Corte Suprema casó de oficio sentencia dando lugar a demanda por falta de servicio contra municipio

Falta de supervisión de personal educativo en la manipulación de elementos riesgosos tuvo como consecuencia la descarga eléctrica sufrida por la alumna que justifica la procedencia de indemnización por daño moral.

Recientemente la Tercera Sala de la Corte Suprema en voto dividido, invalidó la sentencia de segundo grado que confirmando la de primera instancia, acogió parcialmente la demanda por falta de servicio y condenó a un municipio a indemnizar por concepto de daño moral, toda vez que de la sentencia impugnada se advirtió un vicio al no contener fundamentos para dar lugar a la acción, concretamente, en la fijación del quantum indemnizatorio como consecuencia que sufrió la hija de la demandante al recibir una descarga eléctrica en un establecimiento educacional de la demandada, mientras manipulaba en clases, una pistola de calor para unir silicona.
Los sentenciadores estimaron que «resulta inconcuso que los jueces de la segunda instancia, en el caso sub judice, no han dado cumplimiento a los requisitos legales indicados, puesto que, como se anunció, la regulación de la cuantía de la indemnización concedida aparece desprovista de consideraciones fácticas y jurídicas que le sirvan de fundamento, omisión que autoriza a esta Corte, al no existir otro medio idóneo para corregir la deficiencia procesal comprobada, para anular de oficio la sentencia».
Acto seguido procedieron a dictar sentencia de reemplazo «la sentencia de primera instancia, en un aspecto no impugnado por vía de apelación, correctamente dio por establecido que los hechos descritos importan un incumplimiento al deber de supervisión eficaz de la manipulación de elementos riesgosos, afectando la integridad física de una de una alumna, en infracción a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2010 del Ministerio de Educación, cuyo literal «a» expresa que «Los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes», su literal «b» prescribe que «Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de estos», y su literal «c» contempla que «Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea y responsable…
Que, aquel incumplimiento de obligaciones legales que el ordenamiento jurídico ha puesto de cargo de un órgano de la Administración del Estado -en este caso la Municipalidad de Ovalle en tanto sostenedora del establecimiento de educacional donde se acaeció el accidente-, es calificable como constitutivo de «falta de servicio», factor de imputación de responsabilidad que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona tardía o irregularmente, hipótesis, esta última, que concurre en el caso de marras.» Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación: 

GALLARDO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ328112

Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACION – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – VIOLACIÓN DEL DEBER DE CUIDADO – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – DAÑO MORAL – CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO – CASACION DE OFICIO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

La electrocución sufrida por la niña mientras desarrollaba actividades pedagógicas en la escuela pública, accidente que tuvo como causa la pérdida de continuidad del aislante del cable de poder de una pistola de calor que era manipulada por los alumnos para unir con silicona partes de figuras geométricas, constituye un incumplimiento al deber de supervisión eficaz de la manipulación de elementos riesgosos, afectando la integridad física de una de una alumna. De este modo, aquel incumplimiento de obligaciones legales que el ordenamiento jurídico ha puesto de cargo de un órgano de la Administración del Estado -en este caso la Municipalidad en tanto sostenedora del establecimiento de educacional donde se acaeció el accidente- es calificable como constitutivo de falta de servicio.

Doctrina:

1.- Corresponde casar de oficio la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios al estimar que la electrocución sufrida por la niña mientras desarrollaba actividades pedagógicas en la escuela pública, accidente que tuvo como causa la pérdida de continuidad del aislante del cable de poder de una pistola de calor que era manipulada por los alumnos para unir con silicona partes de figuras geométricas, constituye un incumplimiento al deber de cuidado fijando el monto por daño moral en la suma de un millón de pesos en favor de la madre y en la suma de cuatro millones en favor de la alumna. Al respecto, la sentencia impugnada ha incurrido en la causal de nulidad formal prevista en el artículo 768 Nº 5, en relación con el artículo 170 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, al omitir las consideraciones de hecho o de derecho que justifiquen razonablemente el importe de la indemnización concedida a las demandantes. Ello, por cuanto la sola mención a la prudencia y equidad del juez, unida a ciertos factores aparentemente objetivos cuyo contenido no es detallado en la decisión, tales como la magnitud del daño y los trastornos ocasionados en las actoras, no satisface el estándar mínimo de fundamentación exigido por la ley. En este sentido, los jueces de la segunda instancia, no dieron cumplimiento a los requisitos legales, puesto que la regulación de la cuantía de la indemnización concedida aparece desprovista de consideraciones fácticas y jurídicas que le sirvan de fundamento.

2.- La electrocución sufrida por la niña mientras desarrollaba actividades pedagógicas en la escuela pública, accidente que tuvo como causa la pérdida de continuidad del aislante del cable de poder de una pistola de calor que era manipulada por los alumnos para unir con silicona partes de figuras geométricas, constituye un incumplimiento al deber de supervisión eficaz de la manipulación de elementos riesgosos, afectando la integridad física de una de una alumna. Aquel incumplimiento de obligaciones legales que el ordenamiento jurídico ha puesto de cargo de un órgano de la Administración del Estado -en este caso la Municipalidad en tanto sostenedora del establecimiento de educacional donde se acaeció el accidente- es calificable como constitutivo de falta de servicio, factor de imputación de responsabilidad que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona tardía o irregularmente, hipótesis, esta última, que concurre en el caso. (De la sentencia de reemplazo)

3.- Si bien no existe un concepto unívoco, en su acepción más restringida se relaciona con el pesar, dolor o aflicción que experimenta la víctima y que se conoce como pretium doloris o precio del dolor que se radica en la esfera íntima del individuo bajo la forma de sufrimiento que padece como consecuencia de un daño generalmente corporal. Sin embargo, esta visión ha dado paso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a recoger una concepción más amplia de tal concepto, a fin de reparar todas las especies de perjuicios morales y no sólo el pretium doloris, toda vez que en cada una de ellas hay atentados a intereses extrapatrimoniales diversos. (De la sentencia de reemplazo)

4.- La extensión de aquella lesión a un interés moral ha de ser determinada en virtud de elementos objetivos que, explícita o implícitamente, se desprenden de los hechos de la causa. Así, en la contienda es dable tener en consideración: (i) Que, a la época del accidente, la niña tenía 10 años de edad; (ii) Que las consecuencias lesivas antes mencionadas persistieron, a lo menos, hasta la época de la sentencia apelada; (iii) Que la electrocución, en sí, es apta para producir una afectación extrapatrimonial en la víctima, en su concepto más restringido, asociado al dolor; (iv) Que en el horizonte no se vislumbra la remisión de los padecimientos psicológicos de las demandantes; y, (v) Que la demandante se encontraba laboralmente vinculada con la demandada Municipalidad, bajo subordinación y dependencia. Por ello, la merma extrapatrimonial sufrida por las demandantes amerita ser indemnizada a razón de $10.000.000 en favor de la niña y $1.000.000 en favor de su madre. (De la sentencia de reemplazo).

Consulte texto completo de la sentencia

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