Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 22

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

BORLONE MARTÍNEZ, MIGUEL C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328280
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO –

La acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 4 de la Ley N°18.883, está dada por la vigencia de las normas contenidas en dicho código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en este caso, la municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas en el citado código; en otros términos, corresponde calificar como vínculo de carácter laboral a los contratos a honorarios que se ejecuten fuera del marco legal que autoriza su celebración.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral. Esto, debido a que yerra la Corte de Apelaciones pues el demandante se incorporó a la dotación de la demandada bajo la modalidad formal contemplada en el artículo 4 de la Ley N°18.883, puesto que, en los hechos, la municipalidad contrató sus servicios a honorarios, aunque sin la concurrencia de los requisitos de temporalidad y especificidad que esa norma exige, ya que se extendieron por cinco años y diez meses, ejerciendo una función genérica, consistente en la de asesoría técnica en la ejecución del programa social de prevención de zoonosis, higiene ambiental y protección del medioambiente, sujeto a control de asistencia y bajo la supervisión y dependencia de la Dirección de Desarrollo Comunitario que, asimismo, se presentaba como su superior jerárquico, certificando el cumplimiento de las labores desempeñadas para percibir la retribución mensual acordada; generalidad de su desempeño («asesoría técnica» y atención de las consultas veterinarias efectuadas por los vecinos de la comuna en el horario de funcionamiento de la Unidad de Higiene Ambiental) y de subordinación a tal repartición, que se alzan como particularidades que exceden cualquier pretensión de especificidad como erradamente se sostiene en el fallo recurrido.
2.- Se advierte la configuración de una evidente prestación de servicios personales, sujetos a la dependencia y subordinación del demandante con la Municipalidad, ejercida a través de una dirección propia de su estructura organizacional, factores que, reunidos, permiten concluir que este servicio devino en una función habitual del municipio, apreciación que se enriquece atendida la extensión temporal de la relación entre las partes, concluyéndose que los contratos a honorarios suscritos no se encuadran en alguna de las hipótesis estrictas del artículo 4 de la Ley N°18.883, por lo que se deben aplicar las disposiciones supletorias del Código del Trabajo, pues la situación descrita, es asimilable a la que regula su artículo 7 , por haberse excedido el estricto y excepcional marco de aplicación de la aludida disposición estatutaria.
3.- Para determinar las reglas aplicables a un contrato de prestación de servicios, será necesario constatar cómo se ejecutó en la práctica y observar si concurren elementos de subordinación y dependencia, relacionados con indicios o índices de laboralidad, tales como, deberes de asistencia y cumplimiento de horario, obediencia a las instrucciones impartidas por el empleador, sujeción a su supervigilancia, control y directivas, en forma continua y permanente, que, de comprobarse, moverán la adecuación normativa a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, excluyendo las estatutarias. Es por eso que, aun cuando no se escriture un contrato de trabajo o se celebre bajo una denominación distinta, regirá la presunción establecida en su artículo 8 , que dispone: «Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo».
4.- A los funcionarios de la Administración del Estado no se les aplica el Código del Trabajo, en la medida que están sometidos por ley a un régimen especial, hipótesis que no se verifica en el caso de quienes son contratados a honorarios, puesto que no se rigen por la Ley N°18.883, sino por las reglas de la respectiva convención; sin embargo, podrán quedar sujetos a las normas del citado código, en la medida que la vinculación exceda los términos del artículo 4 de esa ley y reúna, en los hechos, las características propias de una relación laboral, en conformidad a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

LÓPEZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328241
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – LIBERTAD DE TRABAJO – PAGO DE REMUNERACIONES – REINCORPORACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – DEMANDA ACOGIDA –

La denunciada no aportó ningún antecedente que diera cuenta de la eliminación del cargo que desempeñaba la denunciante, de manera tal que unido aquello con la existencia de una instrucción de reintegro imperativa emanada de la Contraloría, que estaba siendo dilatada innecesariamente por la denunciada, configura un indicio de vulneración. Además, el no pago de las remuneraciones y dado el tiempo transcurrido demuestra la intención de dilatar este pago, sin dar una razón que lo justifique, constituye una evidente hostilidad, toda vez que priva a la denunciante de su expectativa legítima frente a lo resuelto por la CGR, la remuneración, que a la sazón es un derecho alimentario el cual se encontraba devengado con la sola resolución de la CGR sin ser requisito para su pago que la denunciante hubiese sido reincorporada formalmente a sus funciones, o la existencia del litigio como lo pretende la denunciada, vulnerándose la garantía protegida por el artículo 19 N°16 de la Constitución.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la denuncia de vulneración de derechos deducida por la funcionaria en contra de la municipalidad por afectarse la garantía contemplada en el artículo 19 N°16 de la Constitución. Esto, debido a que la denunciada no aportó ningún antecedente que diera cuenta de la eliminación del cargo que desempeñaba la denunciante en la oficina de la mujer ni la separación de la oficina de seguridad respecto de Dideco, de manera tal que unido aquello con la existencia de una instrucción de reintegro imperativa emanada de la CGR, que estaba siendo dilatada innecesariamente por la denunciada, configura un indicio de vulneración. Además, el no pago de las remuneraciones, sin perjuicio «haberse hecho el cálculo» resulta un actuar ilegítimo por la denunciada más allá del fundamento esgrimido y dado el tiempo transcurrido desde lo ordenado por la CGR, esto es, desde el 01 de marzo de 2022, a la judicialización de la causa, el 8 de julio del 2022 y más allá de la posible demora del acto administrativo, desde un inicio la denunciada mantenía la intención de dilatar este pago, sin dar una razón que lo justifique, constituye una evidente hostilidad por parte de la denunciada, toda vez que priva a la denunciante de su expectativa legítima frente a lo resuelto por la CGR, la remuneración, que a la sazón es un derecho alimentario el cual se encontraba devengado con la sola resolución de la CGR sin ser requisito para su pago que la denunciante hubiese sido reincorporada formalmente a sus funciones, o la existencia de este litigio como lo pretende la denunciada, configurándose a este respecto indicios de gravedad en torno a la vulneración de la garantía protegida por el numeral 16 del artículo 19 de la Constitución.

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ESTATUTO DOCENTE – CONTRATO A PLAZO FIJO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

JARA GONZÁLEZ, ALEXIS C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328247
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ESTATUTO DOCENTE – NULIDAD DEL DESPIDO – CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO –

La hipótesis de término del contrato de trabajo por el vencimiento del plazo, está comprendida dentro de aquellas en que resulta procedente la aplicación de la llamada nulidad del despido, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1, 159 número 4 y 162 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 4, 71 y 72 letra d) de la Ley N°19.070. En consecuencia, si empleador decide despedir al docente por la referida causal, debe informarle el estado de sus cotizaciones previsionales, tal como prescribe el inciso quinto del artículo 162, entendiendo que el uso de la expresión despido no la utiliza en un sentido técnico y restringido -como acto unilateral del empleador a través del cual pone término al contrato de trabajo que lo une con el trabajador- porque es comprensiva de todas las formas de término de la relación, incluso si es por la llegada del plazo o de la obra encomendada.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de relación laboral, rechazando la demanda de nulidad del despido al estimar que tal sanción es improcedente porque las normas del Código del Trabajo, no son aplicables supletoriamente en el caso del demandante, puesto que el inciso primero del artículo 71 del Estatuto Docente, establece que los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de ese Estatuto de la profesión docente, y solo supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias y conteniéndose en el Estatuto Docente una regulación propia y específica respecto de las causales de expiración en los cargos de los docentes contratados bajo dicho régimen y los beneficios o sanciones a que puede dar lugar el cese de funciones, son éstas las que deben aplicarse, y no los preceptos contenidos en el Código del Trabajo en su carácter supletorio. Al respecto, yerra la Corte de Apelaciones pues la hipótesis de término del contrato de trabajo por el vencimiento del plazo, está comprendida dentro de aquellas en que resulta procedente la aplicación de la llamada nulidad del despido, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 , 159 número 4 y 162 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 4 , 71 y 72 letra d) de la Ley N°19.070.

2.- Si empleador decide despedir al docente por la referida causal, debe informarle el estado de sus cotizaciones previsionales, tal como prescribe el inciso quinto del citado artículo 162, entendiendo que el uso de la expresión despido no la utiliza en un sentido técnico y restringido -como acto unilateral del empleador a través del cual pone término al contrato de trabajo que lo une con el trabajador- porque es comprensiva de todas las formas de término de la relación, incluso si es por la llegada del plazo o de la obra encomendada, afirmación concordante con el artículo 21 del Código Civil, que precisa la comprensión de las palabras técnicas según el sentido atribuido por quienes profesan la misma ciencia, «a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso», y con la regla de su artículo 22, que autoriza el empleo del contexto de la ley para ilustrar el sentido y alcance de sus normas, para que exista entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Tal conclusión, finalmente, es coherente con una interpretación teleológica, por cuanto el objetivo perseguido con el establecimiento de la referida sanción, fue el de fomentar el pago de las cotizaciones de seguridad social en forma íntegra y oportuna, gravando al empleador que decide terminar la relación sin enterarlas, obligándolo a continuar pagando sus remuneraciones y demás prestaciones, hasta convalidar el despido, presentándose como un disuasivo y sanción, sin que existan razones suficientes que impidan su reconocimiento en el caso propuesto, que afectó a un trabajador docente al que se comunicó el cese de su función por vencimiento del plazo previsto en su última contratación, incurriendo el empleador en mora previsional.

3.- La aplicación supletoria de un cuerpo normativo, no tiene por objeto la complementación de aspectos accesorios o secundarios de aquel al que integra, por cuanto está llamado a reglamentar conductas y situaciones sustantivas y de trascendencia jurídica, observándose que la nulidad del despido constituye una institución que sólo se contiene en el Código del Trabajo, reglada a continuación de las causales por las que finaliza una relación laboral, y que el citado estatuto carece de normas que plasmen su improcedencia, silencio que es susceptible de integración, acudiendo a las disposiciones del derecho del ramo.

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ESTATUTO DOCENTE – CONTRATO A PLAZO FIJO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

MARÍN C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO – SEGUNDA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala: Segunda
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ328173
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – EDUCACION – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – EXCEPCIONES – LEGITIMACION PASIVA – PAGO – DESPIDO INJUSTIFICADO – APERCIBIMIENTO – CAUSALES DEL RECURSO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO – NULIDAD DE OFICIO –

El juez de base omitió pronunciarse respecto del apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, ante la falta de exhibición del Informe Financiero exigido por el artículo 34° transitorio de la Ley 21.040, declaración que se encontraba obligado a realizar, tanto porque le fue expresamente solicitado en la audiencia de juicio, como porque pese a que se demostró la existencia de saldos o deudas previsionales de la Corporación Municipal, acogió la excepción de falta de legitimidad pasiva opuesta por ella y por la Municipalidad, rechazando únicamente la promovida por el Servicio Local de Educación de Educación Pública, repartición a la que hace responsable de todos los pagos, omitiendo, en base a aquello, pronunciarse sobre las excepciones de pago y prescripción, alegadas también por la referida Corporación.

Doctrina:

1.- Corresponde anular de oficio la sentencia que rechazó las demandas de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales en contra del Servicio Local de Educación Pública, la Corporación Municipal de Educación y; en contra de la municipalidad ordenando el pago de las diferencias por remuneraciones adeudadas, detallando todos los ítems, y las cotizaciones de seguridad social y de salud no pagadas oportunamente. Esto, debido a que el juez de base omitió pronunciarse respecto del apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, ante la falta de exhibición del Informe Financiero exigido por el artículo 34° transitorio de la Ley 21.040, declaración que se encontraba obligado a realizar, tanto porque le fue expresamente solicitado en la audiencia de juicio, como porque pese a que se demostró la existencia de saldos o deudas previsionales de la Corporación Municipal, acogió la excepción de falta de legitimidad pasiva opuesta por ella y por la Municipalidad, rechazando únicamente la promovida por el Servicio Local de Educación de Educación Pública, repartición a la que hace responsable de todos los pagos, omitiendo, en base a aquello, pronunciarse sobre las excepciones de pago y prescripción, alegadas también por la referida Corporación.
2- La falta de prolijidad demostrada por el sentenciador a quo, al omitir pronunciarse sobre una cuestión fundamental sometida a su decisión, trae como consecuencia que la sentencia adolezca de fundamentación defectuosa, cuando no derechamente de falta de fundamentación. Al respecto, el artículo 459 N° 6 del Código del Trabajo, preceptúa que la sentencia definitiva deberá contener, entre otras menciones fundamentales, la resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal y, el artículo 478 letra e) , por su parte, que es nula la sentencia pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos del artículo 459, por todo lo cual, verificada la concurrencia de la señalada causal, de oficio, se procede a invalidar la sentencia.
3.- El juez del grado se encontraba obligado a pronunciarse, primero, sobre la aplicación del apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, a la Corporación Municipal por no haber exhibido un documento que debía de encontrarse en su poder, esto es, el Informe Financiero que forzosamente debió haber confeccionado en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 34° transitorio de la Ley 21.040 y, a partir de esa declaración, abocarse al análisis de las respuestas entregadas por el Fondo Nacional de Salud, la Administradora de Fondos de Cesantía, y la Administradora de Fondos de Pensiones, que dan cuenta de falta de pago de las obligaciones previsionales respecto de la actora en que incurrió la Corporación Municipal.
4.- En la especie, si bien concurre la causal de nulidad del artículo 478, letra e), en relación con el artículo 459 N° 6, ambos del Código del Trabajo, no es procedente la dictación de una sentencia de reemplazo, por cuanto, como se dijo, el juez del grado, se encontraba obligado a resolver el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del mismo código, y a partir de allí, recién pudo determinar si correspondía acoger la excepción de falta de legitimidad procesal pasiva opuesta por la Corporación Municipal, no obstante que la deuda previsional que mantiene respecto de la actora resultó documentalmente acreditada, ejercicio que acorde lo previsto en el artículo 425 del mismo código, que establece el principio de inmediación, debe ser realizado por el juez ante quien se rinde la prueba, conclusión que es corroborada por lo dispuesto en el artículo 460 , en cuanto indica que si el juez que presidió la audiencia de juicio no pudiere dictar sentencia, aquella debe celebrarse nuevamente.
5.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por el Servicio Local de Educación Pública demandado toda vez que la interposición conjunta de los motivos de nulidad de los artículos 477 y 478 letra b) del Código del Trabajo supone un contrasentido insalvable, pues mientras el primero implica la aceptación de los hechos asentados en el fallo, sin pretender sean éstos modificados, el segundo se orienta a la alteración del factum de la sentencia por considerar que en dicho proceso se infringió el modelo de fundamentación legal establecido por el legislador laboral. De este modo, no cabe sino concluir que yerra el recurrente en el modo de plantear su arbitrio.

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