Corte de Concepción acogió recurso de protección de empresa contra municipio por no restitución de vehículo en corral municipal

Actuar de recurrida de no entregar el bien fundado en deuda por bodegaje existiendo un acto del Ministerio Público ordenando su entrega, resulta ilegal.

En días recientes la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección interpuesto por una empresa contra una municipalidad ante la negativa de restituir un vehículo de su propiedad que se encontraba en un corral municipal, que había sido incautado como parte de una investigación penal en que se resolvió no perseverar con la investigación, aduciendo que la recurrente mantenía una obligación impaga por bodegaje del bien. En esta causa, se desestimó la acción en aquella parte dirigida contra el Ministerio Público.
Los sentenciadores observaron que: «el recurrente hace consistir la ilegalidad y/o arbitrariedad en que la Municipalidad de Florida condiciona la entrega del camión de su representada, que se encuentra en el aparcadero de dicho municipio, en el pago de una suma de dinero, y respecto del Ministerio Público, en la no entrega de toda la información existente en la carpeta investigativa iniciada respecto al hurto de madera en que se vio involucrado el referido camión, en especial el destino de la carga de 5.000 astillas…
…[La municipalidad] también recurrida en autos, su actuar resulta ilegal, al condicionar la entrega del camión a la parte recurrente, al pago de una suma de dinero por concepto de bodegaje, no obstante que por oficio de 7 de septiembre de 2022, el fiscal adjunto de esta ciudad don Jorge Lorca Rodríguez ordenó su entrega y, a mayor abundamiento esta Corte, por resolución de 7 de octubre del presente año, dispuso igualmente su entrega a quien acredite ser su dueño, sin pago previo, lo que no cumplió.
… así las cosas, el recurso respecto a esta última recurrida, será acogido con el solo objeto de que entregue de inmediato el vehículo al actor, sin perjuicio de la acción que dicha corporación pueda interponer tendiente al cobro de los derechos de bodegaje, en el juicio declarativo que en derecho corresponda».
Consulte sentencia analizada por Microjuris a Continuación:

RÍO RALUN SPA C/ FISCALÍA REGIONAL DEL BIOBÍO Y OTRO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328070
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DENUNCIA – CARABINEROS DE CHILE – VEHICULO MOTORIZADO – MINISTERIO PUBLICO – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – RECURSO ACOGIDO –

El proceso penal contempla un procedimiento para efectuar las reclamaciones de objetos incautados durante una investigación por parte de terceros, por lo que no actúa ilegalmente el Ministerio Público al negar esa información cuando fue solicitada por otras vías. Por otro lado, el actuar de la municipalidad resulta ilegal, al condicionar la entrega del camión a la parte recurrente, al pago de una suma de dinero por concepto de bodegaje, no obstante que por oficio, el fiscal adjunto ordenó su entrega y, a mayor abundamiento la Corte de Apelaciones, dispuso igualmente su entrega a quien acredite ser su dueño, sin pago previo, lo que no cumplió.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad por la negativa a devolver un camión incautado. Esto, pues su actuar resulta ilegal, al condicionar la entrega del camión a la parte recurrente al pago de una suma de dinero por concepto de bodegaje, no obstante que por oficio el fiscal adjunto de la ciudad ordenó su entrega y, a mayor abundamiento, la Corte de Apelaciones dispuso igualmente su entrega a quien acredite ser su dueño, sin pago previo.

2.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto en contra del Ministerio Público, puesto que existe un procedimiento establecido expresamente en la ley para efectuar las reclamaciones de objetos incautados durante la investigación, que no fue invocado por la parte recurrente —que no era parte de la investigación en la que se incautó el vehículo de su propiedad— y tenía la calidad de tercero en el juicio. Así las cosas, resultaron ajustadas a derecho las razones aducidas por el ministerio público para negar la información que le fue requerida por el recurrente, por lo que no se advierte que dicha entidad haya incurrido en una vulneración de garantía constitucional alguna ni en una arbitrariedad en su actuar.

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