Despachan al Senado fondos de Justicia, Segpres y Segegob

Se rechazaron la totalidad de recursos destinados a los gastos de personal de la Secretaría General de Gobierno, que ascendían a 13 mil 247 millones de pesos.

La Sala aprobó la partida relativa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con un presupuesto de más de $1.2 billones. Esto implica una variación total de 2,5%, respecto al presupuesto vigente de la institución.

Los focos estratégicos del presupuesto 2023 estarán en:

  • Difundir y proteger los derechos fundamentales de todas las personas.
  • Generar los mecanismos adecuados para la promoción y el acceso a la justicia. Especial atención tendrán los grupos históricamente excluidos. Esto es, niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres, migrantes, integrantes de pueblos indígenas, población LGBTQI+, entre otros.
  • Desarrollar acciones para una reinserción y rehabilitación social efectiva de los infractores de ley.
  • Mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario. Se incluyen medidas y presupuesto específico para Gendarmería, en el combate contra el crimen organizado.

En particular, de las asignaciones destacan los programas de menores, que presentan un aumento de 9%. Así, se incluyen los fondos para la operación de la Dirección Nacional y de las direcciones regionales, subvenciones de proyectos para el área de justicia juvenil y la operación de los centros de administración directa del Sename. Asimismo, inversiones en centros de menores, el programa de representación jurídica Mi Abogado; programa de curadurías y el equipo de acompañamiento de la reforma penal adolescente.

Además, otro crecimiento importante lo tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos (22,1%).

Ejecutivo y resultados

En la votación, la Sala aprobó la partida y sus asignaciones sectoriales, como los mencionados programas de DDHH.

Además, se aprobaron indicaciones para promover que se destinen recursos para la capacitación del personal de Gendarmería y para la construcción de una central de monitoreo telemático en la región de O’Higgins. Sobre esto último, el Gobierno argumentó su inadmisibilidad.

Por otra parte, otra enmienda permite poner en funcionamiento un programa de defensoría de las víctimas de la macrozona sur. Este ítem se agregó al programa de Derechos Humanos de la subsecretaría del mismo nombre.

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en respuesta a las inquietudes de las y los diputados, aclaró que los programas de rehabilitación y reinserción social, lejos de reducirse, tienen un crecimiento de 7,7%. Asimismo, aseguró que los proyectos de inversión carcelarios continuarán según el cronograma fijado.

Segegob

La partida relativa al Ministerio Secretaría General de Gobierno presentaba fondos por $34.713 millones, con un alza de 2,2%. Estos fondos son para sustentar el accionar de la cartera y del Consejo Nacional de Televisión.

En general, en el presupuesto considerado de continuidad, a través de una redistribución interna de recursos, destaca el aumento de 7,2% del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones.

Sin embargo, durante el debate se cuestionó los gastos de personal de la cartera, lo que concluyó en el rechazo de la totalidad de los recursos destinados a ese ítem, los que ascendían a 13.247 millones de pesos.

Segpres

Por su parte, el presupuesto aprobado para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, contempla montos por $22.767 millones, con un incremento de 3,4%. Esto incluye el financiamiento de la Segpres, Gobierno Digital; el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y el Plan Buen Vivir (PBV).

En esa línea, las prioridades ministeriales serán:

Implementar la agenda legislativa del Gobierno y los compromisos derivados de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia.

Materializar los compromisos en materia de Gobierno Digital y respecto del proceso de modernización de los sistemas de control interno.

Término del programa de la Convención Constitucional.

Desarrollo del nuevo programa Plan Buen Vivir.

Este último programa surgió en mayo de 2022 y se realiza a través del desarrollo de dos líneas de trabajo:

Establecimiento de diálogos con los gobiernos locales, autoridades y comunidades mapuches de la macrozona sur. Su objetivo es sistematizar y dar soluciones a demandas y reivindicaciones de las respectivas zonas.

Y, a través de la acción de distintos ministerios y servicios públicos para construir caminos y realizar acciones de saneamiento.
Las regiones involucradas en el Plan Buen Vivir son Los Lagos, Los Ríos, Biobío y La Araucanía.

(Fuente: Cámara).

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