Corte Suprema rechaza recurso de casación y confirma fallo que rechazó impugnación de pago de honorarios de veedor de acuerdo de reorganización concursal

Se descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que rechazó la impugnación de los honorarios reclamados, los que constituyen gastos de la masa de acreedores de la fallida y que gozan, además, de la preferencia invocada.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesta por liquidador concursal en contra de la sentencia que rechazó la impugnación total que realizó respecto de los honorarios adeudados a interventor veedor del acuerdo de reorganización de empresa de transporte.

El fallo señala quee, con el Acuerdo de Reorganización Judicial, cesa la intervención que impone el N°2 letra a) del artículo 57 de la Ley N° 20.720, sin perjuicio que por disposición del artículo 69, se mantiene la presencia del veedor en la Empresa Deudora por lo menos un año, con el objeto que supervigile el cumplimiento del acuerdo, con las facultades y deberes que al efecto determinen los acreedores.

La resolución sostiene que, para el profesor Puga Viala «La intervención en el convenio es un elemento de la esencia del mismo. Es siempre un mandato privado en los términos con que el artículo 2116 del Código Civil define este contrato: mandato entre el deudor y los acreedores y dicho interventor. A él se le confía una gestión económica de control y coadministración por particulares y sus deberes y atribuciones emanan del convenio, tal como lo señala el artículo 69 de la ley concursal».

“Para este autor –continúa–, debido a que este mandato resulta del acuerdo, los mandantes son el deudor y los acreedores; no solo los acreedores, ni solo el deudor. Agrega que el deudor por sí mismo no puede revocar el mandato al interventor, tal como por los demás resulta de la aplicación de las reglas generales en materia de mandatos que interesan a más de una persona y cita al profesor Stitchkin: ‘la facultad de revocar el encargo es una cosa de la naturaleza del encargo, no de su esencia. Diversas disposiciones del Código Civil dejan de manifiesto que es lícito estipular la irrevocabilidad del encargo confiando al mandatario y que ni aun es necesario estipularla, porque se subentiende, cuando el interés legítimo de un tercero exige el mantenimiento del mandato’ (Juan Esteban Puga Vial: ‘Derecho concursal. El acuerdo de reorganización’. 4ª edic. Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2014, p. 390)”.
Asimismo, el fallo consigna que: “La ley no dice que el veedor deba ser el mismo del procedimiento concursal de reorganización que gestó el acuerdo, pero si deberá tener la calidad de Veedor vigente de la Nómina de Veedores. En consecuencia, en el escenario de los procedimientos colectivos de concurso, el interventor siempre será un veedor”.

“El interventor tendrá la obligación de poner en conocimiento, de forma fundada, el incumplimiento del Acuerdo a la Superintendencia y a los acreedores que les afecte, mediante notificación por Correo Electrónico.
Para efectos de las funciones y atribuciones del interventor, se debe estar a las que se determinen el acuerdo de reorganización y, a falta de regulación, se aplican las normas de la medida precautoria de intervención regulada en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a su remuneración, atendido que la ley no la regula, ella deberá ser libremente discutida y acordada en el convenio y en lo que respecta a la duración de su función, la ley dice que debe permanecer en el cargo al menos un año, lo que dependerá en buena medida de lo que establezca el convenio (Juan Esteban Puga Vial. Ob. Cit. p. 392)”, detalla.

Por otra parte, para el tribunal, tal como se expresó en el motivo primero, el recurrente desconoce al acreedor verificante Patricio Jamarne Banduc la preferencia de pago establecida en el artículo 28 de la Ley Concursal, en razón de haberse cumplido en el mes de septiembre del año 2019, los 48 meses fijados en el acto de aprobación del Acuerdo de Reorganización a la interventora que precedió al señor Jamarne Banduc”.

“Pues bien –ahonda–, el artículo 69 de la Ley Concursal no restringió el periodo de la intervención a cargo del veedor a un año como lo sostiene el recurrente, por el contrario, lo que la ley dice es que en el Acuerdo de Reorganización Judicial deberá nombrarse a un interventor por al menos un año contado desde el Acuerdo, de manera que su duración en el cargo en definitiva depende de lo que al efecto estipulen los mandantes. Y teniendo la intervención naturaleza de mandato privado, entre tanto no medie revocación del mismo por los mandantes, el interventor Patricio Jamarne Banduc ha podido desempeñar dicha función ajustado al artículo 69 de la Ley N°20.720. Por lo demás el cuestionamiento del recurrente dice relación únicamente con el desempeño del interventor durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, sin extender en su fundamentación la crítica a los restantes meses en que, en su concepto, ya no tenía la calidad de interventor regido por el artículo 69 de la Ley N°20.720 ni se encontraba sometido en su labor a la fiscalización de la Superintendencia del ramo”.

“Con todo, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 99 de la Ley 20.720, un efecto inmediato de la resolución que acoge la acción de incumplimiento del Acuerdo, es la intervención a la que queda sometido el Deudor, concediéndole al veedor las facultades de interventor contenidas en los números 1, 7, 8 y 9 del artículo 25 de la Ley Concursal. Y si bien de acuerdo con la historia de la ley dicha designación debía recaer en el mismo veedor que fue designado para el procedimiento concursal de reorganización (Historia de la Ley 20.720, p. 451), lo cierto es que la veedora María Loreto Ried Undurraga, quien había sido nominada por la Superintendencia del ramo, tras asumir con posterioridad la función de interventora renunció a este cargo en diciembre de 2016, dando paso a la designación del veedor Patricio Jamarne Banduc, de manera que, a falta de otra designación hecha por el tribunal al momento de dictar la resolución de incumplimiento del acuerdo de reorganización por parte de Transportes Tamarugal Limitada el 21 de agosto de 2020 y sin que aparezca en los antecedentes alguna objeción de aquello por parte de los acreedores o del deudor, es posible concluir que el señor Jamarne Banduc se desempeñó como veedor interventor en el periodo comprendido entre la declaración de incumplimiento del acuerdo de reorganización y la declaración de la liquidación forzosa refleja de la Empresa deudora el día 22 de octubre de 2020”, releva.

Finalmente se concluye que, en las condiciones antes dichas, cabe reconocer al crédito verificado en este proceso de liquidación, la preferencia establecida en el numeral 4° del artículo 2472 del Código Civil y, por lo demás, no puede desconocerse que el sentido del artículo 28 de la Ley 20.720, es el mismo que se establece el artículo 239 de la referida Ley Concursal, que procura que los créditos provenientes de la continuación de la actividad económica del Deudor gocen de la preferencia indicada; de lo contrario, se perdería el incentivo para los interventores y que el legislador de algún modo tuvo en vista al momento de regular esta materia (v. Historia de la Ley 20.720, p. 422)”, explica la resolución.

En virtud de lo razonado, los sentenciadores han realizado una recta aplicación de la ley al resolver el incidente planteado, sin que se advierta el error de derecho en que se hace consistir la infracción legal denunciada, motivo por el cual el recurso será desestimado.

Consulte texto completo de la sentencia.

(Fuente: Poder Judicial).

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