Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprueba proyecto minero Dominga

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobó con once votos a favor y uno en contra el proyecto minero-portuario «Dominga» que contempla la construcción de una mina de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, además de un puerto. [Read more…]

Corte Suprema confirma sentencia de apelación que rechazó recurso de protección contra el SERNAMEG y la Controlaría General de la República

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la acción de protección deducida por dos funcionarias públicas contra el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) y la Contraloría General de la República, debido a que se les aplicó la medida disciplinaria de destitución como resultado de un sumario administrativo por contravenir el principio de probidad administrativa.

Según las recurrentes la resolución mediante la cual fueron destituidas no cumple con el deber de fundamentación del acto administrativo y que por lo tanto estiman infringido el debido proceso, ya que no se señalan los medios de prueba que permitiesen levantar cargos en su contra, que no se fundamenta el por qué se desestiman los descargos presentados y que tampoco se señalan los argumentos que llevan a concluir la efectividad de los hechos investigados así como su responsabilidad administrativa.

La Corte de Santiago señaló que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto ya que lo que se impugna es la resolución que impuso la sanción de destitución como resultado de un sumario administrativo llevado a cabo por la autoridad en el ámbito de sus atribuciones legales y  el acto de toma de razón de dicha resolución efectuado por la Contraloría General de la República, quien tiene potestad exclusiva y excluyente para el control preventivo de juridicidad de los actos administrativos de acuerdo a las facultades conferidas por ley. Las recurrentes cuestionaron como fueron valorados los antecedentes en el sumario administrativo lo que es una valoración del fondo y dado el carácter cautelar y urgente de la acción de protección no es entonces el mecanismo adecuado para revisar el asunto.

Se concluyó que la recurrida no actuó de manera ilegal o arbitraria ya que SERNAMEG frente al hecho constitutivo de la falta de probidad que llegó a su conocimiento, instruyó un sumario administrativo que se sustanció de acuerdo a la Ley N° 18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo, donde las funcionarias imputadas ejercieron plenamente su derecho a defensa, siendo asistidas por defensa letrada; se les formularon cargos precisos, en que se describieron con claridad los hechos imputados y las normas vulneradas; fueron notificadas de las actuaciones y tuvieron acceso al expediente; ambas prestaron declaración, formularon descargos, solicitaron diligencias probatorias y presentaron pruebas. Así, en base a la investigación realizada se tuvo por acreditada la falta de probidad prevista en el artículo 64 de la Ley N° 18.575 LOC Sobre Bases Generales de la Administración del Estado, aplicándose la sanción de destitución prevista en el Estatuto Administrativo por tratarse de un hecho que vulneró gravemente el principio de probidad administrativa; acto del cual tomó razón la Contraloría General de la República en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley N° 10.336. Por todo lo señalado  el Tribunal de alzada rechazó la acción deducida ya que no consideró infringida la garantía del debido proceso en que las recurrentes fundaron su pretensión, siendo confirmada la sentencia apelada por la Corte Suprema.

(Fuente Diario Constitucional)

Ley Nº 21.060 fortalece el Servicio de Tesorerías

Con fecha de hoy 02 de febrero se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.060 que fortalece el Servicio de Tesorerías, la cual se encarga de adecuar la actual planta del personal de la Tesorería General de la República dando mayor exigencia a las funciones recaudadoras, para fortalecer la gestión del Servicio de Tesorerías, además de dotar al Tesorero General de la potestad para establecer la organización interna de la institución y autorizar la eliminación de documentos oficiales del servicio que se encuentren en desuso, y con más de 10 años de antigüedad, contados desde su emisión, con el objeto de otorgar mayor dinamismo a la funciones recaudadoras del Servicio, en el marco de los desafíos que impone la reforma tributaria.

Los principales objetivos del proyecto consisten en reestructurar las plantas y fortalecer la gestión del Servicio de Tesorerías, dotándola de una estructura más acorde para ejercer la función de cobro que la ley le encomienda. La Reforma Tributaria naturalmente ha implicado un aumento significativo de las actividades de fiscalización tanto en cantidad como en naturaleza para los años 2017 y 2018, lo que, consecuentemente, hace absolutamente necesario una adecuación de la estructura de plantas de la Tesorería General de la República.

Esta nueva ley faculta al Presidente de la República para que dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular materias relacionadas a la fijación de plantas de personal del Servicio de Tesorerías y dictar todas las normas necesarias para su adecuada estructuración y funcionamiento.

En especial, el Presidente podrá determinar el número de cargos para cada grado de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; los cargos de exclusiva confianza y de carrera, entre otras. También podrá crear, suprimir y transformar cargos y, además, podrá establecer normas de encasillamiento. Así mismo establecer las fecha de entrada en vigencia de las plantas que se fijen y de los encasillamientos del personal que se practiquen. Es por eso que la Ley en su artículo 2º establece una serie de consideraciones  para el o los decretos con fuerza de ley que fijarán las  nuevas Plantas del Servicio de Tesorerías  a los que quedarán sujeto en encasillamiento del personal.

El proyecto indica que a contar del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación de la ley  se establecerá un bono por experiencia calificada de apoyo a la gestión de recaudación tributaria para el personal del Servicio de Tesorerías, titular de cargos de las plantas de técnicos, de administrativos y de auxiliares, cuando cumpla diez años de servicios en el grado tope de la respectiva planta.

Finalmente la ley incorpora en el artículo 5  del decreto con fuerza de ley  que fija el texto refundido del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, referido a  las atribuciones y deberes inherentes al servicio a cargo del Tesorero General,  las siguientes letras r) y s):

“r) Establecer la organización interna del Servicio de Tesorerías y determinar las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de sus áreas, tales como divisiones, departamentos o secciones, establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley Nº 18.575, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal.

s) Autorizar la eliminación de documentos oficiales del Servicio, que se encuentren en desuso y tengan más de diez años de antigüedad, contados desde la fecha de su emisión. Podrá delegar esta facultad en cualquier directivo del Servicio, que para estos efectos actuará como ministro de fe. Se tendrán por auténticas las copias electrónicas obtenidas a partir de los registros de la Tesorería General de la República, de toda la información que se reciba, elabore o conserve en dicho formato electrónico.”.

Consulte Ley Nº 21.060 aquí

 

Ley N° 21.015, «Ley de Inclusión Laboral»

Este jueves 15 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 21.015  que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral denominada comúnmente en la prensa como Ley de Inclusión Laboral”. Esta ley tuvo su origen en la moción ingresada el 9 de agosto de 2011, Boletín N° 7855-13 (refundido con Boletín N° 7025-13) que  “Modifica la Ley N° 20.422 Para establecer reserva legal de empleos, para personas con discapacidad”. Descargue texto de la Ley N° 21.015, de inclusión laboral.

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MODIFICACIONES LEGALES

La ley 21.015 introdujo modificaciones en las siguientes normas legales:

Ley N° 20.422, que «Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad», modifica los artículos 45 y 47.

Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Modifica el artículo 17.

Código del Trabajo, modifica el Título III del Libro I, se agrega un Capítulo II, nuevo, compuesto de los artículos 157 bis y 157 ter.

Ley N° 18.600, «Establece normas sobre deficientes mentales». Deroga Artículo 16.

Ley N° 16.935, que «Fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la superintendencia de seguridad social». Modifica artículo 2°.

PUNTOS RELEVANTES DE LA LEY

Para efectos de la presente alerta, consecuencia de las modificaciones enunciadas es posible destacar lo siguiente:

FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PERSONAL DE LOS ÓRGANOS DE ESTADO

La modificación al inciso primero del Artículo 45 de la Ley N° 20.422, declara que en los procesos de selección de personal, los órganos del estado deberán realizados, preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad. Así, el inciso primero de la disposición citada prescribe: Artículo 45.- En los procesos de selección de personal, los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 1 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad”

Obligación de dotación de personas con discapacidad

Además, el inciso 2° impone la obligación a las instituciones indicadas  de tener  una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos el 1% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación que establece esta ley.

Para operativizar esta obligación, el inciso 5° del precepto en comento, remite la dictación de un reglamento Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  En tanto, el inciso final del artículo 45, expresa que el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, deberán dictar sus normas propias.

Prohibición de Discriminación Arbitraria

Otro aspecto relevante en cuanto a Funcionarios públicos y personal de los órganos de estado, se refiere a la modificación introducida al inciso 3° del artículo 17 del Estatuto Administrativo, cuyo texto se sustituye para ubicar dentro de esta ley de forma expresa la prohibición de discriminación arbitraria.

«Prohíbese todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o restricciones, tales como aquellas basadas en motivos de raza o etnia, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, discapacidad, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal o enfermedad, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo»

CÓDIGO DEL TRABAJO Y RELACIÓN LABORAL

Modificación al Código del Trabajo

El artículo 3° de la Ley N° 21.015, modifica el título III del libro I del Código del Trabajo, en primer lugar reemplazando su denominación por “Del Reglamento Interno y la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad”, para luego agregar un nuevo  “Capítulo II De la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad” que se compone de los artículos 157 bis y 157 ter, nuevos.

Obligación de dotación de trabajadores con discapacidad

El artículo 157 bis, de manera análoga, la obligación ya reseñada del artículo 45 de la Ley N° 20.422, a los empleador. El inciso 1° establece: “Artículo 157 bis.- Las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en relación al total de sus trabajadores”. Del mismo modo, el inciso final de dicho, ordena la dictación de un Reglamento por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Régimen alternativo a obligación de contratación de persona discapacitadas

El artículo 157 ter, permite que  a las empresas cumplir alternativamente esta obligación. Así, los incisos 1° y 2° del precepto rezan: “Las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación establecida en el inciso primero del artículo anterior, deberán darle cumplimiento en forma alternativa, ejecutando alguna de las siguientes medidas:

a) Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad.

b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la ley N° 19.885.

Sólo se considerarán razones fundadas aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado”.

 También se produjeron modificaciones relacionadas a la aplicación de normas del Código del Trabajo, en estas destacan:

Limitación de edad para contrato de aprendizaje

Se modifica el Artículo 47 de la Ley N° 20.422, limitando la contratación de personas con discapacidad bajo contrato de aprendizaje hasta los 26 años de edad.

Aplicación de Ingreso Mínimo a contratos de personas con discapacidad mental

Otra modificación a destacar, es que se deroga el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que exceptuaba las disposiciones sobre ingreso mínimo a la celebración de contratos de trabajo de personas con discapacidad mental.

VIGENCIA DE LA LEY

En cuanto a la entrada en vigor de las disposiciones de esta ley,el artículo primero transitorio, expresa que ésta “entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente a la publicación en el Diario Oficial de los reglamentos señalados en sus artículos 1 y 3”, mencionados en la presente alerta. En tanto, el artículo segundo transitorio, ordena que estos reglamentos deberán dictarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la publicación de esta ley.

(Fuente: Obsertatorio Legal Microjuris – Producto Microjuris Municipalidades)

Corte de Santiago modifica sanciones aplicadas por ISP a laboratorio por no respetar normas de bioequivalencia

La Corte de Apelaciones de Santiago modificó las sanciones aplicadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) al Laboratorio Chile S.A. por no respetar las normas de bioequivalencia en siete medicamentos registrados por la empresa farmacéutica.

En fallo unánime (causa rol 13.328-2016), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Mireya López y Viviana Toro– revocó parcialmente las sanciones aplicada tras sumario sanitario, al establecer que la cancelación de los registros sanitarios de los medicamentos establecida por el ISP, atenta contra el debido proceso.

«El sumario sanitario incoado fue porque se imputó al Laboratorio Chile el haber infringido el artículo 221 del Reglamento antes mencionado, esto es, no haber efectuado la demostración de equivalencia terapéutica de los siete medicamentos indicados, sin que en lo puntual se le haya recriminado haber además incurrido en alguna de las causales de cancelación», sostiene el fallo del tribunal de alzada.

La resolución agrega que: «conforme a lo anterior se atenta contra el debido proceso cuando al momento de sancionar se hace extensible al Laboratorio la posibilidad cierta de cancelar sus registros farmacéuticos, sin que previamente se haya debatido sobre esa posibilidad, pues aquello lo deja en la indefensión (…) si bien la cancelación se ha dispuesto previo informe favorable del Ministerio de Salud, ello no revierte la indefensión del Laboratorio en la instancia sumarial, en la cual corresponde formular los descargos y rendir las probanzas de rigor».

Asimismo, el fallo rebaja a 500 UTM (unidades tributarias mensuales) el monto de las siete multas que deberá pagar el laboratorio por no respetar la normativa sobre estudios de bioequivalencia farmacéutica.

«I. – Que se revoca la sentencia apelada de cinco de mayo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 373 en la parte que confirmó la orden de cancelación de los siete registros farmacéuticos del Laboratorio Chile S.A. previo informe favorable del Ministerio de Salud, y en su lugar se deja sin efecto dicha orden de cancelación;
II. – Que se revoca la sentencia en la parte que condenó a la reclamante al pago de las costas de la causa y en su lugar se le absuelve de las mismas por no haber resultado totalmente vencida;
III . – Que se confirma en lo demás apelado la referida sentencia con declaración que se rebaja cada multa impuesta a la reclamante a 500 Unidades Tributarias Mensuales por cada uno de los siete medicamentos respecto de los que no se han hecho los estudios de bioequivalencia».

(Fuente: Poder Judicial)

Comisión de Hacienda de Diputados despachó proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

Sobre la base de las indicaciones comprometidas por el Gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, con lo cual la propuesta quedó en condiciones de ser visto prontamente por la Sala.

En su mayoría, las modificaciones presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Comisión dicen relación a los acuerdos alcanzados en enero pasado con el personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP), entidad que será reemplazada por la nueva Dirección.

«Lo que hacen es incorporar en la ley algo que está en el espíritu en el mensaje y es que los funcionarios mantendrán exactamente las mismas condiciones que tienen hoy día en la situación transitoria cuando pasen a la situación permanente y que eso quede claro, prístino en la ley», explicó en su minuto el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

En concreto, se integra al cuerpo legal una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

Según se define en el texto, el monto de la asignación especial no podrá ser superior a un 60% de la suma del sueldo base y otras asignaciones específicas.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto fundado en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los beneficiarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto y septuagésimo tercero de la Ley 19.882.

Adicionalmente, se establece que la asignación especial recién señalada será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, a la fecha de su contratación, cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

a) Haber prestado servicios a honorarios por, a lo menos, 5 años continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La iniciativa define que los cupos se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, no pudiendo reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cesare en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos.

Luego, se establece que la asignación especial no podrá significar un gasto total anual superior a $545 millones de pesos, el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan.

Otra de las indicaciones viene a reflejar un acuerdo del Gobierno con los diputados de Hacienda, en orden a adelantar desde un año a nueve meses la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.

Otros datos

La propuesta legal, ingresada a trámite legislativo en junio de 2015, crea la citada Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y establece la obligación del Ministerio del ramo de contar con una planificación permanente en un horizonte a cinco años.

Además, la nueva institucionalidad promueve el fortalecimiento del modelo de gestión y de fiscalización de los proyectos, así como el perfeccionamiento del modelo de desarrollo y de aprobación de estos; y la profundización de las capacidades para el análisis y estructuración financiera de los proyectos.

Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cartera entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros; la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión interna y para la entrega de información a la ciudadanía; y una mayor coordinación con otros organismos públicos, entre otros aspectos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10126.

Ingresó proyecto que regula reajuste de altas autoridades del estado

La iniciativa crea un Consejo Asesor cuyo rol será determinar el reajuste de las remuneraciones de las altas autoridades del sector público como ministros, subsecretarios e intendentes, además de los parlamentarios, para que estos no tengan que intervenir en definir su propio reajuste.

Así lo explicó el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien subrayó que este es un trabajo que lleva ya varios meses para ver “cómo tratamos las remuneraciones de los altos cargos públicos, para que el Congreso no tenga que votar su propio reajuste… y hacerse cargo de una crítica recurrente”.

El consejo, agregó Valdés, será de carácter técnico e imparcial, para que el reajuste de los altos cargos sea diferenciado del resto, destacando su importancia “porque va a mejorar la institucionalidad respecto de un tema que siempre es tenso”.

El personero también aclaró que esto no implica un congelamiento de las remuneraciones, lo cual en la práctica ya ha ocurrido en los últimos años, lo que a largo plazo, aseguró, genera un escenario complejo.

“Llevamos dos años en que las dietas y las remuneraciones más altas del sector público han tenido un reajuste real negativo, porque han sido nominalmente congeladas. Eso significa que ni siquiera han tenido la inflación, y por lo tanto se va acumulando una disminución real de los salarios, que puede tener buenas razones de corto plazo, pero que no se puede mantener como una constante, si no, vamos a tener un problema respecto de talentos en el sector público porque esto achata toda la estructura salarial”.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, relevó que este consejo en ningún caso reemplaza a la mesa del sector público que negocia año a año el reajuste para la totalidad de funcionarios de la administración del Estado. En la misma línea, puntualizó, el reajuste que el Consejo determine no podrá ser superior al reajuste general de remuneraciones de los trabajadores de la administración pública.

Sobre la urgencia, esta se resolverá una vez que se defina la agenda legislativa pero se espera que esté aprobado antes del próximo reajuste, en diciembre de 2017.

(Fuente: Diputados)

Diputados presentan proyecto que modifica estatutos que rigen a los consejeros del CDE

Los diputados Jaime Pilowsky (DC), Sergio Espejo (DC) y Tucapel Jiménez (PPD), presentaron un proyecto de ley con el objetivo de modificar los estatutos que rigen la duración y nominación de los abogados consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

Este proyecto se suma a la iniciativa presentada en junio de 2015 por los mismos parlamentarios, que dice relación con la exclusividad de funciones de los consejeros del organismo, moción por la que Pilowsky solicitó urgencia al Ejecutivo previo a la nominación de Javiera Blanco como miembro del Consejo.

El legislador dijo que “defender los intereses del Estado es una tarea de la más alta responsabilidad en la cual se requiere a profesionales que sean servidores públicos comprometidos y calificados. Dicho lo anterior, nos pareció adecuado profundizar en su modernización, ya que en la actualidad los miembros del consejo son prácticamente inamovibles en sus cargos”.

El parlamentario explicó que en lo sustancial, “el proyecto modifica el tiempo de permanencia de los consejeros el CDE, que en la actualidad se pueden desempeñar hasta a los 75 años de edad, a un período de permanencia en el cargo de 10 años. Además, modifica el sistema de nominación, pasando de ser atribución exclusiva del Presidente(a) de la República, a una terna formada por las reglas del sistema de Alta Dirección Pública”.

Para el diputado Espejo “la actual estructura del CDE no es capaz de combinar el valor de la experiencia con la apertura a las nuevas realidades a que debe enfrentarse la protección del interés fiscal. Reformar el CDE para potenciarlo desde una nueva combinación de experiencia y renovación jurídica es indispensable”.

(Fuente: Diputados)

Contraloría amplió el requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país

Patente MunicipalesCon la publicación de las Instrucciones sobre la Preparación de los Estados Financieros Municipales por parte de este organismo de control, se inicia el período de elaboración y presentación de la información financiera del ejercicio contable 2016. Los antecedentes deberán ser remitidos a la CGR hasta el 30 de abril de este año.

Cabe señalar que los estados financieros deberán considerar las operaciones ejecutadas durante 2016 en forma comparativa con las operaciones del año anterior.

La CGR establece que su elaboración tendrá que cautelar la aplicación de la normativa y procedimientos contables vigentes, especialmente en lo que dice relación con las notas explicativas, las que constituyen uno más de los estados exigidos.

Tres son los principales cambios que Contraloría estableció en las Instrucciones de este año:

El primero corresponde a la ampliación del requerimiento de estados financieros a la totalidad de municipios del país. Hasta el ejercicio anterior esta obligación sólo se había limitado a una muestra de gobiernos locales.

El segundo cambio está dado por la introducción de medidas específicas para asegurar la confiabilidad de las cifras al cierre del ejercicio, tales como la correcta declaración de los saldos vigentes de deudores por rendiciones de cuentas; los saldos de deuda corriente, no corriente y otras; y la ejecución presupuestaria municipal.

La tercera modificación se refiere a la exigencia adicional de entregar información financiera de las corporaciones municipales, en forma de nota explicativa. Este antecedente será de gran relevancia para dar a conocer la situación financiera municipal de una manera integral.

La información que deberá ser aportada por los municipios a través de estos estados financieros no sólo constituirá, de acuerdo a la CGR, un insumo para mejorar la fiscalización de éste órgano sobre los municipios, sino que también permitirá a las propias entidades edilicias manifestar su compromiso con la transparencia financiera, empleando estos informes como un instrumento para dar a conocer las fuentes y destino de los recursos municipales.

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte Suprema condena a Municipalidad a pagar indemnización por automóvil que cayó en un hoyo en la vía pública

eventos en autopista hoyos bachesLa Corte Suprema acogió recurso de casación y condenó a la Municipalidad de Los Ángeles a pagar una indemnización total de $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos) a grupo familiar que sufrió diversas lesiones, producto de un accidente automovilístico provocado por una zanja en la vía pública.

En fallo unánime (causa rol 57.156-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes y los abogados (i) Rafael Gómez y Arturo Pardo– acogió la demanda presentada por Francisco Briones Bustamante en contra del municipio.

El demandante transitaba el 3 de marzo de 2014, junto a su esposa y nieto, abordó de su automóvil. Vehículo que cayó en un orificio de 40 centímetros, ubicado en calle Caupolicán de Los Ángeles, el que no contaba con ningún tipo de advertencia o señalización.

En sentencia de reemplazo, el máximo tribunal del país establece la responsabilidad del municipio por la falta de servicio.

«Ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, en situaciones como aquella a que se refieren los antecedentes de autos, que la función general de cuidado que sobre las calles y veredas situadas dentro de la respectiva comuna entrega a los municipios la primera de las disposiciones mencionadas en el motivo que antecede, debe ejercerse «sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a otros órganos públicos o a empresas concesionarias de servicios públicos respecto de instalaciones específicas», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «aun cuando no le correspondiera a las municipalidades la mantención y supervisión de las vías públicas de su comuna, de todas maneras no podría el municipio sustraerse de la responsabilidad que en este juicio se le reclama por la actora, dada la amplitud con que ha de entenderse, según antes se expresó, referida al deber de administración que le incumbe en relación a los bienes nacionales de uso público de que se trata».

«Para arribar a esta conclusión debe tenerse especialmente en consideración lo expresado en el artículo 188 de la Ley N° 18.290, con arreglo al cual, las municipalidades tienen la obligación de advertir acerca de cualquier desperfecto que sus inspectores detectaren en las calzadas y aceras y comunicarlo a la repartición o empresa encargada de repararlas; obligaciones de mantención, cuidado y prevención cuyo carácter imperativo queda en evidencia, como se ha dicho, al establecerse en el artículo 169 inciso 5° de la Ley N° 18.290 la responsabilidad civil de las municipalidades», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

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