Corte Suprema rechazó recurso de casación interpuesto por transportistas ante reclamación por término anticipado de contrato de transporte escolar durante 2020

Acto se dictó conforme a la ley al tener como fundamento material la presencia del brote de covid-19 y un acto de autoridad para que arribar a tal decisión

En días recientes, la Tercera sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto contra la sentencia de segundo grado que desechó la reclamación de un grupo de transportistas por la resolución que dio término anticipado de los contratos de transporte escolar correspondientes a una licitación pública que lo vinculaba a la reclamada, fundada en la falta de fundamentación del acto administrativo, que se realizó de forma intempestiva y que el municipio tuvo a los reclamantes varios meses a su disposición sin prestar servicios ( y sin poder prestarlos para otros) y sin recibir tampoco ningún pago por dicha situación. En tanto, los sentenciadores compartieron la calificación sobre la legalidad del acto realizada al conocer de la reclamación, la que se fundó en las consecuencias originadas por el brote de covid-19 en el año 2020, donde además existía un acto de autoridad como el estado de excepción constitucional por catástrofe vigente a la fecha en que se sustentaba. Del mismo modo, observaron que las bases administrativas que vinculaba a los reclamantes con el municipio disponía expresamente que únicamente se procedería al pago de los servicios efectivamente prestados.
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ROMERO MARTÍNEZ, RODRIGO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327894
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LICITACIÓN PÚBLICA – RESOLUCIÓN ANTICIPADA – DECRETO ALCALDICIO – CORONAVIRUS – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

La municipalidad actuó dentro de sus atribuciones legales al terminar anticipadamente con un contrato de transporte escolar en el contexto de una resolución del Ministerio de Salud que suspendió las clases presenciales, haciéndolo a través de una resolución fundamentada.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por los reclamantes en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad contra la resolución que aprobó el término anticipado de los contratos de transporte escolar correspondientes a una licitación pública. Esto, puesto que la Municipalidad, al dictar el acto reclamado, sólo se sujetó a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y a lo prevenido en las Bases y en el contrato, acudiendo a la causal de terminación contemplada en el artículo 77 N°4 del Decreto Supremo N°250 cuya aplicación al caso no ha sido controvertida, que tiene su origen en el artículo 13 letra d) de la Ley N°19.886. De esta forma los sentenciadores han hecho aplicación correcta de la normativa aplicable en la especie, de los instrumentos que regularon la relación contractual habida entre las partes y de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría.

2.- En lo que atañe a una supuesta infracción al artículo 1698 del Código Civil -única de las denunciadas como transgredidas que tiene el carácter de reguladora de la prueba-, aquella se ha fundado en haberse prescindido de la recepción de la causa a prueba. Este reproche no será oído por cuanto no se refiere a materia regulada por la disposición aludida, esto es, a la carga de la prueba.

3.- En relación a la infracción al artículo 2 de la Ley N°18.575 que sostiene que la actuación de la reclamada es arbitraria al no haber apercibimiento o aviso de la decisión que se adoptaría, debe tenerse presente que esta norma no es más que la reiteración del principio de juridicidad o legalidad que obliga a los órganos de la Administración del Estado. Sin embargo, la municipalidad no incurrió en ilegalidad al dictar el Decreto Alcaldicio por cuanto lo hizo en ejercicio de una potestad que le asigna el ordenamiento en el artículo 77 N°4 del Decreto Supremo N°250 al exigirlo el interés público, lo que además fue ratificado previamente por la Contraloría General de la República.

4.- En cuanto a las circunstancias de hecho que motivan el acto reclamado, es posible observarlas en la motivación del mismo. Estas se basan en la existencia de un estado de excepción constitucional (de Catástrofe) producto de la Pandemia de Covid-19 que imponía una serie de restricciones al desplazamiento de las personas, lo que se tradujo en la dictación de la Resolución Exenta N°212 de 27 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud, que suspende las clases presenciales en todos los jardines y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del servicio educacional de manera remota conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Educación. Estas circunstancias fácticas determinaron que el contrato en cuestión no pudiera cumplirse, conclusión que también aparece en el Decreto Alcaldicio atacado mediante la acción de reclamación.

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