Corte Suprema acogió recurso de casación en la forma y condenó a municipio indemnizar perjuicios por su falta de actividad frente al acoso que sufrieron los hijos de los actores en uno de sus colegios

Actuar fue negligente al dejar de tomar medidas necesarias para mantener una sana convivencia y prevenir el resultado, pese a existir una resolución de la superintendencia respectiva que constató los hechos


Recientemente, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de casación en la forma interpuesto por los actores por la falta de fundamentación de la sentencia que desestimó su acción de indemnización de perjuicios extracontractual en contra del municipio sostenedor de un colegio, fundado en el acoso y agresiones que fueron objeto sus hijos en el establecimiento sin que la demandada efectuara acciones para evitar dicha situación.
«…los jueces ad quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, refieren de modo somero ciertos elementos de convicción aportados al juicio, puntualizando en que la resolución de la Superintendencia ya reseñada resulta insuficiente para acreditar que los hechos constitutivos de acoso hayan efectivamente acontecido, insistiendo en que no han quedado suficientemente acreditados, descartando informes psicológicos y sociales en razón que los profesionales que los emitieron no habrían presenciado directamente los hechos de la causa. Finalmente, e incurriendo en el mismo yerro del juez de primera instancia, tiene por acreditadas las medidas que habría adoptado el establecimiento educativo para mitigar el acoso sin señalar el instrumento en el cual apoyan tal aseveración. En resumen, señalan que los hechos acontecidos son consecuencia del trastorno del espectro autista diagnosticado respecto a L.M.H.A., y en cuanto a S.M.H.A. vuelven a insistir que el actor no acreditó que la demandada haya incumplido su deber preventivo o disuasivo respecto del acoso.
De lo anterior, tenemos que se arriba a una situación paradójica, pues por una parte las sentencias razonan que no se ha acreditado -a satisfacción de los respectivos tribunales- los hechos constitutivos de acoso o bullying respecto a los demandantes, soslayando completamente el mérito de la Resolución Exenta Nº2017/PA/15/246, la cual si tuvo por acreditadas tales circunstancias, a tal nivel que multó al establecimiento por su falta en el deber de mitigar o disuadir dichas ocurrencias…»
«la decisión en estudio aparece, así, desprovista de la adecuada fundamentación que debe contener una sentencia, pues no encuentra su correlato en los basamentos del fallo, de lo que se sigue que no ha existido, en la especie, un cabal razonamiento respecto del asunto sometido al conocimiento y resolución de los juzgadores del mérito, omitiéndose de este modo las consideraciones de hecho y de derecho que debían servirle de sustento»
Posteriormente, al dictar sentencia de reemplazo, se revocó el fallo de primera instancia dando lugar a la demanda. » se verifica en autos una omisión ilícita de parte de la escuela demandada, la cual negligentemente ha dejado de arbitrar las providencias necesarias para mantener una sana convivencia entre todos los integrantes del entorno escolar. Asimismo, el daño que se analizará en breve se vincula causalmente con la omisión o inactividad del establecimiento educacional, siendo necesariamente aquella consecuencia de esta última.
En ese contexto, con mayor razón entonces, los establecimientos educacionales están llamados a emplear y aplicar dichas medidas cuando se tiene conocimiento de la ocurrencia de un acoso escolar, porque ese acto, necesariamente, ha de afectar a la comunidad estudiantil en general y debe ser tratado en el menor tiempo posible, no sólo para proteger a quien lo padece, que ya en sí, importa un atentado contra su dignidad sino porque, además, quien lo ejecuta también requiere de atención y tratamiento, lo cual necesariamente ha de contribuir a una mejor sociedad.»
Consulte fallo analizado por Microjuris a continuación:

HERRERA Y OTRA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327767
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – MALOS TRATOS – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – PONDERACION DE LA PRUEBA – CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO – RECURSO DE CASACION EN LA FORMA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

De la Ley General de Educación se desprende que el establecimiento educacional tiene una «posición de garante» en lo que refiere a prevenir el acoso escolar, debiendo adoptar las medidas oportunas, necesarias y proporcionales, tendientes a mantener y propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia, particularmente entre sus estudiantes con el fin de proteger a sus pupilos, de manera tal que, si por la omisión de conductas adecuadas por parte del demandado, se produce la afectación física o emocional de los niños agredidos, se infringe por parte del demando un deber jurídico, pues existe una especial obligación legal para su actuar.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Esto, debido a que del examen de la sentencia del juez a quo, confirmada en su integridad por los jueces de segunda instancia, se desprende que por una parte asigna valor probatorio a la Resolución de la Superintendencia de Educación, en cuanto se establece que esta efectivamente impuso una multa al sostenedor de la escuela demandada, consistente en el pago de 51 UTM, para luego desestimar enteramente su habilidad de convicción, puesto que a su juicio no resultaría acreditado suficientemente que los hechos constitutivos de acoso efectivamente existirían, sin que mencione otro medio probatorio o antecedente que desvirtúe lo contenido en tal documento. De tal forma, se vislumbra en primer lugar una contradicción en el razonamiento del juez, por cuanto tiene por establecida la efectividad de la aplicación de la multa, sin cuestionarla, para luego reprochar que los hechos en virtud de los cuales habría sido fijada no han quedado suficientemente comprobados. Así, se arriba a una situación paradójica, pues por una parte las sentencias razonan que no se ha acreditado -a satisfacción de los respectivos tribunales- los hechos constitutivos de acoso o bullying respecto a los demandantes, soslayando completamente el mérito de la Resolución de la Superintendencia, la cual si tuvo por acreditadas tales circunstancias, a tal nivel que multó al establecimiento por su falta en el deber de mitigar o disuadir dichas ocurrencias. De tal forma es manifiesto que la sentencia cuestionada está desprovista de la fundamentación exigida en el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se configura el vicio de casación formal previsto en el numeral 5° del artículo 768 del mismo cuerpo legal.

2.- La decisión impugnada aparece desprovista de la adecuada fundamentación que debe contener una sentencia, pues no encuentra su correlato en los basamentos del fallo, de lo que se sigue que no ha existido, en la especie, un cabal razonamiento respecto del asunto sometido al conocimiento y resolución de los juzgadores del mérito, omitiéndose de este modo las consideraciones de hecho y de derecho que debían servirle de sustento, desentendiéndose así los magistrados de la obligación de efectuar las reflexiones que permitan apoyar su determinación, al prescindir del estudio que deben efectuar de la totalidad de los medios probatorios rendidos por las partes, que en este caso se encuentra ausente respecto de aspectos tan relevantes como los identificados precedentemente.

3.- De la Ley General de Educación se desprende que el establecimiento educacional tiene una «posición de garante» en lo que refiere a prevenir el acoso escolar, debiendo adoptar las medidas oportunas, necesarias y proporcionales, tendientes a mantener y propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia, particularmente entre sus estudiantes con el fin de proteger a sus pupilos, de manera tal que, si por la omisión de conductas adecuadas por parte del demandado, se produce la afectación física o emocional de los niños agredidos, se infringe por parte del demando un deber jurídico, pues existe una especial obligación legal para su actuar. En la especie, B de la Ley General de Educación, por cuanto el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, según corresponda, no previno toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. (De la sentencia de reemplazo)

4.- Se verifica una omisión ilícita de parte de la escuela demandada, la cual negligentemente ha dejado de arbitrar las providencias necesarias para mantener una sana convivencia entre todos los integrantes del entorno escolar. Asimismo, el daño que se analizará en breve se vincula causalmente con la omisión o inactividad del establecimiento educacional, siendo necesariamente aquella consecuencia de esta última. (De la sentencia de reemplazo)

5.- Los establecimientos educacionales están llamados a emplear y aplicar dichas medidas cuando se tiene conocimiento de la ocurrencia de un acoso escolar, porque ese acto, necesariamente, ha de afectar a la comunidad estudiantil en general y debe ser tratado en el menor tiempo posible, no sólo para proteger a quien lo padece, que ya en sí, importa un atentado contra su dignidad sino porque, además, quien lo ejecuta también requiere de atención y tratamiento, lo cual necesariamente ha de contribuir a una mejor sociedad. (De la sentencia de reemplazo)

Consulte sentencia a texto completo

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