Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 20

RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – PATENTE DE ALCOHOLES

TRIVIÑO MUÑOZ, ÁNGEL C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328117
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS – PATENTE DE ALCOHOLES – DECRETO ALCALDICIO – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO –

El Concejo Municipal estima que el funcionamiento del local genera un estado de inseguridad en la comunidad, por lo que la decisión de no renovar la patente de alcoholes está fundamentada.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, no dando lugar a la protección interpuesta contra el Acuerdo del Concejo Municipal por medio del cual la parte recurrida rechaza la solicitud de renovación de la patente de alcoholes. Esto, puesto que la recurrida actuó dentro del ámbito de su competencia al no renovar la patente de alcoholes, siguiendo el procedimiento previsto en la ley. Es así como, al tener antecedentes concretos, de carácter objetivo, valorados por el órgano que debe emitir su decisión, esto es el Concejo Municipal, decide no renovar la patente, acto que no puede ser tildado de ilegal.
La no renovación de la patente de alcoholes no es arbitraria, pues no responde al mero capricho de la autoridad, sino que es una decisión razonada y fundada en antecedentes de carácter objetivos. Esto, pues se estima que hay un estado de inseguridad en la comunidad provocado por el funcionamiento del local, lo cual es respaldado por informes de Carabineros.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL – VENCIMIENTO DEL PLAZO

PEÑALOZA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA – DUODÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Duodécima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328172
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – INDEMNIZACION POR DESPIDO – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Independientemente de la nomenclatura que pueda dársele al despido, esto es, injustificado o indebido, lo importante es saber cuál de las causales ha sido invocada y declarada injusta o ilegal. En la especie, la empleadora pretendió dar por concluida la relación laboral por la llegada del plazo, que corresponde a una de las enumeraciones contempladas en el artículo 159 del Código del Trabajo, de ahí que en efecto resulta aplicable en la especie lo establecido en el artículo 168 del mismo cuerpo legal, pero en su letra b). Lo mismo ocurre si se considerare que no se esgrimió motivo alguno. En tal dirección es evidente que el yerro se ha producido por falsa aplicación de ley al aplicar el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado y nulidad del despido, ordenando el recargo legal sobre las indemnizaciones que fue fijado en 80%. Al respecto, independientemente de la nomenclatura que pueda dársele al despido, esto es, injustificado o indebido, lo importante es saber cuál de las causales ha sido invocada y declarada injusta o ilegal. En la especie, la empleadora pretendió dar por concluida la relación laboral por la llegada del plazo, que corresponde a una de las enumeraciones contempladas en el artículo 159 del Código del Trabajo, de ahí que en efecto resulta aplicable en la especie lo establecido en el artículo 168 del mismo cuerpo legal, pero en su letra b). Lo mismo ocurre si se considerare que no se esgrimió motivo alguno. En tal dirección es evidente que el yerro se ha producido por falsa aplicación de ley al aplicar el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo.

2.- Yerra la sentencia al aplicar la sanción de nulidad del despido toda vez que es cierto que la sanción el artículo 162 del Código del Trabajo, se encuentra en el estatuto general de aplicación a la relación laboral, sin embargo, atendida la naturaleza declarativa del pronunciamiento realizado en el fallo acerca de la existencia de la relación laboral, no es menos atendible que dicho vínculo tuvo origen en contratos a honorarios celebrados por un órgano público, de ahí que concurra un elemento diferenciador en la aplicación de la institución invocada, cual es que tales contratos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado, que en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la cual se previó la figura de la nulidad de despido. Efectivamente, porque entre otras consecuencias la municipalidad no tiene la posibilidad de convalidar libremente el despido lo que le deja en una situación de desigualdad frente a otros empleadores.

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MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – JUEGOS DE AZAR

SOCIEDAD COMERCIAL COFAN EIRL C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328076
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – JUEGOS DE AZAR – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La municipalidad actúa legalmente al exigirle a la empresa que acredite si las máquinas que mantiene en su establecimiento son susceptibles de calificarse como juegos de azar y no de destreza propiamente tal, puesto que este es uno de los requisitos para otorgar esta patente.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la omisión de la Municipalidad de aceptar el pago del recurrente y renovar una patente municipal. Esto, puesto que la entidad edilicia debió necesariamente obedecer lo dictaminado por el ente contralor, ya que sus Dictámenes resultan ser, según se asentó, obligatorios y vinculantes para el municipio. Fue por eso que se exigió a la reclamante adjuntar los antecedentes indispensables para descartar que las máquinas en cuestión sean susceptibles de calificarse como juegos de azar y no de destreza propiamente tal, toda vez que la renovación de la patente para un nuevo período supone la observancia de los requisitos exigidos para su otorgamiento.

2.- No puede alegarse, en base a derechos adquiridos, que el Dictamen N°92.308 de la Contraloría del año 2016 sólo rige para aquellos casos en que se obtiene por primera vez una patente para tal efecto y no para la hipótesis en que la patente es renovada, toda vez que el espíritu de la ley es que puedan funcionar en el ámbito del negocio de máquinas de juego, sólo aquellas que técnicamente tienen la característica de ser de destreza y no de azar, análisis que debe realizarse por el municipio en cada oportunidad que la patente sea concedida o renovada. En tal contexto, la parte final del Dictamen, al referir que sólo rige hacia el futuro y, por ende, no afecta las patentes municipales ya otorgadas, no ha querido afectar a las que fueron otorgadas en el año en que empezó a regir el referido Dictamen y por ese periodo, pero no alcanza a la renovación de las mismas, en cuyo caso, para poder ser renovadas, deben cumplir los requisitos que se vienen analizando.

3.- El tipo de patente del reclamante, autoriza, entre otras actividades, la explotación de máquinas de habilidad y destreza. Frente a la petición del reclamante de renovársele su patente municipal, se le informó por la autoridad reclamada cuáles eran los requisitos que debía justificar a los fines de poder obtener la renovación solicitada, entre ellos lo señalado por la Contraloría General de la República en el Dictamen N°92.308 del año 2016, que en lo esencial, exige para esta actividad, en caso que el municipio respectivo tenga dudas acerca de si se trata de un juego de azar previsto en el catálogo correspondiente, de coordinarse con la Superintendencia de Casinos de Juego, a fin de que esta última emita un informe definiendo tal aspecto, indicándosele, además, cómo podía reunir la documentación justificante de la calidad de ser explotador de juegos de destreza y no de azar, pero ninguna actividad realizó la reclamante destinada a tal fin.

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ABANDONO DE PROCEDIMIENTO – CORONAVIRUS – SUSPENSIÓN DE PLAZOS

HENRÍQUEZ GAMBOA, ANA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328181
Compendia: Microjuris

VOCES: – CIVIL – INCIDENTES – ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO – GESTION UTIL – RECEPTORES JUDICIALES – ADULTO MAYOR – ESTADO DE EMERGENCIA – CORONAVIRUS – SUSPENSIÓN DE PLAZOS – INTERPRETACION DE LA LEY – TRATADOS INTERNACIONALES – DEBIDO PROCESO – DERECHOS HUMANOS – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

En la adecuada resolución del incidente, no puede omitirse un enfoque interseccional, que considere la especial situación de vulnerabilidad de la actora, en razón de su género, edad y movilidad reducida, escenario que obliga a que las normas que establecen ciertas cargas y sanciones procesales, sean interpretadas a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres, las personas adultas mayores, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, principios en virtud de los cuales debe entenderse que le beneficia la suspensión contemplada en la Ley N°21.226 y, de este modo, no es posible la declaración de abandono del procedimiento.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, acogió el incidente de abandono del procedimiento. Esto, debido a que la necesidad de rechazar el incidente de abandono del procedimiento se impone por cuanto, atendida la particular situación de género, edad y vulnerabilidad de la actora, no es posible hacer recaer sobre ella las consecuencias de una falta de notificación oportuna, toda vez que no es posible soslayar la existencia de una serie de barreras que afectan a una persona de actuales 78 años de edad, tanto por su condición de mujer como también ser adulta mayor, interseccionalidad que se une al hecho de haber sufrido un accidente que le ocasiona, a lo menos, una movilidad reducida para instar por el reconocimiento de sus derechos. En consecuencia, al declarar el abandono del procedimiento los sentenciadores han incurrido en infracción del artículo 6° de la Ley N°21.226, precepto que debía ser interpretado a la luz de los principios en materia de derechos de las mujeres adultas mayores, en materia de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

2.- La obligación de los Estados de asegurar el acceso a la justicia de todos sus ciudadanos y ciudadanas, conlleva a organizar el aparato institucional para que efectivamente permita a la totalidad de los habitantes de una nación, con todas sus particularidades, características y riquezas, acceder a la misma. Sin embargo, resulta igualmente importante la efectividad del amparo, que pasa a ser un aspecto substancial que igualmente debe ser considerado.

3.- La obligación de acceso a la justicia resulta particularmente relevante cuando estamos en presencia de personas que, por razones de género, edad o vulnerabilidad, ven obstaculizado su acceso a la justicia. En este contexto, resultan especialmente atingentes al caso la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém Do Pará y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

4.- En la adecuada resolución del incidente, no puede omitirse un enfoque interseccional, que considere la especial situación de vulnerabilidad de la actora, en razón de su género, edad y movilidad reducida, escenario que obliga a que las normas que establecen ciertas cargas y sanciones procesales, sean interpretadas a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres, las personas adultas mayores, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, principios en virtud de los cuales debe entenderse que le beneficia la suspensión contemplada en la Ley N°21.226 y, de este modo, no es posible la declaración de abandono del procedimiento. (De la sentencia de reemplazo).

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MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – COMETIDO ESPECÍFICO – RECURSO DE NULIDAD

BENÍTEZ FLORES, YASMYN C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES – TERCERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Concepción
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328139
Compendia: Municipalidades, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – PONDERACION DE LA PRUEBA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Los servicios prestados por la actora -kinesióloga para deportistas de alto rendimiento y destacados en Polideportivo y luego tareas deportivas relacionadas con el rendimiento físico realizando labores de planificación física para los clubes o instituciones deportivas- son coincidentes con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, sin evidenciarse elementos que revelen la existencia de vínculo laboral, desde que las circunstancias en que se llevó a cabo el régimen contractual corresponde a la ejecución de cometidos específicos, no obstando a lo concluido, el carácter personal de los servicios, la obligación de asistencia a las dependencias del recinto municipal en horario de funcionamiento de éste, instrucciones y la supervigilancia en el desempeño de las funciones; por cuanto dichas circunstancias pueden concurrir en la prestación de servicios regulada en el artículo 4 de la Ley N°18.883, atendido la función de servicio público de la municipalidad demandada.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado. Esto, debido a que los servicios prestados por la actora -kinesióloga para deportistas de alto rendimiento y destacados en Polideportivo y luego tareas deportivas relacionadas con el rendimiento físico realizando labores de planificación física para los clubes o instituciones deportivas- son coincidentes con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, sin evidenciarse elementos que revelen la existencia de vínculo laboral, desde que las circunstancias en que se llevó a cabo el régimen contractual corresponde a la ejecución de cometidos específicos, no obstando a lo concluido, el carácter personal de los servicios, la obligación de asistencia a las dependencias del recinto municipal en horario de funcionamiento de éste, instrucciones y la supervigilancia en el desempeño de las funciones; por cuanto dichas circunstancias pueden concurrir en la prestación de servicios regulada en el artículo 4 de la Ley N°18.883, atendido la función de servicio público de la municipalidad demandada, que justifica que la prestación de los mismos se efectué en tales condiciones.

2.- Si bien las labores pactadas dicen relación con funciones propias del municipio, estas detentan el carácter de no habituales atendido su carácter eminentemente puntual y circunstancial; y según consta de los informes de desempeño exhibidos por la demandada, se prestaron conforme a lo especificado en los referidos contratos. Es más, la sentenciadora señala que aun cuando se considerara que las labores prestadas por la actora detentan el carácter de habituales del Municipio, igualmente, su contratación a honorarios, no ha excedido el marco del artículo 4° de la Ley 18.833, por cuanto, éste en su hipótesis tercera, también autoriza la contratación en dicha modalidad, para cometidos específicos, ya sea respecto de labores habituales o no habituales; y sus labores se encuentran detalladas en los respectivos contratos; y según consta de los informes de desempeño exhibidos por la demandada, se prestaron conforme a lo especificado en los referidos contratos, salvo en los primeros meses del estado de excepción constitucional declarado por la pandemia del Covid 19, en que consta del mérito de éstos, que la actora prestó colaboración en la repartición de canastas familiares; sin embargo, tratándose ello de una circunstancia puntual y excepcional, no resulta posible concluir de su sólo mérito, una infracción al artículo 4 de la Ley 18.883.

3.- Siendo labores no habituales del órgano respectivo aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad; no se vislumbra en caso alguno una infracción a las normas legales denunciadas.

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