Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 12

SUMARIO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE PROTECCIÓN – DESCUENTO EN LAS REMUNERACIONES

MARTÍNEZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI – SEGUNDA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala: Segunda
Fecha: 3 de agosto de 2022
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327635
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – LABORAL – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – FUNCIONARIOS PUBLICOS – SANCIONES DISCIPLINARIAS – DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO – SUMARIO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO –

Si bien la Municipalidad retrotrajo el sumario contra un funcionario debido a vicios en el procedimiento, mantuvo las sanciones impuestas al mismo en este proceso.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por el actuar arbitrario e ilegal en que ha incurrido la recurrida durante la tramitación del sumario administrativo contra el recurrente, junto con la dictación del oficio que resuelve la suspensión del empleo por seis meses junto a una anotación de demérito. Esto, puesto que si bien las irregularidades del sumario fueron corregidas de oficio por la Municipalidad recurrida, de todas maneras ocurrió la suspensión del empleo con el goce del 50% de las remuneraciones y hubo una anotación de demérito de seis puntos en el factor comportamiento en la hoja de vida del funcionario. Estas sanciones no guardan armonía con la decisión de retrotraer en procedimiento para formular cargos, circunstancias que permiten acoger la acción y ordenar a la recurrida restituir el monto descontado de las liquidaciones de sueldo.

2.- No se realizaron las dos certificaciones de búsqueda personal previo al envío de la carta certificada que dispone el artículo 129 de la Ley 18.883 y se dictó el decreto Alcaldicio N° 760 del 30 de junio de 2022, el cual dispuso la invalidación parcial del proceso y ordena retrotraerlo hasta la etapa de formulación de cargos, amparados en la facultad legal que otorga la Ley 18.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de dicha norma.

_____________

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – CORPORACIÓN MUNICIPAL – CORREOS ELECTRÓNICOS

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPÚ C/ CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA – CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327568
Compendia: Municipalidades, Microjuris
– ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – TRANSPARENCIA – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – PUBLICIDAD DE LOS ACTOS – CORREO ELECTRÓNICO – ACTO ADMINISTRATIVO – INVIOLABILIDAD DEL HOGAR Y COMUNICACIONES PRIVADAS – VIDA PRIVADA – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO –

Las casillas de correo electrónico institucionales se otorgan a cada funcionario financiada con recursos del erario nacional y sostenidas por la plataforma técnica de la entidad respectiva, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. Por ello, no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de ellos.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de reclamación de ilegalidad interpuesto por la Corporación Municipal contra la resolución del Consejo para la Transparencia de hacer públicos los correos electrónicos de su casilla institucional. Lo anterior, puesto que en relación a la publicidad de la información respecto de los correos electrónicos reclamados, el CPLT está en lo correcto al pronunciarse a favor de la publicidad de aquellos que constituyen el o los fundamentos de un acto administrativo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución.

2.- La publicidad de las casillas de correos electrónicos se extiende a los enviados o generados desde una casilla electrónica institucional, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas, siendo que por ello a cada funcionario se le otorga una casilla institucional financiada con recursos del erario nacional, sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas, como concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado – D.F.L. N° 1/19.653. En tal sentido, no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de ellos, en los términos dispuestos en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia y en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución.

3.- El órgano reclamado deberá tarjar, de forma previa, todos los datos personales de contexto incorporados en ellos, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, así como también aquellos de carácter sensible, de conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 19.628 sobre la protección de la vida privada.

4.- Conforme lo expresado en el artículo 32 de la Ley N° 20.085, es al Consejo a quien se le entrega el objetivo de promover la transparencia de la función pública como fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, para así garantizar el derecho de acceso a la información. Esta competencia no se encuentra limitada, y se extiende a todos los órganos sometidos a la ley respectiva, siendo que la expresión que utiliza el artículo 2, al manifestar que las disposiciones «de esta ley» serán aplicables, no supone una limitación de sus efectos solo para los casos del artículo 1, sino que su referencia lo es a toda la casuística contenida Ley N° 20.285, desde su artículo primero a undécimo y sus disposiciones transitorias, única interpretación armónica que permite una aplicación sistémica de todas sus disposiciones.

__________________

DOCENTES – BONO PROPORCIONAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

PARRA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327648
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes -docentes del sector municipal-, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por los docentes en contra de la sentencia que rechazó el pago del aumento de la bonificación proporcional que contempla la Ley N° 19.933. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410, en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

_______________

JUICIO EJECUTIVO – PATENTE COMERCIAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN C/ FALABELLA S.A.C.I – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327623
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – JUICIO EJECUTIVO – PATENTE COMERCIAL – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – EXCEPCION DE PRESCRIPCION – IURA NOVIT CURIA – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Si se ha concluido que los derechos cobrados no son impuestos, la acertada resolución del conflicto no solo exigía descartar la pertinencia del artículo 2521 del Código Civil, como lo pretendía la ejecutada, sino que aplicar la norma que correspondía para definir el término de vigencia de la acción, aun cuando no fuese la esgrimida por esa parte. Y de ese modo, ante la falta de disposición especial y preferente que se ocupe del término de prescripción de las acciones y derechos destinados a cobrar los derechos municipales por concepto de ocupación de bien nacional de uso público, debían resolver la excepción sobre la base de la regla general del artículo 2515 del Código Civil que fue mencionada en el fallo pero no aplicada, omisión que solo puede encontrar explicación en una incorrecta comprensión del principio iura novit curia, habida consideración a que la ejecutada alegó expresamente la prescripción, como lo exige el artículo 2493 y expuso los hechos que sustentan su excepción.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte ejecutada, en juicio ejecutivo sobre cobro de patente comercial, en contra de la sentencia que, revocando el fallo de primera instancia, rechazó la excepción de prescripción opuesta. Al respecto, al desestimar la excepción opuesta por la demandada los jueces han incurrido en un error de derecho, quebrantando el artículo 2515 del Código Civil, por falta de aplicación, desacierto que debe ser enmendado privando de valor a la sentencia que lo contiene, la que tampoco puede ser mantenida si se tiene en cuenta que de tal infracción ha seguido una decisión necesariamente diversa a la que se habría debido arribar en caso contrario.

2.- Si consta en el propio título ejecutivo que las obligaciones reclamadas vencían el 28 de febrero de 2010 -tornándose exigibles a contar de esa fecha- notificándose la acción a la ejecutada el 1 de marzo de 2018 y si se ha concluido que los derechos cobrados no son impuestos, la acertada resolución del conflicto no solo exigía descartar la pertinencia del artículo 2521 del Código Civil, como lo pretendía la ejecutada, sino que aplicar la norma que correspondía para definir el término de vigencia de la acción, aun cuando no fuese la esgrimida por esa parte. Y de ese modo, ante la falta de disposición especial y preferente que se ocupe del término de prescripción de las acciones y derechos destinados a cobrar los derechos municipales por concepto de ocupación de bien nacional de uso público, debían resolver la excepción sobre la base de la regla general del artículo 2515 del Código Civil que fue mencionada en el fallo pero no aplicada, omisión que solo puede encontrar explicación en una incorrecta comprensión del principio iura novit curia, habida consideración a que la ejecutada alegó expresamente la prescripción, como lo exige el artículo 2493 del Código Civil y expuso los hechos que sustentan su excepción.

3.- En el ejercicio de la función jurisdiccional que les ha sido encomendada, una vez aclarado el presupuesto fáctico del proceso los sentenciadores debían calificar jurídicamente esos hechos y aplicar la norma atinente a la situación particular, aun con prescindencia de los fundamentos jurídicos que hubiesen sido esbozados o sugeridos por las partes.

_______

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA – REMUNERACIONES – FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ C/ CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327621
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – TRANSPARENCIA – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – TERCEROS – INVIOLABILIDAD DEL HOGAR Y COMUNICACIONES PRIVADAS – VIDA PRIVADA – RECURSO DE QUEJA – RECHAZO DEL RECURSO – ACTUACION DE OFICIO – DISIDENCIA –

Los funcionarios públicos cuya remuneración se haría pública en una solicitud de transparencia podrían ser afectados en su vida privada, constituyendo terceros y por tanto debiendo ser notificados de la solicitud.

Doctrina:
1.- Corresponde actuar de oficio y retrotraer el procedimiento administrativo en que incide la resolución del Consejo para la Transparencia objeto de ilegalidad, a la etapa de notificar a los terceros que pueda afectar la información impetrada, con sujeción al artículo 20 de la ley N° 20.285. Esto, debido a que en la especie no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N°20.285, por cuanto no se ha notificado a los funcionarios titulares de las remuneraciones cuya revelación se solicita, quienes son, actualmente, los terceros afectados de manera directa con la solicitud. La circunstancia anterior configura un vicio esencial del procedimiento, que ha dejado a dichos terceros en la indefensión, por cuanto la notificación dispuesta en el citado artículo 20 precisamente tiene por finalidad el ejercicio de un derecho de oposición que influye de manera sustancial en las actitudes que puede adoptar el órgano requerido ante la solicitud de información.

2.- En la especie, la Decisión de Amparo dispuso hacer entrega de copia de los comprobantes de transferencia electrónica bancaria del pago de las remuneraciones del personal de planta y contrata del área municipal, sin perjuicio de resguardar los datos personales de contexto, en virtud del principio de divisibilidad debiendo, además, anonimizar los datos sensibles contenidos en la información solicitada. Al respecto, no resulta ser una materia sujeta a controversia, la circunstancia que la escala de sueldos de remuneraciones de los funcionarios municipales es un antecedente de carácter público, según lo cual es posible conocer la contraprestación en dinero o suma mensual que percibe cada servidor, en razón de su empleo o función pagada de manera habitual y permanente, sin los descuentos legales que corresponden, es decir, la remuneración bruta. Sin embargo, la publicidad de las remuneraciones de los servidores tiene un matiz a considerar, por cuanto si bien se trata de información de carácter público, no es menos cierto que lo solicitado implica vincular concretamente a un funcionario con la suma de dinero que ha percibido durante un período específico, la cual, por cierto, se construye sobre la base de la mentada escala de sueldos, pero también comprende información particular de cada servidor, vale decir, sumas de dinero que no se encuentran supeditadas al estamento, grado o jornada que desempeña, sino que, por el contrario, se encuentra asociada a contraprestaciones afectas a fines determinados, valga como ejemplo, un bono de escolaridad o que incluso ocasionan una merma en el haber del servidor, como ocurre en el caso de los descuentos a causa de los créditos obtenidos por éste.

3.- La divulgación de la suma específica que cada servidor público percibe durante un determinado período, es susceptible de ocasionar una afectación a la vida privada del funcionario titular de la misma. De este modo, los servidores del municipio involucrado, gozan de la calidad de terceros.

A %d blogueros les gusta esto: