La Sala aprobó por unanimidad la mayoría de las disposiciones del proyecto que sanciona penalmente la tenencia de chips, celulares o elementos tecnológicos que permiten a los reclusos contactarse con el exterior de las cárceles y cometer delitos desde esos recintos. Quedó listo para cumplir su segundo trámite.
La única disposición que no se ratificó por unanimidad fue la que establece una sanción penal para el funcionario público que no denuncie la tenencia de un celular por parte de un recluso, lo que fue aprobado con 34 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Las diferencias en ese último punto, se deben a que hay quienes consideran que incorporar una sanción penal para estos funcionarios, gendarmes principalmente, es discriminatorio pues ya existe una norma general que tiene asociada una sanción de falta.
Contenido del proyecto
El proyecto tiene como objetivo sancionar como delito, con penas que van desde los 541 días a los 3 años y un día de cárcel, la tenencia de medios tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior de recintos penitenciarios. Actualmente, dicha conducta es considerada una falta administrativa.
Asimismo, señala que el funcionario público que, teniendo conocimiento de la existencia al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados, omitiere denunciar el hecho a la autoridad competente, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio del cargo u oficio.
Consulte Boletín Nº 15796-07.
(Fuente: Senado).
