Corte Suprema ordena a Superintendencia del Medioambiente fiscalizar cumplimiento de resolución de calificación ambiental de proyecto minero

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo y le ordenó a la Superintendencia del Medioambiente fiscalizar el cumplimiento de las medidas de mitigación dispuestas en la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto de la empresa Minera Los Pelambres, emplazado en la Región de Coquimbo.

En la sentencia la Tercera Sala del máximo tribunal estableció error de derecho al no verificar el cumplimiento de lo acordado en materia de utilización de aguas del estero Pupío que nutre al tranque El Mauro.

Que, asentado lo anterior, queda en evidencia dos cuestiones que permiten concluir que la sentencia yerra en su decisión e incurre en dos de las infracciones de derecho que se le imputan.

En efecto, conforme se expuso en la denuncia, los actores señalaron que desde el año 2010 MPL habría dejado de cumplir con la RCA N° 38/2004 y en virtud de ello habría comenzado a disminuir el caudal del estero Pupío. Sin embargo, la SMA al desestimar la denuncia expresamente señala que sobre la base de las fiscalizaciones efectuadas en los años 2013 a 2015 constató que la empresa ha cumplido su RCA.

Lo anterior deja en evidencia que la SMA no resuelve la denuncia, puesto que, no se hace cargo de los hechos que en ella se alegan, tampoco expresó que era incompetente, solo indicó –como se dijo– que conforme a las fiscalizaciones de fechas posteriores se cumplirían las medidas de mitigación establecidas en la RCA, sin perjuicio de no descartar que en una data anterior aquello podría haber ocurrido”, plantea el fallo.

La resolución agrega: “Que, por consiguiente, así resuelto el asunto, la decisión de la reclamada, a diferencia de lo razonado por el Tribunal Ambiental, carece de motivación, porque no se refiere al asunto que le fue planteado, dejándola desprovista de fundamentación. Esta Corte ha señalado que la motivación del acto administrativo, por expreso mandato de los principios constitucionales y legales de publicidad y transparencia, supone la exposición clara y concreta de los motivos del acto administrativo, de forma tal que debe basarse en argumentos que han de ser explicitados, más allá de una mera cita de normas y hechos, mediante una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión, que permita acreditar la racionalidad intrínseca, es decir, la coherencia con los hechos determinantes y con el fin público que ha de perseguirse, cuestión que en la especie conforme a lo explicado no aconteció y que lo hace incurrir en infracción de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880”.

Que –prosigue–, en ese mismo orden de ideas, cabe agregar que, igual , yerra el Tribunal Ambiental cuando estima que la SMA, respecto de los hechos acecidos con anterioridad a 28 de diciembre de 2012 y denunciados ante ella en el año 2013, aquella carece de competencia para fiscalizar el actuar de MPL, con el fin de determinar sí, en esas fechas, el proyecto del PID cumplió con la RCA N° 38, más aún, si se tiene en cuenta el informe de Fiscalización Ambiental DFZ 2013-506-IV RCA-IA, emitido por el mismo ente que se basa en la inspección que efectuó el 29 de abril de 2013 y donde reconoce que es posible que antes de esa data, se produjeran quebrantamientos a la RCA en comento”.

Para la Sala Constitucional: “Ratifica lo expuesto, el tenor literal de los artículos 7° y 9° transitorio de la LOSMA y el artículo único de la Ley N° 20.473, porque todos ellos estructuran su argumento sobre la base de un procedimiento de fiscalización iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la SMA y no a hechos que se hayan ejecutados con anticipación a esa fecha, desde que la regla general es que las normas procesales de orden público rigen in actum”.

Ergo, el procedimiento de fiscalización se inició con la denuncia que presentaron los reclamantes con fecha 4 de octubre de 2013, no siendo procedente equiparar ese hito con el inicio de ejecución de un ilícito penal, como pretende el Tribunal Ambiental entender, para los efectos de interpretar las normas de competencia administrativa ambiental, puesto que, conforme al mérito del proceso solo se está en la etapa de fiscalización, de investigación de los hechos denunciados. De manera que solo para el evento de seguir, un procedimiento, sancionatorio, si procediere, habrá que acudir a la normativa vigente en la época y siempre que fuese más favorable para el investigado, conforme a los principios del ius puniendi”, releva el máximo tribunal.

Que, por consiguiente, la sentencia impugnada no solo desconoce –como se explicitó– los principios que rigen la materia ambiental y la normativa transitoria procesal que estableció la LOSMA, sino que, olvidó que en el Derecho Administrativo y, en especial, en esta área del Derecho, donde se resguarda una garantía fundamental como lo es el vivir en un medio ambiental libre contaminación, la exégesis que se haga de la ley, siempre ha de ir dirigida en pro del gobernado pues, el Estado se encuentra al servicio de la persona humana”, afirma la resolución.

En la especie, esto último, se refleja en un doble aspecto. Para el denunciante, en cuanto se hace efectiva la obligación del Estado de resguardar y proteger la referida garantía ambiental, debiendo investigar la denuncia y para el denunciado velando porque, en cualquiera etapa de un procedimiento, que se pretenda seguir en su contra, cuente con el acceso a un justo y racional proceso, cuestión que, por lo demás, conforme a la historia de la ley, era la carencia de la reglamentación anterior a la presente institucionalidad y que se intentó perfeccionar incluso en la etapa intermedia.”, concluye el fallo.

Ver fallo Corte Suprema aquí.

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