Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 19

DEMANDA LABORAL – DESPIDO INDIRECTO – OTORGAMIENTO DE TRABAJO CONVENIDO 

ABARCA RAMÍREZ Y ASOCIADOS LTDA. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA – SEXTA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Sexta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328066
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – ABOGADOS – CLAUSURA – FACULTADES DEL ALCALDE – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La Municipalidad actúa de acuerdo a sus facultades al ordenar la clausura de un establecimiento comercial que funcionaba sin patente municipal, puesto que el inicio de los trámites para adquirirla iniciaron cuando la fiscalización ya había sido realizada.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la resolución de la Municipalidad por ordenar la clausura del establecimiento comercial por funcionar sin autorización Municipal. Esto, puesto que la parte reclamante no ha logrado desvirtuar los fundamentos de la resolución de la Municipalidad, al no haber probado que cuente con la patente municipal, ya que el mismo actor señala que la misma se encontraba en trámite, el que se inició una vez que fue fiscalizado. En ese escenario, no es factible imputarle ilegalidad en el proceder de la Municipalidad, en atención que el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, es claro en señalar que «podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente», lo que implica otorgarle una prerrogativa al ente edilicio, en orden a decretar la clausura de un determinado local u oficina comercial, potestad que fue ejercida y, con ello, no es posible calificar de ilegal tan conducta, en atención a que se encuentra en concordancia con la normativa vigente.

2.-Respecto de la vulneración al principio de imparcialidad y el mandato de objetividad como exigencias del principio de probidad y de abstención de parte de la autoridad municipal que observa el reclamante, estas se fundan en actuaciones de la Alcaldesa de la comuna en comunicado a la prensa en redes sociales que según el recurrente fue antes de la clausura. Sin embargo, el Decreto que dispuso la sanción es de anterior a las expresiones que se cuestionan a la autoridad edilicia.

3.- No se aprecia ilegalidad de parte del Municipio en la dictación del decreto antes indicado. Al rechazar el reclamo de ilegalidad presentado en contra de la clausura del establecimiento, se tiene principalmente en consideración el acto de fiscalización, decisión que se ajusta a las normas legales y constitucionales que regulan la actividad y actuación municipal en el marco de sus atribuciones. En efecto, no ha sido controvertido por el recurrente que según lo dispuesto por los artículos 23 inciso primero y 27 del Decreto Ley N° 3063 sobre Rentas Municipales está sujeto a una contribución de renta municipal y que se encontraba funcionando sin patente, antecedente en que se ha fundado el proceder del ente edilicio, y se constata que la decisión de rechazar el reclamo en contra de la clausura se ha basado en que esta medida fue adoptada por el órgano fiscalizador conforme a las facultades que al efecto confiere la Ley de Rentas Municipales, en concordancia con dictámenes de la Contraloría General de la República.

_______

DEMANDA LABORAL – DESPIDO INDIRECTO – OTORGAMIENTO DE TRABAJO CONVENIDO 

VÁSQUEZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328067
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – ACOSO LABORAL – DISCRIMINACION LABORAL – INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR – DESPIDO INDIRECTO – ACCION SUBSIDIARIA – DEMANDA ACOGIDA –

Una de las obligaciones que asumió el empleador al contratar al actor fue precisamente entregar o proporcionar el trabajo convenido en razón de su cargo como Coordinador de la Unidad de Mantenimiento del Departamento de Servicios Internos, lo que no cumplió al comprobarse que el actor no desempeñó ninguna labor durante dos días en un mes y seis en el mes siguiente. Tal incumplimiento se estima como grave, es decir, de una entidad o significación considerable, teniendo además en cuenta que en esos días el demandante se limitaba a registrar su ingreso quedando desocupado en el acto y durante toda la jornada laboral. Ciertamente que tal circunstancia hacía intolerable perseverar en la ejecución del contrato de trabajo por su parte.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger la demanda subsidiaria de despido indirecto interpuesta por el trabajador en contra de la municipalidad toda vez que una de las obligaciones que asumió el empleador al contratar al actor fue precisamente entregar o proporcionar el trabajo convenido en razón de su cargo como Coordinador de la Unidad de Mantenimiento del Departamento de Servicios Internos, lo que no cumplió al comprobarse que el actor no desempeñó ninguna labor durante los días 13 y 25 de enero así como los días 2, 3, 4, 7 y 8 de febrero de 2022. Tal incumplimiento se estima como grave, es decir, de una entidad o significación considerable, teniendo además en cuenta que en esos días el demandante se limitaba a registrar su ingreso quedando desocupado en el acto y durante toda la jornada laboral, según sus testigos presenciales y veraces. Ciertamente que tal circunstancia hacía intolerable perseverar en la ejecución del contrato de trabajo por su parte.

2.- Se rechaza la denuncia de vulneración de derechos interpuesta por cuanto en el cuerpo de la demanda sostiene que el despido vulnera de manera directa el derecho de no discriminación estipulada en el artículo 2 del Código del Trabajo, y, la garantía consagrada además en la Constitución Política de la República en el artículo 19 N° 16 inciso tercero , sin indicar cuál sería el factor de discriminación en los términos del Código del Trabajo, por lo que tal alegación debe desestimarse de plano. Igualmente menciona que todos los actos han producido además un daño y menoscabo a su salud, lo cual es también parte de la «sintomatología» del acoso laboral, sin embargo no incorporó ningún antecedente médico que demuestre ese detrimento en su salud, por lo que también debe desecharse lo alegado.

3.- En relación al hecho de no otorgar el trabajo convenido este constituye un incumplimiento al contrato de trabajo por parte del empleador que no resulta subsumible en el ilícito que significa el acoso laboral, definido legalmente como «toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador», en tanto no se ha verificado ninguna agresión y el hostigamiento tampoco se aprecia al corresponder este a un comportamiento demostrativo de una persecución a una sin tregua ni descanso, con insistencia a una persona molestándola. Nada de eso se demostró.

____

DOCENTES – BONO PROPORCIONAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

PEDRERO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328101
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes -docentes del sector municipal-, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó íntegramente la demanda deducida por veinticuatro profesores en contra de la Municipalidad, por medio de la cual los actores solicitaron se le condene al pago del aumento de la bonificación proporcional que contempla la Ley N° 19.933 , en los montos que indica. Al respecto, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

______

MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL

VEGA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAMPA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Colina
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328090
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – LIBERTAD DE TRABAJO – DESPIDO INDIRECTO – INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR – OBLIGACION DE SEGURIDAD – DEMANDA ACOGIDA –

En la especie ha quedado acreditado que la denunciada, ha vulnerado la dignidad de la trabajadora, limitándola en sus funciones, obstaculizando el normal desarrollo de su área de trabajo, no otorgando los recursos humanos para cumplir con su labor, cuestionando sus acciones y no haciéndola participe de las decisiones tomadas que afectaban su área de trabajo.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger la denuncia de vulneración de derechos interpuesta por la trabajadora en contra de la municipalidad por vulneración de las garantías contenidas en el artículo 485 del Código del Trabajo, en relación al artículo 19 N°1 y 16 de la Constitución Política de la República. Esto, en la medida que el trato hostil del empleador para con la trabajadora, materializado en hostigamiento y presiones indebidas, que generaron en ella una enfermedad psíquica, unido a una serie de incumplimientos de sus obligaciones contractuales, principalmente el negarse a dar los medios necesarios para la realización de su labor, además de su negativa al pago de las prestaciones a que la trabajadora tenía derecho, y que culminaron con la decisión de la actora de auto despedirse, autorizan a acoger la denuncia de tutela efectuada, y declarar además, el término de la relación laboral conforme al artículo 171 del Código del Trabajo, en la medida que dichas vulneraciones corresponden, a su vez, a un incumplimiento de la obligación de seguridad que pesa sobre el empleador, conforme al artículo 184 del Código del Trabajo. Habiéndose acreditado además otros graves incumplimientos, que autorizan el autodespido demandado, y las consecuentes indemnizaciones derivadas de aquél.

2.- En cuanto al daño moral alegado no se ha rendido prueba suficiente para tener por acreditado que la actora ha sufrido un daño de tipo moral por su desvinculación laboral de la entidad que sea necesaria reparar con una indemnización de carácter patrimonial, no existen mayores antecedentes que permitan concluir que ello haya provocado en ésta un sufrimiento, angustia o detrimento moral, siendo insuficiente los dichos del testigo presentado, ya que sólo dio cuenta de algunos hechos relativos a posibles problemas sufridos en el área laboral por la actora.

______

MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL

SOCIEDAD ÁRIDOS Y ASFALTOS SERVITERRA LIMITADA C/ CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción
Sala: Sexta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328109
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – MEDIOAMBIENTE – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – ORDENANZA MUNICIPAL – FACULTADES DEL ALCALDE – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PATENTE MUNICIPAL – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La Contraloría Regional no extiende la interpretación del artículo 98 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, puesto que la empresa realiza la labor de extracción de áridos y los comercializa a través de otras sociedades, mientras que la exención de este artículo exige que la entidad que extrae sea la misma que ejecuta la obra.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto contra la resolución de la Contraloría Regional que ratifica el cobro de derechos municipales de la Municipalidad por concepto de extracción de áridos. Esto, puesto que no se aprecia en el oficio de la Contraloría Regional infracción alguna a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, prescrita por el artículo 19 Nº 2 de la Constitución, ni ninguna otra de las indicadas en el artículo 20 del mismo texto.

2.- No debe entenderse que la recurrida haya extendido la órbita de la disposición del artículo 98 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 exigiendo que la entidad que extrae sea la misma que ejecuta la obra, pues aquello implica más bien una correcta inteligencia en la interpretación de la norma. En efecto, es ajustado a derecho considerar que la entidad que disponga del certificado a que alude el señalado artículo 98 sea la que en definitiva se beneficie con la pretendida exención. Pues bien, aquello no es lo acontece, ya que de los antecedentes se desprende que el recurrente realiza la labor de extracción de áridos y que los comercializa a través de las sociedades que el mismo oficio impugnado detalla.

3.- No corresponde reprochar que el oficio no se haya pronunciado específicamente respecto del cobro retroactivo de derechos municipales, por cuanto aquello, tal como indica la recurrida, obedece a un supuesto hipotético que no es lo que tiene lugar en los hechos ni tampoco en la forma en como son devengados los derechos municipales. De aquí que la referida omisión no pueda tenerse como una infracción a lo señalado en los artículos 17 y 41 de la ley N° 19.880, y se tenga como correcta la consideración que entiende que la recurrente carece de la calidad de interesado que exige el artículo 21 de la ley N° 19.880, no viéndose afectado por aquella omisión.

A %d blogueros les gusta esto: