Corte Suprema: no se dan por establecidos los elementos ni el desequilibrio de poder negociador para que haya un contrato de adhesión

Con fecha 2 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que acogió la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, en juicio ordinario sobre indemnización de perjuicio por infracción al derecho del consumidor por estimarse que el contrato de promesa de compraventa realizado con una inmobiliaria no es de adhesión. Para decidir esto, el tribunal considera que se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa suscrito con la inmobiliaria fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales. Sin embargo, no se prueba ni esto, ni un desequilibrio de poder negociador que permitiría imponer estas cláusulas.

La sentencia unánime considera que para que sea aplicable la norma que permite al consumidor recurrir siempre a la justicia ordinaria debe tratarse en el caso de un contrato de adhesión. En efecto, el artículo 16 de la Ley 19.946 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores se ubica en el párrafo 4° del Título II, titulado «Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión». Por lo demás, el inciso que inicia el artículo 16, que determina el ámbito de las reglas, se refiere expresamente a los contratos de adhesión. Sin embargo, el demandante no puede demostrar que existe un contrato de adhesión, por lo que para resolver cualquier conflicto del contrato corresponde se debe ejecutar la cláusula de arbitraje y no recurrir a la justicia ordinaria, como permite la ley.

El demandante ha fundado su alegación de que el contrato de promesa de compraventa es de adhesión en la circunstancia que habría sido redactado por la Inmobiliaria demandada, y en que existen varios contratos del mismo tipo celebrados por ella con otros promitentes compradores en los que la competencia queda radicada en los tribunales ordinarios, mientras en otros se radica ante el juez árbitro, lo que en su concepto demostraría que la cláusula de competencia queda entregada al arbitrio de la demandada. Tales postulados resultan insuficientes para evidenciar que en la promesa de venta de que se trata el consentimiento se haya formado mediante la sola aceptación expedida por el actor, de las condiciones dispuestas por la demandada.

Por regla general la compraventa de un inmueble es (y lo propio puede sostenerse de una promesa de compraventa, si se mantuviere la aplicación de estas reglas a ella) un contrato de libre discusión en el que las partes debaten y estipulan libremente su contenido. Por otra parte, si bien la doctrina reconoce que los contratos de adhesión pueden presentarse no sólo en aquellas situaciones en que hay condiciones generales de contratación o estandarización contractual, sino también en una convención aislada entre dos sujetos (donde la oferta no tendrá las características ni de generalidad ni de permanencia, y probablemente tampoco de minuciosidad, caracteres comúnmente pedidos para la adhesión), en todo caso debe estar presente un rasgo que se tiene por decisivo para calificar la adhesión: el desequilibrio del poder negociador de los contratantes.

En tal sentido, se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales: en particular, las relativas a la cosa, el precio, la forma de pago, y al plazo o condición que fija la época de celebración del contrato prometido en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1554 del Código Civil. Además, ciertamente debió demostrarse la presencia de elementos constitutivos de aquel desequilibrio del poder negociador que constituye el contrato por adhesión.

Consulte la sentencia en nuestro sitio www.microjuris.cl

Patio 29: Corte de Santiago confirma fallo que ordena al Fisco pagar indemnización por errónea identificación de restos de ciudadano uruguayo

corte-apelaciones-santiagoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a familiares de Arazati López López, ciudadano uruguayo cuyos restos fueron mal identificados por el Servicio Médico Legal (SML) a periciar osamentas inhumadas en el Patio 29 del Cementerio General.

En fallo unánime (causa rol 13.064-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Madrid, Viviana Toro y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– confirmó la sentencia dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó indemnizar a los familiares de López López.

Los restos óseos del ciudadano uruguayo, detenido el 14 de septiembre de 1973 en una pensión de Avenida España, fueron erróneamente identificados en 1994 a través de pericias antropomórficas y repatriados a Uruguay. Sin embargo, en 2009 se comprobó con exámenes de ADN mitocondrial que habían sido mal individualizados.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo dictado por la jueza Rocío Pérez Gamboa, que estableció (causa rol 27.716- 2014) la responsabilidad del Estado por la falta de servicio del SML.

«Resulta un hecho público y notorio la necesidad de la ciudadanía, autoridades y por sobre todo de los familiares de víctimas detenidas desaparecidas de obtener certeza, no solo de su paradero en algunos casos, sino también de su identificación en el caso de los restos encontrados en el Patio 29 y que tal importancia y trascendencia ha sido expresada por el Estado en los distintos ámbitos y etapas de este proceso, lo que se ha podido apreciar por ejemplo en la resolución Exenta N° 554 del propio Servicio Médico Legal en el que se hace mención a la urgente necesidad de solucionar el problema de identificación, en la valiosa inversión económica que el informe Glasgow significó, y en los restantes esfuerzos económicos efectuados por el Ministerio de Justicia para implementar a este servicio de modernos equipos y capacitación para su personal», sostiene el fallo de primera instancia.

Resolución que agrega: «En este contexto la obligación y responsabilidad del Servicio Médico Legal resulta trascendente y relevante toda vez que debía emplear la mayor acuciosidad, seriedad y resguardo en el cumplimiento de esta tarea, advirtiéndose no solo la impericia de sus peritos y procedimientos aplicados, sino que además debió haber desplegado sus esfuerzos precisamente para refutar las conclusiones que se contenían en el denominado Informe Glasgow, omitiendo dar a conocer íntegramente dichos cuestionamientos, tanto a los tribunales que conocían de los diversos procesos como a los destinatarios de tal información».

«Valga consignar –continúa– que si bien es cierto que el avance de los conocimientos y de las técnicas de la ciencia, es permanente y en constante desarrollo, ello no eximía al Servicio Médico Legal de su deber de proporcionar un servicio de calidad y excelencia, debiendo estar al tanto de la ciencia a nivel internacional, sin que sea excusa para ello la falta de dotación o de implementación de la misma, puesto que el reproche que se le hace por esta sentencia no es carecer de ello, sino haber ocultado que existían reparos en su trabajo y en haber omitido en forma negligente, al parecer de esta juzgadora, que lo concluido tenia precisamente las características ya dichas, esto es, que estaba sujeto a los conocimientos y técnicas de que en ese momento se disponía, y más aún, que ya a esa data se contaba en el contexto internacional con otros medios de verificación. Lo esperable, era que al igual que en otros informes se consigne las salvedades, los porcentajes de certeza o margen de error (…) se tiene por establecido que el Servicio Médico Legal, en cuanto órgano de la Administración del Estado, entregó un servicio defectuoso, ocasionando una apresurada y errónea identificación de los restos del patio 29, que de generar daños obliga al Estado a su resarcimiento».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema: existe contrato de comodato, y no mera tolerancia, por la relación familiar entre ocupante y dueña de la casa

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, considerando que no existía precario porque entre la madre dueña de la casa y la ocupante –su hija– no existía mera tolerancia sino un contrato de comodato. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 3 de enero, la cuarta sala del máximo tribunal revoca la sentencia que acogía la demanda de precario, resolviendo unánimemente en cambio que tal acción no correspondía al existir un contrato previo entre las partes.

Para fundamentar esto, la corte expresa que, aunque no existiese un contrato entre las partes para utilizar el inmueble respecto del cual se acciona de precario, no merece reparos el hecho que la actora haya consentido a los demandados hacer uso de la vivienda para residir en ella, si se observa la relación madre-hija que media entre ambas, lazo parental que razonablemente presta asidero a la alegación de un consenso generador de la obligación de reintegro, incompatible con la simple aceptación pasiva al ingreso de los demandados, suceso éste que escapa a cualquier acuerdo de voluntades, puesto que se alza sobre un cimiento material de esencia de la institución, cual es la invasión de un bien y la pasividad frente a ese acontecimiento mostrada por la dueña.

Los demandados, entonces, no permanecen en el recinto por un mero hecho, presupuesto constitutivo de simple precario, sino que en razón de una aquiescencia de la madre de la demandada y dueña del lugar. Según el tribunal, los jueces de la instancia prescindieron de tal antecedente y erraron en la aplicación del artículo 2195 del Código Civil, en tanto que la existencia del préstamo de uso conferido a los demandados constituye un caso que refleja de forma indubitada que el empleo que se ha hecho del sitio no obedece a una mera tolerancia de su dueña.

Por tanto, se produce el quebrantamiento de los artículos 2194 y 2195 del Código Civil, pues efectivamente los demandados no habitan la casa por mera tolerancia de la actora, sin previo contrato, sino en virtud de una licencia que su dueña les confirió, circunstancia que faculta calificar tal ocupación como un contrato de comodato, y distanciarla de un mero precario.

Regulación de servicios sanitarios rurales a un paso de convertirse en ley en el Senado

bien ruralCon 26 votos a favor, la Sala respaldó del informe de la Comisión Mixta respecto al proyecto que regula los servicios sanitarios rurales. Con este resultado, el texto volverá a la Cámara Baja donde deberá analizarse. Si éste se aprueba, queda en condiciones de convertirse en ley.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti, Rabindranath Quinteros, Juan Antonio Coloma, Jorge Pizarro, Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier, Adriana Muñoz, Francisco Chahuán, Felipe Harboe, Alejandro García Huidobro y Alejandro Navarro.

Al término de la votación, intervino el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, agradeciendo el respaldo de los legisladores.

En general, los congresistas valoraron esta nueva institucionalidad que entregará un sustento técnico a los comités de agua potable rural. Todos coincidieron en la necesidad de preservar el recurso y valoraron que se haya incluido en la tramitación a los dirigentes del sector.

PROYECTO

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto establecer un marco jurídico e institucional, de carácter público, que permita regular la organización y funcionamiento de las entidades a cargo de los servicios sanitarios rurales, las condiciones de prestación y mantención del servicio y los mecanismos de asesoría y fiscalización sanitaria.

Contenido:

  • Fortalece la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias, entregando la prestación del servicio sanitario en el ámbito rural, a los Comités o Cooperativas que, cumpliendo los requisitos correspondientes, obtengan del Ministerio de Obras Públicas una licencia para el establecimiento, construcción y explotación de este tipo de servicios, en un área determinada.
  • Excepcionalmente, conforme se establezca en el reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la autoridad sanitaria regional.
  • Regula los servicios sanitarios rurales, distinguiendo entre los primarios, que son aquellos destinados a la prestación, para un uso doméstico, de servicios de agua potable y saneamiento y, los secundarios, que comprenden todas aquellas prestaciones que excedan dicho uso, siempre que se encuentre garantizado el abastecimiento primario.
  • La prestación de servicios sanitarios rurales comprenderá 4 etapas: producción de agua potable; distribución de la misma; recolección de aguas servidas y, el tratamiento y disposición final de éstas.
  • Las licencias para prestar servicios sanitarios rurales serán de carácter indefinido, sin perjuicio de lo cual los prestadores deberán someterse, cada 5 años, a un proceso de evaluación en el cual deberán acreditar ante la Subdirección el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: calidad del agua; cantidad; continuidad del servicio; la existencia de un fondo de reserva para garantía del servicio y la existencia de un plan de inversiones aprobado por la subdirección, cuando corresponda.
  • Dispone que la licencia se otorgará a todos los sistemas que estén conformados como comités o cooperativas, con personalidad jurídica vigente, inscritos en el registro de operadores que llevará la Subdirección, que lo soliciten y den cumplimiento a las exigencias que se establecen en este ´proyecto de ley.
  • En aquellos lugares en que no exista un operador de servicios sanitarios rurales o no existan interesados en operarlo en la comuna, provincia o región, según corresponda, el Ministerio podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias, siempre y cuando sea indispensable su provisión.
  • Establece los derechos y obligaciones, tanto de los operadores, como de los usuarios de estos servicios.
  • Regula los procedimientos y requisitos para la solicitud, adjudicación y ampliaciones de las licencias, así como la caducidad, continuidad de la prestación del servicio y procedimiento concursal de liquidación y de reorganización de la licenciataria.
  • Establece las causales de incompatibilidad, de cesación en los cargos y censura de dirigentes de los dirigentes de los comités y cooperativas.
  • Establece el procedimiento de determinación de la tarifa por cobrar al usuario, su reajustabilidad anual y la aplicación del principio de no discriminación en la tarifa.
  • Entrega al Ministerio de Obras Públicas, con la asesoría de otros Ministerios y del Consejo Consultivo que se crea, la determinación de una política de inversión, asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 6252-09.

Corte de Santiago confirma fallo que ordenó a concesionaria indemnizar a víctimas por caída de pasarela en aeropuerto

aerolinea avion aeropuertoLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a la empresa concesionaria SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. a pagar una indemnización de alrededor de $90.000.000 (noventa millones de pesos) a cinco mujeres que resultaron lesionadas por la caída de una pasarela en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en febrero de 2010.

En fallo dividido (causa rol 6.334-2016), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Pedro Advis y el abogado (i) David Peralta– confirmó la resolución dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago que condenó a la empresa por las lesiones sufridas por las demandantes, quienes se encontraban en el terminal aéreo la madrugada del 27 de febrero de 2010, en los momentos en que se registró un terremoto en la zona centro sur del país.

La resolución del tribunal de alzada confirma la resolución que estableció la responsabilidad de SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. por los desperfectos en la construcción de la pasarela que provocaron su derrumbe.

«Como puede advertirse, la norma recién transcrita le impone a las sociedades concesionarias de las obras públicas licitadas, entre las cuales se hallaba la demandada «SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.», la obligación de responder por todos los daños que se causen a terceros, motivo por el cual se les impone precisamente la obligación de adoptar las medidas que impidan tales daños, de modo tal que los desperfectos que presentaba la pasarela N° 2 son imputados por el ordenamiento jurídico a la señalada demandada, quedando así obligada a la indemnización», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «(…) la necesidad jurídica de indemnizar los daños padecidos por las demandantes se hace más evidente si se tiene en cuenta -como se ha asentado previamente- que no todas las pasarelas presentaron desperfectos con motivo del sismo que tuvo lugar el 27 de febrero de 2010, por lo que aquellos que experimentó la estructura siniestrada y causaron su caída son atribuibles a «SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.», que no los advirtió ni reparó».

«(…) una conclusión en sentido diverso –continúa– llevaría a la falta de operatividad del sistema de responsabilidad contemplado en el comentado artículo 62, por lo que también corresponde desechar la alegación de la sociedad concesionaria demandada de concurrir la eximente de responsabilidad de fuerza mayor o caso fortuito».

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Advis, quien consideró «que las demandantes no han demostrado los presupuestos de la obligación indemnizatoria cuyo reconocimiento se reclama».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema confirma sentencia que rechazó demanda contra el fisco por supuesto actuar negligente del Ministerio Público

fiscaliaLa Corte Suprema rechazó la demanda presentada en contra del fisco por un supuesto actuar arbitrario del Ministerio Público en una causa por tráfico de estupefacientes, cuyo imputado resultó absuelto de los cargos.

En fallo unánime (causa rol 52.932-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Juan Eduardo Figueroa– rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que desestimó la demanda presentada por Paul Morrison Cristi, quien fue formalizado en febrero de 2007, por el delito de tráfico de estupefacientes, siendo absuelto por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco al no comprobarse su participación en los hechos.

El fallo del máximo tribunal descartó responsabilidad del Estado por las eventuales conductas erróneas o arbitrarias del Ministerio Público.

«Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia y la doctrina, se trata de un factor de atribución de responsabilidad mucho más restrictivo que el de los supuestos generales de la responsabilidad administrativa o de falta de servicio, respondiendo el primero más bien a un modelo de culpa o negligencia grave. En otras palabras, se debe estar ante un error craso y manifiesto, que no tenga sustento en un motivo plausible», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «ha quedado asentado entonces que en lo que dice relación con la calificación de «injustificadamente errónea» requerida para acoger la demanda, no basta con que el proceder del ente persecutor sea meramente equivocado, inexacto o desacertado, sino que también debe estar falto absolutamente de justificación, lo que, a su vez, supone que la conducta arbitraria del Ministerio Público sea antojadiza o que esté dirigida por la irracionalidad».

«(…) del examen de los antecedentes fácticos reseñados –continúa– en el fundamento noveno de esta sentencia es posible concluir que el comportamiento imputado al Ministerio Público dista de poder ser conceptuado como injustificadamente erróneo o arbitrario pues esta judicatura no puede soslayar que la detención de los demandantes se produce motivada por información entregada por un tercero y por un agente encubierto en una investigación que se inició a través de una orden de investigar emitida en el mes de diciembre del año 2006 y que, al momento de su detención, fue encontrada en el asiento trasero del vehículo que se trasladaban los imputados una sustancia color verde –cannabis sativa–continúa– que dio positivo a la prueba de campo. Esas son las circunstancias concretas que debió enfrentar el órgano persecutor al momento de dirigir la investigación en contra de los demandantes, sin que, el hecho de haber decidido tempranamente ejercer la facultad de no perseverar respecto de Nicolás Moresco Cristi y que Paul Morrisson Cristi fuera absuelto, pueda demostrar que existió una conducta irracional o carente de motivos por parte del Ministerio Público. En este contexto, existió por parte del órgano persecutor una interpretación del artículo 4º de la Ley N° 20.000 distinta de aquella sostenida por los magistrados que conocieron y fallaron absolviendo al acusado, siendo del caso señalar que no existe discusión respecto que la sustancia que arrojó positivo a la prueba de campo sí fue encontrada en el vehículo en que se trasportaban los demandantes, sin embargo, la absolución viene más bien por un reproche probatorio relacionado con la exigencia de un estándar de prueba más elevado por parte de los sentenciadores».

(Fuente: Poder Judicial)

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Primera Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. A partir de esta nota,  comenzaremos a destacar de forma no exhaustiva algunas sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron este año.

lalala

GLOBOS DE VIGILANCIA

Relación entre seguridad y privacidad

globoA principios de año, las Municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea implementaron un sistema de cámaras de vigilancia en globos en la comuna. Vecinos y organizaciones ciudadanas recurrieron de protección frente a este plan, reclamando que a través de él se vulneraban los derechos de la privacidad, al abarcarse tanto espacios públicos como privados en la vigilancia.

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PERSONAL A CONTRATA Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Aplicación de normativa laboral

Funcionarios JudicialesDesde finales del año pasado, y durante todo este año, se ha dado un vuelco jurisprudencial importante relacionado con el estatuto que se le reconoce a distintos grupos de funcionarios públicos, en los cuales la Corte Suprema ha optado por la aplicación del régimen del Código del Trabajo.  A continuación, algunos fallos relevantes.

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RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS 

Multitienda responsable por mantener a clientes en Dicom 

deudoresDurante el mes de octubre, la Corte Suprema respaldo criterio de la sentencia que acogió la demanda colectiva llevada adelante por Sernac a causa de las cláusulas abusivas en los contratos de crédito con la casa comercial. La Corte consideró que al firmar el convenio de pago entre la empresa y los clientes –existiendo en ellos la legítima expectativa de salir del registro de morosidad– se produce una novación, en la cual se extingue la primitiva deuda y surge una nueva.

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PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, CAMBIO JURISPRUDENCIAL

Presentación de la demanda interrumpe la prescripción

codigo civilEl 31 de mayo del presente año, la cuarta sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en juicio sumario sobre acción reivindicatoria especial del Decreto Ley 2695, rechazando la excepción de prescripción interpuesta en segunda instancia. Modificando un criterio jurisprudencial de larga data, el fallo comenta que (…) «es tiempo de variar el criterio mayoritario que ha sostenido que la interrupción de la prescripción requiere la presentación de la demanda y además su notificación aún devengándose el plazo de prescripción.Esta posición doctrinal y jurisprudencial contraviene el fundamento mismo de la prescripción que sanciona el descuido, desidia y negligencia de quien detenta un derecho y en cambio privilegia una interpretación que no tiene asidero en los artículos 2518 y 2503 nº 1, ambos del Código Civil».

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INTERNET

Rechazo del derecho al olvido

google

Mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca incorporar el derecho al olvido al ordenamiento nacional, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el sitio web El Mercurio Online, y contra el buscador Google por existir una noticia en la que se asociaba el nombre del recurrente a un delito, por el cual el mismo ya cumplió la pena. El tribunal capitalino estimó que el derecho al olvido no existe en la legislación nacional, ni tampoco ha sido incorporado por la jurisprudencia, por lo que no puede existir como un derecho alegable ante tribunales. Apelada la sentencia,  la Tercera sala de la corte Suprema, confirmó lo resuelto en resolución de fecha 22 de noviembre de 2016.

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Corte de Apelaciones acoge indemnización de perjuicios por utilización de ilustraciones en reedición

librosLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia respecto al monto indemnizatorio  por responsabilidad contractual, al utilizar ilustraciones del actor en reediciones sin pagar los derechos correspondientes. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 14 de Noviembre, la duodécima sala del tribunal de alzada accedió a lo reclamado en relación a ilustraciones de los libros que se han considerado entre las infracciones de la ley 17.336, por no haberse pagado derechos de autor de sucesivas reediciones, considerando que el cumplimiento se dio por el pago de honorarios de la primera edición realizado por la demandada, afectando al actor y dejándole sin percibir los derechos de autor que le correspondían en estas obras.

Sobre la relación contractual entre las partes y cuyo incumplimiento llevó al actor a demandar a la editora, el tribunal estima que el Código Civil en su artículo 584 señala que la propiedad intelectual se regirá por leyes especiales, siendo la ley especial en materia de derechos de autor y derechos conexos es la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. En dicha ley, junto con reconocerse los derechos del autor de una obra, le permiten contratar sobre ellos, y en el caso particular con una Editora, debiendo sin embargo redactarse al efecto la escritura pública correspondiente o el documento privado, que contenga las clausulas mínimas que establece la referida ley, pero cuya existencia no se ha acreditado. En estas condiciones, los simples documentos que representan pagos de la demandada a la actora solo pueden decir relación con una edición en que haya aparecido la obra de dicha parte, pero no con la utilización posterior por la demandada en los términos que se han establecido, respecto de los cuales la demandante ha invocado sus derechos y la indemnización correspondiente.

Además, respecto a la ampliación de las obras que deben pagarse que solicita en demandante, se tienen acreditadas dos obras – «Se las echó el Buin» y «Adiós al Séptimo de Líneas»– en las cuales hay ediciones posteriores a las convenidas originalmente y canceladas en su oportunidad al ilustrador. Sin embargo, estas obras, que pudieron agregarse a los títulos respecto de los cuales el actor debiera recibir indemnización de perjuicios, fueron emitidas en los años 2008 y 2009, es decir, transcurrido un término superior a los cuatro años que se han establecido como término de prescripción para las acciones, con lo cual tampoco entraran en el análisis de la indemnización demandada por los perjuicios causados al actor.

Por tanto, el tribunal resuelve que la apelación se acoge parcialmente, en cuanto se considera la indemnización fijada por el tribunal muy baja en relación con las graves infracciones a la ley 17.336 cometidas por la demandada, pero solo de acogerá esa petición en cuanto se determinará prudencialmente una suma superior a la fijada por el tribunal de la causa, como lo permite la ley.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó demanda de funcionaria judicial española que durante proceso ocultó indemnización por estimarla abusiva

Tribunal Europeo de Derechos HumanosEn días recientes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), rechazó la demanda de una funcionaria canaria que ocultó a los jueces que ya había recibido una indemnización por no haber sido informada de una sentencia.

Cabe recordar que la demandante residente en Las Palmas de Gran Canaria, se presentó en 2005 a un concurso de movilidad interna para funcionarios de la administración de Justicia. Sin embargo, otra funcionaria de la misma ciudad, obtuvo un puesto en Jerez de la Frontera, pero renunció al mismo dentro del plazo previsto.

Posteriormente, el BOE había publicado la lista provisional de atribución de puestos sin tener en cuenta la renuncia, motivo por el cual a la demandante le dieron el puesto de R.N.M. en el juzgado canario.

La funcionaria presentó un recurso en el que alegó que había renunciado al cambio y el juez de lo contencioso-administrativo nº1 de Jerez de la Frontera falló en su favor en octubre de 2007, anulando la atribución del puesto de la demandante y le reintegró en el suyo, sin ser informada de la sentencia.

De esta manera, la demandante se consideraba agraviada por un defecto de información en la atribución de un puesto dentro de la administración de justicia, por lo que inició un proceso contra el Estado. Así, en las sucesivas instancias, sus apelaciones fueron rechazadas, hasta llegar al Tribunal Constitucional, pero en paralelo interpuso un recurso contencioso administrativo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le indemnizó con 5.000 euros, frente a los 250.000 que reclamaba, sin informar de esa indemnización al Tribunal de Estrasburgo.

En su sentencia, el TEDH consideró que esa información está en el «núcleo del caso», por lo que «no está convencido de las explicaciones que ha dado la demandante para justificar su silencio».

Por ello, concluye la sentencia expresando que «el comportamiento de la demandante en el presente caso ha sido contrario a la vocación del derecho de recurso insectionidual», tal como prevé el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que rechaza la demanda por «abusiva».

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte texto íntegro del fallo

Corte de Santiago confirma sentencia y ordena a laboratorio pagar indemnización por error en resultado de examen de paternidad

PaternidadLa Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó al Centro de Biología Molecular y Genética Limitada a pagar $10.000.000 (diez millones de pesos) por entregar resultados erróneos de un examen de ADN en proceso de paternidad.

En fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Fernando Carreño y Patricia González– confirmó la sentencia recurrida, dictada el 22 de marzo pasado por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó al laboratorio a indemnizar a la madre de menor, por entregar resultados que fueron corregidos por pruebas realizadas por el Servicio Médico Legal.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo de primera instancia dictado por la jueza Sylvia Pappa Belleti, que estableció la responsabilidad extracontractual del Centro de Biología Molecular y Genética.

«(…) en cuanto a los dos primeros requisitos de procedencia de la acción por responsabilidad extracontractual, esto es, la existencia de un hecho imputable a dolo o culpa del deudor, en la especie, tratándose de la práctica de un examen específico, sujeto, por tanto, a estándares razonablemente exactos en su desarrollo, un error en el mismo, que es un hecho probado en la causa, en virtud de los exámenes posteriores a los que se sometieron los padres y el menor y que en definitiva llevó a acreditar la paternidad biológica tiene la gravedad suficiente para permitir presumir, y por esta va tener por establecido, que ha mediado de parte de la demandada una inobservancia de cuidados propios de la disciplina», sostiene el fallo confirmado.

Resolución que agrega: «Por otro lado, la demandada ha omitido toda defensa y prueba en torno a haberse respetado o seguido los cánones usuales y exigibles para la práctica de este tipo de exámenes, o la idoneidad del laboratorio para practicarlo, o incluso invocar la posibilidad de que el efectuado, conforme a algún parámetro estadístico propio de las características de los mismos, resultan inimputablemente errados. No habiéndose esgrimido, tampoco, un caso fortuito, la demandada falla en cumplir su carga procesal de probar que ha actuado con diligencia».

«En este orden de ideas –continúa–, es decir en relación al segundo de los requisitos, la imputabilidad de los daños por dolo o culpa, es necesario, advertir que el artículo 1437 establece que las obligaciones también pueden provenir de un hecho ilícito, que puede revestir la forma de un delito o cuasidelito. La obligación consistirá en la indemnización del daño ocasionado, así lo dispone el artículo 2314 del Código Civil que señala «El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito». Lo que caracteriza a los delitos y cuasidelitos es que se trata de hechos ilícitos que además causan daño. El artículo 2284 del Código Civil, que junto a los dos mencionados conforma la trilogía de la fuente de las obligaciones establece qué se entiende por delito y cuasidelito. «Será delito el hecho ilícito cometido con la intención de dañar; será cuasidelito el hecho ilícito culpable, cometido sin la intención de dañar. En el delito, por ende, hay dolo, en su acepción definida en el artículo 44 del Código Civil, que en ocasiones también se llama malicia; mientras que en el cuasidelito «hay culpa, es decir, negligencia, descuido, imprudencia, falta de la debida diligencia».

«(…) a mayor abundamiento, en relación a la culpa de la demandada, cabe señalar que a fojas 163, absolvieron posiciones los representantes legales de la demandada, don Hugo Rodrigo Jorquera González y don Carlos Víctor Durán Menchaca, siendo además el primero el que firma el informe de paternidad objeto de marras; señalando en su confesión que no pueden pronunciarse acerca de la identidad de quienes concurrieron a realizarse el examen; y que carecen de facultades para acreditar la identidad de los concurrentes, la que se consigna solamente en base a la buena fe de los solicitantes. Que tal argumento resulta para esta sentenciadora absolutamente improcedente, toda vez que es un hecho público y notorio que en cualquier centro médico, laboratorio y para cualquier examen de rutina solicitan la cédula de identidad para realizarlos, entonces, con mayor razón le es exigible a la demandada el debido cuidado en cuanto a la acreditación de identidad para la toma de muestras, atendidas las consecuencias jurídicas que devienen del resultado del mismo», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

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