Corte Suprema rechazó recurso de nulidad de imputado por el delito de microtráfico contra la sentencia que se fundó en prueba obtenida de la detención efectuada por guardia municipal

Funcionario no efectuó un control de identidad al encartado como sostuvo la defensa, sino que actuó bajo hipótesis de flagrancia, lo que disipa la eventual concurrencia de prueba ilícita

En días recientes la Segunda Sala de la Corte Suprema desechó un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de imputado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en pequeñas cantidades, al no constatar la infracción de derechos y garantías constitucionales denunciadas, particularmente del principio de debido proceso por obtención de prueba ilícita para acreditar el delito bajo el actuar de un guardia municipal que detuvo al encartado.
Los sentenciadores establecieron que en «cabe analizar si la infracción denunciada por la defensa, reúne la entidad suficiente para ser considerada una acción ilícita que habilita a poner en marcha tal institución…
Tal como se establece en el fallo recurrido, el funcionario municipal no obtuvo el material a instancias o en cooperación con los agentes estatales, ni tampoco arrogándose facultades investigativas reservadas a los órganos de persecución, sino que el hallazgo se produjo en un contexto de flagrancia, en el que el guardia municipal observó a una persona que huía de otras tres que lo perseguían, y al acercarse a prestarle auxilio pudo observar que en el interior de un bolso negro que portaba y que se encontraba abierto, había una gran cantidad de papelillos…
Entonces, tal como asienta el fallo impugnado, no se observan razones para haber prohibido la incorporación al juicio del testimonio del guardia municipal… las declaraciones de los funcionarios de Carabineros y la prueba material al tratarse de una detención practicada por un particular en una situación de flagrancia de aquellas establecidas en el artículo 129 en relación al artículo 130 del Código Procesal Penal…
En consecuencia, cabe estimar que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al fundamentar su decisión condenatoria en la prueba rendida en el juicio, conforme a sus facultades soberanas, de manera que el recurso en estudio será rechazado»

Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación

C/ JUNIOR RODRÍGUEZ – SEGUNDA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Segunda
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327885
Compendia: Microjuris

VOCES: – PENAL – TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES – FLAGRANCIA – DEBIDO PROCESO – PRUEBA ILICITA – OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL PERSONAL POLICIAL – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

El funcionario municipal no obtuvo el material a instancias o en cooperación con los agentes estatales, ni tampoco arrogándose facultades investigativas reservadas a los órganos de persecución, sino que el hallazgo se produjo en un contexto de flagrancia, en el que el guardia municipal observó a una persona que huía de otras tres que lo perseguían, y al acercarse a prestarle auxilio pudo observar que en el interior de un bolso negro que portaba y que se encontraba abierto, había una gran cantidad de papelillos. De este modo, no se observan razones para haber prohibido la incorporación al juicio del testimonio del guardia municipal, las declaraciones de los funcionarios de Carabineros y la prueba material al tratarse de una detención practicada por un particular en una situación de flagrancia de aquellas establecidas en el artículo 129 en relación al artículo 130 del Código Procesal Penal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la defensa del condenado como autor del delito de de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4° en relación con el artículo 1° , ambos de la Ley N° 20.000. Esto, debido a que no se configuran las afectaciones en que la defensa fundamentó su reclamo las que se originarían con motivo de determinadas diligencias que habría realizado un guardia municipal respecto del acusado, en especial respecto a retenerlo por haber visto en el interior del bolso que portaba y que se encontraba abierto, una gran cantidad de envoltorios o papelillos cuando se acercó a auxiliarlo porque tres personas lo perseguían. Se cuestiona la detención y la realización de diligencias de investigación por parte de particulares, lo que vulneraría, de manera trascendental, la garantía del debido proceso, al incorporarse al juicio prueba obtenida de manera ilícita. Al respecto, se concluye que el funcionario municipal no obtuvo el material a instancias o en cooperación con los agentes estatales, ni tampoco arrogándose facultades investigativas reservadas a los órganos de persecución, sino que el hallazgo se produjo en un contexto de flagrancia, en el que el guardia municipal observó a una persona que huía de otras tres que lo perseguían, y al acercarse a prestarle auxilio pudo observar que en el interior de un bolso negro que portaba y que se encontraba abierto, había una gran cantidad de papelillos. De este modo, no se observan razones para haber prohibido la incorporación al juicio del testimonio del guardia municipal, las declaraciones de los funcionarios de Carabineros y la prueba material al tratarse de una detención practicada por un particular en una situación de flagrancia de aquellas establecidas en el artículo 129 en relación al artículo 130 del Código Procesal Penal.

2.- En el ordenamiento jurídico chileno se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, de lo que se desprende que la acción estatal no puede ser requisito sine qua non para que opere el remedio de exclusión probatoria respecto de evidencia obtenida con flagrante vulneración de derechos fundamentales, postura que se ve reafirmada por la circunstancia de que la regla de exclusión se encuentra presente no sólo en materia penal – donde es dable convenir que la abrumadora mayoría de las vulneraciones de derechos son cometidas por agentes del Estado – sino también en materia de derecho laboral y derecho de familia, en que los atropellos a derechos fundamentales tienden a ser ejecutados por privados. Ahora bien, no cualquier actuación de particulares pone en movimiento la sanción de ineficacia probatoria; se requiere, a lo menos, que el privado se subrogue -de facto, o en connivencia con un agente estatal- en actuaciones o diligencias propias de la investigación penal, es decir, aquellas que tienden a esclarecer la existencia de un ilícito o la identificación de sus partícipes. Además, la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, relevante, de gravedad, de tal modo que el defecto constituya un atentado de tal entidad que conduzca a la ineficacia de la garantía, resultando de ello un desconocimiento del núcleo esencial de ésta.

3.- Corresponde acoger el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado toda vez que no es posible considerar que en el caso se haya estado ante una situación de flagrancia, porque no se estaba visiblemente cometiendo un delito ni existía un grado de certeza sobre si acababa de cometerse, pues el funcionario municipal sólo vio una gran cantidad de papelillos al interior de un bolso que tenía el imputado en horas de la mañana. Solo en forma posterior a la detención del imputado y para efectos de establecer el contenido de tales papelillos, funcionarios policiales efectuaron un control de identidad al encartado, quien no tenía su cédula de identidad, trasladándolo a un recinto policial para efectos de determinar su identificación y el contenido de los envoltorios. De este modo, los funcionarios aprehensores debieron realizar un control de identidad y diligencias de investigación previas destinadas a la constatación de la comisión de un delito, lo que descarta la ostensibilidad de la flagrancia, pues la evidencia no era manifiesta, lo que no les habilitaba para detener a una persona que se encuentra corriendo en la vía pública portando un bolso con papelillos en su interior, circunstancia que no da cuenta de la comisión de un delito. (Del voto en contra del Ministro Sr. Llanos)

4.- Al haberse detenido al imputado un particular que no estaba autorizado a efectuar diligencias de investigación ni controlar su identidad para verificar el contenido de los papelillos que estaban en el interior del bolso que portaba, conculca con ello sus garantías fundamentales y, en consecuencia, se ha vulnerado el derecho del acusado a un procedimiento justo y racional que debía desarrollarse con apego irrestricto a los derechos y las garantías constitucionales que le reconoce el ordenamiento jurídico, de modo que la evidencia recogida en el procedimiento incoado resulta ser ilícita, al haber sido obtenida al margen de la ley. (Del voto en contra del Ministro Sr. Llanos)

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