Corte Suprema acoge recurso de protección y ordena cierre de vertedero en Ancud

En la sentencia la Corte Suprema consideró que se atenta contra el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación al mantener la operación del vertedero en base a una disposición transitoria.

La Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó en un plazo de 90 días la paralización de un vertedero ilegal ubicado en el predio de “Puntra El Roble” de la comuna de Ancud.

En la sentencia, la Corte Suprema consideró que se atenta contra el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación al mantener la operación del vertedero en base a una disposición transitoria.

“Que, por otro lado, debe tenerse en consideración que lo controvertido en estos autos es la legalidad de dos resoluciones dictadas por la SEREMI de Salud de Los Lagos y un acuerdo del Concejo Municipal de Ancud, referidos a la aprobación de una sobrecelda que modifica el proyecto originalmente aprobado, y no tienen, por tanto, relación directa con la resolución de la SMA reclamada ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, la que dice relación con la construcción de la zanja inicial preparada para la disposición de desechos domiciliarios. En consecuencia, aquello que se decida por el Tribunal Ambiental de Valdivia no trae necesariamente aparejadas consecuencias jurídicas respecto de los actos administrativos que fundamentan el recurso de autos y que son posteriores a la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente impugnada ante dicho tribunal.”, dice el fallo.

La sentencia plantea: “Que debe destacarse, asimismo, que la obligación del titular del proyecto, esto es, la Municipalidad de Ancud, de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 19.300 ya le había sido manifestada con anterioridad. Así, por ejemplo, con fecha 10 de enero de 2020 la Jefa Provincial de Salud aprobó el proyecto denominado “Sitio de Disposición Transitorio Puntra” mediante la Resolución N°2, señalando en su parte resolutiva que: “7. Se deja establecido que sin perjuicio de las facultades extraordinarias otorgadas a esta autoridad sanitaria de acuerdo a la declaración de Alerta Sanitaria para la Provincia de Chiloé conferidas por decreto Supremo N° 12 de 12 de abril de 2019 y prorrogadas por los decretos 18 y 64 de 2019, es de responsabilidad del titular del proyecto dar cumplimiento con la ley 19.300 y sus reglamentos. 8. Otórguese al titular del proyecto un plazo de 90 días corridos para que acredite ante esta autoridad sanitaria el inicio del proceso de evaluación ambiental señalada en el numeral anterior”.

Además se considera: “Que, en este contexto, menester es recordar que esta Corte, a través de sentencia pronunciada en Rol N° 79.635-2020, con fecha 28 de julio de 2020, expresó que resulta evidente que la orden de la Seremi de Salud, entregada a través de la Resolución N°2 ya citada, no ha sido cumplida a la fecha, con el consiguiente riesgo, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas que habitan o realizan actividades cercanas al emplazamiento del relleno sanitario Puntra. Y en la misma oportunidad esta Corte dispuso, entre otras cosas, “que la Superintendencia del Medio Ambiente y la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos, deberán coordinarse para ejercer de manera eficaz y oportuna, cada una de ellas, las funciones que la ley les encomienda, a fin de adoptar de manera conjunta las medidas pertinentes que conduzcan a la resolución efectiva y global de este conflicto”, cuestión que, habiendo transcurrido un año desde la fecha de tal sentencia, aún no acontece.”

El fallo considera: “Que, por último y vinculado a lo dicho en precedencia, debe tenerse presente que las facultades de la autoridad de salud, aún en situaciones de alerta o emergencia sanitaria, no habilitan para eludir la aplicación de preceptos legales, y por tanto de mayor jerarquía, como los atinentes al proyecto de que se trata y que se encuentran establecidos en la Ley Nº19.300 y demás normativa aplicable”

“Que, conforme a lo razonado, los actos administrativos impugnados a través del recurso de autos son arbitrarios e ilegales y vulneran el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que el artículo 19 Nº8 de la Constitución Política de la República asegura a los recurrentes.”, concluye el fallo.

Por lo tanto se decide: “se acoge el recurso de protección deducido por los actores, ya individualizados, y se ordena:

(i) La paralización, una vez transcurrido el plazo de 90 días de ejecutoriada esta sentencia, del funcionamiento del vertedero Puntra – El Roble de la comuna de Ancud, por parte de la I. Municipalidad de Ancud, dejándose sin efecto su operación como lugar de acopio transitorio de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ancud.

(ii) Que la Ilustre Municipalidad de Ancud y a la Seremi de Salud deberán actuar, en lo sucesivo, con estricta sujeción a un proyecto de construcción y operación elaborado, evaluado y aprobado con una Resolución de Calificación Ambiental, conforme a la normativa aplicable en materia ambiental y sanitaria.

(iii) El retiro, dentro del plazo de 90 días de ejecutoriada esta sentencia, de todo el pasivo ambiental (desechos sólidos domiciliarios) que en forma transitoria se ha ordenado disponer en el predio de “Puntra El Roble” desde el 11 de enero de 2020, donde opera ilegalmente un vertedero, de manera tal que dicho pasivo ambiental sea ubicado en un sitio de disposición final legalmente autorizado.

Ver fallo Corte Suprema aquí.

(Fuente: poder judicial)

Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprueba proyecto minero Dominga

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobó con once votos a favor y uno en contra el proyecto minero-portuario «Dominga» que contempla la construcción de una mina de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, además de un puerto. [Read more…]

Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente reclamación interpuesta por planta procesadora de algas de La Calera contra la SMA asociada a programa de monitoreo de Riles vertidos al río Aconcagua

El Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente la reclamación interpuesta por la empresa procesadora de algas Algamar -ubicada en La Calera- contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), relativa a la fecha en que debía implementar un nuevo programa de monitoreo de sus descargas de residuos industriales líquidos (Riles) al río Aconcagua.

“La reclamación será acogida, anulándose las Resoluciones Exentas N°s 6/2019, 258/2019 y 268/2019, por carecer de la debida motivación en cuanto al plazo fijado para que Algas Marinas S.A. cumpliera con el nuevo programa de monitoreo. Sin embargo, no se acogerá en cuanto solicita se declare que la reclamante no está obligada a “iniciar” ni a “seguir” dicho programa hasta que no haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el numeral 5.3 del Decreto Supremo N° 90/2000”, dice la sentencia.

La sentencia ordena a la SMA a instruir “un nuevo procedimiento administrativo en el que dicte una nueva resolución de programa de monitoreo, a fin de subsanar el vicio legal, y establezca, fundando técnicamente, un plazo razonable para la implementación de la solución definitiva a la luz de la propuesta y antecedentes actualizados que Algas Marinas S.A. someta a su consideración”.

Algamar S.A. descarga los Riles generados en el procesamiento de algas en el río Aconcagua. En noviembre de 2018, la Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Valparaíso dictó la Resolución Exenta N° 1.711 estableciendo un nuevo caudal de dilución en el punto de descarga. A raíz de ello, la SMA, a través de la resolución N°6/2019, de 3 de enero de 2019, estableció un nuevo programa de monitoreo.

La empresa recurrió al Tribunal luego que la SMA -a través de las resoluciones N°258/2019 y N°268/2019, rechazara otorgarle el plazo de 5 años solicitado para cumplir con el nuevo programa de monitoreo, otorgándole un plazo de poco más de siete meses para su implementación.

En su análisis de la reclamación, el Tribunal concluyó que las Resoluciones Exentas N° 258/2019 y N° 268/2019 “carecen de la debida razonabilidad y fundamentación que acredite que el tiempo de adecuación otorgado a la empresa (casi 7 meses) es suficiente desde el punto de vista técnico y económico para adaptar los procesos a fin de cumplir con el referido programa”. Asimismo, explica que la SMA debió considerar al momento de fundamentar las resoluciones que el principio de gradualidad no solo recibe aplicación al momento de dictar nuevas normas, sino que también a través del establecimiento de estándares más exigentes de cumplimiento ambiental, como ocurrió en el caso de Algamar.

“En efecto, si bien la Resolución Exenta N° 258/2019 invoca dicho principio, y la resolución reclamada, al confirmar lo resuelto en la primera se remite indirectamente a él, a juicio del Tribunal, el exiguo plazo otorgado para que Algas Marinas S.A. cumpliera con el nuevo programa de monitoreo hace concluir que la mención al principio fue solo formal mas no material y/o efectiva, teniendo en cuenta las características y complejidades tecnológicas propias de una planta de procesos como la referida a este caso”.

La sentencia también advierte que la SMA no instruyó un procedimiento que garantizara la debida audiencia al interesado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.880. “A juicio de este Tribunal, los antecedentes aportados por ALGAMAR no fueron tenidos en cuenta por la SMA, como lo exige el artículo 17 letra f), antes citado, toda vez que en la carta de 27 de noviembre de 2018 la reclamante le manifestó que no estaba en condiciones de comprometer soluciones específicas en el “brevísimo” plazo de 8 días otorgado en la inspección, y el 7 de diciembre del mismo año le entregó una propuesta de trabajo con plazos para evaluar una solución. Sin embargo, menos de un mes después, el órgano administrativo dictó la Resolución Exenta N° 6/2019, que estableció un nuevo programa de monitoreo y dispuso su aplicación inmediata”, dice el fallo.

El Tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano, presidente, Alejandro Ruiz y Daniella Ramírez. La sentencia fue redactada por la ministra Daniella Ramírez y cuenta con prevenciones de los ministros Ruiz y Ramírez.

Antecedentes

– 9 de abril de 2018: la Municipalidad de La Calera denunció ante la SMA la emanación de olores molestos, turbiedad de las aguas y espuma de color blanco en el punto de descarga del efluente, dando cuenta del incumplimiento de los límites establecidos en los parámetros del Decreto Supremo N°90/2000.
– 12 de noviembre de 2018: la DGA de la Región de Valparaíso dejó sin efecto la resolución que reglamentaba la descarga de la empresa, determinando un nuevo caudal de dilución en el punto de descarga de Riles (0 m3/s para los meses de enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; 0,92 m3/s para el mes de mayo; 2,47 m3/s para el mes de junio; 3,8 m3/s para el mes de julio; y 3,27 m3/s para el mes de agosto) Res. Ex. N°1711/2018.
– 14 de noviembre de 2018: mediante Memorándum N°64/2018, la Oficina Regional de Valparaíso de la SMA, solicitó a la División de Fiscalización la modificación del programa de monitoreo vigente, debido al cambio del caudal de dilución disponible para la descarga asociada a la planta.
– 3 de enero de 2019: la SMA estableció un nuevo programa de monitoreo de la calidad del efluente de la planta (Res. Ex N° 6/2019).
– 14 de enero de 2019: Algamar interpuso, recurso de reposición, con jerárquico en subsidio, en contra de la resolución N°6/2019, por estimar que esta no se ajustaba al principio del gradualismo, y atendido que el D.S. N°90/2000 otorga a las fuentes existentes un plazo de cinco años para ajustar sus efluentes a las nuevas normas que se les apliquen.

– 19 de febrero de 2019: la SMA acogió parcialmente el recurso, señalando que las disposiciones de la resolución N°6/2019 eran exigibles a contar del 6 de septiembre de ese año, en consideración a los avances realizados por Algamar en materias de levantamiento de información, implementación de nuevos equipos y cotizaciones para analizar diferentes alternativas a fin de cumplir con el nuevo programa de monitoreo (Res. Ex N°258/2019).
– 21 de febrero de 2019: el Superintendente (s) del Medio Ambiente rechazó recurso jerárquico interpuesto contra la resolución recién citada (Res. Ex. N°268/2019).
– 15 de marzo de 2019: Algas Marinas S.A. interpuso reclamación en el Tribunal Ambiental en contra de esta última decisión de la SMA.
– 4 de junio de 2020: el Tribunal llevó a cabo la audiencia de la causa, alegando los abogados Raimundo Pérez L., en representación de la empresa y Katharina Buschmann W., por la SMA.

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Primer Tribunal Ambiental confirma clausura definitiva de Pascua Lama y mantiene multas por infracciones graves y gravísimas

“La empresa falló en la implementación de un conjunto de medidas tanto de infraestructura como organizacional y no fueron capaces de proteger adecuadamente el medioambiente y la salud de las personas, mediante el cumplimiento estricto de la licencia ambiental”, argumentó el ministro.

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Segundo Tribunal Ambiental confirmó multa de $273 millones en contra del Autódromo Codegua

El Segundo Tribunal Ambiental, por dos votos contra uno, rechazó la reclamación interpuesta por Inversiones La Estancilla S.A. en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, que buscaba dejar sin efecto la resolución sancionatoria que multó con 452,5 UTA al Autódromo Codegua, ubicado en la Región de O’Higgins por diversos incumplimientos ambientales. [Read more…]

Tribunal rechazó reclamación de Esval contra el SEA asociada al rechazo del proyecto “Ampliación del sistema de tratamiento de aguas servidas en Zapallar”

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó, por dos votos contra uno, la reclamación presentada por Esval S.A. en contra del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), asociada al rechazo del proyecto “Ampliación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de Zapallar”. [Read more…]

Corte Suprema acoge recurso de casación y rebaja multa a empresa por infracciones ambientales

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal  acogió el recurso de casación en el fondo deducido y anuló la resolución revocatoria de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y dictó sentencia de reemplazo, con declaración que se rebaja la sanción impuesta al centro de manejo de 650 UTM a 500 UTM por infracciones medioambientales.

La empresa de Manejo de Residuos Orgánicos dedujo recurso de casación en la forma y  subsidiariamente en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua  la cual desestimó el recurso de reposición deducido en contra del reclamo que sancionó con una multa de 650 UTM a la reclamante por incumplimiento de las normas y condiciones con las que se aprobó la Resolución Exenta (RCA) Nº 31/2008.

La Corte estableció que teniendo en consideración el artículo único de la Ley N° 20.473 y los fines propuestos por la legislación ambiental, concordancia con la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 8 de la Constitución que se traduce en el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, surge con nitidez que la principal finalidad innovadora del texto en comento -artículo único de la Ley N° 20.473-, destinado a regir transitoriamente, no fue otra que la de otorgar competencia al nuevo órgano ambiental creado por la Ley N° 20.417, la Comisión de Evaluación Ambiental, para llevar a cabo la fiscalización en el cumplimiento de las RCA, sea de Estudio o de Declaración de Impacto Ambiental, facultándola además para imponer las sanciones allí descritas, que se corresponden con las consignadas en el texto anterior del artículo 64 de la Ley N° 19.300.

Asimismo se tiene, por un lado que se ha determinado que es el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental y las descripciones del proyecto –en cuanto a su emplazamiento y operatividad- lo que condujo a su aprobación. La circunstancia que, a la época de la RCA no rigieran, con regulación legal, condiciones específicas  para la DIA, y que se considerase una declaración pura y simple, no significa que su ejecución pudiera llevarse a
cabo de cualquier forma. Tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, si en el contenido de una RCA se contemplan medidas y la descripción de las modalidades de ejecución del proyecto, es indudable que su incumplimiento genera un eventual peligro de afectación del medio ambiente, sea que se trate de un EIA o de una DIA, lo que la autoridad correspondiente no puede soslayar ante el imperativo del principio preventivo que integra la piedra angular de la normativa medioambiental, como lo demuestran, entre otros, los textos de los artículos 2° letra j) y 10 de la Ley 19.300.

Agrega la resolución que en modo alguno pudiera entenderse -precisamente en atención a la entidad del bien jurídico protegido- que, declarada la inaplicabilidad del régimen sancionatorio del artículo único de la Ley N° 20.473, los incumplimientos y faltas perpetradas en el proceso de ejecución de una Declaración de Impacto Ambiental, quedarían impunes. Antes bien, y tal como lo resolvió esta Corte en la sentencia citada, Rol N° 14.432-2013, ha de concluirse que pervive el sistema sancionatorio del texto anterior, ya aludido, esto es, del artículo 64 de la Ley N° 19.300.

Por lo tanto, al determinar los jueces que la decisión de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional pudo comprender el texto íntegro del artículo único de la Ley 20.473, y que no resultaba aplicable el artículo 64 en su texto anterior a la modificación introducida por la Ley N° 20.417, han incurrido en vulneración de ambos textos citados, razón que resulta ser suficiente para disponer la anulación del fallo haciendo lugar al recurso de casación en el fondo intentado, toda vez que los yerros anotados han tenido influencia sustancial en lo decisorio del mismo por cuanto, de haber dado cabal aplicación a sendas disposiciones legales, se habría determinado la confirmación del fallo apelado.

Fuente: PJUD.

Corte Suprema acogió recurso de casación en la forma y declaró existencia de daño ambiental

Algunas semanas atrás, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de casación en la forma interpuesto por agrupaciones de vecinos contra la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que desechó su demanda por daño ambiental generado en la ejecución de obras de tratamiento de aguas servidas por una municipalidad. El tribunal de casación estimó que «se colige que los sentenciadores incurrieron en error de derecho en la aplicación de las reglas de la sana crítica, modo de apreciación de la prueba establecido en el artículo 26 inciso cuarto de la Ley N° 20.600 desde que, en lugar de valorar el mérito de convicción de la prueba aparejada conforme a ese canon, realizaron dicha labor alejándose de sus preceptos. En efecto, de las probanzas referidas más arriba se desprende que no sólo existe un daño al ecosistema del sector donde se encuentra emplazada la planta de tratamiento, sino que, además, dicha contaminación ha afectado a los demandantes en su diario vivir, lo que hace necesario adoptar acciones concretas al respecto, en especial por la contaminación de los cursos de aguas que están dispuestos para el riego.» (Considerando Décimo Quinto). Además, estimaron que  «verter aguas servidas sin tratamiento desde el año 2011 al estero El Garretón afecta significativamente el ecosistema del lugar donde se emplaza la Planta de Tratamiento y, en especial, la vida de las personas y animales que habitan en la comunidad aledaña.En efecto, como se dijo precedentemente, el informe de investigación especial de la Contraloría Regional de Valparaíso, de 9 de mayo de 2012, señaló que las descargas en el estero El Garretón dan cuenta «[.] que las aguas del efluente de la planta superan ampliamente los parámetros máximos de coliformes fecales y DBOs, establecidos en la Tabla Nºl, del punto 4.2, del Decreto Nº90, constatando «eutrofización del cuerpo de agua receptor, observándose aguas turbias, presencia de algas y malos olores». Lo anterior fue ratificado por el informe elaborado por la SEREMI de Salud, que estableció – en el año 2011- que el conteo de microbios en el efluente, arrojó una presencia de 1.700.000 coliformes fecales como número más probable en 100 milímetros (NMP/100ml) y, por ende, una calificación de no conformidad, concluyendo, que la Municipalidad de Nogales no ha dado cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos en la RCA N° 42/1997 ni a las normas ambientales aplicables sobre la materia».

Consulte fallo analizado por Microjuris

Voces: CIVIL – MEDIOAMBIENTE – MUNICIPALIDADES – DAÑO AMBIENTAL – IMPACTO AMBIENTAL – RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL – NORMAS REGULADORAS DE LA PRUEBA – PONDERACIÓN DE LA PRUEBA – SANA CRÍTICA – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Junta de Vecinos Villa Disputada de Las Condes y otro c/ Ilustre Municipalidad de Nogales s/ Daño ambiental – Municipalidades

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

La actuación de la demandada generó un daño al medio ambiente significativo, pues se acreditó que la Planta de Tratamiento administrada por la Municipalidad, vierte de manera constante aguas servidas sin tratar al estero, alternado el ecosistema aledaño a la Planta, en donde se emplazan las viviendas en que habitan los demandantes, provocando contaminación a los cursos de aguas que debían servir para el riego, con el consiguiente daño potencial a la salud, además de la, consecuente pestilencia en el aire del sector. y de cuya preservación depende la existencia de la vida en la forma como la conocemos hoy en día.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación la forma interpuesto por la actora en contra de la sentencia que desechó la demanda de daño ambiental por no probarse la existencia del daño ni la afectación significativa del medio ambiente. Esto, dado que el tribunal ambiental ha infringido lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 20.600, en relación a la apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica, en tanto declaró que no es posible establecer el daño alegado respecto de los componentes agua y aire, por no ser significativo o falta de prueba, respectivamente. Los informes realizados por las instituciones fiscalizadoras y el testigo experto de la demandada reconocen el vertimiento de aguas servidas sin tratar al estero aledaño a la Planta, así como la superación de los parámetros máximos de coliformes fecales y DB05, desde el año 2011, que se encuentra cerca de las viviendas de los demandantes. Por tanto, no es posible hablar de «episodios puntuales» si incluso se sancionó con posterioridad, en el año 2013 y, el Servicio Agrícola Ganadero lo denunció debido a que se trataba de aguas que debían servir para el riego y bebida de animales. De esta forma, queda en evidencia un inminente riesgo para la salud humana, que no es posible de soslayar, razón por la cual, de acuerdo a las reglas de la lógica, debe ser considerado como un daño ambiental significativo.

2.- La actuación de la demandada generó un daño al medio ambiente calificado de significativo, porque lo cierto es que la Planta de Tratamiento administrada por la Municipalidad, vierte de manera constante aguas servidas sin tratar al estero, lo que ha alterado el ecosistema aledaño a la Planta, en donde se emplazan las viviendas en que habitan los demandantes, tal como se comprobó con los informes acompañados y de la prueba testimonial, en cuanto a que provocó contaminación a los cursos de aguas que debían servir para el riego con el consiguiente daño potencial a la salud, además de la, consecuente, pestilencia en el aire del sector.

3.- El legislador incorporó un elemento normativo a la definición de daño ambiental, esto es, que sea significativo, el que debe ser interpretado a la luz de los principios que informan la materia en estudio y, en especial, del concepto de medio ambiente establecida en la Ley, que no es posible enmarcarlo dentro una definición unívoca, porque su fisonomía dependerá del área o elemento del «sistema global» que se pretenda proteger, los que atendida su naturaleza, se encuentran en constante modificación. Sí se debe tener en consideración, para determinar el referido elemento parámetros, tales como, la intensidad, duración, dimensión y zona geográfica de la contaminación, los efectos físicos o mentales y la situación general del medio ambiente.

3.- Será significativo el daño ambiental siempre que altere el ecosistema de manera importante, que genere una pérdida cualitativa considerable, aunque sea de baja entidad cuantitativamente hablando, esto porque la apreciación del mismo depende de múltiples factores atendida la naturaleza del componente del medio ambiente que se busca proteger, que es mucho más compleja y de cuya preservación depende la existencia de la vida en la forma como la conocemos.

4.- Del proceso, no surgen elementos de convicción que demuestren la necesidad y conveniencia de disponer el cierre y erradicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del lugar en que actualmente se emplaza. Esto, por la necesidad de una planta de este tipo en el sector y considerando la adopción medidas que permitirán mitigar los impactos ambientales denunciados, de manera de contrarrestar y prevenir los daños que se producen al verter agua servida sin tratar a los ríos aledaños, más aún, si el compromiso ambiental en este aspecto era que dichas aguas podrían ser utilizadas para el riego, sin peligro para la salud de la población (de la sentencia de reemplazo).

Consulte fallo a texto completo

Tribunal Ambiental de Santiago acoge reclamación y ordena rehacer resolución sancionatoria contra planta

El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, acogió parcialmente la reclamación presentada por Chile M. en contra de la sanción impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a la planta de rendering ubicada en la comuna de Mostazal.

La planta es titular del proyecto “Aumento de producción planta elaboradora de ingredientes para consumo animal ChileM.”, el cual posee diversas resoluciones de calificación ambiental  y consiste en una planta de rendering, elaboradora de alimentos para consumo animal, utilizando para ello desechos animales provenientes de plantas faenadoras de cerdos, bovinos, avícolas, marinos, equinos u otros animales. Entre 2014 y 2015, la SMA recibió denuncias por olores molestos que “estarían afectando, en forma permanente y sostenida, la calidad de vida de los habitantes del sector”, a ello se suma un informe de fiscalización de la Seremi de Salud de la Región de O’Higgins, que constató problemas de gestión de residuos y manejo de olores en la planta. En junio de 2015, la SMA ordenó medidas provisionales contra la empresa y en julio de 2016, la SMA inició el procedimiento sancionatorio, con la formulación de 8 cargos por incumplimiento de la RCA que aprobó el proyecto, siete de ellos fueron clasificados como leves y uno, grave relativo al manejo de olores (no haber tenido operativo un aerocondensador y no realizar semanalmente las mantenciones preventivas de los aerocondensadores). En abril de 2017  la SMA dictó la resolución sancionatoria, absolviendo de 5 cargos, pues esas infracciones ya habían sido sancionadas por la Seremi de Salud, y aplicando una multa de 630 UTA por las tres restantes (Res. Ex N° 283/2017) y en contra de esta resolución la planta ingresó reclamación  ante el Tribunal Ambiental.

La resolución fue tomada con un voto en contra de quien  estuvo por rechazar la reclamación respecto al cargo N° 6.1 y de un ministro, quien estuvo por acoger la reclamación en relación al cargo N° 6.2 asociados a la operación y mantención de los aerocondensadores para el manejo de olores, según lo establecido en la RCA. En tanto, los cargos 7 y 8, tienen relación con no cumplir con el estándar de la planilla de recepción diaria de materia prima y con las medidas provisionales respecto de la medición de olores, respectivamente.

El fallo explicó que la reclamada confunde la necesidad de funcionamiento del aerocondensador asociado al cocedor que esté procesando la materia prima en un momento dado, con la de mantener el segundo aerocondensador operativo para una contingencia, esto es, que esté dispuesto para iniciar su funcionamiento en cuanto sea requerido procesar materia prima en el segundo cocedor, puesto que ambas líneas de proceso son independientes entre sí y sería ilógico suponer que su capacidad de abatimiento de los vahos condensables puede ser requerida por la otra línea.

Agrega que el razonamiento de la resolución reclamada, fue construido a partir de premisas erróneas, pues no existía propiamente una obligación de instalar y operar conjuntamente dos aerocondensadores, lo cual torna en ilegal esta actuación de la Administración, por falta de la debida motivación, razón por la cual la reclamación en lo que se refiere al cargo 6.1 se acogió.  En relación a la planilla, la sentencia explica que según la SMA, para cada carga debe registrarse el horario de recepción y de inicio del procesamiento, y la empresa no cumplió con el registro asociado al procesamiento. Entones afirma, que para determinar si la planilla de Chile M. cumplió con el estándar exigido en la evaluación ambiental, se debe considerar la naturaleza del proceso productivo de la Planta.

El Tribunal señala que se trata de un procesamiento continuo de materia prima, agregada a una tasa variable en contenedores comunes, motivo por el cual sólo es posible registrar el horario de recepción de cada carga, debiendo estimarse la hora de inicio de procesamiento con el tiempo de retención o de residencia. A mayor abundamiento, la información entregada por el titular en la respuesta I.7 de la Adenda N° 2, con la respectiva tabla que fue incorporada en la RCA N° 22/2014, da cuenta de la limitación señalada en el considerando anterior y propone un método de cálculo de los tiempos de inicio de procesamiento de la materia prima.”, dice el fallo al tiempo que agrega que el Anexo N° 6 de los descargos, contiene fórmulas para calcular los tiempos de residencia de la materia prima en las tolvas, por lo cual el registro de datos debe ser suficiente para efectuar dichas estimaciones. “en conclusión, a juicio del Tribunal, la información presentada por el titular en el Anexo N° 6 de los descargos, considerando las limitaciones propias del proceso productivo, cumple con el estándar de información de acuerdo a lo comprometido en la evaluación ambiental».

Por todo lo anterior la sentencia acogió la reclamación en cuanto a las sanciones aplicadas por las infracciones correspondientes a los cargos N°s 6.1 y 7, por estimarse insuficientemente motivadas e ilegales, por lo tanto se anuló la Resolución Exenta N° 283 de el 11 de abril de 2017 por el Superintendente del Medio Ambiente y se ordena a éste dictar una nueva resolución conforme a lo razonado por fallo. Asimismo resolvió rechazar las alegaciones contra los cargos N°s 6.2 y 8 y aquellas referidas a la infracción a los principios del debido proceso.

Fuente: Diario Constitucional

Corte Suprema confirma sentencia que rechazó recurso de protección contra empresa de servicios sanitarios y SEA

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Puerto Montt, que rechazó el recurso de  protección deducida por un defensor de derechos humanos en representación de vecinos del río Trapén y tres agricultores contra  Empresa de Servicios Sanitarios y el Servicio de Evaluación Ambiental de Los Lagos, debido a que el primero habría instalado ductos que forman parte del proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, en circunstancia que su evaluación ambiental no se encontraba afinada, conducta conocida y tolerada por el Servicio recurrido, situación que vulneraría la igualdad ante la ley.

La Corte de Puerto Montt expuso que la empresa de servicios obtuvo respuesta favorable a su carta de pertinencia, mediante acto dictado por el Servicio de Evaluación Ambiental el 27 de febrero del 2017, entidad que concluyó que la construcción de la planta de tratamiento no debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Luego, producto de una serie de denuncias y a requerimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, con fecha 14 de junio de 2017 el Servicio dictó el Decreto Exento Nº170640, a través del cual adoptó una decisión diversa a aquella antes mencionada. Con posterioridad, específicamente el 5 de julio del corriente, la Superintendencia del Medio Ambiente dictó requerimiento de ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, iniciando el procedimiento de elusión, el que concluyó sin resolución sancionatoria ante el compromiso del proyectista de limitar el número de certificados de dotación de servicio de evacuación de aguas servidas a sólo 600 viviendas, alejándose del umbral comprendido en el artículo 3º, letra o), número 4 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Concluyó que los organismos administrativos competentes verificaron que el proyecto de construcción de la planta provisoria de aguas servidas que se emplazará en el sector de Panitao Alto de esta ciudad y comuna no debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de lo que se desprende que sus obras podían ser iniciadas sin necesidad de contar con una resolución de calificación ambiental favorable, lo que descarta la concurrencia de ilegalidad o arbitrariedad en la conducta cuestionada. Por lo tanto, el Tribunal de alzada rechazó el recurso y la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada

Fuente: Diario Constitucional.

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