Corte Suprema rechazó recurso de unificación interpuesto contra sentencia que desechó la acción de declaración de relación laboral de trabajadora social contra municipio

Se estimó que el vínculo de la actora contratada parte de la ejecución de un proyecto de mediación vecinal corresponde a un cometido específico del Artículo 4° de la Ley 18.883

En días recientes la Cuarta Sala de la Corte Suprema en voto dividido rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por una trabajadora social en contra de la sentencia que desechó su recurso de nulidad sobre la decisión de calificar la relación que la vinculaba a un municipio como una contratación por cometido específico en virtud del artículo 4° de la Ley N° 18.883 y no como una relación laboral como pretendía la actora.
Los sentenciadores observaron que «el fallo de nulidad, sobre la base del hecho establecido, consistente en que la actora fue contratada como trabajadora social para la ejecución de un proyecto de mediación vecinal y como profesional de apoyo para la implementación del programa «Senda previene en comunidad» suscrito por el órgano alcaldicio y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA, financiado con recursos externos correspondiente a la Ley de Presupuesto de la Nación, y acotado en el tiempo, configura un cometido específico subsumible en la hipótesis del artículo 4° de la Ley N° 18.883… el artículo 4°, establece la posibilidad de contratación a honorarios, como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.
De este modo, corresponden a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato… contrastado lo manifestado con el fallo impugnado, es claro que los servicios prestados por la actora, son coincidentes con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, sin evidenciarse elementos que revelen la existencia de un vínculo laboral, desde que las circunstancias no discutidas en que se llevó a cabo el régimen contractual, corresponde a la ejecución de un cometido específico, restringido a las labores relativas a la profesión de la demandante, razón por la cual, habiéndose determinado que la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio es la sostenida por la sentencia impugnada, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser desestimado».
La resolución fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Muñoz y la abogada integrante Sra. Etcheberry quienes estuvieron por acoger el recurso de unificación de jurisprudencia
Consulte fallo analizado por Microjuris a continuación:

RIVERAS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327865
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – PONDERACION DE LA PRUEBA – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO –

Se acreditó que la actora fue contratada como trabajadora social para la ejecución de un proyecto de mediación vecinal y como profesional de apoyo para la implementación de un programa suscrito por el órgano alcaldicio y el Senda, financiado con recursos externos correspondiente a la Ley de Presupuesto de la Nación, y acotado en el tiempo. De este modo, los servicios prestados por la actora, son coincidentes con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, sin evidenciarse elementos que revelen la existencia de un vínculo laboral, desde que las circunstancias no discutidas en que se llevó a cabo el régimen contractual, corresponde a la ejecución de un cometido específico, restringido a las labores relativas a la profesión de la demandante.

Doctrina:
1.- Se rechaza el recurso de unificación jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral. Esto debido a que se acreditó que la actora fue contratada como trabajadora social para la ejecución de un proyecto de mediación vecinal y como profesional de apoyo para la implementación de un programa suscrito por el órgano alcaldicio y el Senda, financiado con recursos externos correspondiente a la Ley de Presupuesto de la Nación, y acotado en el tiempo. De este modo, los servicios prestados por la actora, son coincidentes con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, sin evidenciarse elementos que revelen la existencia de un vínculo laboral, desde que las circunstancias no discutidas en que se llevó a cabo el régimen contractual, corresponde a la ejecución de un cometido específico, restringido a las labores relativas a la profesión de la demandante.

2.- El artículo 4° de la Ley N° 18.883 establece la posibilidad de contratación a honorarios, como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. De este modo, corresponden a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato.

3.- Se debe acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, desde que de lo señalado en el fallo impugnado es claro las funciones desempeñadas corresponden a circunstancias que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículo 7 del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual el demandante recibía a cambio una remuneración. (Del voto en contra de la Ministra Sra. Muñoz y la abogada integrante Sra. Etcheberry)

Consulte sentencia a texto completo

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