Dentro de las modificaciones legales la ley aumenta el límite para la inversión de los Fondos de Pensiones en activos alternativos pasando de un máximo de un 15% a un 20%.

Los profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto del solicitante.

Para llevar a cabo la distribución, las cooperativas deberán contar con el informe favorable de sus estados financieros por parte de la junta de vigilancia o del inspector de cuentas, según corresponda.