2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechaza demanda de tutela laboral por supuesta vulneración a la integridad física y psíquica

En cuanto a los indicios de la lesión del derecho a la integridad física y psíquica, se rechaza que los configure el hecho que el actor haya tenido un buen desempeño laboral o que se haya auto-despedido, pues ninguno guarda relación con la conducta del empleador.

Recientemente el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó la demanda de tutela laboral incoada por el trabajador por una supuesta vulneración a la integridad física y psíquica, toda vez que si bien existen licencias médicas otorgadas al demandante, se desconocen los diagnósticos y -lo más importante- el origen de la patología no ha sido calificado como laboral, por lo que no existe vínculo causal que permita imputarlo a la empleadora.

Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación.

(Fuente: Destacados del Editor, Microjuris)

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: ROL:982-21, MJJ327824
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSÍQUICA – ACOSO LABORAL – LICENCIAS LABORALES – COMUNICACIONES LABORALES – DESPIDO INDIRECTO – RECHAZO DE LA DEMANDA –

En cuanto a los indicios de la lesión del derecho a la integridad física y psíquica, se rechaza que los configure el hecho que el actor haya tenido un buen desempeño laboral o que se haya auto-despedido, pues ninguno guarda relación con la conducta del empleador. Sobre responder requerimientos hasta altas alturas de la noche, se trata de un indicio incompleto, pues lo decisivo no es la hora de envío del correo por el actor, sino el horario en que le fue requerida la labor por su empleadora, de lo cual no existe constancia en el proceso.

Doctrina:

1.- Se rechaza la demanda de tutela laboral incoada por el trabajador por una supuesta vulneración a la integridad física y psíquica, toda vez que si bien existen licencias médicas otorgadas al demandante, se desconocen los diagnósticos y -lo más importante- el origen de la patología no ha sido calificado como laboral, por lo que no existe vínculo causal que permita imputarlo a la empleadora. Tampoco se acreditó hostigamiento o acoso laboral, concluyéndose que el actor no trabajó obligado durante sus licencias médicas, sino más bien a escondidas de su empleador, por lo que tampoco existe alguna conducta vulneratoria de la demandada respecto al trabajador.

2.- Conforme con la primacía de la realidad, es posible establecer que el demandante era el responsable exclusivo de la tramitación de licencias médicas de la demandada, pues hay evidencia vívida, inmediata y plural de tal circunstancia, además de acreditarse que -respecto a sus propias licencias médicas- las tramitó en la plataforma I-MED. De lo anterior es posible colegir que la demandada no se encontraba en conocimiento que el actor estuviera con licencia médica mientras le prestaba servicios, pues a éste correspondía dar inicio a su reposo laboral y noticiar al empleador de tal circunstancia, circunstancias de las que no hay antecedente en el proceso, siendo de entera responsabilidad del actor, pues no ha acreditado la existencia de «amenazas de despido», máxime cuando cobró tanto la remuneración (liquidaciones respectivas) como el subsidio por incapacidad laboral.

3.- Respecto a la acción subsidiaria de auto-despido -y sin perjuicio de encontrarse renunciada por haberse interpuesto conjuntamente con la acción principal (inciso final del artículo 489 del Código del Trabajo)- se fundamenta en los mismos hechos, siendo lo único acreditado que el demandante obtuvo licencias médicas de origen común y -mediante la infracción de sus deberes laborales- siguió trabajando pese a dicha circunstancia, desde que no dio inicio a su reposo ni dio noticia de ello a su empleador, sin que probara alguna amenaza para no gozarla ni haberla comunicado expresamente a su jefatura.Fallo:

Santiago, cinco de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció FELIPE ANDRES VENEGAS ARAYA, trabajador, cédula de identidad Nº 16.616.528-8, domiciliado en calle Padre Martín Gusinde N° 1589, comuna de Padre Hurtado; quien interpuso denuncia de tutela laboral con ocasión del despido indirecto y nulidad del mismo, además del cobro de prestaciones; en contra de su ex empleador UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE, RUT Nº 70.995.200-5, domiciliado en Toesca Nº 1738, comuna de Santiago.

Al efecto, indicó que inicio relación laboral con la demandada el 22 de junio de 2015, como analista de remuneraciones, con una última remuneración de $1.906.695. Agregó que ejerció el auto-despido invocando la causal de los números 1a), 5 y 7 del Código del Trabajo, con fecha 17 de marzo de 2021, y las conductas del empleador habrían vulnerado el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República de Chile en relación al artículo 184 del Código del Trabajo, además de solicitar la aplicación del artículo 162 incisos 5º y 7º del mismo cuerpo de leyes. Como ilícito constitucional postuló que, desde el año 2020 tuvo que trabajar pese a que estaba bajo licencia médica, con conocimiento de su ex empleador, detallando 7 licencias médicas en que esto habría ocurrido.

En particular, las últimas 2 licencias médicas (N° 49129689 y N° 48318813) habrían sido consecuencia del estrés que le producía tener que estar siempre trabajando, incluso estando con licencia, y hasta altas horas de la noche.

Habría sido diagnosticado con trastorno de depresión, reacción de estrés agudo y trastorno del sueño, con síntomas como ansiedad y angustia, cambios de ánimo y fuertes discusiones en su núcleo familiar, lo que considera vulneratorio de su derecho a la integridad física y psíquica.

Luego de una confusa argumentación respecto a las causales de despido que se configurarían, indicó haber sido víctima de acoso laboral, ya que la empresa se encargó de hostigarlo y criticar su labor, sin que lo dejaran trabajar en paz y con una carga laboral excesiva, viéndose deteriorada su salud.

Agregó que el contrato colectivo vigente (cláusula Nº 18 sobre Bonos Especiales) obliga a otorgar un bono especial por Fiestas Patrias, Navidad y Feriado Anual, cuyo monto será equivalente al 50% del sueldo base mensual imponible del trabajador. Durante el año 2020, sin ninguna clase de explicación y luego de años sin problemas en su pago, sólo se lehabría pagado la mitad, por lo que por bono de fiestas patrias se le adeudaría la suma de $201.126 y por bono de navidad la suma de $201.126, lo que da un total adeudado por la suma de $402.252.

Por tratarse de montos imponibles, se adeudarían cotizaciones previsionales, de salud y aporte al seguro de cesantía, que no fueron enteramente pagadas por los periodos de septiembre de 2020 y diciembre de 2020.

Los indicios suficientes de la vulneración de derechos fundamentales alegada serían los siguientes:

– ingresó a trabajar a la empresa, con fecha 22 de junio de 2015, como analista de remuneraciones, con buen rendimiento laboral, responsabilidad y compromiso.

– trabajar obligado durante sus licencias médicas, siempre bajo la amenaza de despido.

– tener que responder requerimientos vía correo electrónico, ya sea con licencia o hasta altas horas de la noche.

– hostigamientos y carga excesiva de trabajo (estrés laboral) generó trastorno de depresión, reacción de estrés agudo y trastorno del sueño.

– Frente a este escenario, se vio obligado a presentar su despido indirecto con fecha 17 de marzo de 2021.

Previas citas legales, pidió declarar que los hechos de la denuncia configuran una vulneración a la garantía del derecho a la vida, la integridad física y psíquica del trabajador (artículo 19 N° 1 de la Constitución Política). También solicitó declarar la nulidad del despido por el no pago íntegro del bono imponible de fiestas patrias y navidad, respecto al año 2020. Finalmente, peticionó que «se declare la justificación del despido indirecto, por haber incurrido mi ex empleador en la causal del artículo 160 Nº 1 letra a) , o bien en la causal del artículo 160 Nº 5, o bien en la causal del artículo 160 Nº 7, del Código del Trabajo, en forma indistinta una de otra, por lo cual, si se configura cualquiera de ellas, deberá declararse la justificación del despido y en consecuencia condenar al demandado al pago de los siguientes conceptos. 1.- Que se condene al demandado al pago de una indemnización sancionatoria por concepto de tutela laboral, equivalente a $20.973.645.- o lo que S.S.

estime pertinente siempre que no sea 15 inferior a 6 meses según la remuneración.

2.- Que se condene al demandado al pago de la indemnización de falta de aviso previo por un monto de $1.906.695.- o la suma que Su Señoría estime pertinente.

3.- Que se condene al demandado al pago de la indemnización por años de servicio(6 años) por un monto de $11.440.170.- o la suma que Su Señoría estime pertinente.

4.- Que se condene al demandado al pago del recargo legal del 80% de la indemnización por años de servicio por un monto de $9.152.136.- o la suma que Su Señoría estime pertinente o en su defecto se condene al recargo del 50% por la suma de $5.720.085.- o el monto que S.S. estime en justicia.

5.- Que se condene al demandado al pago del feriado legal, del periodo entre el 22 de junio de 2019 y 22 de junio de 2020 por la suma de $1.779.582.- o el monto que S.S.

estime en justicia.

6.- Que se condene al demandado al pago del feriado proporcional desde el 23 de junio de 2020 hasta el 17 de marzo de 2021, por la suma de $1.318.797.- o la suma que Su Señoría estime pertinente.

7.- Que se condene al demandado al pago de la diferencia no pagada de los bonos de fiestas patrias y de navidad por una suma total de $402.252.-o la suma que Su Señoría estime pertinente.

8.- Que se condene a la demandada a pagar las cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía, adeudadas por los periodos ya indicados, por las diferencias y conceptos ya indicados.

9.- Que se condene a la sanción prevista en el inciso 5 y 7 del artículo 162 , esto es, que se adeudan remuneraciones y cotizaciones previsionales desde la fecha del despido hasta su convalidación (Ley Bustos).

10.- Que las prestaciones debidas se paguen con los reajustes e intereses legales correspondientes.

11.- Que se condene a los demandados al pago de las costas del juicio».

En un otrosí, dedujo acción subsidiaria de despido indirecto y nulo, más el cobro de prestaciones, por los mismos hechos e invocando las causales del artículo 160 del Código del Trabajo números 1a), 5 y 7 del Código del Trabajo. Hizo las mismas peticiones que en la acción principal, con excepción de la declaración de la vulneración del derecho fundamental y la indemnización especial por tal motivo.

SEGUNDO: Que compareció la demandada, reconociendo la relación laboral desde el 22 de junio de 2015, como analista de remuneraciones y prestando servicios a contar de marzo de 2020 mediante tele-trabajo.

Por otro lado, controvirtió la remuneración mensual y reivindicó la suma de $1.758.744.

En cuanto al fondo de la acción principal, negó haber estado en conocimiento que el demandante estuvo acogido a licencia médica durante el período abril 2020 a febrero 2021, haciendo presente que entre las funciones de analista de remuneraciones está tramitar, ingresar e informar licencias médicas, siendo el actor el designado expresamente por la demandada para realizarlo, al punto que era quien tenía los accesos necesarios para poder configurar el sistema de recepción de licencias médicas. Agregó que sólo se enteró de esta situación en el mes de marzo de 2021, fecha en la que -mediante una revisión interna, no por noticia del denunciante- se pudo constatar que había trabajado durante todo el año 2020 pese a que estuvo afecto a reposo médico durante la mayor parte de ese período.

Precisó que las licencias médicas -que son remitidas de forma electrónica a la Universidad- debían ser enviadas, aparte del correo del actor, a las siguientes casillas de correo electrónico:

felipe.venegas@ucentral.cl, felipe.garcia@ucentral.cl, cristian.indey@ucentral.cl y fabian.arias@ucentral.cl. Sin embargo, a contar del mes de mayo de 2021, el día en que al actor le eran otorgadas las licencias médicas, el sistema era configurado para que estas únicamente fueran enviadas al correo electrónico del demandante (felipe.venegas@ucentral.cl) y al del también trabajador de la Universidad, Sr. Fabián Arias (fabian.arias@ucentral.cl), lo cual permitía eludir el control de su superior jerárquico, el Sr.

Indey, puesto que -si bien el señor Arias recibía dichas comunicaciones- no las leía, pues no era parte de sus funciones convenidas en el contrato de trabajo.

A mayor abundamiento, en el mes de abril de 2020, el actor informó al Director de Recursos Humanos, don Patricio Yuras Maltés, que se le había extendido una licencia médica debido a una enfermedad común pero que no iba a hacer uso de ella, pues estimaba que ese reposo era innecesario, ya que estaba en su domicilio realizando sus labores mediante teletrabajo. Finalmente, el actor sí tramitó esa licencia médica, sin haber informado de ello, por lo que -desde abril de 2020- su jefatura le hizo requerimientos «como si hubiese estado trabajando», debido a que simplemente no se tenía conocimiento de que el demandante estaba afecto a un reposo médico.

Por lo demás, no existiría ningún antecedente que el actor haya manifestado su disconformidad por haberle pedido que realizara su trabajo mientras estaba acogido a licencia médica, simplemente porque quería mantener oculta esta información, lo que le permitió percibir íntegramente sus remuneraciones y el subsidio por incapacidad laboral que le pagó su ISAPRE. Por último, señaló que -una vez descubierto el proceder del actor- le indicó d e forma inmediata que se tomara su reposo médico y que no trabajara hasta que éste terminara, pero una vez terminada simplemente dejó de contestar los correos que le eran enviados hasta que finalmente se auto-despidió.

Alegó que, en la especie, no nos encontramos frente a una vulneración de garantías fundamentales, ni tampoco frente a hechos que permitan justificar un despido indirecto. En particular, no existe una afectación a la integridad psíquica del demandante, pues su parte no ha desplegado actos ilegítimos a los que pudiera atribuírsele este efecto.

Por

otro lado, de ser cierta las alegaciones que se indican en la denuncia, de ellas tampoco cabe concluir que existe una afectación a la citada garantía fundamental, en primer lugar porque los requerimientos que se formularon al actor debían relación única y exclusivamente con el cumplimiento de su trabajo, de manera que no existen actos maliciosos que hayan tenido como objetivo afectar su integridad psíquica. En segundo lugar, porque jamás el denunciante manifestó algún problema con las solicitudes que le efectuaba su jefatura, máxime cuando todas las licencias médicas que le fueron expedidas al actor son por enfermedad común. También negó que haya existido un acoso laboral en contra del denunciante, haciendo presente que ninguno de los hechos invocados en el libelo permite configurarlo.

Por otro lado, alegó la confusión en que incurre el demandante respecto de la acción de tutela ejercida en estos autos, pues se trata de un auto-despido, pero se refiere a hechos acontecidos cuando la relación laboral estaba vigente, lo que resulta incompatible. Así, las solicitudes que se le hicieron mientras estuvo acogido a licencia médica ocurrieron mientras estaba vigente la relación laboral entre las partes, por lo que no puede servir como un antecedente fáctico de la denuncia, atendido que se trata de la acción del artículo 489 del Código del Trabajo.

Acerca de lo peticionado por aguinaldos de fiestas patrias y navidad correspondientes al año 2021, indicó que la Universidad convino con la organización sindical respectiva la reducción en un 50% del pago de los aguinaldos de fiestas patrias y navidad del año 2020, todo ello con fecha 20 de agosto de 2020.

Tampoco procedería la nulidad del despido, no sólo por no existir deuda previsional, sino también porque la sanción está establecida para aquellos casos en que el empleador ha descontado el monto de las cotizaciones de seguridad social de las remuneraciones de un trabajador y no entera esas sumas en las correspondientes instituciones de seguridad social, cuestión que no ocurrió en la especie. Además, alegó la incompatibilidad respecto a la acción de despido indirecto e hizo presente que ya pagó las cotizaciones presuntamente adeudadas, acogiéndose a la excepción establecida en el inciso 7º del artículo 162 del Código del Trabajo.

Pidió rechazar en todas sus partes la denuncia de tutela laboral, con costas, luego de lo cual contestó la demanda de despido subsidiaria, solicitando desestimarla, también con costas. Adicionó a lo ya señalado, alegó que la carta de auto-despido no satisfaría el estándar requerido por el legislador, en primer término porque controvierte el cumplimiento de los requisitos de comunicación, y -en segundo- porque la carta no detalla suficientemente los hechos que configurarían la causal de término de contrato que invocó para poner fin a su contrato de trabajo, desde que no indica qué requerimientos en específico se habrían efectuado al demandante mientras estuvo acogido a licencia médica.

Finalmente, postuló que no ha incurrido en ninguna de las causales de término de contrato que se invocan, reiterando que -en la especie- no existió un acoso laboral en contra del denunciante, no es posible que la Universidad haya incurrido en la causal del número 5 del artículo 160 del Código del Trabajo porque requiere una intencionalidad «temeraria», lo que es imposible de establecer cuando su parte no tenía conocimiento de que el actor estaba acogido a licencia médica.

Por último, tampoco se configuraría un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, por la circunstancia que su parte nunca supo que el demandante estaba acogido a licencia médica, de manera que es imposible que haya existida la intencionalidad que es necesaria para configurar esa causal de despido.

TERCERO: Que la audiencia preparatoria tuvo lugar el 23 de septiembre del 2021, ocasión en que se efectuó el llamado a conciliación, sin que ésta se alcanzara, decretándose como hecho no controvertido la existencia de relación laboral iniciada el 22 de junio del año 2015.

Luego, como hechos a probar se fijaron los siguientes:

1. Efectividad de que la demandada incurrió en los hechos denunciados, constitutivos de las vulneraciones de garantías fundamentales que se reclaman.

2. Efectividad de los hechos señalados en la carta de aviso de despido indirecto.

3. Cumplimiento de las formalidades del despido.

4. Funciones específicas desempeñadas por el trabajador. Efectividad de haber sido el único encargado de tramitar las licencias médicas en la organización.

5. Remuneración pactada y efectivamente percibida por el trabajador.

6. Haberse otorgado y en su caso compensado el feriado legal y proporcional que se reclaman. En la negativa, periodos y montos que se adeudan.

7. Efectividad de que se adeuda un porcentaje de los aguinaldos de navidad y fiestas patrias del año 2020.

8. Estado de pago de las cotizaciones previsionales al momento del

despido.

CUARTO: Que la audiencia de juicio tuvo lugar los días 20 de abril, 1 y 16 de junio, todos de 2022, rindiendo la parte demandante la siguiente evidencia para probar sus asertos:

Documental:

1. Contrato de Trabajo del trabajador.

2. Anexos de Contrato de Trabajo.

3. Liquidaciones de Sueldo del trabajador por el periodo de febrero 2020 a febrero 2021.

4.

Set de Licencias Médicas.

– 49129689, desde el 24-02-2021 al 16-03-2021, por 21 días.

– 48318813, desde el 03-02-2021 al 23-02-2021, por 21 días.

– 44630739, desde el 09-10-2020 al 29-10-2020, por 21 días.

– 43967937, desde el 18-09-2020 al 08-10-2020, por 21 días.

– 41409222, desde el 26-06-2020 al 16-07-2020, por 21 días.

– 40115034, desde el 26-05-2020 al 15-06-2020, por 21 días.

– 39258063, desde el 28-04-2020 al 12-05-2020, por 21 días. 5. Carta de Despido Indirecto, de fecha 17 de marzo de 2021.

6. Comprobantes de envío de Despido Indirecto.

7. Contrato Colectivo de fecha 20 de septiembre de 2017.

8. Set de correos electrónicos recibidos y enviados por el trabajador, desde 01-04-2020 hasta el 03-03-2021. Enlace para visualizar (en txt): https://drive.google.com/drive/folders/1L3z2it1QqFqxEV7qiWTmc6OHl5FvV zi?usp=sharing).

Testimonial: declaró, conforme se registró en audio, don Rubén Alejandro Venegas Araya, cédula de identidad Nº 17.304.012-1, hermano de la parte que lo presenta, quien indicó que el 2020 (la pareja d)el actor tuvo un embarazo complicado y éste debió someterse a una cirugía, pese a lo cual lo llamaban de la pega estando con licencia médica. Dice conocer lo que declara porque escuchaba al demandante hablar por teléfono con sus jefes (Cristian y Patricio) pues estaba con tele-trabajo.

Exhibición de documentos:

La parte demandada exhibió:

a) Correos electrónicos enviados al trabajador y los que este haya enviado durante los periodos que estuvo con licencia médica.

b) Contratos de trabajo y anexos de contratos de trabajo, de las siguientes personas:

Patricio Yuras Maltes.

Felipe García.

Cristian Indey.

Fabián Arias.

c) Organigrama de la Universidad Central de Chile, particularmente del área de Recursos Humanos.

d) Descripción de cargos del área de recursos humanos de la Universidad Central de Chile.

e) Modificación de contrato colectivo, que señala la reducción de los aguinaldos de fiestas patrias y navidad.

QUINTO: Que, a su turno, la demandada incorporó los siguientes elementos de prueba en abono de sus afirmaciones:

Documental:

1. Contrato de trabajo suscrito entre el señor Felipe Venegas y la Universidad Central de Chile, de fecha 1 de julio de 2015, y anexos de contrato de trabajo de fechas 22 de octubre de 2015, 1 de diciembre de 2015, 30 de junio de 2019, 1 de octubre de 2016.

2. Correo electrónico de fecha 20 de marzo de 2020, con cambio de condiciones contractuales a teletrabajo, y aceptación por parte del señor Venegas con la misma fecha.

3. Impresión de pantalla licencias en sistema del señor Felipe

Venegas.

4. Liquidación de remuneraciones del período comprendido entre abril de 2020 a marzo de 2021.

5. Correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2021, por el cual se envía a la Isapre Consalud una carta de misma fecha.

6. Carta remitida a Isapre Consalud, de fecha 21 de septiembre de 2021, adjunta al correo electrónico señalado en el número anterior.

7. Contrato colectivo de trabajo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Chile y la Universidad Central de Chile, de fecha 15 de septiembre de 2017.

8. Modificación parcial de contrato colectivo de trabajo, suscrito entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Chile y la Universidad Central de Chile, de fecha 20 de agosto de 2020.

9.

Carta enviada al demandante, de fecha 26 de agosto de 2021.

10. Certificados de pago de cotizaciones, correspondientes a los meses de septiembre y diciembre de 2020.

11. Comprobante de envío correo certificado por el cual se envío la carta y antecedentes adjuntos a que se refieren los dos números anteriores.

12. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Universidad Central de Chile.

Testimonial: Prestaron declaración, según se registró en audio, las siguientes personas:

1. Cristian Andrés Indey Soto, RUT N°14.523.960-5, jefe de operaciones del demandante, quien declaró que éste era el único que tramitaba las licencias médicas (perfil en plataforma), explicando el procedimiento in terno (correo electrónico de isapre para ingreso de datos) y que supo de las licencias médicas del actor en el mes de febrero de 2021, a propósito de un control aleatorio, descubriendo que en realidad eran entre 5 y 7 del año anterior, de las que nunca supo, como debía ser, esto es, mediante correo electrónico o whatsapp del propio demandante. También señaló que había 4 o 5 personas con acceso a la plataforma de tramitación de licencias médicas I-MED, entre los que se encontraba él, pero que accedía sólo cuando debía recabar algún antecedente, que fue precisamente como se enteró que el actor trabajaba con licencia médica, lo que pesquisó fortuitamente a fines de febrero de 2021.

Finalmente, indicó que las licencias del demandante se notificaron a éste y Fabián Arias, mientras que él aparecía copiado sólo en dos.

2.- Fabián Arias Martínez, RUT N°16.749.078-6, quien reconoce al demandante como encargado de tramitar licencias médicas (I-MED), excepto las emitidas en papel que debería ingresar por «recepción». Explicó que el correo de la isapre llega también a su casilla, pero que nunca ha tramitado una, pues no las revisa por no ser su función.

3.- Patricio Yuras Maltés, RUT N°10.110.605-5, Jefe de Recursos Humanos, quien reconoce al demandante como el único encargado de tramitar licencias médicas y que la universidad no supo de las que se le otorgaron al actor, pese a reconocer que la notificación llegó también a Fabián Arias (debiendo haber llegado a otros 2 correos institucionales). Contrainterrogado aclaró que -en la práctica- Fabián Arias no tramitaba

licencias médicas y que no hubo investigación formal pues el demandante simplemente desapareció.

Oficios:

1. AFP Modelo (sin número, de fecha 4 de abril de 2022), que allegó certificado de cotizaciones del demandante.

2. ISAPRE Consalud (Nº 155221 de 8 de abril de 2022), que informó el estado de pago de las cotizaciones de salud del demandante, además del pago de subsidios por incapacidad laboral por licencias médicas otorgadas en los años 2020 y 2021.

3. Administradora de Fondos de Cesantía (Nº 5800/2022 de 23 de marzo de 2022), que adjuntó certificado de cotizaciones del demandante.

4. I-MED (sin número, de fecha 31 de mayo de 2022), que informó que todas las licencias médicas otorgadas al actor entre abril de 2020 y febrero de 2021 fueron tramitadas por él mismo en calidad de «asistente del empleador».

SEXTO: Que en relación al vínculo laboral, es pacífico entre las partes que se inició el 22 de junio de 2015.

Respecto al cargo desempeñado por el actor, conforme con el contrato de trabajo allegado por ambas partes, aparece que fue contratado como analista de remuneraciones.

En cuanto a la forma de extinción del vínculo, el demandante probó mediante documentos 5 y 6 haberse auto-despedido el 17 de marzo de 2021, remitiendo las correspondientes notificaciones por carta certificada al domicilio de la demandada y de la Inspección del Trabajo.

SÉPTIMO: Que el demandante fundamenta fácticamente la acción de tutela, con ocasión del despido indirecto, en que el empleador afectó su derecho constitucional a la integridad física y psíquica, todo ello por haberlo obligado a trabajar estando con licencias médicas.

Adicionó como conducta del empleador haberlo acosado laboralmente mediante sobrecarga laboral y actos de hostigamiento y crítica permanentes, de lo cual -sin embargo- no existe ningún antecedente en el proceso que genere convicción. En efecto, lo único relevante se refiere a la

sobrecarga laboral alegada, incorporando el actor correos electrónicos, ninguno de los cuales fue remitido al actor fuera de horario de trabajo, no siendo indicativo de sobrecarga el hecho que éste sí enviara correos electrónicos fuera de la jornada laboral. El otro antecedente consiste en las declaraciones de su hermano, que sólo dan cuenta que lo veía trabajar fuera del horario laboral.

Por otra parte, es pacífico que el actor laboró mediante tele-trabajo a contar de fines de marzo de 2020, y -en dicho periodo- debió seguir prestando servicios mientras gozaba de licencias médicas, siendo la controversia principal establecer si la demandada estaba en conocimiento de esta situación.

OCTAVO: Que, el inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo dispone lo siguiente:

«Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial». Entre los derechos a que se refiere dicha norma se encuentra el invocado por el denunciante.

Que, conforme con el artículo 493 del Código del Trabajo, la cuestión fáctica impone a la parte actora, como exigencia mínima probatoria, aportar antecedentes que constituyan indicios suficientes de la ocurrencia de los hechos que se denuncian como constitutivos de la vulneración de derechos fundamentales alegada, correspondiéndole a la denunciada -una vez cumplida la exigencia antedicha- acreditar la justificación y proporcionalidad de las medidas.

Según ya lo han dicho la doctrina y la jurisprudencia, el procedimiento de tutela laboral, busca la protección judicial efectiva de los derechos de los trabajadores y una forma de lograrlo consiste en la prueba indiciaria establecida en la norma indicada en el párrafo anterior, introduciendo una reducción probatoria consistente en la obligación del trabajador de presentar sólo indicios suficientes de la vulneración que alega. Esta técnica, como lo ha señalado el profesor José Luis Ugarte Cataldo, no consiste en una

inversión del onus probandi, ya que no basta la alegación de una lesión a un derecho fundamental para que se traslade al empleador la carga probatoria, sino que sólo se alivia la posición del trabajador exigiéndole un principio de prueba por el cual acredite indicios de la conducta lesiva, esto es, acredite hechos que generen la sospecha fundada, razonable, de que ha existido esta lesión.

NOVENO:

Reconocido lo anterior, es necesario despejar como primer tema de fondo si la denunciante cumplió con este estándar probatorio, debiendo analizarse su prueba para resolverlo.

De las licencias médicas allegadas por el actor, junto con sus respectivos correos electrónicos de «aviso de notificación» a la demandada por la plataforma I-MED, se establece la extensión y comunicación de las siguientes a favor del actor:

– Nº 039258063-8 de 28 de abril de 2020 por 15 días. Fue enviada a los correos institucionales del demandante y de los testigos Indey (jefe) y Arias (analista).

– Nº 040115034-K de 26 de mayo de 2020 por 21 días. Fue enviada a los correos institucionales del demandante y del testigo Arias (analista).

– Nº 041409222-5 de 26 de junio de 2020 por 21 días. Fue enviada a los correos institucionales del demandante y del testigo Arias (analista).

– Nº 043967937-9 de 17 de septiembre de 2020 por 21 días. Fue enviada a los correos institucionales del demandante y del testigo Arias (analista).

– Nº 044630739-8 de 8 de octubre de 2020 por 21 días. Fue enviada a los correos institucionales del demandante y de los testigos Indey (jefe) y Arias (analista).

– Nº 48318813-7 de 3 de febrero de 2021. Fue enviada a los correos institucionales del demandante y del testigo Arias (analista).

– Nº 49129689-5 de 24 de febrero de 2021. Fue enviada a los correos institucionales del demandante y del testigo Arias (analista).

DÉCIMO: Por otra parte, según las declaraciones contestes y presenciales de los testigos de ambas partes, al actor le correspondía tramitar las licencias médicas electrónicas, precisando los de la demandada que lo hacía en forma exclusiva, teniendo el perfil en la plataforma para aceptarlas o rechazarlas.

Del oficio a I-MED obtenido por la demandada se confirma esta aseveración para todas las licencias referidas en el considerando anterior, pues el actor aparece como «asistente empleador», es decir, él mismo tramitó sus licencias médicas.

No obsta a esta conclusión que los testigos de la demandada reconocieran, y conste de los correos electrónicos referidos en el considerando anterior, que el procedimiento interno para las licencias médicas incluyera la remisión del «aviso de notificación» a varias personas, entre los que aparecen los testigos Indey y Arias, pues -en primer lugar- el actor copió casi todas las notificaciones de sus propias licencias sólo a Fabián Arias (5 de 7), y -en segundo lugar- porque éste fue enfático en estrados que nunca abría esos correos de notificación porque no era su función hacerlo y que nunca ha tramitado una licencia médica. El testigo Indey, en tanto jefe del actor no podía estar encargado sino indirectamente de la tramitación de las licencias médicas, precisamente por intermedio de éste, negando que le haya sido comunicado expresamente tal circunstancia en el caso del actor en alguno de los periodos discutidos, pues no accedía a la plataforma I-MED sino cuando debía chequear antecedentes, que fue precisamente como se enteró que el actor trabajaba con licencia médica, lo cual pesquisó fortuitamente a fines de febrero de 2021.

Por lo demás, el único indicio de conocimiento del empleador respecto las licencias del demandante es el correo electrónico del testigo Yuras al demandante (28 de abril de 2020) en que le pregunta si está con licencia médica, sin obtener respuesta de parte de éste, lo que se interpreta más como una forma de encubrir dicha circunstancia al no contestar el actor, que una certeza de que el empleador estuviera en conocimiento cierto de tal circunstancia; si no, ¿cómo explicar que el gerente de recursos

humanos le estuviera precisamente preguntando?. En el mismo sentido de eludir el control jerárquico se interpreta el que sólo 2 de las 7 licencias médicas

dl actor hayan sido copiadas al testigo Indey (jefe del demandante).

Así, conforme con la primacía de la realidad, es posible establecer que el demandante era el responsable exclusivo de la tramitación de licencias médicas de la demandada, pues hay evidencia vívida, inmediata y plural de tal circunstancia, además de acreditarse que -respecto a sus propias licencias médicas- las tramitó en la plataforma I-MED. De lo anterior es posible colegir que la demandada no se encontraba en conocimiento que el actor estuviera con licencia médica mientras le prestaba servicios, pues a éste correspondía dar inicio a su reposo laboral y noticiar al empleador de tal circunstancia, circunstancias de las que no hay antecedente en el proceso, siendo de entera responsabilidad del actor, pues no ha acreditado la existencia de «amenazas de despido», máxime cuando cobró tanto la remuneración (liquidaciones respectivas) como el subsidio por incapacidad laboral (oficio ISAPRE CONSALUD).

UNDÉCIMO: En cuanto a los indicios de la lesión del derecho a la integridad física y psíquica, se rechaza que los configure el hecho que el actor haya tenido un buen desempeño laboral o que se haya auto-despedido, pues ninguno guarda relación con la conducta del empleador. Sobre responder requerimientos hasta altas alturas de la noche, se trata de un indicio incompleto, pues lo decisivo no es la hora de envío del correo por el actor, sino el horario en que le fue requerida la labor por su empleadora, de lo cual no existe constancia en el proceso.

Por otra parte, si bien existen licencias médicas otorgadas al demandante, se desconocen los diagnósticos y -lo más importante- el origen de la patología no ha sido calificado como laboral, por lo que no existe vínculo causal que permita imputarlo a la empleadora.

Como se dijo anteriormente, tampoco se acreditó hostigamiento o acoso laboral, y el tribunal concluyó que el actor no trabajó obligado durante sus licencias médicas, sino más bien a escondidas de su empleador, por lo que tampoco existe alguna conducta vulneratoria de la demandada respecto al trabajador.

Así, no se configuró ninguno de los indicios postulados para acreditar la lesión del derecho fundamental a la integridad física y psíquica del denunciante, por lo que forzoso resulta concluir que la acción principal deberá rechazarse.

DUODÉCIMO: Respecto a la acción subsidiaria de auto-despido -y sin perjuicio de encontrarse renunciada por haberse interpuesto conjuntamente con la acción principal (inciso final del artículo 489 del Código del Trabajo)- se fundamenta en los mismos hechos, siendo lo único acreditado que el demandante obtuvo licencias médicas de origen común y -mediante la infracción de sus deberes laborales- siguió trabajando pese a dicha circunstancia, desde que no dio inicio a su reposo ni dio noticia de ello a su empleador, sin que probara alguna amenaza para no gozarla ni haberla comunicado expresamente a su jefatura.

Así, los hechos acreditados no configuran alguna de las causales del Nº 1 letras a) o f), ni Nº 5 ni Nº 7, todos del artículo 160 del Código del Trabajo, por lo que el despido indirecto será considerado injustificado y la relación laboral se tendrá por finalizada por renuncia del actor.

DÉCIMO TERCERO: Como consecuencia de lo dicho hasta el momento, se rechazará la acción conjunta de nulidad del despido, por inexistencia de éste.

DÉCIMO CUARTO: Que no existe evidencia que la demandada haya otorgado o compensado dinerariamente los feriados legal y proporcional que se cobran, por lo que -siendo su carga- deberá otorgárselos en los términos peticionados.

Atendido lo dispuesto en el artículo 71 inciso 2º del Código del Trabajo y lo que fluye de las liquidaciones de remuneraciones allegadas por ambas partes, la base de cálculo del feriado será el sueldo base, a saber: $1.268.739.

DÉCIMO QUINTO:

Que, para resolver lo solicitado por diferencias de bonos especiales de fiestas patrias y navidad correspondientes al año 2020, se tendrá por efectivo que dichos beneficios se encuentran pactados en contrato colectivo (documento Nº 17 de la demandada) y que fueron

modificados parcialmente el 20 de agosto de 2020 (documento Nº 8 de la demandada). De relacionar ambos instrumentos, es posible establecer que -inicialmente- el actor tenía derecho a un monto equivalente al 50% del sueldo base mensual imponible con tope de $384.000; y que ese pacto se modificó -a contar del 25 de agosto de 2020- en el sentido que tenía derecho al 25% del sueldo base mensual imponible con tope de $206.358, los que deben entenderse en términos «brutos».

En las liquidaciones de remuneraciones de los meses en que correspondía pagar dichos bonos especiales (septiembre y diciembre), aparece que la demandada pagó $201.126 cada vez, en tanto el sueldo base imponible ascendió a $1.235.384 y $1.268.739, respectivamente. Así, se concluye que la demandada pagó correctamente los «aguinaldos» de fiestas patrias y año nuevo correspondientes al año 2020, por lo que tampoco existen diferencias por cotizaciones de seguridad social, debiendo rechazarse ambas prestaciones.

DÉCIMO SEXTO: Que la prueba se apreció de conformidad a las reglas de la sana crítica y se desestimarán como elementos de convicción los restantes medios de prueba no mencionados expresamente en los considerandos del fallo, toda vez que su alcance probatorio no altera el establecimiento de los hechos y lo que se resolverá en definitiva.

DÉCIMO SÉPTIMO:

Que, teniendo únicamente presente que el demandante no resultará completamente vencido, cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; artículos 1 , 2 , 5 , 7 a 11 , 41 , 67 , 73 , 415 , 420 , 423 , 425 a 432 , 434 a 438 , 440 a 459 y 485 a 495 del Código del Trabajo; se resuelve:

I.- Que se rechaza la denuncia de tutela laboral interpuesta por FELIPE ANDRÉS VENEGAS en contra de UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE.

II.- Que se rechaza la demanda subsidiaria de despido

indirecto deducida por FELIPE ANDRÉS VENEGAS en contra de

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE.

III.- Que se acoge parcialmente la acción de cobro de prestaciones, únicamente en cuanto se ordena a la demandada pagar al actor lo siguiente:

a.- Feriado legal de la anualidad 2019-2020 (21 días corridos) por $888.117.

b.- Feriado proporcional entre el 23 de junio de 2020 y el 17 de marzo de 2021 (15.4 días corridos) por $651.286.

IV.- Que el pago de las sumas señaladas deberá hacerse con los reajustes e intereses que correspondan de conformidad con los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

V.- Que cada parte pagará sus costas.

Ejecutoriada esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Devuélvanse los documentos custodiados a la parte demandante una vez que se encuentre firme la presente sentencia.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

R.I.T. T-982-2021.-

R.U.C. 21-4-0348864-7.-

Dictada por Víctor Manuel Covarrubias Suárez, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Víctor Manuel Covarrubias Suárez

Juez

2 Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago

Cinco de septiembre de dos mil veintidós 16:42 UTC-4

A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

A %d blogueros les gusta esto: