Corte Suprema ordena a Municipalidad de Santiago entregar recursos para mantención de muros de iglesia

iglesia-san-francisco-santiagoLa Corte Suprema ordenó a la Municipalidad de Santiago entregar los medios materiales y humanos necesarios para limpiar y pintar los muros de la Iglesia San Francisco, monumento nacional que se ubica en el centro de la ciudad.

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En fallo unánime (causa rol 6086-2013), los ministros de la Tercera Sala Sergio Muñoz, Héctor Carreño y María Eugenia Sandoval; además de los abogados integrantes Jorge Baraona y Emilio Pfeffer, acogieron el recurso de protección presentado en contra del municipio por el párroco del templo.

La resolución de la Corte Suprema determina que el municipio, como órgano de Estado, debe participar en la conservación del patrimonio histórico de acuerdo a las normas de la Ley de Monumentos Nacionales.

“Que en tales circunstancias es dable concluir que la municipalidad recurrida –como órgano del Estado– participa del deber de cooperación y conservación del patrimonio nacional por lo que le asiste la obligación legal de realizar todos los esfuerzos necesarios para el debido cuidado de la Iglesia cuya protección se solicita por este arbitrio, debiendo en consecuencia aportar los medios materiales y humanos para su resguardo, proporcionar pintura de recuperación para pintar la fachada, muros y en especial cuidar las puertas del templo histórico. Asimismo Carabineros de Chile deberá incrementar las rondas periódicas para controlar y vigilar la posible acción de terceros que provoquen daños al templo y se ocupará especialmente de implementar un plan que permita otorgarle una inmediata cautela o protección cuando el actor así lo requiera desde que solo de ese modo se evita la vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N° 2, que se ve afectada al producirse una discriminación arbitraria en relación con otros monumentos históricos que son debidamente protegidos y conservados por la autoridad”, sostiene el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema acoge recurso de casación en caso de muerte de comunero mapuche

mapucheLa Corte Suprema acogió un recurso de casación y dictó sentencia de reemplazo en la investigación por el homicidio del comunero mapuche Jaime Mendoza Collio ocurrido el 12 de agosto de 2009 en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía.

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En fallo dividido (rol 6735-2012) los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, el abogado integrante Jorge Baraona y el auditor general  (s) del Ejército Roberto Reveco acogieron el recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y condenaron al cabo de carabineros Miguel Patricio Jara Muñoz, a la pena de tres años de presidio por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. Se concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

La decisión determina que Mendoza Collio murió por disparos de Carabineros desestimando la tesis de la legítima defensa que había aplicado la Corte Marcial para absolver al uniformado.

“En el caso de autos se tuvo por acreditado que el 12 de agosto de 2009 se produjo una ocupación de terrenos en el fundo San Sebastián de la comuna de Ercilla, IX Región de la Araucanía, por parte de un número indeterminado de comuneros mapuches, por lo que Carabineros concurrió al lugar cumpliendo la orden impartida por la Fiscalía Local de Angol de desalojar el predio y proceder a la detención de los responsables en caso de flagrancia. Es así como personal de Fuerzas Especiales de la Prefectura de Malleco, más personal especialista del GOPE de Santiago que prestaba apoyo circunstancial a los procedimientos policiales realizados en la zona, se trasladaron hasta dicho predio alrededor de las 14:30 horas. Al llegar los funcionarios de la patrulla del Gope compuesto por el Teniente Raúl Alejandro Sáez Pezo y otros seis hombres que detentaban grados de Sargento y Cabo se separaron en dos grupos, uno compuesto por 4 hombres y el otro por 3. En este último, uno de sus integrantes de grado Cabo 1° se adelantó a los demás y persiguió a unos sujetos que al decir de los funcionarios les habrían disparado con armas de fuego, persecución que se llevó a efecto hasta las cercanías de un canal, donde conforme lo señala el funcionario policial persecutor fue atacado con una escopeta de perdigones, lo que lo motivó a efectuar disparos al aire de intimidación y advertencia con la pistola fiscal marca Jericho calibre 9 mm. serie 97304417, para luego y al ser objeto de un nuevo ataque de las mismas características realizar un quinto y último disparo en contra de uno de sus presuntos atacantes, el que se hallaba a una distancia aproximada de 30 metros, el cual le impacta en la región torácica, cara posterior del hemitórax derecho -espalda-, saliendo el proyectil por el hemitórax anterior izquierdo -región precordial-, causando su deceso a raíz de dicha lesión por arma de fuego”, dice el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema ordena a servicio de salud aconcagua indemnizar a familia de paciente fallecido

corte-supremaLa Corte Suprema condenó al Servicio de Salud Aconcagua a pagar una indemnización $95.000.000 (noventa y cinco millones de pesos) a la viuda e hijos de un paciente que falleció en el hospital San Camilo de San Felipe, tras recibir un diagnóstico erróneo que impidió una atención oportuna y eficaz.

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En fallo dividido (causa rol 3582-2012), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Alfredo Pfeiffer (suplente); además del abogado integrante Emilio Pfeffer, determinaron que el Servicio de Salud debe pagar $45 millones a la cónyuge y $ 25 millones a cada uno de sus dos hijos.

De acuerdo a los hechos que constan en el proceso, Arnaldo Ampuero concurrió, el 6 de abril de 2009, hasta el hospital San Juan de Dios de Los Andes con vómitos, dolor lumbar y mareos, recinto que lo derivado -con diagnóstico de meningitis- al hospital San Camilo de San Felipe, para que se le realizara un scanner, recinto donde el paciente, finalmente, falleció.

“Que de los antecedentes del proceso surge que en el Hospital de Los Andes se le efectuó un diagnóstico erróneo a Arnaldo Ampuero y que luego en el Hospital San Camilo de San Felipe no se le otorgó una atención oportuna y eficaz, toda vez que a pesar de ingresar a dicho recinto hospitalario por derivación del de Los Andes con diagnóstico de meningitis no sólo no se le realizó el TAC o scanner solicitado en la derivación, sino que no se le efectuó ningún otro procedimiento o examen distinto a los de sangre y orina que permitiera confirmar o desechar el diagnóstico de remisión. Que por otra parte, la circunstancia de haber sido ingresado en la denominada sala de yeso al cuidado de su cónyuge dificultó la supervisión de su estado por personal paramédico, derivando en una situación de crisis que finalmente terminó con su deceso”, sostiene el fallo.

Corte de Santiago acoge recurso de protección de ciudadana extranjera contra el Registro Civil

corteLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por una ciudadana peruana, a quien el Servicio de Registro Civil le negó la entrega de un certificado de antecedentes por no poseer cédula de identidad y estar en una situación migratoria irregular.

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En fallo unánime (causa rol 12449-2013), los ministros de la Novena Sala Alfredo Pfeiffer, Omar Astudillo y la abogada integrante Mariana de la Puente, acogieron la acción cautelar presentada por Nancy Arce Borja.

La recurrente concurrió hasta una de las oficinas del Registro Civil para solicitar la entrega de un certificado de antecedentes; sin embargo, el servicio no le entregó el documento, argumentando que la solicitante no poseía cédula de identidad para extranjeros y  estar en una situación migratoria irregular y registrar un decreto de expulsión en su contra.

La sentencia del tribunal de alzada determina que el actuar del Registro Civil vulnera el derecho de igualdad ante la ley –garantizado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política– que no hace distingo alguno entre ciudadanos nacionales y extranjeros y, en la práctica, es “un incentivo perverso a la clandestinidad”.

“Cabe poner de relieve que todo extranjero tiene derecho a emigrar de su país (STC, 04 de julio de 2013, motivo décimo, Rol 2273-12). Sigue a ello añadir que, además, es titular de los mismos derechos fundamentales que un nacional, puesto que en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, se proclama a tales derechos como asegurados“a todas las personas”, sin distinción alguna, de modo que el imperativo de respeto y promoción de tales derechos esenciales, en los términos a que alude el artículo 5° de la Carta Fundamental, se hace extensivo a los no nacionales que se encuentran en el territorio de Chile. De otro lado, confirma lo que se viene diciendo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y el artículo 1.1 de Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que obligan a los Estados a respetar y garantizar esos derechos a todas las personas que se encuentran en su territorio, sin distinción ni discriminación alguna, sea de raza, sexo, idioma, religión, opinión u origen nacional, entre otros criterios sospechosos”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Aun cuando no existiera una simetría exacta entre el derecho a emigrar y el deber del Estado que recibe a otorgar residencia, lo cierto es que un extranjero avecindado en Chile tiene que disponer –cuando menos– de la posibilidad de intentar la regularización de su estadía, máxime cuando para ese fin busca sujetarse a la normativa interna implementada al efecto. Un parecer distinto significaría un incentivo perverso a la clandestinidad”.

“Desde la óptica que confieren esas premisas esenciales, se tiene que el sentido del artículo 76 de la Ley de Extranjería no puede ser otro que impedir que se consolide una situación irregular, pero no con un propósito de degradar derechos sino que, al contrario, de velar por la situación especialmente vulnerable de quien atraviesa por esa condición, propiciando entonces la tutela de esos derechos. Por lo tanto, nada está más alejado del fin que debe lograrse con esa disposición legal, que obstaculizar la regularización pretendida por la recurrente. Un significado como ése contraría el orden fundamental. Es más, la manera en que ha actuado el servicio recurrido conduce a una situación absurda o a un círculo vicioso: como la peticionaria no ha regularizado todavía su situación migratoria, no puede obtener cédula de identidad para extranjeros y ocurre que para obtenerla, precisa el certificado de antecedentes que reclama (…) la actuación cuestionada coloca a la recurrente en una estado de imposibilidad de cumplimiento de las exigencias administrativas, se la obliga a mantenerse en la irregularidad, se la deja en un borde carente de racionalidad y proporcionalidad que, así, deviene en arbitrario e ilegal. Todo ello, afecta su derecho a la igualdad que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República que –en la dimensión que interesa- consiste en la necesidad de recibir un tratamiento equivalente entre iguales y que se traduce en un imperativo de no discriminación y de prohibición de la arbitrariedad. (“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”). En efecto, la negativa a otorgar su certificado de antecedentes a la recurrente se ha sustentado –en último término– en su condición de extranjera, distinción que proscribe tanto la normativa nacional como internacional”, agrega.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema rechaza recurso contra fallo que condenó a famae por responsabilidad en accidente aéreo

corte-supremaLa  Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a las Fábricas y Maestranzas del Ejército  (Famae) por un accidente de un avión de su propiedad ocurrido en la ciudad de San Felipe, en 2006.

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En fallo unánime (causa rol 1006-2012), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal del país Sergio Muñoz, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Alfredo Pfeiffer (suplente); además del abogado integrante Emilio Pfeffer, desestimaron el recurso en contra del fallo que condenó a a Famae pagar  $32.081.114 (treinta y dos millones ochenta y un mil ciento catorce pesos), por concepto de daño emergente, y $80.000.000 (ochenta millones de pesos), por daño moral, al demandante Günther Stein Peters, quien viajaba como pasajero en el avión de Famae que se precipitó a tierra, el 22 de abril de 2006, en el aeródromo Víctor Lafín de San Felipe. Accidente que le costó la vida al piloto de la aeronave y a otro pasajero.

El fallo ratifica la responsabilidad de Famae en las lesiones que sufrió Stein Peters, las que se produjeron en un vuelo institucional y de comisión de servicios de dos oficiales del Ejército: las víctimas fatales del accidente.

“Ha quedado dicho más arriba, se tuvieron como hechos de la causa que el viaje realizado a Iquique por los Oficiales de Ejército Machado y Alcayaga y por el actor obedeció al cumplimiento de una comisión de servicios formalmente dispuesta por la autoridad máxima de Famae, la que decía relación con actividades de carácter institucional, a la vez que el Brigadier Sr. Machado participó en dicha comisión de servicios como dependiente de Famae, pues lo hizo en su calidad de Director de la misma y, por último, que el hecho ilícito culposo imputable al descuido, negligencia o imprudencia en que incurrió el Brigadier Sr. Machado, Director de Famae, en los hechos que culminaron en el accidente acaecido el 22 de abril de 2006, ocurrió en circunstancias que éste cumplía una misión oficial.
De tales antecedentes forzoso resulta concluir que el vuelo en que ocurrió el accidente de que se trata no puede ser calificado sino como institucional, esto es, como derivado de la actividad formal de la demandada Fábrica y Maestranzas del Ejército, circunstancia que por sí sola basta para desestimar la alegación de su defensa consistente en que también ha debido ser demandada en autos la sucesión del piloto del aparato, Brigadier Sr. Machado, pues, como resulta evidente, el mismo no actuó en los hechos en examen como un particular desligado de la institución cuyos destinos regía sino que, por el contrario, lo hizo como miembro de la misma y en su calidad de máxima autoridad de ella y, en consecuencia, atendido el carácter oficial de la mentada actividad no puede sino deducirse que ha quedado suficientemente establecida la responsabilidad de la demandada Fábrica y Maestranzas del Ejército por aplicación del citado artículo 2320 del Código Civil”, sostiene el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema ordena a centro médico indemnizar por notificación tardía a paciente con vih-sida

laboratorioLa  Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó a centro médico a pagar una indemnización por  notificar tardíamente de los resultados de un examen de VIH-Sida positivo a paciente.

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En fallo unánime (causa rol 7493-2013), los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal del país Nibaldo Segura, Juan Araya y Guillermo Silva; además de los abogados integrantes Jorge Lagos y Raúl Lecaros, ratificaron la sentencia que condenó al centro Medi-Matic S.A., ligado a la isapre Colmena Golden Cross, a pagar $20.000.000 (veinte millones de pesos) al demandante,, un ejecutivo de una compañía de seguro que concurrió, el 23 de agosto de 2007 al centro médico Medi-Matic S.A. por una urticaria generaliza.

En el establecimiento sanitario se ordenó la realización de diversos exámenes de sangre, entre ellos el de VIH-Sida; sin embargo, no se le notificó el resultado positivo de este último. Enterándose de ello un año y medio después, cuando concurrió a otro centro médico.
El fallo de la Corte Suprema ratifica la responsabilidad por “culpa infraccional” al contrato de atención suscrito entre el centro médico y el demandante.
“Asentado el incumplimiento contractual y legal que acarrea la denominada ‘culpa infraccional’, la que obedece a consideraciones esencialmente preventivas del legislador y que se incorporan al contrato por expresa disposición del artículo 1546 del Código Civil, concluyen los jueces la responsabilidad de la demandada conforme lo prevé el artículo 8° de la ley 19.779, en cuanto dispone que las infracciones al procedimiento de detección del Virus de Inmuno Deficiencia Adquirido serán sancionadas con multas, sin perjuicio de la obligación de responder por los daños patrimoniales y morales causados al afectado, los que serán apreciados prudencialmente por el juez.
Consideran los juzgadores que la circunstancia de haber faltado la sociedad Medi-Matic S.A. a la imposición legal de cumplir cabalmente el procedimiento para la detección del Virus de Inmuno Deficiencia Humana constituye una infracción que acarrea perjuicios al paciente, dado que la inestabilidad e incertidumbre de ser portador, y con ello potencial transmisor del citado virus, provoca aflicción en el afectado e impide que se ejecuten los tratamientos necesarios e indispensables para aminorar sus efectos y evitar su propagación, o se ejecutan tratamientos que exceden el ámbito de necesarios y pertinentes, con el consecuencial gasto patrimonial.
Concluyen así que los antecedentes del proceso son suficientes para sustentar una presunción grave, precisa y concordante con lo sostenido con antelación, en los términos que exige el artículo 1712 del Código de Procedimiento Civil, fijando prudencialmente como monto de la indemnización por concepto de daño moral la suma de $20.000.000”,  sostiene el fallo del máximo tribunal.
En primera instancia (causa rol 6743-2010),  la jueza del Duodécimo Juzgado Civil de Santiago María Sofía Gutiérrez Bermedo había determinado la responsabilidad del centro médico al no cumplir con el deber de notificar oportunamente el resultado del examen.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago rechaza solicitud de sobreseimiento de cuatro imputados en caso tsunami

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que rechazó los sobreseimientos definitivos solicitados por las defensas de los imputados en el denominado caso Tsunami, Carmen Fernández Gibbs, Patricio Rosende Lynch, Andrés Enríquez Olavarría y Joaziel Jamett Paz.

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En fallo unánime (causa rol 1390-2013), los ministros de la Tercera Sala del tribunal de alzada Miguel Vázquez, Enrique Durán (suplente) y la abogada integrante Andrea Muñoz, rechazaron las apelaciones al estimar que no corresponde dictar sobreseimiento definitivo en esta etapa del proceso.

“Que, como se dijo en su oportunidad, el sobreseimiento clausura de una manera definitiva una investigación, con autoridad de cosa juzgada, de allí que debe existir un convencimiento absoluto de su concurrencia, lo que en el caso de autos significa que será necesario ponderar determinados antecedentes probatorios, que escapan a una audiencia de carácter preliminar, en la que no puede haber ponderación de índole probatorio, no solo por la cantidad de ellos, sino porque la instancia procesal pertinente no es ésta.
Cabe consignar que el sobreseimiento definitivo es una fórmula anticipada de poner término a la investigación de una manera anormal, en el sentido que no requiere la verificación de un juicio oral, ya que la evidencia de concurrir un motivo legal no solo hace necesaria su dictación, sino que justifica la exclusión del juicio oral, por lo que debe tratarse de casos categóricos de una certeza que va mucho más allá que la existencia de una duda razonable, que permite absolver en el juicio oral. Debe existir el convencimiento de la concurrencia de la causal invocada, con el agregado que esa convicción debe fluir de la sola exposición de antecedentes, sin entrar a valorar los datos probatorios de la investigación”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “En el mismo orden de ideas, es dable consignar que la causal de sobreseimiento en análisis, coincide con otras expresiones utilizadas por el legislador en otros artículos del código procesal penal; es así como el artículo 114 letra c) contempla como causal de inadmisibilidad de la querella “cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos de delito”, en cuyo caso conmina al juez de garantía a decretar la inadmisibilidad de una querella. A su turno, el artículo 168, autoriza al ministerio público a no iniciar una investigación “… cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito…”, en esta hipótesis se reconoce al fiscal ejerza la facultad de no iniciar una investigación.
Las referidas normas constituyen soluciones tempranas respecto de situaciones denunciadas como delictivas, en que se emplean expresiones similares al contenido de la causal de sobreseimiento alegada, que tiene una referencia explícita a la ausencia de tipicidad, radicando la diferencia en los momentos en que de acuerdo a la estructura del proceso penal, operan. En la primera, basta con constatar la ausencia de tipicidad en la denuncia para impedir que se inicie una investigación y, en el caso del sobreseimiento, constatada la atipicidad al término de la investigación, implica la clausura por siempre de ella.
Todo lo dicho lleva implícito que la falta de tipicidad involucra consecuencias procesales que impiden la investigación o el desarrollo del juicio oral, cuando ella emane de una forma fehaciente, clara y nítida, sin que sea menester apreciar más antecedentes que los contenidos en la presentación de las partes o tenidos a la vista en una investigación, ni que sea necesario valorar otros datos probatorios.
En la especie, existiendo controversia sobre los hechos comunicados a los imputados en la formalización, el procedimiento debe continuar hasta que termine naturalmente, esto es, con la decisión de los jueces del tribunal oral. Si los hechos están probados o no, o en definitiva no satisfacen una determinada hipótesis penal, es una cuestión de fondo que no puede dilucidarse en esta sede”.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Antofagasta condena a farmacia por infracción a ley del consumidor al cambiar medicamentos

Corte de AntofagastaLa Corte de Apelaciones de Antofagasta condenó a una cadena de farmacias al pago de una multa en beneficio fiscal y de una indemnización por daño moral a un cliente a quien se le sustituyeron los medicamentos de una receta entregada para el tratamiento a un menor de edad.

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En fallo unánime (rol 24-2013), las ministras Cristina Araya, Virginia Soublette y Dora Mondaca condenaron a la farmacia Salcobrand S.A. a pagar una multa de  25 Unidades Tributarias Mensuales y una indemnización de $ 3.000.000 (tres millones de pesos) a favor de Cristian Pereira Concha y Carmen Gloria Flores.

El fallo confirma lo dispuesto por el Tercer Juzgado de Policía Local de Antofagasta que determinó el daño provocado por el cambio de una receta médica para el tratamiento médico de un hijo del demandante, pero resuelve aumentar la cifra de indemnización por daño moral de $2 millones a $3 millones de pesos.

“Atendido el mérito de los antecedentes y la gravedad de los hechos denunciados por el Servicio Nacional del Consumidor, que por una parte pueden constituir un atentado en contra de la salud pública de los consumidores y por otra, eventualmente generar consecuencias nefastas en el estado de salud futuro del hijo de los demandantes civiles, a causa del actuar negligente de los dependientes de la farmacia denunciada, lo que se demuestra con el informe médico evacuado por la pediatra tratante de dicho menor a fojas 6 y siguientes, lo que habría generado en sus padres un estado de estrés, afectando su psiquis, tal como consta en sus informes psicológicos de fojas 77 y siguientes, hacen concluir que la multa aplicada debe elevarse en su quantum, como asimismo la suma a que fue condenada la demandada civil por concepto de daño moral”, sostiene el fallo de la Corte.

A su vez, la sentencia de primera instancia sostiene “Que con los antecedentes reunidos en esta causa, todos ellos apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica y que constituyen, a lo menos, presunciones graves y concordantes, el tribunal concluye que los hechos materia de denuncia de autos constituyen infracciones a lo dispuesto en los artículos  3º letra d) y 23 de la Ley Nº 19.496, sancionados en el artículo 24 del referido cuerpo legal, el primero de los cuales establece como derecho del consumidor  ‘d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles’, situación que sin ninguna duda se produjo en este caso al señalarse en las cajas de los medicamentos vendidos por dependientes de la denunciada, dosis mayores a las recetadas por la médico tratante, lo que sin ninguna duda  produjo en el paciente menor de edad consecuencias que, afortunadamente, no llegaron a ser de mayor gravedad, pero que derivan de una grave falta de cuidado y notoria negligencia de quien vendió estos medicamentos alternativos al incurrir en el error antes señalado”.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema acoge recurso de protección por denominadas escuelas concentradas de Talca

corte-supremaLa Corte Suprema acogió recurso de protección presentado por un grupo de apoderados y alumnos de las denominadas Escuelas Concentradas de Talca, en contra de la decisión del Concejo Municipal que rechazó su reparación y dispuso su traslado.

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En fallo unánime (causa rol 2320-2013), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Pedro Pierry y María Eugenia Sandoval; además de los abogados integrantes Emilio Pfeffer y Arturo Prado, revocaron la decisión de la Corte de Apelaciones de Talca que había rechazado el recurso y determinaron el actuar arbitrario e ilegal del Concejo Municipal en el caso.

La resolución determina que la decisión de dejar sin financiamiento los convenios de reparación de los establecimientos educacionales –afectados por el terremoto del 27 de febrero de 2010- es una amenaza al patrimonio de la ciudad y al proceso de protección de parte del Consejo de Monumentos Nacionales.

“Que si bien a la fecha en que se informó al tribunal la respectiva declaración de Monumento Nacional aún pendía del correspondiente decreto del Ministerio de Educación, esta Corte no puede desentenderse de los fundamentos informados por el Consejo de Monumentos Nacionales, tenidas en consideración al momento de decidir su condición, en los que se reconoce la necesidad de preservar la edificación, a partir de los valores que en los ámbitos antes citados ella representa. Por lo demás, de acuerdo a los antecedentes acompañados por el propio Consejo de Monumentos Nacionales queda en evidencia que es posible llevar a cabo las obras de reparación de los daños sufridos por el establecimiento de autos a consecuencia del movimiento sísmico que afectó a toda la zona central del país el año 2010”, sostiene el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago ordena a empresa del retail indemnizar a cliente por cobro de deuda inexistente

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago ratificó sentencia que ordena a la empresa Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. pagar $4.000.000 (cuatro millones de pesos) a cliente cuyos antecedentes fueron enviados al boletín comercial, pese a que su deuda se encontraba pagada.

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En fallo unánime (causa rol 298-2012), Cuarta Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Maritza Villadangos (interina), Doris Ocampo (suplente) y el abogado integrante Rodrigo Asenjo- determinó que la empresa debe indemnizar a Javier Venegas Castro, quien, de acuerdo a los antecedentes que constaron en el proceso, canceló la deuda de su tarjeta de crédito Paris, en abril de 2008.

Sin embargo, con posterioridad, «la demandada efectuó cargos infundados al actor, a cuyo pago fue instado reiteradamente, mediante comunicaciones escritas consistentes en estados de cuenta y cartas de cobranza; Que a raíz de la improcedente imputación de deuda precedentemente referida, la que se prolongó a lo menos durante ocho meses, el demandado debió efectuar diversos trámites encaminados a solucionar sus antecedentes comerciales con la demandada; Que con ocasión de esta errónea imputación de deuda los antecedentes comerciales del actor se vieron comprometidos negativamente al ser incluido en calidad de deudor moroso en registros públicos del sistema financiero sin serlo; Que la empresa Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. demoró al menos nueve meses en eliminar la deuda de la tarjeta París de la que fue titular el demandante, corrigiendo de este modo sus antecedentes comerciales; Que la imputación y cobranza al actor de una deuda que no era tal, su inclusión en los registros del sistema financiero en calidad de deudor moroso y la demora en efectuar la corrección de tales antecedentes respondieron y tuvieron su origen en acciones y omisiones de la demandada; Que la conducta activa y omisiva de la demandada pormenorizada precedentemente en el numeral quinto debe ser calificada evidentemente de negligente y culposa”, sostiene la sentencia.

(Fuente: Poder Judicial)

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