Corte de Santiago acogió recurso de protección interpuesto por cuentacorrentista contra banco por negativa de restituir fondos sustraídos de su cuenta

La recurrida actuó de forma ilegal al no adoptar medidas de resguardo tecnológico requeridas por la Comisión para el Mercado Financiero para evitar la salida de los fondos.

[Read more…]

Corte Suprema confirma sentencia que condenó a banco a indemnizar a clienta suplantada en obtención de crédito

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que condenó al Banco Ripley a pagar una indemnización de $15.000.000 (quince millones de pesos) a clienta que fue suplantada por una prima que solicitó un crédito.

En fallo unánime (causa rol 38.283-2016), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Héctor Carreño, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich y el abogado (i) Jorge Lagos– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que condenó a la entidad bancaria a indemnizar a Magda Franulic de la Puente, quien fue suplantada en 2011, por Mourina de la Puente Vera en una sucursal ubicada en la capital de la Cuarta Región.

El fallo del máximo tribunal confirma la responsabilidad del banco por la falta de diligencia en el otorgamiento del empréstito, que le generó a la demandante una deuda y su ingreso a Dicom.

«La pretensión anulatoria del banco recurrente se afinca en que la demandante no advirtió oportunamente que había extraviado o que no mantenía consigo su cédula de identidad, postulando que esta conducta omisiva influyó causalmente en la contratación del crédito y en el daño cuya indemnización persigue, puesto que, de no haber incurrido en ella [esto es, de haberse dado cuenta de la pérdida del citado documento], la habría bloqueado y, consecuencialmente, su prima no habría podido obtener el empréstito al constatarse que dicho documento no estaba vigente», sostiene el fallo del máximo tribunal.

La resolución agrega que: «sin embargo, el silogismo propuesto por el recurrente se estrella contra los hechos establecidos por los jueces del fondo desde que, como quedó dicho en el basamento cuarto, la demandante advirtió que no traía consigo su cédula de identidad el día 12 de julio de 2011, a raíz de una llamada telefónica por medio de la cual se le informaba acerca de una mujer que, portando su documento de identidad, se había acercado a una institución financiera requiriendo un crédito de consumo. Es decir, el día 6 de julio del mismo año, fecha en que doña Mourina de la Puente se presentó en la sucursal La Serena del Banco Ripley y exhibió la documentación que se le requirió para solicitar y obtener la aprobación de un empréstito, la demandante, doña Magda Franulic, no tenía conocimiento de que su documento de identificación le había sido sustraído desde la cartera que mantenía en su domicilio».

«Que la única omisión –continúa– que podría reputarse causalmente concurrente con la falta de diligencia del banco demandado y que impondría a los jueces del fondo la aplicación de la regla de atenuación de responsabilidad que consagra el artículo 2.330 del Código Civil sería aquella consistente en que, enterada la demandante del hecho que su prima le sustrajo su documento de identidad desde su billetera, no hubiere realizado ninguna acción en orden a bloquear tal instrumento e impedir su uso malicioso, cuestión que no fue demostrada en el proceso y, por el contrario, se acreditó que tan pronto tuvo conocimiento del extravío efectuó las gestiones necesarias ante la autoridad para precaver el uso indebido de su cédula de identidad».

(Fuente: Poder Judicial)

Diputados buscan perfeccionar funcionamiento de los cajeros automáticos

Finanzas DineroPerfeccionar el funcionamiento de los cajeros automáticos modificando el Decreto Supremo 222, que regula medidas mínimas de seguridad aplicables a su instalación y operación, es lo que solicita la Sala de la Cámara de Diputados al Ejecutivo.

La solicitud, aprobada por 92 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, fue presentada a la Cámara por los diputados RN Alejandro Santana, Bernardo Berger, Gonzalo Fuenzalida, Jorge Rathgeb, Marcela Sabat y René Manuel García, además de los UDI David Sandoval e Iván Norambuena y el socialista Fidel Espinoza.

Según expresaron los legisladores, el uso de los cajeros automáticos está regulado en nuestro país a través del Decreto Supremo 222, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual regula medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie.

Sin embargo, y aunque el mencionado decreto regula diversos cuerpos relativos a la seguridad y al funcionamiento, argumentaron que este no ha regulado un detalle relativo a la operación de la tarjeta bancaria durante el giro de dinero, u otra operación al interior de un cajero automático.

En ese contexto, argumentaron que en los cajeros de las mayorías de las entidades bancarias, la operación exige, para comenzar, que se inserte la tarjeta de débito o crédito en el interior del cajero automático y esta solo es devuelta una vez que la operación ha concluido. “Son muy pocos los cajeros que operan con la lógica contraria: el cliente debe insertar y retirar la tarjeta de crédito en el mismo acto y después de eso puede operar en el cajero hasta finalizar la operación”, acotaron.

Por lo anterior, manifestaron que esta última versión es la más segura, puesto que evita que el cliente olvide su tarjeta bancaria al interior del cajero automático, una vez que ha recibido el dinero. “La norma administrativa debiera ir en esta línea, pues se trata de un cambio deseable, barato de implementar, y que puede ayudar a la seguridad de todos los usuarios”, remataron.

(Fuente: Diputados)

Consulte la resolución de la Cámara de Diputados N° 794.

Corte Suprema confirma multas aplicadas a SMU por incumplir condiciones para fusionar supermercados

FNELa Corte Suprema acogió el recurso de reclamación presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE)  y aplicó una multa de 508 UTA a  la empresa SMU S. A. por incumplimiento de las condiciones impuestas al proceso de fusión de locales.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal ratificó, además, la multa de 2.334 UTA aplicada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a SMU por incumplir las condiciones primera y tercera de la resolución que autorizó la fusión.

Asimismo, la sentencia del máximo tribunal establece que la empresa también incumplió la segunda condición, consistente en que, «en tanto no se complete la enajenación de locales indicados en la condición anterior, SMU y sus relacionadas, según corresponda, deberán mantener en operación dichos locales y equiparar los precios existentes en la localidad más cercana que presente condiciones de competencia suficientes, ajustados por los costos de flete si correspondiere y acordar condiciones y precios con los proveedores locales de los supermercados ubicados en dichas localidades que no sean menos favorables que las acordadas con proveedores de productos equivalentes para los locales ubicados en la capital regional más cercana, ajustados por los costos de flete en los casos en que ello correspondiere».

«Todo lo anterior, en concepto de esta Corte no permite tener por cumplida la condición segunda con la modalidad utilizada por SMU”, detalla el fallo.

Asimismo, indica que “toda vez que ella adoleció de defectos que implicaron, en la práctica, una imposibilidad de equiparación de los precios y ámbitos de discrecionalidad inadmisibles a la luz de las finalidades que se tuvieron en vista al momento de establecer la obligación. De esta forma, resulta acreditado, por una parte, el incumplimiento de la condición segunda y, por otro, la culpabilidad de la empresa, en tanto todas las circunstancias anteriores que configuran la infracción son reconocidas por ella en sus presentaciones de la causa, de lo que se desprende que estaba en conocimiento de que la modalidad utilizada, finalmente, no satisfizo los objetivos que se buscaba lograr».

La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Egnem.

(Fuente: Poder Judicial)

Sala aprobó proyecto que elimina beneficio de las AFP en materia de intereses de cotizaciones previsionales adeudadas

afpPor 108 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en su primer trámite constitucional, el proyecto que modifica el Decreto Ley 3.500, de 1980, que estableció el Sistema de Pensiones, con el objeto de eliminar el beneficio de que gozan las AFP en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas.

En concreto, el texto presentado por la diputada Alejandra Sepúlveda, junto a los diputados Cristina Girardi, Denise Pascal, Miguel Ángel Alvarado, Osvaldo Andrade, Gabriel Boric, Iván Fuentes, Vlado Mirosevic, Leopoldo Pérez y Patricio Vallespín, señala que los reajustes e intereses por el pago atrasado de las cotizaciones previsionales, serán abonados en la cuenta de capitalización individual del afiliado afectado, siendo solo de beneficio de las AFP las costas de cobranza.

En los argumentos de esta propuesta legal se advierten las actuales críticas al sistema de pensiones y se recuerda que una parte fundamental de los recursos del sistema lo componen las cotizaciones obligatorias. Estas deben ser pagadas a la AFP por el empleador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente, al que fueron descontadas de las remuneraciones del trabajador. Si esto no ocurriese en el plazo el empleador será sancionado con multas, junto con el cálculo de reajustes e intereses.

De estos, se agrega, una parte le corresponden a la AFP. Así, por ejemplo, y de acuerdo a la circular de 2016 de la Superintendencia de Pensiones «si una cotización se adeuda desde agosto de 2015 y se paga el 1 de abril de 2016, se aplica un 11,99% de interés penal, y un 6% de recargo de lo cual un 2,27% le corresponde a la AFP».

Los legisladores manifiestan que no es posible seguir manteniendo este beneficio, considerando el estado actual de las pensiones, que se derivan, entre otros factores, en las lagunas previsionales provocadas por la falta de pago de las cotizaciones por parte de los empleadores; donde justamente para ello se establecen estos intereses penales, puesto que permiten compensar los vacíos que se pudieron haber provocado en su momento.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10708-13.

Corte de Apelaciones de Santiago confirma multa aplicada por SVS a ex directora de La Polar

La PolarLa Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia impugnada que confirmó la multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a María Graciela Cariola Cubillos, por infracciones a su deber como directora de la empresa La Polar.

En fallo unánime (causa rol 13008-2015), la Novena Sala del tribunal alzada –integrada por las ministras Jessica González, Nora Rosati y el abogado (i) Mauricio Decap– confirmó la sentencia que ordenó el pago de una multa de 400 UF (unidades de fomento) a la ex directiva de la empresa de retail, dictada por la magistrada Carolina Brengi, del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó el recurso de reclamación interpuesto la defensa de la ex ejecutiva.

En el fallo de primera instancia (causa rol 7.259-2012), se resolvió sancionar a Cariola Cubillos por  su actuar poco diligente como directora de La Polar, al no haberse informado adecuadamente frente a «señales o indicios evidentes que debieron haberla alertado de la precaria situación financiera de la empresa a consecuencia de un inmenso fraude en su interior y frente a la existencia de deficiencias en los sistemas de control interno, que afectaban el flujo de la información a la que accedía el directorio».

«En cuanto al tercer reparo, relativo a la aplicación en materia de derecho administrativo sancionador de las exigencia propias del derecho penal, concretamente en torno al principio de tipicidad, sin perjuicio de los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada, que esta Corte comparte, debe señalarse que si bien es cierto existe acuerdo hoy entre los autores y resulta uniforme en la jurisprudencia que ambas disciplinas comparten un tronco común, que se deriva del ius puniendi estatal, no es menos cierto que existe prácticamente unanimidad, en cuanto a que no resulta posible efectuar un traspaso automático de dichos principios al derecho administrativo sancionador, dado el contexto en que una y otra establecen las sanciones. En este sentido, la Corte Suprema se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre el particular, por ejemplo en la causa Rol 1079-2014 (…) Este largo planteamiento efectuado por nuestro más alto tribunal, resulta plenamente aplicable en la especie, y es conteste, además, con opiniones doctrinales que se pronuncian sobre la materia. Así, por ejemplo, el profesor Luis Cordero Vega señala en sus Lecciones de Derecho Administrativo (Thomson Reuters, Santiago, 2005, p. 501-502) que el principio de tipicidad en lo que se refiere al derecho administrativo sancionador alude «al grado de predeterminación normativa de los comportamientos típicos y de sus consecuencias sancionadoras«, asumiendo como propia la postura sostenida por el Tribunal Constitucional en causa Rol 479, en su considerando 25, en el que se exige que la conducta esté «sustantivamente descrita en la norma (de rango legal), de manera que los sujetos imperados por ella tengan una suficiente noticia (previa) acerca de la conducta que les resultará exigible. En tal virtud, sólo serán sancionadas aquellas personas de quienes se pueda presumir que han estado en situación de conocer cabalmente lo que se describe como conducta indebida y sujeta a sanción.» Agrega, por si hubiera dudas, que resulta «admisible en las hipótesis de las infracciones administrativas, que los incumplimientos sancionables puedan desprenderse de diversas normas, de manera tal que no se viola la tipicidad si no se encuentra establecida en una sola norma«, sostiene el fallo del tribunal de alzada.

La resolución agrega que «(…) en plena correspondencia con la jurisprudencia y doctrina citadas profusamente en el motivo anterior, no se advierte de qué manera en el caso sub lite, podría verse vulnerado el principio de tipicidad administrativa, atento a lo que disponen las normas de los artículos 39 y 41 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas».

(Fuente: Poder Judicial)

Proyecto que permite las tarjetas de prepago quedó en condiciones de ser ley

tarjeta creditoCon 111 votos a favor y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó en tercer y último trámite el miércoles 3 de agosto, el proyecto que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondo por entidades no bancarias.

La iniciativa, que fue remitida al Ejecutivo para sus trámites de promulgación como ley, apunta a facilitar el acceso de los sectores de menores recursos a medios de pago electrónicos, mediante el desarrollo de instrumentos que permitan almacenar fondos previamente, tales como tarjetas, cuentas de Internet o teléfonos móviles, provistas no solo por los bancos.

Dentro de los cambios aprobados, se permite a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (METRO S.A.), convenir con las entidades no bancarias emisoras de medios de prepago, la prestación recíproca de los servicios de recaudación y carga de fondos.

Las entidades no bancarias tendrán un marco regulatorio distinto a la Ley General de Bancos. Las empresas emisoras y operadoras de medios de prepago, deberán constituirse en el país como sociedad anónima especial de giro exclusivo, debiendo sujetarse a las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas abiertas, cumplir las exigencias que el Banco Central establezca y someterse a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Dentro de las entidades que podrán constituir estas sociedades se encuentran las Cajas de Compensación y las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por la SBIF.

El Banco Central, en tanto, podrá dictar normas diferenciadas, atendiendo a la naturaleza de las operaciones que efectúen los emisores u operadores de estos medios de prepago.

La operación de estos instrumentos podrá ser ejercida por estas empresas o por sociedades de apoyo al giro bancario, siendo necesario, en este último caso, que dichas sociedades establezcan condiciones y exigencias objetivas y no discriminatorias de contratación.

Los emisores no bancarios de medios de prepago podrán recibir dinero del público, solo para efectuar los pagos correspondientes a su utilización, al cargo de las comisiones que procedan o al reembolso de los recursos recibidos. Estos fondos recibidos por el emisor se registrarán, mantendrán y contabilizarán en todo momento en forma segregada respecto de las otras operaciones realizadas por la sociedad emisora, no serán susceptibles de embargo, medida prejudicial o precautoria u otras limitaciones al dominio y no devengarán intereses ni reajustes.

La persona podrá, en cualquier momento, solicitar al emisor la devolución del saldo de dinero provisionado en el medio de prepago, sin reajustes ni intereses. También podrá utilizarlo para acceder al sistema de transporte público de pasajeros.

Adicionalmente, se autoriza a la empresa Metro a convenir con las entidades no bancarias emisoras de medios de prepago, la prestación recíproca de los servicios de recaudación y carga de fondos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9197.

Presentan solicitud para permitir el retiro parcial de fondos previsionales

afpUn grupo de diputados pidió al Ejecutivo el envío de un proyecto que posibilite, por una sola vez, el retiro de hasta el 25 por ciento de los ahorros previsionales de cada cotizante para comprar un inmueble o entregar un pie en un crédito hipotecario.

A través de una resolución –que aún debe ser votada y aprobada por la Sala de la Corporación– los legisladores piden al gobierno que mientras se espera e implementa una reforma previsional general, es necesario contar con medidas que operen a corto y mediano plazo para apoyar a la clase media, planteando, como una de estas, la posibilidad del retiro parcial de los fondos ahorrados en las AFP.

Al respecto, el diputado Marcelo Chávez explicó que “hay que recordar que los fondos previsionales en Chile son de propiedad de los afiliados y lamentablemente en Chile, al parecer, se ha ido perdiendo esta noción. Por lo tanto, creemos que, por esta, vía los afiliados al sistema de pensiones podrían rentar mucho más por la vía de la adquisición de una vivienda que lo que hoy día están haciendo a través del sistema de pensiones».

Añadió que la idea de esta propuesta es que tendría un carácter voluntario, no obligatorio, de manera quien quiera, pueda ,por una vez en su vida, retirar para este solo objeto.

Chávez precisó que “queremos contribuir con esta propuesta a generar y abrir la conversación en torno a este sistema de pensiones, no para consolidar este sistema, muy por el contrario; sino para abrir la conversación, para abrir el debate y generar el espacio y las propuestas que puedan ir surgiendo a propósito de este tema”.

El diputado Fuad Chahin, en tanto, señaló que “este sistema es un crimen social que no da para más, que requiere cambios profundos, estructurales, y hay que pasar a un sistema mixto con aportes tripartitos y solidarios; pero, este cambio de sistema, va a tener efectos en 20 o 30 años, esos son los tiempos que se toma en surtir efecto un cambio estructural como el que el país necesita y que nosotros respaldamos. Obviamente hay que tener, además otras medidas que generen algún efecto en el corto plazo, y ahí hemos propuesto a los menos dos; fortalecer el Pilar Solidario para los más vulnerables y aportar con iniciativas que mejoren las pensiones y aumenten la rentabilidad y por eso esta propuesta que hoy hemos ingresado».

Agregó que “hoy día el Estado de Chile gasta entre un 0,9 y 1 punto del PIB para financiar las pensiones de los 130 mil pensionados de las FFAA y de Orden; y, apenas 0,7 puntos del PIB para el millón y medio de personas que reciben el Pilar Solidario o pensiones básicas solidarias, aportes previsional solidario; eso, tenemos que mejorarlo. El esfuerzo del Estado tiene que estar con ese millón y medio más vulnerable, ampliando los montos y también la cobertura».

Pero, además, llamó la atención sobre la clase media, ya que el Estado también tiene beneficios para aquellos poseen mayor capacidad de ahorro, porque los aportes previsionales voluntarios tienen franquicia tributaria y, por lo tanto, «es la clase media la que hoy día en el corto plazo tiene pocas posibilidades de poder mejorar sus pensiones o sus ingresos porque este cambio estructural se va a tomar un tiempo en surtir efecto, y queremos por lo tanto que la decisión se tome ahora».

En esa línea, la solicitud plantada por medio de esta resolución busca que la clase media, que no recibe los beneficios del Pilar Solidario ni tampoco tiene capacidad de ahorro para un APV, pueda retirar parte de sus fondos de pensiones para invertir «en un negocio bastante seguro y bastante rentable como el negocio inmobiliario, ya sea para destinarlo al arrendamiento o para poder adquirir una vivienda propia y evitar el pago justamente de una renta».

El diputado Pablo Lorenzini, en tanto, manifestó que “además de mirar para adelante, y en eso estamos, yo pido revisar lo que se ha hecho; revisar, por ejemplo, todo lo que ocurrió con las tablas y cálculos de mortalidad efectuados por las superintendencia y que obviamente ha sido manipulado a favor de las AFP. Lo de ofrecer renta vitalicia versus renta programada y los cambios que eso significa en las pensiones también está manipulado”.

El proyecto de Resolución fue firmado, también, por los diputados DC Juan Morano, Iván Flores, Sergio Ojeda, Víctor Torres y Mario Venegas.

(Fuente: Diputados)

Corte de Santiago ordenó a SBIF entregar información por ley de transparencia

TransparenciaEn fallo unánime, la Corte de Santiago rechazó recurso de reclamación presentado en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) entregar copias de los requerimientos que formuló, en agosto de 2015, y de la respuesta del banco Scotiabank Chile, del 28 de julio de 2015, sobre deudas de la empresa Francisco Armijo Núñez y Cía. Limitada con la entidad bancaria.

La resolución sostiene que «se puede concluir de las disposiciones constitucionales citadas, artículos 32 N° 3 y 64 de la Constitución Política, que el artículo 7° contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 1997, no tiene el rango de ley de quorum calificado por mandato constitucional, sino que por el contrario se trata necesaria y esencialmente de una ley de nominación constitucional simple u ordinaria, por lo que el citado artículo 7 del D.F.L. N° 3 no se encuentra comprendido en la causal de reserva que establece el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia N° 20.285, toda vez que no se trata de una ley de quorum calificado, conclusión que per se es suficiente para desestimar la pretensión de la SBIF, en cuanto estaría legitimada para no tener que dar cumplimiento a la Decisión de Amparo impugnada».

El fallo de la Corte de Santiago agrega que «(…) a mayor abundamiento, atendido lo razonado en los considerados anteriores y atento al rango constitucional del principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado y las excepciones a la publicidad que se contemplan en el artículo 8º inciso 2º de la Constitución refuerzan lo que son: excepciones limitadas a las causales en él referidas, sin que pueda sostenerse en el presente caso que el citado artículo 7° de la Ley General de Bancos sea un caso de reserva de información pública de aquellas contempladas en dicha norma constitucional, sino más bien un deber funcionario como muchos otros, orientados a la protección del bien jurídico «recta administración del Estado»: legalidad, imparcialidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia, racionalidad, probidad, neutralidad política y otros».

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte Suprema ratificó multa aplicada a corredora de bolsa por infracción a la ley del mercado de valores

Superintendencia-de-Valores-y-SegurosEn fallo unánime, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada el 7 julio de 2015 que ratificó resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros –SVS– que aplicó una multa de 400 UF a la corredora de bolsa Larraín Vial.

La sentencia del máximo Tribunal sostiene que ”tal como lo han sostenido los sentenciadores del grado, no puede entenderse que el deber de una Corredora de Bolsa se agote en la verificación de establecer si la persona que actúa por su intermedio tiene la facultad de obligarse por sí misma y sin la autorización o ministerio de otra persona. En este sentido debe tenerse presente que de conformidad al artículo 1446 del Código Civil, la regla general es la capacidad de las personas, siendo incapaces solo aquéllos a quienes la ley así los declara, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente del mismo código.

Por lo anterior, tal como se reconoce en el fallo, el deber que impone el artículo 34 de la Ley N° 18.045 solo quedaría reducido a casos muy específicos.

Por otra parte, la celebración de un acto con un incapaz, sea absoluto o relativo, ya se encuentra sancionada por el ordenamiento y generará las consecuencias que la ley estatuye como efectos jurídicos ineludibles, por lo que la única forma que la disposición en estudio tenga sentido es la de considerar que la responsabilidad que establece para la Corredora de Bolsa, respecto de la capacidad legal de quienes contraten por su intermedio, implica cerciorarse de si quien compareció ante ella lo hacía dotado de las facultades suficientes para actuar de acuerdo a los términos del mandato que se le hubiese conferido».

La resolución de la Corte Suprema agrega que “de lo dispuesto en el artículo 1560 del Código Civil resulta que no puede fijársele al contrato un sentido diverso de aquel que quisieron darle las partes, si se considera que el contrato arranca su existencia del concurso real de la voluntad de las partes y, por lo mismo, si del propio contrato celebrado por las partes no aparece especificado que la voluntad de las partes hubiese sido que se incluyera en el cometido de mandatario la facultad de liquidar acciones en custodia en la Corredora de Bolsa para cubrir deudas derivadas de operaciones de forwards en dólares, no puede admitirse que en el ánimo de los contratantes hubiese tenido asidero tal autorización…”

(Fuente: Diario Constitucional)

A %d blogueros les gusta esto: