Corte Suprema revocó sentencia y acogió recurso de protección de directora de seguridad pública municipal contra acto administrativo que solicitó su renuncia no voluntaria

Ley N° 20.965 no estableció para este cargo la calidad de exclusiva confianza

En días recientes la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia y acogió un recurso de protección deducido por una funcionaria que se desempeñaba como directora de seguridad pública contra el decreto alcaldicio donde se solicitó prestar su renuncia no voluntaria al cargo que detentaba, fundado en que dicho cargo corresponde a uno de exclusiva confianza de la alcaldesa conforme a las disposiciones de la Ley N° 20.965. Los sentenciadores del máximo tribunal estimaron que «la calidad de exclusiva confianza de un cargo público solo puede ser atribuido por ley, desde que se trata de un régimen extraordinario que modifica la regla general de propiedad en el cargo, estabilidad en el empleo, así como mantiene un régimen especial de terminación de los servicios».Posteriormente, hace notar la sentencia que este tipo de calidad para el caso municipal está recogida normativamente en el artículo 47 de la Ley N° 18.695; continuando el razonamiento en tanto a que la: «Ley N° 20.695, estableció la normativa que permitió la creación en las Municipalidades de los Planes comunales de seguridad pública, facultad que fue ejercida por la recurrida mediante el respectivo Decreto, a través del cual creo el cargo de Director de Seguridad Pública en su estructura orgánica; sin embargo, dicha norma legal no modificó el artículo 47 ya transcrito, de lo que se debe deducir que los cargos creados a virtud de dicha ley no ostentan el carácter de exclusiva confianza a que alude la norma, puesto que de contrario los mismos debieron ser agregados a dicha disposición… que el Director de Seguridad Pública de una Municipalidad no es un cargo de exclusiva confianza, por lo demás resulta concordante con el carácter excepcional del régimen de los funcionarios de exclusiva confianza, excepcionalidad que obliga a interpretar la normativa atingente de manera restrictiva, no pudiendo extenderse a casos asimilables, aún cuando se arguyan al efecto situaciones como la forma en que se proveyó el cargo o la naturaleza directiva de las funciones que el funcionario desempeñaba. En otras palabras y tal como se ha sostenido en otras sentencias de esta Corte, como en el rol N° 144.282-2020, «el cargo de exclusiva confianza, no se define por la decisión de la Autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico».
Consulte la sentencia analizada por Microjuris a continuación
LEIVA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327653
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS PUBLICOS – ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO – PEDIDO DE RENUNCIA AL FUNCIONARIO PÚBLICO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

El Director de Seguridad Pública de una Municipalidad no es un cargo de exclusiva confianza. Esto además resulta concordante con el carácter excepcional del régimen de los funcionarios de exclusiva confianza, excepcionalidad que obliga a interpretar la normativa atingente de manera restrictiva, no pudiendo extenderse a casos asimilables, aún cuando se arguyan al efecto situaciones como la forma en que se proveyó el cargo o la naturaleza directiva de las funciones que el funcionario desempeñaba.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido en contra de la municipalidad por la Directora de Seguridad Pública Municipal en contra de la municipalidad recurrida por solicitarle la renuncia no voluntaria al cargo. Al respecto, siendo un hecho inconcuso que la recurrente fue designada para desempeñar el cargo de Directora de Seguridad Pública de la Municipalidad, resulta forzoso concluir que ésta nunca detentó la calidad de funcionaria de exclusiva confianza como lo sostiene el acto recurrido. Al atribuirle tal calidad sin existir norma legal que la sustentare, aparece que el acto deviene en arbitrario e ilegal, desde que atribuye a la actora una calidad que no mantenía, modificando de manera arbitraria e injustificada su régimen de terminación de los servicios, permitiendo que dicho término se fundara en una supuesta renuncia no voluntaria, que en la especie resulta del todo improcedente y afecta su derecho a la estabilidad en el empleo que mantiene desde que no comparte la calidad de funcionaria de exclusiva confianza.

2.- La municipalidad recurrida ha afectado la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, privándola de la misma, al aplicar un régimen de terminación de sus servicios que resulta inaplicable a la luz de los antecedentes. De igual modo, se afecta su derecho a ser tratado de modo igualitario respecto de personas en una situación similar a la suya, al aplicar una modalidad de término de los servicios que no le era aplicable.

3.- La Ley N° 20.695, estableció la normativa que permitió la creación en las Municipalidades de los Planes comunales de seguridad pública, facultad que fue ejercida por la recurrida mediante el respectivo Decreto, a través del cual creo el cargo de Director de Seguridad Pública en su estructura orgánica; sin embargo, dicha norma legal no modificó el artículo 47 del Estatuto Administrativo, de lo que se debe deducir que los cargos creados a virtud de dicha ley no ostentan el carácter de exclusiva confianza a que alude la norma, puesto que de contrario los mismos debieron ser agregados a dicha disposición.

4.- El Director de Seguridad Pública de una Municipalidad no es un cargo de exclusiva confianza, por lo demás resulta concordante con el carácter excepcional del régimen de los funcionarios de exclusiva confianza, excepcionalidad que obliga a interpretar la normativa atingente de manera restrictiva, no pudiendo extenderse a casos asimilables, aún cuando se arguyan al efecto situaciones como la forma en que se proveyó el cargo o la naturaleza directiva de las funciones que el funcionario desempeñaba.

Consulte texto de la sentencia

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