Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 17

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

CORTÉS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES – SEGUNDA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala: Segunda
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328009
Compendia: Municipalidades, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

No concurre el vicio de infracción de ley en los términos propuestos por el demandado, al no existir errónea aplicación del derecho al aplicar el estatuto laboral a una vinculación bajo subordinación y dependencia y darse como un hecho asentado que no concurren los supuestos del artículo 4° de la Ley 18.883 para la contratación en base a honorarios por el Municipio demandado.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda declarando la existencia de la relación laboral y el despido injustificado. Esto, debido a que no concurre el vicio de infracción de ley en los términos propuestos por el recurrente, al no existir errónea aplicación del derecho al aplicar el estatuto laboral a una vinculación bajo subordinación y dependencia y darse como un hecho asentado que no concurren los supuestos del artículo 4° de la Ley 18.883 para la contratación en base a honorarios por el Municipio demandado.

2.- La sentencia impugnada tuvo por establecido que el demandante prestó servicios para la demandada desde el 1 de febrero de 2018 hasta la fecha en que se acompañó carta de termino de servicios 8 de febrero de 2021 prestando servicios durante todo este periodo como «educador y director del programa social estudio de formación y producción estilo libre», en este sentido no es posible concluir que dichos servicios pudieron prestarse de forma accidental en cuanto fueron ejercidos ininterrumpidamente por tres años. Por otra parte en cuanto a la segunda posibilidad de contratación en base a honorarios de la Municipalidad, se contempla aquella para cometidos específicos, conforme se expresa en contratos de prestación de servicios del demandante con ocasión de su carga tenía distintas funciones a desarrollar como; la dirección y coordinación de clases teóricas y prácticas, gestionar y ejecutar las galas anuales, gestionar apoyo profesional en técnica de sonido, organización de conciertos, actividades y producciones artísticas, entre otros. En razón de aquello mal podríamos hablar de un cometido especifico, por lo que la relación existente entre el demandante y demandado no cumple con los presupuestos legales del estatuto administrativo, para estar en presencia de un contrato de honorarios. Asentado el hecho indicado precedentemente, no puede existir errónea aplicación del derecho al concluir y declarar la sentencia que la relación que unió a las partes se encuentra amparada en la legislación común aplicable, esto es, el Código del Trabajo, al darse los supuestos de vinculación bajo subordinación y dependencia.

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URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – INVALIDACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

EUROCORP DOS S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327983
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – PERMISO DE EDIFICACION – INVALIDACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

No incurre en error la sentencia impugnada que concluyó que la interpretación de la norma prevista en el artículo 2.6.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que realiza, en lo relativo al sistema de agrupamiento continuo, se enmarca en las facultades del Ministerio y que siendo anterior a la dictación de los Permisos de Edificación ellos debieron someterse a tal Circular DDU 313 puesto que los certificados de informes previos y los Anteproyectos perdieron su vigencia. Incluso, más allá de la circunstancia de ser obligatorio el contenido de dicha Circular para la Dirección de Obras, como además lo ratificó la Contraloría General de la República, la Corte de Apelaciones analiza los fundamentos de la misma, para concluir que efectivamente el instrumento de planificación territorial de la Municipalidad no permite este tipo de edificaciones al no contener normas acerca de la profundidad de ellas.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la reclamante en contra de la sentencia que rechazó la reclamación deducida en contra de las Resoluciones emanadas de la municipales mediante las cuales se invalidaron los Permisos de Edificación de Obra Nueva. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada al establecer que la interpretación de la norma prevista en el artículo 2.6.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que realiza, en lo relativo al sistema de agrupamiento continuo, se enmarca en las facultades del Ministerio y que siendo anterior a la dictación de los Permisos de Edificación ellos debieron someterse a tal Circular DDU 313 puesto que los certificados de informes previos y los Anteproyectos perdieron su vigencia. Incluso, más allá de la circunstancia de ser obligatorio el contenido de dicha Circular para la Dirección de Obras, como además lo ratificó la Contraloría General de la República, la Corte de Apelaciones analiza los fundamentos de la misma, para concluir que efectivamente el instrumento de planificación territorial de la Municipalidad no permite este tipo de edificaciones al no contener normas acerca de la profundidad de ellas.

2.- Aunque los certificados de informes previos y Anteproyectos gozan de presunción de legalidad, ella es simplemente legal y, en el presente caso, han perdido su vigencia al constatarse que no es posible otorgar los Permisos para la construcción bajo el sistema de edificación continua. Es por lo mismo que no puede sostenerse que se ha incurrido en una contravención al principio de legalidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Finalmente, carecía la reclamante de derechos adquiridos desde que los permisos de edificación que se invalidaran adolecían de un vicio, disponiendo de manera clara el ordenamiento jurídico un procedimiento para su invalidación, que ha sido el que en la especie realizó la reclamada.

3.- La altura de edificación continua debe estar fijada en el plan regulador respectivo de la comuna de modo que, en ausencia de esta regulación en tal instrumento normativo, no resulta posible aplicar la regla de «libre determinación» por parte de los interesados pues los planos reguladores comunales deben normar los proyectos de edificación de altura continua, de modo que, ante la ausencia u omisión de dicha regulación en ese instrumento, la libre determinación queda desprovista de respaldo normativo.

4.- En el caso que una zona determinada no se encuentre bajo el alero de una norma urbanística relativa a la altura máxima permitida, como ocurre en la especie, no será posible aplicar el sistema de edificación continua que propone el titular del anteproyecto de edificación, en tanto este tipo de agrupamiento, por definición, exige la determinación de aquélla en el instrumento de planificación territorial.

5.- La «libre determinación» mencionada en la OGUC, no puede sino ser concebida como la autonomía del desarrollador inmobiliario de adoptar cualquiera de los tipos de agrupamiento que propone la ley, siempre y cuando ello se ajuste a las condiciones contempladas para cada uno de éstos en la OGUC y en los respectivos IPT.

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LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PATENTE MUNICIPAL – REFORMA TRIBUTARIA – CAPITAL

SOCIEDAD GRANDES INVERSIONES V II LIMITADA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327958
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Tributario

VOCES: – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – SOCIEDADES – HECHO GRAVADO – ACTIVIDAD COMERCIAL – DIFERENCIAS Y REINTEGRO DE IMPUESTOS – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PATENTE MUNICIPAL – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

El capital inicial de la sociedad es aquel que declaró ante el Servicio de Impuestos Internos al momento de iniciar actividades, incluso si posteriormente la sociedad se divide en el marco de un proceso de reorganización.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la empresa reclamante, confirmando la determinación de la base imponible del gravamen patente municipal considerando como capital inicial el previo a la división de la sociedad. Esto, pues si bien el artículo 24 inciso 3° de Ley de Rentas Municipales, D.L. N°3063 de 1979, para efectos de la determinación del capital propio, se remite expresamente a las reglas contenidas en el artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, Decreto Ley N° 824 de 1974, por lo que, en principio, acierta el recurrente al sostener que dicha determinación debe hacerse al alero del concepto de capital propio tributario, lo que se refrenda al tenor de la modificación que en dicha norma introduce la Ley N°21.210, no es menos cierto que los sentenciadores concluyen que la norma en estudio no distingue el origen de la nueva sociedad, por lo que, sea que surja por la creación de una nueva sociedad o por la división de una ya existente, tratándose de una actividad nueva, por mandato expreso de la ley, para efectos de determinar la base imponible de la patente municipal, la reclamada Municipalidad ha debido estarse como capital propio al inicial declarado por el contribuyente.

2.- La patente municipal ha sido determinada atendiendo al capital propio inicial declarado por la Sociedad al momento de su Iniciación de Actividades, precisamente, por tratarse de una actividad nueva. Por más que la división de la sociedad haya importado la distribución de los mismos activos y pasivos que, de haber permanecido en manos de aquella, determinaba un capital propio tributario negativo y, por ende, afecto al pago de patente municipal mínima, lo cierto es que, conforme se razonara en el motivo undécimo de esta sentencia, en la medida que el artículo 24 inciso 3° de la Ley de Rentas Municipales, no hace ninguna distinción, dicha división derivó en la creación de una nueva Sociedad, de una actividad nueva, por lo que, para efectos de la determinación de su patente comercial, ha quedado sujeta al mismo régimen que cualquiera otra sociedad que se crea o nace, por lo que, la base imponible del referido tributo se encuentra dada por el capital inicial o patrimonio que figura en su declaración de inicio de actividades, sobre la cual se aplicó la tasa indicada en el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, debiendo así descartarse la reclamada imposición de una carga arbitraria y desproporcionada.

3.- La circunstancia que la reclamante sociedad haya surgido en el marco de un proceso de reorganización y producto de la división no incide en su condición de actividad nueva, por lo que, para efectos de la determinación de la patente municipal, el capital propio no puede ser otro que el inicial declarado ante el Servicio de Impuestos Internos en su Iniciación de Actividades. En efecto, en la Circular N° 100 del 19 de agosto de 1975 sobre corrección monetaria, actualización permanente de los activos y pasivos de las empresas, el Servicio de Impuestos Internos explica que el Capital propio inicial se determina tomando como base el balance del ejercicio inmediatamente anterior o, el patrimonio que figura en la declaración de inicio de actividades, este último en el caso del primer ejercicio; luego, los reajustes, aumentos y disminuciones que deben practicarse de acuerdo con las normas del artículo 41 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a que alude el artículo 24 inciso 3° de la Ley de Rentas Municipales, sólo procederán realizarse, precisamente, al término de dicho primer ejercicio, y en caso alguno, al momento de iniciar sus actividades.

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PATENTE DE ALCOHOLES – RECURSO DE PROTECCIÓN

BOPP C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Coyhaique
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328007
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – PATENTE DE ALCOHOLES – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO –

La municipalidad recurrida no puede desconocer que autorizó la renovación de la patente de alcoholes de que es titular el recurrente para el local comercial por dos años no obstante, no contar con la recepción de obra definitiva de las modificaciones constructivas ejecutadas en el local comercial de propiedad del recurrente, y que luego, bajo las mismas circunstancias, no le sería aceptada la solicitud de renovación para el año siguiente, cambio de criterio de la autoridad que no se justifica fundadamente en el acto administrativo impugnado.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección deducido en contra de la negativa de la municipalidad para renovar la patente de alcoholes. Esto, debido a que la Municipalidad no puede desconocer que autorizó la renovación de la patente de alcoholes de que es titular el recurrente para el segundo semestre del año 2020 y para el año 2021, no obstante, no contar con la recepción de obra definitiva de las modificaciones constructivas ejecutadas en el local comercial de propiedad del recurrente, y que luego, bajo las mismas circunstancias, no le sería aceptada la solicitud de renovación para el año siguiente, cambio de criterio de la autoridad que no se justifica fundadamente en el acto administrativo impugnado, infringiendo con ello lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo 11 , de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen en su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto por el artículo 41 , del mismo cuerpo legal. En el caso sub lite, la falta de fundamentos de la resolución cuestionada aparece de manifiesto, como asimismo y especialmente la carencia de racionalidad y razonabilidad.

2.- El recurrente hizo uso de las patentes de alcoholes desde el año 1999 hasta el año 2021, que fueron renovadas ininterrumpidamente, incluso mediante el decreto N°2723 de fecha 25 de junio de 2021, que resolvió aprobar la renovación de las patentes de alcoholes, para el segundo semestre del año 2020 y primer y segundo semestre del año 2021, aun cuando se mantenían las observaciones formuladas por la Dirección de Obras Municipales para el proceso de renovación del segundo semestre 2021. Sin embargo, persistiendo las mismas observaciones y la falta de recepción de obra municipal de las remodelaciones efectuadas en el local de propiedad del recurrente, mediante el Decreto Alcaldicio impugnado no se accede a la renovación de las patentes de alcoholes, lo que demuestra una clara infracción al principio de la confianza y certeza que debe amparar a todo administrado frente a la autoridad, por cuanto frente a la existencia de la misma razón no existió la misma disposición y conducta de la entidad municipal, derivando en una conducta ajena a la racionalidad y razonabilidad y al justo criterio que debe guiar la administración, resultando por ello la decisión adoptada por el órgano recurrido arbitraria, puesto que las decisiones adoptadas por el Concejo Municipal plasmadas en el Decreto Alcaldicio N° 2684, de fecha 13 de julio de 2022, se contradicen con lo resuelto en el anterior Decreto Alcaldicio N°2723, de fecha 25 de junio de 2021, en circunstancias que se han examinado y ponderado los mismos antecedentes.

3.- La actuación de la Municipalidad vulnera el principio de la confianza legítima que la rige frente a los administrados, que dota de seguridad jurídica y certeza la posición que detenta cada ciudadano ante la Administración, en que se basan, entre otras, las garantías que se consignan en los numerales 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Política. Por lo tanto, es de presumir que el recurrente y solicitante de renovación de su patente de alcoholes esperara una decisión favorable a sus pretensiones, en razón a que previo a dicha petición y bajo las mismas circunstancias, se había aprobado por la misma autoridad dicha renovación, la que por lo demás se había obtenido ininterrumpidamente desde el año 1999.

4.- En la especie el comportamiento impugnado desconoce el deber de actuación coherente que emana del principio de protección de la confianza legítima inmanente en el Derecho Administrativo moderno, que se traduce en la legítima expectativa del administrado en relación a la conducta de la Administración, en este caso, la Municipalidad el que se encuentra en mejores condiciones de evaluar los antecedentes relativos a la patente de alcoholes al momento de autorizar su renovación y, por ende, los criterios de interés público establecidos al momento de solicitar el reclamante la renovación de dicha patente.

5.- El proceder de la recurrida vulnera la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto arbitrariamente se hace una diferencia con el resto de los administrados, provocando una desigualdad de trato no tolerada por nuestra legislación. Asimismo, se obstaculiza en forma indebida la actividad económica que ejecuta legítimamente la recurrente mediante la explotación del local desde el año 1999 a la fecha, según lo autoriza el número 21 del artículo 19 de la Carta Magna y le priva, además del derecho de propiedad que ostenta sobre la referida patente, que consagra el artículo ya señalado en su número 24, la que por lo demás, aparece pagada, garantías éstas que también aparecen como infraccionadas por la recurrida.

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