Corte de Puerto Montt rechazó recurso de amparo económico interpuesto por empresa contra ordenanza que reguló la extracción y el transporte de áridos

Acto administrativo se ajustó al marco normativo, ya que estas materias que dicen relación con la protección de la salud pública y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación

En días recientes la Corte de Apelaciones de Puerto Montt desechó un recurso de amparo económico interpuesto por una empresa de transporte y extracción de áridos, en contra el actuar de un municipio consistente en la dictación de una ordenanza que Regula la Extracción, el transporte de dichos materiales, además de regular la recuperación de zonas intervenidas por esta actividad. este acto de acuerdo a la recurrente, representa condiciones más onerosas y gravosas con las que venía anteriormente operando.
Los sentenciadores, en primer lugar, recalcaron que para que sea procedente esta acción constitucional, se requiere de «un acto u omisión que infrinja el derecho a desarrollar actividades económicas que no sean contrarias a la moral, la orden público o a la seguridad nacional, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto… [En el caso de marras] …lo impugnado por el recurrente a través de esta vía es una ordenanza municipal que ha sido dictada con ocasión de las competencias y funciones propias que la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades, Ley N°18.695, otorga estas últimas, en especial, aquellas señaladas en el artículo 4, letra b) sobre protección de la salud pública y cuidado del medio ambiente
… A su vez, los artículos 1°, 5° letra d) y 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades reconocen la potestad de la Municipalidad para dictar normas generales…, atribución que se debe ejercer de acuerdo al principio de legalidad consagrado por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la Republica. En consecuencia, de lo anterior, es posible concluir que la ley orgánica de municipalidades otorga a estos estos entes públicos las potestades necesarias para dictar ordenanzas, reglamentos y otra serie de instrumentos normativos para el cumplimiento de sus funciones y, que en concreto, las relativas a la extracción y transporte de áridos y la recuperación de estos terrenos, son materias que dicen relación con la protección de la salud pública y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ajustándose de esta forma la normativa local al marco normativo general que existe en materia de protección ambiental, en especial, a las que rigen el ejercicio de dichas actividades económicas en la actualidad». Consulte a continuación, sentencia analizada por Microjuris:

MONRROY Y CÍA. LTDA. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT

Tribunal: Corte de Apelaciones de Puerto Montt
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ327972
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – AMPARO ECONÓMICO – MUNICIPALIDADES – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – MEDIOAMBIENTE – ORDENANZA MUNICIPAL – FACULTADES DEL ALCALDE – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La Municipalidad establece una ordenanza para regular la extracción y transporte de áridos, actualizando la normativa local de acuerdo a los estándares ambientales y de salud pública establecidos por la legislación nacional. Por lo mismo, no perturba ni restringe el derecho a realizar esta actividad.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de amparo económico interpuesto contra la emisión por parte de la Municipalidad de una Ordenanza local que regula la extracción de áridos, su transporte y recuperación de zonas intervenidas. Esto, puesto que la regulación de ciertas actividades económicas, por lícitas que sean, está reconocida por la propia Constitución en el N° 21 del artículo 19 , reconociéndose el derecho a ejercer actividades económicas respetando las normas legales que la regulen, y a su vez el derecho de propiedad reconocido y amparado en el N° 24 del mismo artículo, establece que la propiedad está sujeta a las limitaciones y obligaciones que se deriven de su función social, entre las cuales se comprende cuanto exijan la utilidad y salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

2.- La nueva Ordenanza impugnada no perturba, priva ni amenaza el ejercicio de la actividad económica de extracción y transporte de áridos, sino que actualiza la normativa local de acuerdo a lo estándares ambientales y de salud pública establecidos por la legislación nacional en los últimos años. De esta forma, no existe infracción a la garantía constitucional establecida en el N° 21 del artículo 19 de la Constitución, en los términos señalados en la Ley 18.971.

3.- Los artículos 1° , 5° letra d) y 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades reconocen la potestad de la Municipalidad para dictar normas generales, las que se denominan ordenanzas, reglamentos municipales, decretos alcaldicios o instrucciones, atribución que se debe ejercer de acuerdo al principio de legalidad consagrado por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la Republica. En consecuencia, de lo anterior, es posible concluir que la ley orgánica de municipalidades otorga a estos estos entes públicos las potestades necesarias para dictar ordenanzas, reglamentos y otra serie de instrumentos normativos para el cumplimiento de sus funciones y, que en concreto, las relativas a la extracción y transporte de áridos y la recuperación de estos terrenos, son materias que dicen relación con la protección de la salud pública y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ajustándose de esta forma la normativa local al marco normativo general que existe en materia de protección ambiental, en especial, a las que rigen el ejercicio de dichas actividades económicas en la actualidad.

Consulte sentencia a texto completo

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