Corte Suprema rechaza recurso de nulidad y confirma condena por facilitación de facturas falsas

Se desestimó infracción a la garantía del debido proceso

La segunda sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del encartado en contra de la sentencia que condenó a 2 años presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, multa de 20 UTM y accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor de delitos tributarios, al facilitar en calidad de representante legal de una facturas falsas a una sociedad constructora.

“Que sobre la causal principal del recurso de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, ya explicada, su adecuada resolución demanda recordar que como esta Corte ha resuelto uniformemente, el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrabe, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (SCS Roles Nºs 2.866-2013 de 17 de junio de 2013; 4.909-2013, de 17 de septiembre de 2013; 21.408-2014, de 8 de septiembre 2014; 28.109-2018, de 4 de febrero de 2019; 21-2019, de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; y, 14.749-2020, de 10 de marzo de 2020, entre otras), situación que no se ha advertido en la especie, toda vez que, los hechos y la participación de W.V., como resulta de claridad meridiana de la simple lectura del considerando 12 del fallo impugnado, no se establece únicamente mediante la prueba documental que objeta, sino mediante copiosa prueba testimonial e instrumental adicional –tanto que resulta difícil enumerar aquí– que, valorada en conjunto, llevó a formar la convicción de los jueces, por lo que aun prescindiendo de aquélla, los sentenciadores habrían estado en condiciones de arribar a la misma conclusión condenatoria”.

“Que –prosigue–, por otra parte, cabe destacar que, como expresamente consigna el basamento 12 del fallo, el informe de recopilación de antecedentes N°09 ARA 1 de 30 de enero de 2017 realizado por el Servicio de Impuestos Internos (documental 141 de la acusación), no fue incorporado únicamente como documento, sino mediante el testimonio de quien lo elaboró, Carla Vergara Molina, fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, quien, según el fallo, ‘expuso de manera versada y objetiva la investigación que encabezó, contribuyendo positivamente a la comprensión y a las conclusiones a las que se arribó en esa sede administrativa’, lo que permitió a la defensa contra examinar a la testigo y ejercer de esa forma su derecho de defensa”.

“A mayor abundamiento, como se desprende de lo prescrito en el inciso 1 del artículo 309 del Código Procesal Penal, no existe impedimento legal para que dicha funcionaria del Servicio de Impuestos Internos declare como testigo de oídas, sin perjuicio de la valoración que de su relato realicen los sentenciadores del fondo, valoración cuya corrección en este caso no ha sido cuestionada por la correspondiente causal de nulidad”, afirma la resolución.


Asimismo, el máximo tribunal descartó la causal subsidiarias deducidas por la defensa de infracción en la valoración de la prueba que consideró que su representado actuó de forma dolosa.

“Que en lo tocante a la primera causal subsidiaria, también de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, debe primero asentarse que la sanción penal de W.V. no se impone por la emisión de las tres facturas cuya mención en el fallo es materia del segundo reclamo del recurrente, pues dichos documentos únicamente se mencionan en el considerando 12, como elementos probatorios que sirven al tribunal para reforzar su convicción de que el encartado ‘conocía la ilicitud de la conducta que implica la emisión y facilitación de instrumentos tributarios idóneos como las facturas de que se trata’, convicción que como se lee en el mismo basamento, se alcanzó también por abundante prueba, respecto de la cual esas tres facturas solo se mencionan para consolidar una determinación ya alcanzada por otros medios, lo que, como se explicó en relación a la causal antes desechada, igualmente resta toda sustancialidad a esta sección del recurso”, releva el fallo.

Para la Sala Penal, en la especie: “(…) de lo extractado antes se constata que la sentencia establece que el acusado Warner Villagrán actúa con dolo directo, pues sabía la utilización que se daría a las facturas facilitadas y que dicha facilitación se efectúa en ‘los términos del inciso final del artículo 97 n° 4 del Código Tributario’, esto es, ‘con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos’ en el mismo número, por lo que en esta parte el arbitrio se basa en hechos distintos a los que da por ciertos la sentencia en examen, motivo bastante para que esta causal no pueda prosperar”.

“No está de más despejar que no resulta necesario al fijar los hechos demostrados, reproducir textualmente las palabras utilizadas por la ley al incluir ese elemento subjetivo en el tipo penal, sino solo que dicho elemento aparezca claramente en los hechos fijados, tal como ocurre en la sentencia examinada”, concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

A %d blogueros les gusta esto: