Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 18

RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – DOCENTES – BONIFICACIÓN PROFESIONAL

INZUNZA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328056
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

La Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes -docentes del sector municipal-, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda deducida por ochenta y siete profesores en contra de la Municipalidad, por medio de la cual los actores solicitaron se le condene al pago del aumento de la bonificación proporcional que contempla la Ley N° 19.933 , por los períodos y en los montos que indica. Al respecto, acierta la sentencia al rechazar la demanda pues la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden salarial y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de los sueldos, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

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PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS A CONTRATA

LOYOLA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327985
Compendia: Municipalidades, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – AFILIACIÓN POLÍTICA – DISCRIMINACIÓN LABORAL – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DESPIDO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DE LA DEMANDA –

Lejos de la situación discriminatoria denunciada, la entidad demandada ha logrado justificar suficientemente los motivos que se expresan en el decreto para poner término a la designación del actor. De modo que se trata de situación de excepción (vacancia temporal del cargo Titular), que le resta legitimidad al actor para reclamar en relación a la separación de un cargo que debía dejar de ejercer hace ya bastante tiempo. No puede pretender ocupar permanentemente un cargo al que solo se llega por concurso público. No obsta a lo anterior que esta separación se produjera sin que se haya llamado aún a concurso público para proveer el cargo titular, pues en la misma resolución de nombramiento se estableció como alternativa conclusiva a dicho proceso, el hecho de «no requerirse los servicios por la autoridad municipal». De tal forma que al decidirlo de esta manera la nueva autoridad municipal, actúa dentro de sus facultades legales.

Doctrina:

1.- Se rechaza la demanda de tutela laboral interpuesta en contra de la municipalidad, por haber sido el trabajador despedido por actos discriminatorios en atención a la posición política que tenía éste, toda vez que lejos de la situación discriminatoria denunciada, la entidad demandada ha logrado justificar suficientemente los motivos que se expresan en el decreto 4419 para poner término a la designación del actor. En tal sentido, huelga señalar que la Dirección entregada al demandante se hizo en calidad de reemplazante, cargo que es esencialmente temporal. De hecho, en el decreto de nombramiento se dejó expresa mención que la función debía extenderse hasta el nombramiento del director titular que asuma en conformidad con el proceso de selección de concurso público, o hasta que sean requeridos sus servicios por la Autoridad Comunal.

2.- Se descarta con fundamento y razonabilidad la arbitrariedad que se invoca por el denunciante, pues no se observa un capricho sino un fundamento en la decisión, con el cual la demandante evidentemente no está de acuerdo, pero esto no es suficiente para estimar que las facultades de la municipalidad hayan sido ejercidas de forma desproporcionada ni con infracción a sus derechos fundamentales. De hecho, la Municipalidad corrige adecuadamente la situación constatada, pues puso término a una contratación de naturaleza excepcional que, empero, se extendía ya por más de 3 años, fundado en fundamentos jurídicos y financieros que se califican como admisibles y razonables, descartándose de este modo la arbitrariedad que sirve de fundamento a la demanda.

3.- El actor presenta como principal indicio de la discriminación denunciada, la supuesta rivalidad política existente entre ambos alcaldes. Sin embargo, debe sostenerse que, en principio, en política resulta razonable y esperable, desde el punto de vista del devenir social, concebir rivalidad entre dos posturas diferentes, pues por definición esta actividad tiende a enfrentar a doctrinas u opiniones disímiles, cuando no opuestas, que en un marco de convivencia democrática, aspiran legítimamente a regir los asuntos públicos. De manera que, en principio, no debe llamar la atención la existencia de esta rivalidad, especialmente si se da en el contexto de la unidad municipal. Lo verdaderamente vedado por el derecho es que, sobre la base de una opinión política diferente, se cometan actos de distinción hacia una persona que constituyan diferencias arbitrarias, entendido lo arbitrario como aquello sujeto al capricho y carente, por tanto, de una razonabilidad suficiente, pues en este caso se puede estar frente a una discriminación.

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BONO RETIRO VOLUNTARIO – RECURSO DE NULIDAD

CEBALLOS PÉREZ, MARÍA Y OTROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO – QUINTA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción
Sala: Quinta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328064
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DE COBRO – PAGO DE REMUNERACIONES – BONO – RETIRO VOLUNTARIO – DOCENTES – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Resulta incompatible, por una parte renunciar y dar por terminada una relación laboral, y por otra, abogar por su vigencia vía prórroga con el fin de obtener remuneraciones por los meses respectivos, teniendo además vigente y con plena eficacia una renuncia voluntaria para obtener la bonificación por retiro anticipado.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de cobro de prestaciones laborales intentada por los demandantes -23 ex docentes- en contra de la municipalidad. Al respecto, el inciso 4º del artículo 3º de la ley 20.822, otorga a los docentes con contrato vigente al mes de diciembre y que tengan más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación educacional municipal una prórroga de sus contratos hasta el mes de febrero del año siguiente, con la finalidad inmediata la protección del pago de los estipendios de los meses del período estival y evitar que se eluda el pago de remuneraciones correspondientes a ese período. En este sentido y tal como lo interpreta la jueza a quo, se trata de una ficción legal que no se aplica al caso de los demandantes, respecto de quienes cesaron sus contratos, con conocimiento y consentimiento de los demandantes. El 13 de diciembre de 2019, para así acogerse al beneficio de «Bonificación por Retiro Voluntario» que establece la misma Ley N°20.822. De esta manera, resulta incompatible, por una parte renunciar y dar por terminada una relación laboral, y por otra, abogar por su vigencia vía prórroga con el fin de obtener remuneraciones por los meses ya señalados, teniendo además vigente y con plena eficacia una renuncia voluntaria para obtener la bonificación por retiro anticipado.

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ADMINISTRATIVO – LICITACIÓN PÚBLICA – BASES DE LICITACIÓN

NÚCLEO PAISAJISMO S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA – OCTAVA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Octava
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327970
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – LICITACIÓN PÚBLICA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE RECLAMACION – RECHAZO DEL RECURSO –

No habiéndose incurrido en una causal de inadmisibilidad, no se puede aplicar una sanción no establecida en las bases de licitación. Por ello, el Tribunal de Contratación Pública adjudica correctamente un contrato de provisión del servicio de limpieza y barrido de calles.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de reclamación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Contratación que adjudica el contrato de provisión del servicio de limpieza y barrido de calles y transporte de residuos de calle. Esto, puesto que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en la labor desarrollada por el Tribunal de Contratación Pública. En efecto, y reiterando que el arbitrio contemplado en el artículo 26 de la Ley N° 19.886, no es uno de doble instancia sino de control de la legalidad de la decisión, cabe tener presente que el Tribunal a quo razona como se ha resumido, en forma lógica y ajustada a derecho, conforme a lo establecido en las propias Bases de Licitación.

2.- La obligación central del contrato es la provisión del servicio de limpieza y barrido de calles y transporte de residuos de calle, necesidad que se verá satisfecha en la medida que se cumplan las obligaciones emanadas del contrato. Ese es el punto central de la obligación, y no habiendo incurrida la adjudicataria en una causal de inadmisibilidad conforme a las bases de la licitación, malamente se puede agregar una sanción no expresamente contemplada en las bases de licitación.

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PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – NO DISCRIMINACIÓN – AFILIACIÓN POLÍTICA

BUSTOS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328053
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – FUNCIONARIOS A CONTRATA – INDICIOS – DISCRIMINACION LABORAL – AFILIACION POLITICA – LIBERTAD DE OPINION – DESPIDO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – DEMANDA ACOGIDA –

El demandante participó de manera activa y publica en la campaña electoral para las elecciones de alcalde de la comuna, apoyando a un candidato diverso al de la alcaldesa electa, quien de manera absolutamente próxima a asumir en su cargo (transcurrido solo un día), pone término a la contrata del actor, sin darle ningún tipo de contenido a la motivación de no ser necesarios sus servicios, pero además se hace respecto de un cargo que en la actualidad se mantiene vigente. En este orden de ideas, puede concluirse que el término de la contratación ha estado motivado por la opinión política diversa del denunciante, quien públicamente procuro la elección de un candidato distinto. Móvil que en el escenario antes precisado, constituye un acto de discriminación que el Código del Trabajo sanciona expresamente en el artículo 2 incisos 3° y 4°, pero que además lesiona específicamente la garantía constitucional en la esfera de la libertad de emitir opinión.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger la demanda de tutela laboral deducida por el funcionario en contra de la municipalidad por vulneración a la garantía de no discriminación y a la libertad de emitir opinión. Esto, debido a que el demandante participó de manera activa y publica en la campaña electoral para las elecciones de alcalde de la comuna, apoyando a un candidato diverso al de la alcaldesa electa, quien de manera absolutamente próxima a asumir en su cargo (transcurrido solo un día), pone término a la contrata del actor, sin darle ningún tipo de contenido a la motivación de «no ser necesarios sus servicios», pero además se hace respecto de un cargo que en la actualidad se mantiene vigente, y que era ejercido por el actor no desde el año 2021, sino que desde el año 2017 de manera ininterrumpida, contando por lo tanto, con la experiencia necesaria para su ejercicio. En este orden de ideas, puede concluirse que el término de la contratación ha estado motivado por la opinión política diversa del denunciante, quien públicamente procuro la elección de un candidato distinto. Móvil que en el escenario antes precisado, constituye un acto de discriminación que el Código del Trabajo sanciona expresamente en el articulo 2 incisos 3° y 4° , pero que además lesiona específicamente la garantía constitucional del artículo 19 N° 12 inciso 1° de la Constitución Política de la Republica en la esfera de la libertad de emitir opinión y normas en el orden internacional, específicamente contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 19 N° 1 y 2. Pues la libertad de expresión comprende no solo la posibilidad de buscar y recibir información, sino que también la posibilidad de difundirla por cualquier medio.

2.- La contratación del denunciante no constituye una contratación a plazo, pues autoriza su término de verificarse la hipótesis de «no ser necesarios sus servicios», en defecto de lo anterior, su fecha máxima habrá de ser el día 31 de diciembre de 2021, sin embargo, al verificarse elementos indiciarios de que el término anticipado ha tenido una motivación proscrita por el ordenamiento jurídico, como lo es la opinión política del denunciante y el apoyo electoral a un adversario de quien representa a la denunciada, aquella debe justificar cual o cuales fueron las razones para no requerir más de sus servicios, circunstancia que no fue efectuada en juicio, pues la declaración de la testigo es del todo imprecisa, vaga e insuficiente para justificar esta circunstancia, única prueba rendida en juicio.

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