ejecutado o se pretenda realizar, se encuentre al margen del ordenamiento jurídico.

2.- Yerra el reclamante al sostener que las decisiones que obtuvo por el reclamo de ilegalidad en que se dispone que la autoridad edilicia se pronuncie tengan aparejado que tal determinación debía ser favorable a su pretensión. Por ello, no se vislumbra la ilegalidad en la actuación impugnada, ya que las razones para desestimar la solicitud son de orden estrictamente normativas, toda vez que el proyecto no contaba con una rampa de acceso vehicular, conforme al Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2.4.3 de la OGUC.

3.- En lo que concierne al Decreto que ordena la demolición de parte de la construcción de la reclamante, cabe tener en consideración que este abarca únicamente a las construcciones que se encuentran fuera de norma —emplazadas en el paño— sin afectar los derechos de terceros, por lo que no afecta a la Universidad ni a la Torre habitacional que se encuentra con moradores. Así, la orden de demoler la construcción de la recurrente se funda en la declaración de caducidad del permiso de edificación que la amparaba, declarándose la caducidad del permiso de edificación concedido al constatar la falta de ejecución de las obras por un término superior a los tres años de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.4.14 de la OGUC.

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