Caso Minera Dominga: Corte de Apelaciones de La Serena rechaza recurso de protección contra la Comisión de Evaluación Ambiental

La Corte de Apelaciones de La Serena consideró que su intervención implicaría una vulneración al principio de “inavocabilidad”, al estar pendiente resolución de recursos deducidos ante la Corte Suprema. [Read more…]

Comunidad Indígena  interpone reclamación y solicita consulta indígena en evaluación de proyectos fotovoltaicos cercanos a Diego de Almagro

El principal fundamento de la reclamación se basa en la existencia, presencia y uso ancestral del territorio por parte de la Comunidad Indígena de Wara, así como el reconocimiento con el que cuentan todos sus miembros acreditado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI.

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Tribunal Ambiental confirma legalidad del programa de cumplimiento del proyecto Alto Maipo

Se rechazaron las reclamaciones presentadas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la aprobación del programa de cumplimiento del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

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Tribunal Ambiental rechaza reclamaciones interpuestas contra la SMA por archivar denuncia de elusión al SEIA contra proyecto “Puerto Barón” ubicado en Valparaíso

El vicio detectado no posee la trascendencia necesaria para declarar la nulidad de la resolución de la SMA.

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Tribunal ambienta realiza audiencia en reclamación de dos juntas de vecinos de Huechuraba contra el SEA por aprobación de proyecto inmobiliario en esa comuna

Los reclamantes explican que el proyecto fue aprobado pese a no ser compatible territorialmente con el Plan Regulador Comunal (PRC) de Huechuraba.

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ONU declara como un derecho humano el vivir en un medioambiente saludable

Por medio de una resolución el Consejo de Derechos Humanos de la ONU consagró como un derecho humano el vivir en un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.

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Corte de Copiapó rechaza recurso de protección por exclusión de comunidad indígena de consulta de evaluación ambiental

La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de protección presentado en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, por no integrar a comunidad colla en proceso de consulta indígena de aprobación de un proyecto minero. [Read more…]

Corte Suprema acoge recurso de protección y ordena cierre de vertedero en Ancud

En la sentencia la Corte Suprema consideró que se atenta contra el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación al mantener la operación del vertedero en base a una disposición transitoria.

La Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó en un plazo de 90 días la paralización de un vertedero ilegal ubicado en el predio de “Puntra El Roble” de la comuna de Ancud.

En la sentencia, la Corte Suprema consideró que se atenta contra el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación al mantener la operación del vertedero en base a una disposición transitoria.

“Que, por otro lado, debe tenerse en consideración que lo controvertido en estos autos es la legalidad de dos resoluciones dictadas por la SEREMI de Salud de Los Lagos y un acuerdo del Concejo Municipal de Ancud, referidos a la aprobación de una sobrecelda que modifica el proyecto originalmente aprobado, y no tienen, por tanto, relación directa con la resolución de la SMA reclamada ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, la que dice relación con la construcción de la zanja inicial preparada para la disposición de desechos domiciliarios. En consecuencia, aquello que se decida por el Tribunal Ambiental de Valdivia no trae necesariamente aparejadas consecuencias jurídicas respecto de los actos administrativos que fundamentan el recurso de autos y que son posteriores a la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente impugnada ante dicho tribunal.”, dice el fallo.

La sentencia plantea: “Que debe destacarse, asimismo, que la obligación del titular del proyecto, esto es, la Municipalidad de Ancud, de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 19.300 ya le había sido manifestada con anterioridad. Así, por ejemplo, con fecha 10 de enero de 2020 la Jefa Provincial de Salud aprobó el proyecto denominado “Sitio de Disposición Transitorio Puntra” mediante la Resolución N°2, señalando en su parte resolutiva que: “7. Se deja establecido que sin perjuicio de las facultades extraordinarias otorgadas a esta autoridad sanitaria de acuerdo a la declaración de Alerta Sanitaria para la Provincia de Chiloé conferidas por decreto Supremo N° 12 de 12 de abril de 2019 y prorrogadas por los decretos 18 y 64 de 2019, es de responsabilidad del titular del proyecto dar cumplimiento con la ley 19.300 y sus reglamentos. 8. Otórguese al titular del proyecto un plazo de 90 días corridos para que acredite ante esta autoridad sanitaria el inicio del proceso de evaluación ambiental señalada en el numeral anterior”.

Además se considera: “Que, en este contexto, menester es recordar que esta Corte, a través de sentencia pronunciada en Rol N° 79.635-2020, con fecha 28 de julio de 2020, expresó que resulta evidente que la orden de la Seremi de Salud, entregada a través de la Resolución N°2 ya citada, no ha sido cumplida a la fecha, con el consiguiente riesgo, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas que habitan o realizan actividades cercanas al emplazamiento del relleno sanitario Puntra. Y en la misma oportunidad esta Corte dispuso, entre otras cosas, “que la Superintendencia del Medio Ambiente y la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos, deberán coordinarse para ejercer de manera eficaz y oportuna, cada una de ellas, las funciones que la ley les encomienda, a fin de adoptar de manera conjunta las medidas pertinentes que conduzcan a la resolución efectiva y global de este conflicto”, cuestión que, habiendo transcurrido un año desde la fecha de tal sentencia, aún no acontece.”

El fallo considera: “Que, por último y vinculado a lo dicho en precedencia, debe tenerse presente que las facultades de la autoridad de salud, aún en situaciones de alerta o emergencia sanitaria, no habilitan para eludir la aplicación de preceptos legales, y por tanto de mayor jerarquía, como los atinentes al proyecto de que se trata y que se encuentran establecidos en la Ley Nº19.300 y demás normativa aplicable”

“Que, conforme a lo razonado, los actos administrativos impugnados a través del recurso de autos son arbitrarios e ilegales y vulneran el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que el artículo 19 Nº8 de la Constitución Política de la República asegura a los recurrentes.”, concluye el fallo.

Por lo tanto se decide: “se acoge el recurso de protección deducido por los actores, ya individualizados, y se ordena:

(i) La paralización, una vez transcurrido el plazo de 90 días de ejecutoriada esta sentencia, del funcionamiento del vertedero Puntra – El Roble de la comuna de Ancud, por parte de la I. Municipalidad de Ancud, dejándose sin efecto su operación como lugar de acopio transitorio de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ancud.

(ii) Que la Ilustre Municipalidad de Ancud y a la Seremi de Salud deberán actuar, en lo sucesivo, con estricta sujeción a un proyecto de construcción y operación elaborado, evaluado y aprobado con una Resolución de Calificación Ambiental, conforme a la normativa aplicable en materia ambiental y sanitaria.

(iii) El retiro, dentro del plazo de 90 días de ejecutoriada esta sentencia, de todo el pasivo ambiental (desechos sólidos domiciliarios) que en forma transitoria se ha ordenado disponer en el predio de “Puntra El Roble” desde el 11 de enero de 2020, donde opera ilegalmente un vertedero, de manera tal que dicho pasivo ambiental sea ubicado en un sitio de disposición final legalmente autorizado.

Ver fallo Corte Suprema aquí.

(Fuente: poder judicial)

Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprueba proyecto minero Dominga

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobó con once votos a favor y uno en contra el proyecto minero-portuario «Dominga» que contempla la construcción de una mina de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, además de un puerto. [Read more…]

Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente reclamación interpuesta por planta procesadora de algas de La Calera contra la SMA asociada a programa de monitoreo de Riles vertidos al río Aconcagua

El Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente la reclamación interpuesta por la empresa procesadora de algas Algamar -ubicada en La Calera- contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), relativa a la fecha en que debía implementar un nuevo programa de monitoreo de sus descargas de residuos industriales líquidos (Riles) al río Aconcagua.

“La reclamación será acogida, anulándose las Resoluciones Exentas N°s 6/2019, 258/2019 y 268/2019, por carecer de la debida motivación en cuanto al plazo fijado para que Algas Marinas S.A. cumpliera con el nuevo programa de monitoreo. Sin embargo, no se acogerá en cuanto solicita se declare que la reclamante no está obligada a “iniciar” ni a “seguir” dicho programa hasta que no haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el numeral 5.3 del Decreto Supremo N° 90/2000”, dice la sentencia.

La sentencia ordena a la SMA a instruir “un nuevo procedimiento administrativo en el que dicte una nueva resolución de programa de monitoreo, a fin de subsanar el vicio legal, y establezca, fundando técnicamente, un plazo razonable para la implementación de la solución definitiva a la luz de la propuesta y antecedentes actualizados que Algas Marinas S.A. someta a su consideración”.

Algamar S.A. descarga los Riles generados en el procesamiento de algas en el río Aconcagua. En noviembre de 2018, la Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Valparaíso dictó la Resolución Exenta N° 1.711 estableciendo un nuevo caudal de dilución en el punto de descarga. A raíz de ello, la SMA, a través de la resolución N°6/2019, de 3 de enero de 2019, estableció un nuevo programa de monitoreo.

La empresa recurrió al Tribunal luego que la SMA -a través de las resoluciones N°258/2019 y N°268/2019, rechazara otorgarle el plazo de 5 años solicitado para cumplir con el nuevo programa de monitoreo, otorgándole un plazo de poco más de siete meses para su implementación.

En su análisis de la reclamación, el Tribunal concluyó que las Resoluciones Exentas N° 258/2019 y N° 268/2019 “carecen de la debida razonabilidad y fundamentación que acredite que el tiempo de adecuación otorgado a la empresa (casi 7 meses) es suficiente desde el punto de vista técnico y económico para adaptar los procesos a fin de cumplir con el referido programa”. Asimismo, explica que la SMA debió considerar al momento de fundamentar las resoluciones que el principio de gradualidad no solo recibe aplicación al momento de dictar nuevas normas, sino que también a través del establecimiento de estándares más exigentes de cumplimiento ambiental, como ocurrió en el caso de Algamar.

“En efecto, si bien la Resolución Exenta N° 258/2019 invoca dicho principio, y la resolución reclamada, al confirmar lo resuelto en la primera se remite indirectamente a él, a juicio del Tribunal, el exiguo plazo otorgado para que Algas Marinas S.A. cumpliera con el nuevo programa de monitoreo hace concluir que la mención al principio fue solo formal mas no material y/o efectiva, teniendo en cuenta las características y complejidades tecnológicas propias de una planta de procesos como la referida a este caso”.

La sentencia también advierte que la SMA no instruyó un procedimiento que garantizara la debida audiencia al interesado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.880. “A juicio de este Tribunal, los antecedentes aportados por ALGAMAR no fueron tenidos en cuenta por la SMA, como lo exige el artículo 17 letra f), antes citado, toda vez que en la carta de 27 de noviembre de 2018 la reclamante le manifestó que no estaba en condiciones de comprometer soluciones específicas en el “brevísimo” plazo de 8 días otorgado en la inspección, y el 7 de diciembre del mismo año le entregó una propuesta de trabajo con plazos para evaluar una solución. Sin embargo, menos de un mes después, el órgano administrativo dictó la Resolución Exenta N° 6/2019, que estableció un nuevo programa de monitoreo y dispuso su aplicación inmediata”, dice el fallo.

El Tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano, presidente, Alejandro Ruiz y Daniella Ramírez. La sentencia fue redactada por la ministra Daniella Ramírez y cuenta con prevenciones de los ministros Ruiz y Ramírez.

Antecedentes

– 9 de abril de 2018: la Municipalidad de La Calera denunció ante la SMA la emanación de olores molestos, turbiedad de las aguas y espuma de color blanco en el punto de descarga del efluente, dando cuenta del incumplimiento de los límites establecidos en los parámetros del Decreto Supremo N°90/2000.
– 12 de noviembre de 2018: la DGA de la Región de Valparaíso dejó sin efecto la resolución que reglamentaba la descarga de la empresa, determinando un nuevo caudal de dilución en el punto de descarga de Riles (0 m3/s para los meses de enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; 0,92 m3/s para el mes de mayo; 2,47 m3/s para el mes de junio; 3,8 m3/s para el mes de julio; y 3,27 m3/s para el mes de agosto) Res. Ex. N°1711/2018.
– 14 de noviembre de 2018: mediante Memorándum N°64/2018, la Oficina Regional de Valparaíso de la SMA, solicitó a la División de Fiscalización la modificación del programa de monitoreo vigente, debido al cambio del caudal de dilución disponible para la descarga asociada a la planta.
– 3 de enero de 2019: la SMA estableció un nuevo programa de monitoreo de la calidad del efluente de la planta (Res. Ex N° 6/2019).
– 14 de enero de 2019: Algamar interpuso, recurso de reposición, con jerárquico en subsidio, en contra de la resolución N°6/2019, por estimar que esta no se ajustaba al principio del gradualismo, y atendido que el D.S. N°90/2000 otorga a las fuentes existentes un plazo de cinco años para ajustar sus efluentes a las nuevas normas que se les apliquen.

– 19 de febrero de 2019: la SMA acogió parcialmente el recurso, señalando que las disposiciones de la resolución N°6/2019 eran exigibles a contar del 6 de septiembre de ese año, en consideración a los avances realizados por Algamar en materias de levantamiento de información, implementación de nuevos equipos y cotizaciones para analizar diferentes alternativas a fin de cumplir con el nuevo programa de monitoreo (Res. Ex N°258/2019).
– 21 de febrero de 2019: el Superintendente (s) del Medio Ambiente rechazó recurso jerárquico interpuesto contra la resolución recién citada (Res. Ex. N°268/2019).
– 15 de marzo de 2019: Algas Marinas S.A. interpuso reclamación en el Tribunal Ambiental en contra de esta última decisión de la SMA.
– 4 de junio de 2020: el Tribunal llevó a cabo la audiencia de la causa, alegando los abogados Raimundo Pérez L., en representación de la empresa y Katharina Buschmann W., por la SMA.

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