Corte Suprema confirma fallo que acogió demanda de declaración laboral de funcionaria municipal

La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia deducido en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales presentada por funcionaria desvinculada por la Municipalidad.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al no existir en la materia que el recurrente pretende unificar, dispersión de criterios.

Que, para los efectos de fundar su pretensión, la recurrente cita, en primer término, un fallo de esta Corte dictado en los autos Rol N° 1.930-2005, que señaló que ‘se establecieron como hechos en lo pertinente, los siguientes: a) La demandada negó la existencia de una relación laboral entre las partes; b) Con el convenio aparece que el FOSIS, contrató los servicios del actor a honorarios, en su calidad de Agente de Desarrollo Local o consultor, para el cumplimiento de sus metas y compromisos institucionales destinados al mejoramiento de la gestión del servicio, encomendándole labores relacionadas con materias de supervisión, acompañamiento, gestión y control administrativo de los proyectos que el servicio financia, en el marco de desarrollo social y de fomento productivo que se ejecutan en la Región Metropolitana, en las condiciones establecidas en las cláusulas 3°, 4°, 7°, 8° y 12° del convenio; c) En la cláusula sexta se estableció que recibiría como retribución a suma alzada o total la cantidad de $8.257.968, dividida en doce cuotas mensuales de $688.164 cada una de ellas, además de otros beneficios, entre otros, un feriado de quince días hábiles; d) En la cláusula novena se determinó que el consultor debía entregar al FOSIS la correspondiente boleta de honorarios por los servicios profesionales, debiendo la entidad mencionada enterar la correspondiente retención tributaria; e) En la cláusula décima se convino que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el agente o consultor debía suscribir un pagaré a la vista por la cantidad de $825.797; f) La obligación del consultor de extender un acta sobre las actividades que llevaba a cabo, documento que re visaba el coordinador territorial encargado de fiscalizar los resultados de la gestión del actor, estipulándose una jornada de 44 horas semanales; g) El consultor tenía derecho a ausentarse o reducir la prestación de servicios dentro de las setenta y dos horas siguientes a la extensión de una licencia médica”, reproduce el fallo.

La resolución agrega que: “En segundo término, indicó otra sentencia de esta Corte, pronunciada en los autos Rol N° 4.284-2007, que indicó que ‘se establecieron como hechos, los que siguen: a) En el contrato de 4 de julio de 2001, aparece que la demandante fue contratada para prestar asesoría en materias relacionadas con los programas del adulto mayor y en la cláusula segunda se estipuló que por tales servicios percibiría la suma de $714.676, pagaderos los cinco primeros días del mes, debiendo otorgar una boleta de honorarios. Lo mismo establece el contrato suscrito entre las mismas partes, con fecha 1° de mayo de 2001; b) En el capítulo cuarto de dichos contratos, se estipuló que la demandante debía ejecutar fuera de la jornada ordinaria cualquier cargo regido por la ley 18.834 y, en el quinto, se hace constar que el instrumento se refiere a labores regidas por el artículo 10 de la legislación pertinente; c) En el cuaderno de documentos se contiene un informe de desempeño en el cual aparece que la actora atendía público en general, recepcionaba documentos y otras funciones administrativas en los programas “beca Presidente de la República’, ‘subsidio de agua potable’ y ‘subsidio familiar’; d) En los contratos antes referidos y de las solicitudes de feriado legal de abril de 2001 y septiembre de 2002, aparece que la actora tenía derecho a feriado legal y proporcional; e) Del cuaderno de documentos aparece que se extendieron liquidaciones de sueldo por el período comprendido entre abril de 1995 hasta el mismo mes del año 2001 inclusive, en los meses de mayo y julio se extendieron liquidaciones de honorarios y a partir de febrero de 2002 se volvió a la modalidad de liquidaciones de sueldo; f) Los servicios que prestó la actora a través de un sin número de contratos fueron permanentes continuos e ininterrumpidos; g) No se acreditó haber solucionado el feriado legal; h) A la actora no se le enteraron las cotizaciones previsionales; i) La ex empleadora se limitó a comunicarle a la demandante que prescindiría de sus servicios sin invocar causal alguna; j) El monto de la remuneración se fijó en la suma de $321.604. k) El período por el cual se desempeñó la actora para la demandada se extendió desde el 1° de agosto de 1990 y concluyó el 30 de noviembre de 2002’”.

En tercer lugar –prosigue– trajo a colación otro fallo de esta Corte, dictado en los autos Rol N° 8.311-2010, que señaló que ‘se fijaron como hechos, los que siguen: a) la demandada niega la existencia de relación laboral con los actores, argumentando vinculación civil de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 18.883, a lo que agrega que se decidió no renovar los contratos por irregularidades detectadas en un sumario administrativo incoado al efecto y ante la imposibilidad de destituir a los demandantes; b) se acompañaron los contratos a honorarios y se acreditó su existencia y cláusulas a través de la prueba rendida; c) los servicios específicos para los que fueron contratados los actores consistieron en la implementación, revisión, coordinación y elaboración de fichas de protección social, única actividad que se acreditó que realizaron los demandantes’”.

En seguida citó otra resolución de este tribunal pronunciada en los autos Rol N° 24.904-2014, en la que no se consignaron los hechos sobre la base de los cuales se decidió, de manera que no se puede hacer la comparación respectiva”, añade.

Por último, indicó una sentencia de esta Corte, dictada en los autos Rol N° 325-2017, que no fue acompañada en el arbitrio que se analiza”, consigna el fallo.

Para la Sala Laboral, en la especie: “(…) en consecuencia, como la situación planteada en la sentencia impugnada difiere de aquellas de que tratan las tres primeras citadas como contraste, en tanto que las dos últimas no pueden ser consideradas por las razones señaladas, no concurre el requisito que se analiza, esto es, que se esté en presencia de situaciones que se puedan homologar; razón por la que el recurso no puede prosperar y debe ser desestimado”.

Ver fallo Corte Suprema aquí.

(Fuente: poder judicial)

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