Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 16

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COTIZACIONES PREVISIONALES – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

SANHUEZA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327957
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO –

No se observa yerro alguno en la sentencia impugnada al concluir que sin perjuicio de no ser procedente la institución de la nulidad del despido, ello no altera la obligación de enterar las cotizaciones ´previsionales adeudadas por el periodo en que se reconoció la existencia de la relación laboral, pues por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que sólo se constata la existencia del vínculo del trabajo, esto es, se reconoce su existencia como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante el lapso que se extendió la relación laboral, de manera que si las cotizaciones de seguridad social no fueron pagadas de acuerdo con las remuneraciones que correspondían, debió accederse a su pago.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que, declarando la existencia de la relación laboral, la condenó al pago de las cotizaciones previsionales al estimar que sin perjuicio de no ser procedente la institución de la nulidad del despido, ello no altera la obligación de enterar las cotizaciones ´previsionales adeudadas por el periodo en que se reconoció la existencia de la relación laboral. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada toda vez que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso, una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto de que se condenara a la demandada, además de declarar el despido injustificado, al pago de las cotizaciones previsionales y de salud porque no habían sido solucionadas, a lo cual se accedió en la respectiva sentencia.

2.- La naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos respectivos.

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS – EDUCACIÓN – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – REGLAMENTO INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA C/ SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327857
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MULTA – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – EDUCACION – MUNICIPALIDADES – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD – RECURSO DE RECLAMACION – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La Superintendencia calificó correctamente la infracción consistente en que el colegio no cuente con un Reglamento Interno que se ajuste a la normativa vigente, por cuanto su protocolo de actuación para casos de maltrato entre adultos no contiene plazos ciertos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos, como una infracción menos grave, en cuanto esta infracción guarda directa relación con deberes y derechos establecidos en la normativa educacional.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia, confirmando la resolución que aplicó la sanción de multa por la infracción consistente en no contar con un Reglamento Interno que se ajuste a la normativa vigente, por cuanto su protocolo de actuación para casos de maltrato entre adultos no contiene plazos ciertos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos, lo cual configura una transgresión a los artículos 46 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N°2 del año 2009, del Ministerio de Educación y 8° del Decreto Supremo N°315, del año 2010, de la misma repartición. Lo anterior, puesto que la infracción en cuestión guarda directa relación con deberes y derechos establecidos en la normativa educacional, aserto que lleva a concluir que debe ser calificada como menos grave.

2.- La diferencia ente infracciones menos graves y leves, consiste en que la falta, en el primero de los casos, debe guardar relación con aquella parte del ordenamiento jurídico educacional que establece o regula los «deberes y derechos» de los integrantes de la comunidad educativa. Así lo establece el artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2009 del Ministerio de Educación, cuyo artículo 1 declara que se van a regular los deberes y derechos de la comunidad educativa.

CORPORACIONES MUNICIPALES – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

ÁLVAREZ BARRIENTOS, INGRID C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE ANCUD – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327915
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – COTIZACIONES PREVISIONALES – NULIDAD DEL DESPIDO – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO –

Si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo. En la especie, se acreditó el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera, puesto que el empleador no enteró las cotizaciones previsionales en los órganos respectivos en tiempo y forma, siendo aplicable la punición mencionada, incluso frente a la vigencia del Estatuto Docente, por imperio de la norma de remisión supletoria, que, en caso de silencio en la legislación especial, reconduce a aplicar las normas del derecho laboral general.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió parcialmente la demanda, rechazando la aplicación de la nulidad del despido a los docentes que se desempeñan en el sector municipal, regulados por la Ley 19.070 . Al respecto, yerra la sentencia impugnada pues si el empleador durante la relación laboral infringió la normativa previsional corresponde imponerle la sanción que contempla el artículo 162, inciso quinto , del Código del Trabajo. En la especie, se acreditó el presupuesto fáctico que autoriza para obrar de esa manera, puesto que el empleador no enteró las cotizaciones previsionales en los órganos respectivos en tiempo y forma, siendo aplicable la punición mencionada, incluso frente a la vigencia del Estatuto Docente, por imperio de la norma de remisión supletoria, que, en caso de silencio en la legislación especial, reconduce a aplicar las normas del derecho laboral general.

2.- La normativa reguladora de la terminación del contrato, contenida en los artículos 72 a 77 del Estatuto Docente, no comprende normas que regulen la nulidad del despido, pero que ello no obsta a su aplicación, pues la supletoriedad de un cuerpo normativo -en la especie, el Código del Trabajo-, no debe tener por objeto la mera complementación de aspectos secundarios o de sola reglamentación, si no darle aplicación frente a una situación sustantiva importante, como sucede con la punición en comento.

3.- En lo concerniente a la sanción de la nulidad del despido respecto de trabajadores regidos por el Estatuto Docente, se debe tener presente que la razón que motivó su consagración legal, fue lograr una adecuada protección de los derechos previsionales de los trabajadores ante la insuficiencia de la normativa legal en materia de fiscalización, y la ineficiente persecución de las responsabilidades pecuniarias de los empleadores a través del procedimiento ejecutivo, que de manera indefectible generan consecuencias negativas en los trabajadores, en especial los más modestos, quienes ven burlados sus derechos previsionales, y, por ello, en su vejez no les queda otra posibilidad que recurrir a las pensiones asistenciales, siempre insuficientes, o a la caridad; sin perjuicio de que, además, por el hecho del despido quedan privados de su fuente laboral y, por lo mismo, sin la posibilidad de solventar sus necesidades y las de su grupo familiar.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – IMPOSICIÓN DE MULTAS – RECLAMACIÓN

SERVICIOS JORGE HUGO ANTONIO ARNABOLDI CÁCERES LTDA. C/ ILUSTRE SERVICIOS JORGE HUGO ANTONIO ARNABOLDI CÁCERES LTDA. C/ MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS – SEGUNDA SALA –

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Segunda
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327844
Compendia: Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PETICIÓN A LAS AUTORIDADES – DEBIDO PROCESO – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – RECURSO ACOGIDO –

La Municipalidad ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley de la empresa al no resolver los descargos presentados por estar en contra de una multa municipal interpuesta en el plazo legal de tres días hábiles establecidos para ello.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la omisión por parte de la Municipalidad de resolver los descargos presentados por el recurrente a propósito de una multa interpuesta. Esto, puesto que a la fecha de interposición del recurso la parte recurrida no ha resuelto aún los descargos formulados por la recurrente respecto de las multas impuestas y correspondientes al mes de Junio de 2022, no obstante que el artículo 26 de las Bases Administrativas prescribe, en lo pertinente, que el Alcalde tendrá tres días hábiles para hacerlo. Esta carga no ha sido cumplida y aparece también carente de fundamentos, por lo que deviene en ilegal y arbitraria, e importa una afectación a la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental de igualdad ante la ley, al dar a la recurrente un trato distinto al que se le otorga a otras personas en similar situación.

2.- La conducta de la Municipalidad infringe los principios que rigen todo procedimiento administrativo y que se contienen en el artículo 4º y siguientes de la ley Nº 19.880. Esto, en tanto se ha dilatado más allá de lo convenido y sin razón conocida y probada, la decisión de las solicitudes de la actora.

3.- Los hechos materia del recurso tienen como antecedentes una serie de incumplimientos en que habría incurrido la actora durante la ejecución del contrato de concesión de servicio público que los une. Todas estas cuestiones no son susceptibles de determinarse, juzgarse y cautelarse en la tramitación del recurso de protección, desde que la presente acción constitucional no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que su objeto es entregar protección a aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por igual razón, estén por sí mismos en situación de ser amparados, supuestos que no concurren en la especie.

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CORPORACIONES MUNICIPALES – PRÁCTICAS ANTISINDICALES 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE SANTIAGO PONIENTE C/ CORPORACIÓN COMUNA DE DESARROLLO DE QUINTA NORMAL  

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327935
Compendia: Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – PRACTICAS ANTISINDICALES – DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN – DESPIDO – FUERO SINDICAL – REINCORPORACION DEL TRABAJADOR – RECHAZO DE LA DEMANDA –

Si bien el despido es ilegal, en el sentido de que ejecutado sin obtener autorización judicial previa habiendo fuero que asiste al trabajador, lo cual implica que en procedimiento pertinente debe resolverse la reincorporación y eventualmente sanciones por no haberse allanado la demandada a la misma cuando le fue requerida, esta decisión ilegal se basa más en el desconocimiento del fuero que en una intención de afectar individual o colectivamente la libertad sindical de los trabajadores, no pudiendo hacerse un reproche a un empleador que usa su facultad de despedir a un trabajador sin conocimiento cabal de que este tenía fuero que impedía su despido, mientras que lo sucedido luego, en cuanto a su reincorporación y las funciones asignadas se explica por la rigidez que tiene la Corporación al tener una vinculación con la Municipalidad y la necesidad cumplir con cometidos municipales.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar la denuncia de prácticas antisindicales interpuesta por la Inspección del Trabajo toda vez que si bien el despido es ilegal, en el sentido de que ejecutado sin obtener autorización judicial previa habiendo fuero que asiste al trabajador, lo cual implica que en procedimiento pertinente debe resolverse la reincorporación y eventualmente sanciones por no haberse allanado la demandada a la misma cuando le fue requerida, esta decisión ilegal se basa más en el desconocimiento del fuero que en una intención de afectar individual o colectivamente la libertad sindical de los trabajadores, no pudiendo hacerse un reproche a un empleador que usa su facultad de despedir a un trabajador sin conocimiento cabal de que este tenía fuero que impedía su despido, mientras que lo sucedido luego, en cuanto a su reincorporación y las funciones asignadas se explica por la rigidez que tiene la Corporación al tener una vinculación con la Municipalidad y la necesidad cumplir con cometidos municipales.

2.- En las acciones de la demandada no se aprecia ánimo de afectar la libertad sindical y los efectos que pudo haber tenido la decisión de la Corporación en dicha libertad fueron un efecto no buscado, producido por una circunstancia que no era de conocimiento del empleador, no siendo posible hacer un reproche como el que se pretende en la demanda, considerando que es el desconocimiento de circunstancias relevantes lo que finalmente provoca los efectos y una persona no puede ser responsabilizada por efectos, cuando no tuvo el conocimiento necesario para evitarlos.

3.- Si bien es cierto que la demandada es una persona jurídica de derecho privado, una Corporación, no es menos cierto que es una Corporación de dependencia Municipal, que administra fondos públicos y por ende las decisiones en su actuar deben ajustarse a otros parámetros, de manera tal que las jefaturas no están en posición simplemente de dar pie atrás en una decisión de despido, existiendo principios de legalidad presupuestaria que impiden, por ejemplo, pagar remuneraciones a dos personas por el mismo cargo, y en la especie una vez despedido el trabajador sus funciones fueron asumidas por una tercera persona, no siendo razonable que el mismo cargo fuese ejercido por dos personas, considerando el tipo de puesto del que se trata, de secretorio general, debiendo alterarse la estructura de funcionamiento de la Corporación, como finalmente ocurrió luego, para poder reincorporar a sus funciones al demandante, de modo tal que si bien en principio la negativa a reincorporar a una persona con fuero sindical es una vulneración a la libertad sindical, en el caso concreto existe una justificación razonable para la negativa, dada la intervención de órganos y presupuestos públicos en la demandada, lo que no ocurre con una empresa puramente privada, que se rija íntegramente por el derecho privado, en donde el patrimonio no está vinculado a órganos de la administración del Estado y por ende no existe justificación alguna para negarse a reincorporar en el acto a una persona que ha sido ilícitamente separada de sus funciones.

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