Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 21

RECURSO DE PROTECCIÓN – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – 

JUNTA DE VECINOS SAN JUAN EL TRANQUE C/ INVERSIONES RAMÓN OLIVA S.A. – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328195
Compendia: Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN – AUTORIZACION ADMINISTRATIVA – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – CONSTRUCCIÓN DE OBRA – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La recurrida realizó obras sobre el terreno sin la autorización municipal correspondiente, y, a su vez, en su ejecución no respetó las directrices forestales entregadas por la CONAF, y vulneró la normativa forestal y ambiental, al haber eliminado completamente el lecho vegetal en su predio y talado árboles en exceso a los autorizados, de una forma tal que no es posible reforestar en las actuales condiciones, afectando la flora del lugar. De esta forma, se constata que la recurrida ha perpetrado actos ilegales y arbitrarios, abiertamente contradictorios con la normativa ambiental y de construcción, infringiendo tanto a la garantía constitucional contenida en el numeral 8 del artículo 19 de la Constitución, como a la garantía de igualdad ante la ley del numeral 2 del mismo artículo.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por junta de Vecinos en contra de la empresa por desarrollar un proyecto inmobiliario sin contar con las debidas autorizaciones, en el sector colindante a un embalse. Al respecto, se constató, en síntesis, de los informes evacuados por las autoridades oficiadas, que la recurrida realizó obras sobre el terreno de autos sin la autorización municipal correspondiente, y, a su vez, en su ejecución no respetó las directrices forestales entregadas por la CONAF, y vulneró la normativa forestal y ambiental, al haber eliminado completamente el lecho vegetal en su predio y talado árboles en exceso a los autorizados, de una forma tal que no es posible reforestar en las actuales condiciones, afectando la flora del lugar. De esta forma, teniendo presente los hechos acreditados, se ha constatado que la recurrida ha perpetrado actos ilegales y arbitrarios, abiertamente contradictorios con la normativa ambiental y de construcción, infringiendo tanto a la garantía constitucional contenida en el numeral 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como a la garantía de igualdad ante la ley, del numeral 2 del mismo artículo.

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PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – COMUNICACIONES – CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO 

SARQUIS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Tribunal: Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328141
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – ACOSO LABORAL – CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DESPIDO – PONDERACION DE LA PRUEBA – DEMANDA ACOGIDA –

En el mundo actual el nivel de comunicaciones entre los distintos niveles de una empresa u organización son nutridos y la ausencia de ellos son un indicio de que dichas funciones no se realizan, no se le entregan y, por ende, es invisibilizada o que hay problemas de comunicación entre dichos estamentos. En cualquiera de las dos opciones, este indicio debe ser sumado a los otros como el cambio de oficinas de la denunciante a otro edificio, un mensaje implícito de distancia, de alejamiento de los centros de poder, que es la persona del Alcalde y de la toma de decisiones; la entrega de las causas que eran su especialidad a otros abogados del municipio, sin que exista una justificación de la decisión respecto de porqué se toma esta decisión sobre su persona en perjuicio de otros. Razonamiento que se extiende también a la terminación anticipada de la contrata. Estos hechos por sí solos no son de relevancia, pero relacionados son precisamente manifestación de lo que es el acoso laboral

Doctrina:
1.- Corresponde acoger la denuncia de tutela laboral interpuesta por la funcionaria por cuanto existen indicios de vulneración a la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución. Esto, debido a que en el mundo actual el nivel de comunicaciones entre los distintos niveles de una empresa u organización son nutridos y la ausencia de ellos son un indicio de que dichas funciones no se realizan, no se le entregan y por ende es invisibilizada o que hay problemas de comunicación entre dichos estamentos. En cualquiera de las dos opciones, este indicio debe ser sumado a los otros como el cambio de oficinas de la denunciante a otro edificio, un mensaje implícito de distancia, de alejamiento de los centros de poder, que es la persona del Alcalde y de la toma de decisiones; la entrega de las causas que eran su especialidad a otros abogados del municipio, sin que exista una justificación de la decisión respecto de porqué se toma esta decisión sobre su persona en perjuicio de otros. Razonamiento que se extiende también a la terminación anticipada de la contrata. Estos hechos por sí solos no son de relevancia, pero relacionados son precisamente manifestación de lo que es el acoso laboral. Una serie de conductas de baja intensidad que tienen por objetivo minar la voluntad del trabajador y eventualmente constreñirlo a dejar su puesto de trabajo. Ello implica necesariamente afectación de la garantía del artículo 19 N° 1 del texto fundamental.
2. No se configura la discriminación alegada toda vez que para verificar si se está ante un despido discriminatorio en los términos del Código del Trabajo, se hacía necesario que al demandante se le adscribiera en alguna de las categorías sospechosas que el artículo 2 del Código del Trabajo contempla o en otra innominada, pero que permitiera considerar que su comprensión del mismo por parte del mismo se fundamentara en lo que se ha denominado una discriminación «odiosa» al considerar al mismo como parte de un colectivo humano inferior, despreciable y que proviene de una condición personal más o menos permanente. Si bien la enunciación del Código del Trabajo de las categorías sospechosas en su redacción aparece como si fuera restringida, este rigor debe ser matizado con la amplitud del texto constitucional y además con el resto de normas que contempla el sistema internacional de derechos humanos, particularmente con el Convenio 111 de la OIT, considerando que resulta sumamente inequitativo y contrario a una interpretación «pro cives» que un grupo humano al cual se le dé un trato discriminatorio odioso por el solo hecho de no ser mencionado expresamente en el mismo texto no tenga acceso a protección jurisdiccional en dicho ámbito. Con todo lo anterior, y no habiendo expresado la actora más que disconformidad simplemente con la decisión del despido y no habiéndose ubicado en categoría alguna sospechosa de discriminación ni habiendo propuesta una nueva, se desecha la denuncia en este aspecto.

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PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – PERSONAL NO DOCENTE

RUBILAR C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328155
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DISCRIMINACION LABORAL – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – PERSONAL NO DOCENTE – REMUNERACION – DEMANDA ACOGIDA –

El empleador mantuvo la relación laboral contraria a la normativa legal en su beneficio y en perjuicio de la actora, quien debió realizar una función que no le correspondía por no tener la calificación técnica, además fue sometida a evaluación como inspectora y se le impidió optar a beneficios económicos de la carrera funcionaria. De este modo, existió vulneración del artículo 2 del Código del Trabajo, ya que la actora fue discriminada haciéndole cumplir funciones que no le correspondían, sin poder optar a los beneficios económicos que corresponden de acuerdo al reglamento interno de funciones y carrera funcionara de los asistentes de la educación dependiente de municipalidad demandada, situación que la denunciada mantuvo por más de doce años a pesar de la solicitud de la actora y de la Asociación respectiva de funcionarios de regularizarla.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la denuncia de tutela por discriminación laboral interpuesta por la trabajadora en contra de la municipalidad. Esto, debido a que resultó acreditado que la actora no cuenta con título técnico. Sin perjuicio de lo anterior, aplicando el principio de la primacía de la realidad, se acreditó en juicio que el empleador mantuvo desde el año 2010 contratada a la actora como apoyo de convivencia escolar con cargo a fondos Sep, debiendo realizar una función de Inspectora, lo que claramente no corresponde, debido a que contratación con fondos Sep, debe ser destinado a funciones de apoyo a la educación primaria y no como inspectora. Es decir, el empleador conociendo lo anterior, mantuvo esta relación contraria a la normativa legal en su beneficio y en perjuicio de la actora, quien debió realizar una función que no le correspondía por no tener la calificación técnica, además fue sometida a evaluación como inspectora y se le impidió optar a beneficios económicos de la carrera funcionaria. De este modo, existió vulneración del artículo 2 / del Código del Trabajo, ya que la actora fue discriminada haciéndole cumplir funciones que no le correspondían, sin poder optar a los beneficios económicos que corresponden de acuerdo al reglamento interno de funciones y carrera funcionara de los asistentes de la educación dependiente de la Municipalidad, situación que la denunciada mantuvo por más de doce años a pesar de la solicitud de la actora y de la Asociación respectiva de funcionarios de regularizarla.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – PERMISO DE EDIFICACIÓN

WIELANDT Y OTROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO – QUINTA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso
Sala: Quinta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328157
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – PLAN REGULADOR COMUNAL – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La modificación del plan regulador se hizo realizando las consultas exigidas por la ley, por lo que la existencia de un anteproyecto aprobado no es argumento para objetarla, máxime si la vigencia de un anteproyecto no puede superar el año.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto contra el decreto alcaldicio que aprobó el proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal. Esto, puesto que la sola lectura del texto del Decreto Alcaldicio evidencia que esta resolución administrativa contiene el requisito que la reclamante afirma haberse omitido, o sea, su debida motivación o fundamentación y que tal reparo carece de asidero.

2.- La parte reclamante no es titular de ningún derecho adquirido que permita soslayar las prescripciones del Plan Regulador Comunal aprobado por el decreto alcaldicio reclamado porque los escritos de reclamación y contestación y los documentos acompañados al proceso demuestran que la actora ingresó a la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, el 23 de diciembre de 2015, para su aprobación, únicamente un anteproyecto de edificación, y ocurre que según el artículo 1.4.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones un anteproyecto mantendrá vigencia por 180 días, o en algunos casos puntuales un año.

3.- Las facultades de las Municipalidades para elaborar y modificar los planes reguladores comunales están expresamente consagradas en el ordenamiento jurídico del ramo; a saber y entre otras normas jurídicas, en los artículos 3º literal b) , 4º letra k) y 6º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 28 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 2.1.10 y siguientes de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Todas estas normas, de acuerdo a la prueba documental acopiada al proceso y como aparece del Informe elaborado por la Fiscalía Judicial, en el caso sub iudice se han observado.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – DOCENTES – INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA

MARTÍNEZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328183
Compendia: Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA – EDUCACION – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – DOCENTES – MEDIDAS DE SEGURIDAD – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA –

Las medidas tomadas por parte del establecimiento educacional para proteger a su directora de las agresiones de una apoderada son insuficientes, debiendo restringirse la entrada de esta apoderada al recinto en cuestión.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, dando lugar a la protección interpuesta contra las acciones dirigidas contra la omisión por parte del departamento recurrido de proteger a la recurrente de una apoderada del establecimiento educacional en el que presta servicios como docente y directora. Esto, puesto que si bien no existe la pasividad denunciada frente a la situación acaecida durante el desarrollo de la reunión realizada en los albores del año académico; sin embargo, no puede perderse de vista que las medidas adoptadas no resultan ser suficientes, teniendo en consideración el contexto en el que se desarrolló el hecho denunciado. Así pues, más allá de las responsabilidades de orden administrativo o penales que deriven de la agresión sufrida por la actora, en tanto aquello corresponde a una cuestión que debe ser dilucida por la vía correspondiente, no es menos cierto que existen ciertas particularidades que no pueden ser soslayadas al momento de garantizar la seguridad de la actora en el ejercicio de las actividades educativas y de dirección a su cargo.

2.- La situación denunciada ocurre en una escuela rural que constituye un aula multigrado además de unidocente, en la cual se imparte enseñanza primaria, es decir, desde primero hasta sexto año básico, cuyo alumnado se compone en la actualidad de tan solo siete escolares. La organización interna de la escuela se estructura con un profesor encargado o docente, representado en este caso por la recurrente. De manera que, es indudable que las acciones tendientes a resguardar la integridad física y psicológica de la única profesional que desarrolla funciones docentes y de dirección en el establecimiento cobran una especial relevancia, razón por la que han de extremarse los esfuerzos con miras a evitar la ocurrencia de sucesos como el denunciado, a saber, la agresión de un miembro de la comunidad educativa.

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