Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 13

LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN -CÓMPUTO

VERA CHAMORRO, NIEVES C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327726 
Compendia: Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO – INDEMNIZACION POR DESPIDO – PRESCRIPCION – COMPUTO DE LA PRESCRIPCION – IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO –

El derecho a reclamar por las indemnizaciones y otras prestaciones derivadas del despido nacen precisamente cuando la relación laboral finaliza, por lo que el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término, ello, según la correcta interpretación del inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, considerando, además, que en el caso concreto este término se produjo por padecer la demandante una salud incompatible con las labores docentes que desempeñaba, lo cual la judicatura calificó al tenor de lo dispuesto por el artículo 161 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 72 h) y 2 transitorio de la Ley 19.070.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que rechazó la excepción de prescripción opuesta por la municipalidad demandada. Esto, debido a que no yerra la sentencia puesto que el derecho a reclamar por las indemnizaciones y otras prestaciones derivadas del despido nacen precisamente cuando la relación laboral finaliza, por lo que el plazo de prescripción de la acción sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término, ello, según la correcta interpretación del inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, teniendo para ello presente, además, que en el caso concreto este término se produjo por padecer la demandante una salud incompatible con las labores docentes que desempeñaba, lo cual la judicatura calificó al tenor de lo dispuesto por el artículo 161 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 72 h) y 2 transitorio de la Ley 19.070. De esta forma, habiendo cesado en funciones la actora el 22 de enero de 2020 y deduciendo la demanda el 16 de diciembre de ese año, el término de prescripción alegado por la parte demandada no transcurrió.

2.- El artículo 510 del Código del Trabajo somete el ejercicio de las acciones judiciales a un lapso de prescripción extintiva diferente según si su finalidad es obtener el reconocimiento de derechos reglados en el estatuto laboral -caso en que el plazo es dos años desde la fecha en que se hicieron exigibles- o que surgen de los actos y contratos de que también trata -seis meses desde la terminación de los servicios-, instituyendo un plazo mayor para que opere la prescripción en la primera situación. Ello implica un tratamiento diverso de dicho instituto según la naturaleza de las obligaciones o derechos que sean reclamados, distinción que es coherente con el resto del estatuto laboral, en especial, con su artículo 5° , que consagra el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, sin perjuicio de prever la posibilidad de disponer, en los contratos individuales y colectivos, de aquellas materias en que las partes han podido convenir con libertad, esto es, en cuanto respeten los mínimos legales.

3.- En la especie, se dedujo una acción destinada a obtener la declaración del pago de indemnizaciones derivadas del despido, derechos que se contienen en el Código del Trabajo con carácter de irrenunciables, en el capítulo V, del Libro I, por lo tanto, la prescripción aplicable es la consagrada en el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, que, como se expresó, establece un plazo de dos años, el cual se computa a partir de la época en que se hizo exigible.

4.- La institución de la prescripción de la acción se opone a principios del derecho laboral, como el de la irrenunciabilidad, entendida como la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio, sin embargo, nuestro ordenamiento, como otros en el derecho comparado, permiten este modo de extinguir las acciones y derechos, pero limitando o acotando su ámbito de eficacia, con el objeto de conservar a favor del trabajador la más amplia posibilidad de reclamar sus derechos. Una de las fórmulas para conseguir dicho fin es el de la determinación del momento de inicio de su cómputo, que en general, en la legislación comparada se hace coincidir con la época del término del contrato (así acontece en Brasil, España, Uruguay y otros), pues dicha fórmula es la que mejor garantiza la cobertura y protección de los derechos del asalariado, por cuanto no soslaya que la prescripción extintiva, si bien es una sanción que se impone al acreedor poco diligente, en el ámbito laboral tal inactividad encuentra su sentido en la posición desmejorada en que se encuentra el trabajador, quien suele preferir evitar conflictos con su empleador a fin de asegurar su salario, y decide accionar judicialmente solamente una vez que la relación laboral llegó a su fin.

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LABORAL – DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

NAVARRETE BENAVIDES, PATRICIO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327720
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – DESPIDO INDIRECTO – INTERPRETACION DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

La acertada interpretación de los artículos 1 del Código del Trabajo y 4 de la Ley N°18.883, está dada por la vigencia de las normas laborales para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie, por la municipalidad, que aun suscribiendo sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas en ese código; en otros términos, debe aplicarse el Código del Trabajo a los contratos a honorarios que se ejecutan fuera del marco legal que autoriza su celebración, tal como se comprobó.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral y de despido indirecto. Esto, debido a que yerra la sentencia impugnada al estimar que no se configuraba una relación laboral toda vez que el demandante fue contratado a honorarios por la Municipalidad de La Pintana, no obstante lo cual, prestó servicios genéricos sin concurrir los requisitos de temporalidad y especificidad que esa norma exige, ya que se extendieron por un poco más de doce años, cumpliendo funciones indeterminadas descritas en cada contrato como «profesional», «encargado de proyecto», «encargado de programa», «coordinador administrativo», «profesional ambiental», «profesional de apoyo» y «capataz», desempeñándose en forma permanente en la Unidad Ambiental, como asesor de su director y nexo de la recurrida con los Ministerios del Medioambiente y Energía, cumpliendo jornada semanal de cuarenta y cuatro horas y con obligación de registrar su asistencia, sujeto a las instrucciones verbales y escritas del encargado del área de gestión de esa repartición; amplitud de tareas, obligaciones imprecisas y deber de subordinación a determinadas orientaciones, que constituyen un cúmulo de indicios que evidencian que la labor contratada fue cumplida por el demandante supeditado a un poder de mando específico y a disposición de un servicio permanente de la demandada, como es el de aseo y ornato, contenido en el artículo 3 letra f) de la Ley N°18.965, excediendo en los hechos cualquier pretensión de especificidad.

2.- La acertada interpretación de los artículos 1 del Código del Trabajo y 4 de la Ley N°18.883, está dada por la vigencia de las normas laborales para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en este caso, por la Municipalidad de La Pintana, que aun suscribiendo sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas en ese código; en otros términos, debe aplicarse el Código del Trabajo a los contratos a honorarios que se ejecutan fuera del marco legal que autoriza su celebración, tal como se comprobó.

3.- A los funcionarios de las municipalidades no se les aplica el Código del Trabajo, en la medida que están sometidos por ley a un régimen especial; sin embargo, los contratados a honorarios pueden quedar sujetos a sus normas, si tal vinculación excede los términos del artículo 4 de la Ley N°18.883 y reúne, en los hechos, las características propias de una relación laboral, en conformidad a los artículos 7 y 8 del citado código.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – CORPORACIONES – CONSTITUCIÓN 

CORPORACIÓN DERECHOS EN COMÚN C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA – NOVENA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Novena
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327649
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO – PERSONALIDAD JURÍDICA – MINISTRO DE FE – RECURSO ACOGIDO –

La Municipalidad actúa ilegalmente al exigir que el Notario que autoriza la firma del acta de constitución de la Corporación deba dar fe también de la realización del acto deba dar también fe del acto de constitución.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la dictación del Oficio por medio del cual se denegó la concesión de personalidad jurídica a la Corporación recurrente. Esto, puesto que la negativa del municipio a dar curso a la tramitación de la recurrente se sustenta en una interpretación inexacta de la normativa legal, la que no tiene el alcance otorgado por la reclamada, lo que ha determinado que se establezcan exigencias que no se encuentran dispuestas por la ley para la constitución de las sociedades y el otorgamiento de personalidad jurídica, por lo que se torna arbitraria e ilegal. En efecto, tal proceder implica el establecimiento por la autoridad sectorial de diferencias arbitrarias y discriminatorias respecto de la recurrente en el proceso de constitución de asociaciones o fundaciones, al desconocer las condiciones dispuestas por la ley y exigir requisitos que la ley no contempla para tales efectos y para gozar de personalidad jurídica.

2.- La actual redacción del artículo 548 del Código Civil es precisamente el resultado de la reforma realizada por la Ley N° 20.500 que entró a regir el 17 de febrero de 2012, que regula a las personas jurídicas sin fines de lucro y que flexibilizó su forma de constitución, ya que antes, para su constitución, se exigía de numerosos trámites que incluso contemplaban una solicitud al Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia, un examen del Consejo de Defensa del Estado, reparos de este y otros, finalizando con un Decreto Supremo que concedía la personalidad jurídica. Es precisamente con el espíritu de fomentar las asociaciones y la participación ciudadana, que las actuales normas del Código Civil simplificaron este trámite, debiendo hacerse por un acto constitutivo solemne cuya solemnidad puede consistir en escritura pública o en escritura privada, pero suscrita ante una autoridad, que puede ser notario, oficial del Registro Civil o funcionario municipal pertinente, de manera tal que la interpretación aquí entregada se aviene, además, con el sentido de la reforma.

3.- El artículo 425 del Código Orgánico de Tribunales dispone que los notarios pueden autorizar las firmas que se estampen en documentos privados siempre que den fe del conocimiento o de la identidad de los firmantes y dejen constancia de la fecha en que se firman. En efecto, el notario público es un ministro de fe que al autorizar una firma puesta en un instrumento privado da fe de conocer la firma de los autorizantes. Por lo mismo, no tiene sentido exigir que el notario de cuenta en la misma autorización de cómo le consta la autenticidad de la firma ni su presencia permanente si ya se ha identificado a los suscriptores. Entonces, el concepto de «suscrita ante» debe ser entendido en su sentido procesal, como palabra técnica, conforme al artículo 21 del Código Civil y, desde este punto de vista, la expresión denota la legalización que pone el escribano en alguna escritura o instrumento, de forma que haga fe pública, esto es, atestando la verdad de las firmas puestas en él. Dicha interpretación también resulta coherente, conforme ya se anticipó, con lo prescrito en el Nº 10 del artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales, de acuerdo con el cual esta es una de las funciones de los notarios, precisamente autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sean en su presencia o cuya autenticidad les conste.

 

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LABORAL – DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

DE LA FUENTE CARREÑO, MARLENE C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327686
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

Los servicios prestados por la demandante no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios y, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, considerando que en la faz de la realidad las labores desempeñadas no se avienen a un cometido específico, dada su extensión temporal, por sobre los tres años y tres meses, el hecho de que correspondían principalmente a tareas de atención de público, consistentes en realizar funciones de trabajadora social, en colegios y en la comunidad, de prevención de consumo de drogas y alcohol, de modo que es claro que sus objetivos coinciden y se corresponden plenamente con los fines que, conforme a la normativa, debe guiar el actuar del municipio, entre los cuales se incluyen, tanto la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, como de manera más general, la promoción del desarrollo comunitario y la satisfacción de las necesidades de la localidad.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado y nulidad del despido. Esto, debido a que yerra la sentencia impugnada pues los servicios prestados por la demandante no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios y, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, considerando que en la faz de la realidad las labores desempeñadas no se avienen a un cometido específico, dada su extensión temporal, por sobre los tres años y tres meses, el hecho de que correspondían principalmente a tareas de atención de público, consistentes en realizar funciones de trabajadora social, en colegios y en la comunidad, de prevención de consumo de drogas y alcohol, de modo que es claro que sus objetivos coinciden y se corresponden plenamente con los fines que, conforme a la normativa, debe guiar el actuar del municipio, entre los cuales se incluyen, tanto la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, como de manera más general, la promoción del desarrollo comunitario y la satisfacción de las necesidades de la localidad.

2.- Se estableció que la actora desempeñó sus labores sujeta a una jornada de trabajo, que por orden del jefe de la Dideco debía asistir también los fines de semana a actos públicos con credencial del municipio, percibiendo un estipendio fijo, encontrándose bajo supervisión directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, características que configuran el vínculo de subordinación y dependencia, que, de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, permiten distinguir al contrato de trabajo de otras modalidades de prestación de servicio. De manera que la presencia de esas circunstancias determina que una prestación de servicios personales, retribuida con una remuneración mensual fijada en forma previa, deba ser calificada como una relación laboral.

3.- Corresponde rechazar la acción de nulidad del despido toda vez que cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. (De la sentencia de reemplazo)

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