Resumen Semanal del Editor – Semana N° 29 – Septiembre de 2021

Sugerimos contenidos destacados de la última semana, parte de la Selección Digital del Editor(R) sobre jurisprudencia, doctrina y legislación publicada por nuestra Área Editorial en la sección Actualidad.

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Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de reclamación y confirma multas laborales por vulneraciones a trabajadora embarazada

Se descartó infracción a las reglas de apreciación de la prueba en el fallo que rechazó el recurso.

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COVID-19: Positividad nacional es de 0,99%

Se reportan 604 casos nuevos, 30% de ellos detectados por Búsqueda Activa de Casos (BAC).

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Ley Nº 21.369 regula el acoso sexual la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior

Las instituciones de educación superior adoptarán todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, promoviendo, en particular, las relaciones igualitarias de género.

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Corte Suprema anula cargos sancionatorios a kinesióloga por no entregar fichas de pacientes

La Corte Suprema acogió un recurso de protección y anuló los cargos aplicados a una kinesióloga en un proceso sancionatorio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por infracciones a la Ley de Libre Elección. En la sentencia la Tercera Sala de la Corte Suprema consideró que hubo actuar arbitrario de la autoridad al sancionar a la profesional por negarse a entregar fichas médicas de sus pacientes, siendo que tiene otros mecanismos para verificar atenciones sin vulnerar la privacidad de los pacientes.

En la sentencia la Tercera Sala del máximo tribunal consideró que hubo actuar arbitrario de la autoridad al sancionar a la profesional por negarse a entregar fichas médicas de sus pacientes, siendo que tiene otros mecanismos para verificar atenciones sin vulnerar la privacidad de los pacientes, consideró que hubo actuar arbitrario de la autoridad al sancionar a la profesional por negarse a entregar fichas médicas de sus pacientes, siendo que tiene otros mecanismos para verificar atenciones sin vulnerar la privacidad de los pacientes.

Que, tal como lo ha dicho esta Corte, conforme se colige de las disposiciones antes citadas, FONASA y las Secretarías Regionales Ministeriales tienen asignadas funciones que se complementan entre sí, en tanto a la primera le corresponden las de orden administrativo y financiero, a la segunda las médico administrativas que se ejecutan mediante las respectivas COMPIN.

Que si lo que se quiere verificar por la recurrida, para efectos de cuidar que el financiamiento que efectúe corresponda a las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios, es la real condición de salud de los pacientes y la justificación de las acciones de salud que ha debido financiar, basta con que la COMPIN, en el ejercicio de las facultades técnicas complementarias a las de la recurrida, disponga la práctica de los exámenes y actuaciones clínicas necesarias para dilucidar lo anterior, valiéndose al efecto de todos aquellos registros que aquélla debe tener, en relación a cada paciente, de las prestaciones de salud recibidas, actuar que torna prescindible la revisión de las fichas clínicas de éstos, estimando que los únicos datos que resultan pertinentes de proporcionar por aquél corresponden al nombre, dirección y fono de cada uno de los pacientes, con el fin que la recurrida actualice sus registros y pueda contactarlos para los fines de la investigación que se encuentra desarrollando.”, dice el fallo.

Agrega: “Que, en las circunstancias ya descritas y siendo evidente que la negativa de la actora de entregar las 10 fichas clínicas restantes a FONASA se enmarca dentro de la ley, por cuanto los datos contenidos en ellas aparecen como información sensible para el legislador, salvo los ya señalados precedentemente y que es la propia ley quien de manera imperativa le prohíbe a la facultativa divulgar los datos sensibles de sus pacientes sin previa autorización expresa, por lo que la sanción que le fue impuesta por no entregar fichas clínicas de sus paciente no se ajusta a derecho.”

Además se considera: “Que, por consiguiente, la recurrida al exigir las fichas clínicas de los pacientes de la actora como un requisito para absolverla del segundo cargo, vulneró las garantías constitucionales contempladas en los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que evidentemente dicha entrega afecta la confianza que se genera entre la profesional con sus pacientes y en la reserva de sus antecedentes médicos, lo cual necesariamente afectará, también, en su patrimonio.”

Ver fallo Corte Suprema aquí.

(Fuente: poder judicial)

Resolución Nº 644 dispone medidas sanitarias de desconfinamiento por brote Covid-19

La norma dispone las localidades que retroceden a paso 3 «Preparación» y las que avanzan a paso 3 y paso 4 «Apertura».

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Aprueban proyecto que establece normas sobre acceso a montañas

El proyecto despachado promueve y garantiza el acceso a territorios de montaña o cumbres principales, ubicadas en territorios fiscales a lo largo de Chile.

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Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechaza recurso de protección contra publicación periodística

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas descartó arbitrariedad e ilegalidad de la acción recurrida, ya que ella está amparada por el ejercicio legal de la libertad de informar y opinar y, además, el funcionario es aludido sólo tangencialmente.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso presentado por el detective H.I.B.A. contra M.V.G., en su calidad de propietario del sitio web de noticias “ZonaCero”, a causa de nota periodística publicada el 31 de mayo de 2021 que lo habría involucrado en irregularidades en un caso policial.

En fallo unánime la Primera Sala descartó arbitrariedad e ilegalidad de la acción recurrida, ya que ella está amparada por el ejercicio legal de la libertad de informar y opinar y, además, el funcionario es aludido sólo tangencialmente.

Que lo anterior, es refrendado por lo dispuesto en el artículo primero de la Ley N°19.733, Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, conforme al cual “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas…”, de forma tal, que la publicación está, en principio y dadas las características objetivas ya referidas, protegida por el ordenamiento jurídico vigente, aseveraciones que de acusar el actor ser constitutivas de delito, debe recurrir a la vía destinada para tales efectos, esto es, la sede penal competente, o bien, de estimarse abusivas y dañosas, a la sede civil, según la pretensión que se sostenga, sin que se avizore con los antecedentes expuestos, derecho indubitado alguno en este último sentido, que amerite dar lugar a la declaración de alguna de las medidas solicitadas”, razona el fallo.

La resolución agrega que: “(…) En este orden de ideas, recordar que en la nota, al hacer referencia al recurrente, sólo se afirman condiciones objetivas y veraces, como lo son su calidad de funcionario de la Policía de Investigaciones y su vínculo matrimonial con una ex funcionaria municipal, planteándose luego, una serie de hipótesis relacionadas a la investigación en curso, sin imputarle al menos visible y claramente, participación alguna en situaciones irregulares, menos aún, delictivas, por lo que no cabe considerar que se ha desplegado una conducta de carácter arbitraria, sino enmarcada en una nota informativa”.

“Que de los antecedentes expresados, se concluye que no existe una conducta ilegal o arbitraria de parte de la recurrida que pueda constituir una afectación ilegítima de la vida e integridad psíquica; la honra o la vida privada del recurrente, de modo que procede rechazar la acción intentada (…)”, finaliza el fallo.

Ver fallo Corte de Apelaciones de Punta Arenas aquí.

(Fuente: poder judicial)

Corte de Apelaciones de Iquique desestimó solicitud de desafuero de constituyente por ser improcedente

Se ordenó al Juzgado de Garantía reanudar la tramitación de la causa conforme al procedimiento que corresponda.

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Juzgado Letras y Garantía condena a empresa minera a indemnizar a trabajador que sufrió vulneración de su integridad psíquica por acoso

El magistrado acogió la demanda, tras establecer que la empresa tuvo responsabilidad en el daño a la integridad psíquica del demandante. 

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