Corte Suprema condena a empresa de venta de entradas a pagar una multa de 100 UTM por cláusula abusiva

La Corte Suprema condenó a empresa de venta de Tickets pagar una multa de 100 UTM (unidades tributarias mensuales) y le ordenó devolver los importes por cobro de servicios de espectáculos cancelados.

En fallo unánime (causa rol 62.158-2016), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Patricio Valdés, Héctor Carreño, Guillermo Silva, Rosa María Maggi y el abogado (i) Daniel Peñailillo– acogió la demanda presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en contra de la empresa de venta de entradas, tras establecer como abusiva la cláusula del contrato de adhesión que establece que la demandada no devolverá los cargos por servicio y envío de entradas de espectáculos suspendidos o cancelados.

«Que la disposición estimada abusiva está contenida en los boletos o tickets que la demandada comercializa con el público interesado en concurrir a espectáculos que una productora presenta. Su tenor es el siguiente: «En caso de cancelación o posposición del evento, el precio establecido en este boleto, con exclusión de los cargos por servicio y por envío, si los hubiere, será reembolsado contra su presentación, en el lugar de su adquisición, a partir de las 48 horas siguientes de la fecha de aviso de cancelación o posposición». En virtud de tal estipulación Ticketmaster S.A. impone a los consumidores asumir la pérdida de esa parte del precio pagado al adquirir las entradas llamada «cargo por servicio», sostiene el fallo.

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Voces: CIVIL – CONSUMIDOR – PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADHESIÓN – CLÁUSULAS ABUSIVAS – ESPECTÁCULOS PÚBLICOS – SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR – DENUNCIA – INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR – INTERESES DIFUSOS – EXCEPCION DE PRESCRIPCION – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO

Partes: Servicio Nacional del Consumidor c/ Ticketmaster Chile S.A. s/ Cláusulas abusivas – Cargo por servicio

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Primera

Fecha: 9-abr-2018

Cita: ROL:62158-16, MJJ54462

Producto: Microjuris

La estipulación contenida en los boletos o entradas que comercializa la demandada en virtud de la cual se establece que en caso de cancelación o posposición del evento, el precio pagado será devuelto con exclusión del cargo por servicio, constituye cláusula abusiva al tenor de lo dispuesto en las letras c), e) y g) del artículo 16 de la Ley 19.496.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante, en procedimiento especial para la protección del interés colectivo de los consumidores, en contra de la sentencia que, revocando el fallo de primera instancia, acogió la excepción de prescripción opuesta respecto de las infracciones ocurridas en el concierto suspendido y rechazó la demanda en cuanto a las pretensiones de: 1) declarar la nulidad de las cláusulas supuestamente abusivas por las causales establecidas en las letras c), e) y g) del artículo 16 de la Ley 19.946; 2) sancionar a la demandada con la aplicación de multas por infringir lo dispuesto en los artículos 3 letra a) , 12 y 17 de la referida ley; 3) ordenar que las indemnizaciones y devoluciones que procedan sean efectuadas por la demandada sin necesidad de la comparecencia de los interesados; 4) ordenar la cesación de la política de la demandada de no respetar el legítimo ejercicio de los derechos de los consumidores; 5) condenar en costas a la demandada y 6) imponer toda otra sanción que sea procedente aplicar en Derecho. En lo demás apelado confirmó la referida sentencia, con declaración de que la demandada es responsable sólo de la infracción a los artículos 3 letra b) y 30 de la Ley 19.496, sancionándola con una multa única de 5 Unidades Tributarias Mensuales. Al respecto, la sentencia impugnada incurre en los errores de derecho denunciados, toda vez que la estipulación contenida en los boletos o entradas que comercializa la demandada en virtud de la cual se establece que en caso de cancelación o posposición del evento, el precio pagado será devuelto con exclusión del cargo por servicio, constituye cláusula abusiva al tenor de lo dispuesto en las letras c), e) y g) del artículo 16 de la Ley 19.496. En efecto, del contraste de la cláusula con lo dispuesto en el artículo 16 letra g) de la ley citada se puede apreciar que se trata de una cláusula que causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se derivan del contrato ya que impone a éste la carga de soportar la pérdida de parte del precio de la venta de entrada a un evento que no se realiza, hecho respecto del cual el consumidor no tiene ninguna injerencia o responsabilidad; la demandada percibe, pues, ese valor mientras el consumidor nada recibe a cambio. En estas condiciones, es la parte más débil de la relación de consumo la que resulta gravada o afectada objetivamente pues no recibió el servicio esperado con la contratación.

2.- La demandada sostiene que la suma la percibe como intemediario y no pertenece al organizador y que, por otra parte, el servicio de venta de la entrada fue prestado. Pero lo primero, suponiendo que así es, no es más que un reparto de lo que egresó el consumidor, de lo cual podría haber aun otras distribuciones que en nada empecen al consumidor, quien simplemente da una suma de dinero por un espectáculo que no le fue exhibido; el tal servicio de la venta de la entrada fue para él algo completamente inútil; además, por su parte también soportó el despliegue de gestiones -para él de compra- que asimismo perdió. Y todo sin perjuicio de su frustración y otros posibles daños. Más aún, el consumidor puede razonablemente suponer que ese despliegue efectuado por la demandada y por el cual nada percibirá al serle devuelto el valor total, es una eventualidad, un riesgo, que la demandada deberá negociar con el organizador, pero no parece aceptable que sea el consumidor el que pague por algo esperado que no llegó a existir. La demandada aún podría insistir sosteniendo que el servicio existe, porque lo prestó, llegando al fondo, quién debe asumir el costo de ese servicio. Hay tres alternativas principales (sin perjuicio de las alternativas en que es compartido): el organizador, el intermediario o el consumidor; y la Corte Suprema estima que, apreciado el negocio en su conjunto, debe ser asumido por el organizador o por el intermediario según ellos lo acuerden, pero no por el consumidor; y si en el boleto consta que es el comumidor, habiendo sido esa estipulación propuesta a un adherente, es abusiva y carece de valor.

3.- Para una mayor claridad del análisis conviene develar el planteamiento técnico que parece yacer tras la postura de la demandada. Su visión es la de tres partes: el organizador, él y el consumidor; con ella él se sustrae del contrato; recibe (del organizador) el boleto, lo vende, entrega al organizador el que llama precio y cobra (al consumidor) su servicio y se retira. Pero hay otra; la del consumidor. Según él las partes son dos; él sólo tiene al frente a un sujeto con el que negocia; desconoce las relaciones internas que puede haber tras el que aparece como vendedor; no tiene la intención ni el interés, ni le es permitido, entrar a averiguar la efectiva distribución de utilidades y riesgos entre los que intervienen en el espectáculo; por tanto, él da lo suyo: un valor total por un espectáculo; si no lo recibe, salvo situaciones extremas que no vienen al caso, habrá de ser restituído en lo que dio.

4.- La estipulación cuestionada implica poner de cargo del consumidor los efectos de variados y para él desconocidos factores conducentes al fracaso del espectáculo, como deficiencias de gestión, controversias entre el organizador y los protagonistas del espectáculo, omisiones, errores administrativos. etc. Más aún, en la pretensión de separar en el ingreso los rubros del organizador y suyo, la demandada debe caer en cuenta que así está incurriendo ostensiblemente en el reproche previsto en la norma en cuanto entonces a su respecto hay una limitación absoluta de responsabilidad frente a los consumidores; por lo que él recibe: si el espectáculo es producido, por cierto no restituye; y si no es producido, tampoco.

5.- El carácter abusivo de las estipulaciones contractuales está determinado por el desequilibrio notable e injustificado en las prestaciones que la estipulación impone, en perjuicio del adherente consumidor y en beneficio del predisponente proveedor. El desequilibrio puede ser concretado en diversos ámbitos del contrato y, por lo mismo, terminan con diverso contenido: a) Confieren derechos exorbitantes al proponente, como las que le otorgan facultades de fijar o modificar elementos del contrato, como cambiar el precio, el tipo de producto o servicio o su régimen jurídico; b) Excluyen o restringen derechos de los consumidores, como las que imponen renuncias al ejercicio de acciones judiciales, reducen los medios de prueba, alteran la carga de la prueba; c) Reducen las obligaciones del predisponente, como la exoneración o restricción de su responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso; d) Imponen al consumidor cargas desproporcionadas, como pagar gravosas indemnizaciones o establecer plazos excesivamente breves para reclamos.

6.- En cuanto a las infracciones de las letras a) y b) del artículo 3° de la ley, el fallo impugnado tiene por configurada únicamente esta última, al no entregar la demandada al mercado la información veraz y oportuna sobre el precio final del ticket que vende. Descarta la primera por estimar que las cláusulas estampadas al reverso del ticket no impiden la libre elección del servicio pues indican en qué consiste y las consecuencias si el espectáculo no es presentado. Sin embargo, los hechos asentados llevan a concluir que las faltas allí anotadas en cuanto a la forma en que son informados los lugares de venta de entradas, sin indicación de los puntos donde el cargo por venta de servicio no se realiza o hacerse tal indicación en condiciones deficientes, constituye también afectación del derecho a la libre elección del bien o servicio, a que se refiere la letra a) de la disposición indicada.

7.- Del mero examen de los tickets acompañados al proceso se desprende que contienen cláusulas que no cumplen con la exigencia contemplada en el artículo 17 de la ley de protección al consumidor, lo que constituye una infracción al inciso primero de la disposición señalada. Al respecto debe precisarse que correspondiendo aplicar la sanción de nulidad por la infracción del artículo 16 de la ley 14.496, que ha tenido también lugar, la privación de valor que consagra la disposición del artículo 17 no tendría efecto práctico.

8.- La infracción al artículo 12 de la ley 19.496 resulta configurada por la conducta de la demandada de no dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato celebrado con el consumidor, al no restituír el cargo por servicio cada vez que el evento es cancelado o suspendido, quedando así transgredida la buena fe que integra el contenido de la convención.

9.- Siendo el artículo 26 de la Ley 19.496 únicamente aplicable al ámbito contravencional, la prescripción allí regulada no puede regir para las acciones interpuestas que no tienen esa naturaleza, como la que pretende la declaración de abusividad de una cláusula, pues esta calificación la estatuye directamente la ley en su artículo 16, y la acción correspondiente es regulada en los artículos 16 B y 50 A , inciso segundo. Por lo mismo, aunque pudiera ser entendida prescrita la responsabilidad contravencional que corresponda para los efectos de condenar a la infractora al pago de una multa conforme la ley lo establece, esta circunstancia no conduce a estimar prescrita la acción destinada a que se declare nula la respectiva cláusula, pues se trata de acciones distintas. Por la misma razón también quedan excluídas de tal regulación las acciones de reparación, nulidad y cese de la conducta, rigiéndose su prescripción por la normativa común. Por otra parte, la declaración de prescripción tampoco era procedente en lo que respecta al ámbito contravencional, por haber tenido lugar en el caso la situación especial de suspensión del plazo contemplado en el artículo 26 de la Ley 19.4 96, configurada por la existencia de reclamos interpuestos por consumidores afectados ante el Servicio Nacional del Consumidor por las infracciones que han sido denunciadas, consistentes en la conducta de la demandada de no restituír las sumas enteradas por cargo de servicio cuando los espectáculos son suspendidos o cancelados.

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(Fuente: pjud)

Corte Suprema: no se dan por establecidos los elementos ni el desequilibrio de poder negociador para que haya un contrato de adhesión

Con fecha 2 de marzo de 2017, la segunda sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandante contra la sentencia que acogió la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, en juicio ordinario sobre indemnización de perjuicio por infracción al derecho del consumidor por estimarse que el contrato de promesa de compraventa realizado con una inmobiliaria no es de adhesión. Para decidir esto, el tribunal considera que se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa suscrito con la inmobiliaria fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales. Sin embargo, no se prueba ni esto, ni un desequilibrio de poder negociador que permitiría imponer estas cláusulas.

La sentencia unánime considera que para que sea aplicable la norma que permite al consumidor recurrir siempre a la justicia ordinaria debe tratarse en el caso de un contrato de adhesión. En efecto, el artículo 16 de la Ley 19.946 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores se ubica en el párrafo 4° del Título II, titulado «Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión». Por lo demás, el inciso que inicia el artículo 16, que determina el ámbito de las reglas, se refiere expresamente a los contratos de adhesión. Sin embargo, el demandante no puede demostrar que existe un contrato de adhesión, por lo que para resolver cualquier conflicto del contrato corresponde se debe ejecutar la cláusula de arbitraje y no recurrir a la justicia ordinaria, como permite la ley.

El demandante ha fundado su alegación de que el contrato de promesa de compraventa es de adhesión en la circunstancia que habría sido redactado por la Inmobiliaria demandada, y en que existen varios contratos del mismo tipo celebrados por ella con otros promitentes compradores en los que la competencia queda radicada en los tribunales ordinarios, mientras en otros se radica ante el juez árbitro, lo que en su concepto demostraría que la cláusula de competencia queda entregada al arbitrio de la demandada. Tales postulados resultan insuficientes para evidenciar que en la promesa de venta de que se trata el consentimiento se haya formado mediante la sola aceptación expedida por el actor, de las condiciones dispuestas por la demandada.

Por regla general la compraventa de un inmueble es (y lo propio puede sostenerse de una promesa de compraventa, si se mantuviere la aplicación de estas reglas a ella) un contrato de libre discusión en el que las partes debaten y estipulan libremente su contenido. Por otra parte, si bien la doctrina reconoce que los contratos de adhesión pueden presentarse no sólo en aquellas situaciones en que hay condiciones generales de contratación o estandarización contractual, sino también en una convención aislada entre dos sujetos (donde la oferta no tendrá las características ni de generalidad ni de permanencia, y probablemente tampoco de minuciosidad, caracteres comúnmente pedidos para la adhesión), en todo caso debe estar presente un rasgo que se tiene por decisivo para calificar la adhesión: el desequilibrio del poder negociador de los contratantes.

En tal sentido, se requiere demostrar que el contrato de promesa de compraventa fue obra exclusiva del oferente o, al menos, que ha sido éste quien ha impuesto sus cláusulas esenciales: en particular, las relativas a la cosa, el precio, la forma de pago, y al plazo o condición que fija la época de celebración del contrato prometido en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1554 del Código Civil. Además, ciertamente debió demostrarse la presencia de elementos constitutivos de aquel desequilibrio del poder negociador que constituye el contrato por adhesión.

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Diputados DC confirman ingreso de proyecto para corregir Ley de Estacionamientos

Los diputados DC Fuad Chain y Marcelo Chávez confirmaron hoy que ingresarán en los próximos días un proyecto de ley para intentar restituir el espíritu original de la moción DC –que fue modificada en el Senado– y corregir de esta forma la normativa que regula los cobros en estacionamientos de los centros comerciales, para reponer la primera media hora gratis a todo evento y las 2 horas adicionales sin cobro en caso de compra de un bien o un servicio al interior de ellos.

Lo anterior, junto con rechazar y denunciar los aumentos “abusivos” que se han experimentado en los últimos días y que reflejan “cuál es el verdadero rostro de los dueños de mall y estacionamientos”.

El diputado Chahin explicó al respecto que “el texto que vamos a presentar apunta, entre otras normas, a dos cambios sustanciales. El primero es que, en materia de gratuidad, reponer la idea original que tuvo nuestro proyecto, para que todos aquellos estacionamientos que sirven a un mall, centro comercial, una clínica o un hospital o a cualquier otro establecimiento principal, tengan un periodo inicial gratis”.

“Por ello, vamos a reponer la media hora gratis a todo evento y 2 horas más gratis cuando hay consumo de un bien o un servicio en ese establecimiento, para poder devolverle esa naturaleza de un servicio accesorio y poder establecer este principio de la gratuidad, para que solo se empiece a pagar después de las 2 horas y media en caso que exista un consumo en dichos lugares”, afirmó el legislador.

Añadió que “se modificará lo que cambió el Senado a nuestro proyecto original, queremos deshacer lo que hizo la Comisión de Economía del Senado, ya que ello va en contra de los intereses de los consumidores”.

Por su parte, el diputado Chávez agregó que “además vamos a eliminar una muy desafortunada frase que incorporó el Senado en materia de responsabilidad, que señala que sólo son responsables los estacionamientos por los robos, pérdidas, hurtos o daños en los casos en que estos no cumplan con las medidas de seguridad necesarias, con lo cual se hace muy difícil que ellos asuman la responsabilidad en esos casos”.

“Nosotros creemos que, tal como lo había resuelto la jurisprudencia, por tratarse los estacionamientos de un servicio profesional, siempre tiene que responder el proveedor del servicio de estacionamiento cuando se produce un robo, hurto o daño con ocasión del servicio de estacionamiento y por lo tanto vamos a reponer también ese principio”, precisó.

Finalmente, el legislador indicó que “por cierto que no vamos a modificar y mantendremos las cosas positivas que tiene el proyecto y que afortunadamente lograron salvar la influencia del lobby, como por ejemplo la eliminación de la multa por pérdida del ticket y también la gratuidad durante todo el tiempo de la urgencia en las clínicas y hospitales. Eso se mantiene”.

(Fuente: Diputados)

Colusión del papel Tissue: Juzgado suspende audiencia de conciliación por acuerdo de compensación a consumidores

PapeLHasta las dependencias del 10 juzgado civil de Santiago llegaron cerca de las 8.30 de esta mañana representantes de Conadecus, CMPC y el Sernac, para ratificar el acuerdo de enero de este año, que implica una compensación de alrededor de $7 mil para todos los chilenos mayores de 18 años por la colusión en el mercado de productos de papel tissue que se llevó a cabo  por al menos 10 años entre la empresa y SCA Chile.

Sin embargo, y tras una hora en la sala, las partes salieron sin ratificar el acuerdo, debido a que el Sernac se presentó como notificado y no como parte.

“En esta ocasión hemos entregado los antecedentes del acuerdo conciliatorio o acuerdo extrajudicial que se llevó a cabo a través de la mediación del Sernac. El Sernac ha concurrido en calidad de notificado pero no como parte y en este caso la Papelera ha solicitado también que el Sernac, para poder llegar a un acuerdo, tiene que ser parte, ese es un trámite que está pendiente, que debe hacerse y mañana hay una nueva reunión para poder tratar de acordar esta situación”, explicó Hernán Calderón, presidente de Conadecus.

El dirigente agregó que “lo que nosotros estamos manifestando es que este juicio es donde se debe conciliar porque esta es la demanda colectiva que está en proceso y que ya lleva más de un año y, en consecuencia, nosotros lo que estamos diciendo es que para poder avanzar necesitamos que las instituciones vayan tomando las decisiones adecuadas para poder llegar al acuerdo y poder compensar a los consumidores lo más rápidamente posible”, agregó.

En tanto el director subrogante del Sernac, Andrés Herrera, dijo que en la audiencia no se ratificó el acuerdo, ya que tanto ellos como CMPC consideraron que “faltan una serie de formalidades que se cumplan respecto del acuerdo marco”.

“Tenemos mañana una reunión acordada de antemano con todas las partes involucradas, para efectos de elegir la mejor opción procesal para validar y ratificar este acuerdo”, añadió.

Además, un recurso judicial presentado por SCA ante la Corte de Apelaciones , que busca impugnar la competencia de este tribunal, y una reclamación ante la misma Corte por parte de CMPC, que apunta a la prescripción de la causa, serían también las razones que habrían llevado a las partes a no firmar el acuerdo.

(Fuente: La Tercera)

 

Sala aprobó sanción a mensajes publicitarios que promuevan estereotipos negativos de la mujer

Camara de DiputadosLa Sala de la Cámara aprobó, por 81 votos a favor y 4 abstenciones, el proyecto que busca sancionar la promoción de estereotipos negativos hacia la mujer a través de mensajes publicitarios.

El texto, derivado al Senado, corresponde a una moción de las diputadas UDI Claudia Nogueira, María José Hoffmann, Andrea Molina y Marisol Turres, RN Paulina Núñez y Marcela Sabat, y la independiente Karla Rubilar.

Cabe señalar que en su origen, este proyecto planteaba establecer una sanción pecuniaria a quienes cometan estos actos, en la ley que regula los derechos de los consumidores, pero tras el debate legislativo se coincidió que la norma más precisa para establecer dicha sanción es la ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

Esto, ya que dicho cambio permite sancionar un espectro más amplio de conductas, y se cita como un ejemplo de esta promoción de estereotipos negativos, las publicidades en que se asimila el uso y compra de utensilios de limpieza como “la pareja perfecta para la mujer de hoy».

Esto, aseguran sus autoras, no contribuye en nada a avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y menos a generar un cambio cultural para lograr en Chile una verdadera corresponsabilidad en la crianza y en las tareas del hogar, las que no son resorte exclusivo para las mujeres, entendiendo además que la publicidad de aseo no es para las mujeres sino para el hogar y su limpieza es responsabilidad de todos.

Asimismo, en los argumentos del proyecto, se precisa que estereotipos negativos son aquellos que entorpecen la habilidad de las personas de alcanzar su potencial ya que limita sus elecciones y oportunidades. Están detrás de la discriminación entre hombres y mujeres declarada y encubierta, directa e indirecta, y recurrente que afecta de modo negativo la igualdad substantiva que habría que garantizar a las mujeres. Se traducen en políticas, leyes y prácticas que causan daños a las mujeres sobre el terreno. El efecto de este fenómeno sobre la integridad mental y física de las mujeres es de privarlas de iguales conocimientos, y del ejercicio y el goce de los derechos y las libertades fundamentales.

El proyecto, en síntesis, modifica la citada ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, señalando que «el que por cualquier medio de comunicación social, promueva a través de uno o más mensajes publicitarios, estereotipos destinados a degradar, menoscabar, vejar o discriminar a la mujer, será sancionado con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales».

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10551.

Termina votación de indicaciones de norma que regula la publicidad vial

carretera obras publicas callesEn condiciones ser visto por la Sala quedó ayer el proyecto que modifica normas de seguridad para la instalación de toda clase de dispositivos de publicidad en caminos públicos, sus fajas adyacentes y áreas circundantes, y sobre publicidad vial.

La norma en primer trámite fue respaldada por los integrantes de la Comisión de Obras Públicas en su última sesión. Los legisladores terminaron de votar las indicaciones al texto, la mayor parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

El presidente de la Comisión de Obras Públicas, el senador Alfonso De Urresti explicó que “esperamos analizar en la Sala esta iniciativa la próxima semana que tiene importantes implicancias prácticas”.

Recordó que “se trata de una moción de autoría de los miembros de esta instancia, quienes vieron la necesidad de regular el avisaje que se da en caminos y carreteras, el que muchas veces atenta contra la seguridad vial dado que tapa señalética importante o el mismo flujo de vehículos”.

RUTAS ESCÉNICAS

Otro aspecto destacado por el congresista fue una indicación que dispone la generación de un registro de rutas escénicas de relevancia histórica y turística. “Ahora el Departamento de Viabilidad contará con este listado que tendrá características especiales para su conservación y cuidado. Queremos que estos espacios –que se encuentran en todo Chile- sean valorados tanto por los chilenos como los extranjeros que vienen de turistas”, manifestó.

Al respecto, el senador Antonio Horvath enumeró como zonas de rutas escénicas: la carretera Austral, la ruta del vino y la ruta de los poetas. “Se trata de instalar letreros acordes con el entorno, pensando en el diseño, la construcción, la mantención y su operación. También es relevante que la comunidad va a poder abogar para que un sector sea declarado ruta escénica”, explicó.

El legislador valoró que durante la tramitación, se desarrollara un trabajo en conjunto con el Ejecutivo puesto que intervinieron los ministerios de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, y Vivienda y Urbanismo. “Estas gestiones nos permitieron contar con un texto que mejora las condiciones de seguridad en las rutas y también pone en valor el patrimonio que se observa en las orillas de los caminos”, insistió.

Se espera que en una próxima sesión ordinaria, la iniciativa sea analizada por la Sala en particular. De ser aprobadas las indicaciones propuestas por la Comisión de Obras Públicas, la norma pasará a su segundo trámite a la Cámara Baja.

PROYECTO

El proyecto corresponde a dos mociones refundidas que fueron presentadas por los senadores Antonio Horvath, Pedro Araya, Alfonso De Urresti y Baldo Prokurica (Boletín 9.686-09) y Juan Antonio Coloma, Alfonso de Urresti, Antonio Horvath, Jaime Quintana e Ignacio Walker (Boletín 10.209-09), respectivamente.

Ambas normas proponen:

  • Disponer que las instalaciones de elementos publicitarios en caminos públicos situados fuera de los límites urbanos, en las vías públicas urbanas (sean caminos públicos o no) o en otros espacios públicos urbanos, tales como plazas y parques, deberán contar con las autorizaciones y permisos que les sean exigibles, cumpliendo con los requisitos y prohibiciones que para cada caso se establecen en este proyecto de ley y en las normas reglamentarias que al efecto se dicten.
  • Prohibir la instalación de elementos publicitarios en la faja vial de un camino público y de una vía urbana, sin embargo se permite su instalación en paraderos o refugios peatonales de transporte público.
  • Tampoco se podrán instalar elementos publicitarios en puntos peligrosos, o aquellos que no cumplan con el distanciamiento mínimo entre letreros sucesivos establecido por los reglamentos respectivos; los ubicados a contramano; los que presenten movimientos de cualquier clase y los de texto variable o que por su alto contenido distractor constituyan un peligro para los conductores y usuarios de las vías; aquéllos ubicados sobre o bajo líneas de transmisión de energía; los que por su dimensión y/o ubicación obstaculicen la visibilidad de conductores y peatones en cruces, empalmes, u otros afines; en los antejardines; en áreas de protección, tales como parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.
  • Regular el procedimiento para la obtención de los permisos de instalación de elementos publicitarios.
  • Regular la forma de obtener los permisos para la instalación de este tipo de publicidad, sea en un bien nacional de uso público, bien fiscal, bien municipal o bien privado.
  • Facultar a los municipios para cobrar derechos especiales adicionales por las concesiones o permisos precarios que otorguen para instalar elementos publicitarios en espacios públicos.
  • Establecer los requisitos mínimos que deberá cumplir el elemento publicitario para asegurar un mínimo impacto en el entorno urbano en donde pretende emplazarse.
  • Restringir la facultad de solicitar el permiso y el derecho a que se le otorgue, sólo a las personas -naturales o jurídicas- que se encuentren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros, que se crea, el que estará a cargo de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
  • Sancionar con multa de 10 a 200 UTM ($ 459.070 a $ 9.181.400), toda contravención a las normas sobre publicidad vial, siendo competente para conocer de las mismas el Juzgado de Policía Local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 11029-04.

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Segunda Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. En esta segunda parte destacamos otras sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron el año.

DERECHO PENITENCIARIO

Comunera Mapuche engrillada durante el parto

embarazoEn noviembre, Gendarmería incurrió en un grave caso de abuso en lo que la Corte Suprema consideró una «confluencia de factores entrecruzados de discriminación», al mantener engrillada a la camilla del hospital  a una comunera mapuche presa mientras tenía trabajos de parto, estando además vigilada por personal de la institución. Según el tribunal supremo, hubo discriminación se dio por ser mujer, indígena, madre y presa.

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EDUCACIÓN

Universidades y estudiantes: una relación contractual

estudianteEste año las cortes han visto un cambio importante en el tratamiento de las universidades. Con anterioridad existía un criterio bastante extendido –tanto en sentencias civiles como constitucionales– que consideraba que la relación entre estudiante y Universidades no eran una relación meramente contractual, restringiendo la aplicación de cláusulas contractuales o reglamentos disciplinarios. Sin embargo, últimamente se ha considerado un criterio más contractual para evaluar estas relaciones.

Consulte:

LEY ZAMUDIO Y DISCRIMINACIÓN

Género y Derecho: paulatimente tomando importancia

no_discriminacionSi bien no hay un criterio unívoco aún, los tribunales en distintas sedes han mostrado una gran apertura para revisar causas que involucren discriminación de género en diversas instancias.  Entre algunos de los fallos destacados ,

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DESAFUEROS

Delitos económicos e injurias

gaspar-rivasEn una pauta noticiosa marcada por casos de corrupción y enfrentamientos verbales entre autoridades, este año la Corte Suprema ha resuelto importantes desafueros contra parlamentarios de la República,

 

Consulte:

  • En fallo dividido, el pleno de la Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero en contra del Senador Jaime Orpis por delitos reiterados de cohecho, lavado de dineros, fraude al Fisco, y fraude tributario.
  • Por unanimidad, se acoge el desafuero del Diputado Gaspar Rivas contra el empresario Andrónico Luksic por la comisión del delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social.

CONSTITUCIONAL

Inaplicabilidad de Ley Emilia

automovil choque daños accidente de transitoEn el mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito, modificación introducida por la Ley N° 20.770 –más conocida como Ley Emilia–, considerando que la prohibición atentaba contra los principios de legalidad, de proporcionalidad, de resocialización y de humanización.

Consulte:

Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito.

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CONSUMIDORES

Publicidad de letra chica

firmaEn derecho de protección al consumidor, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de apelación ratificando la multa contra la empresa Cencosud, al considerar que la publicidad efectuada por la empresa en un diario de circulación nacional se realizó con uso de letra ilegible e incompresible para el consumidor medio.

Diputados presentan proyecto de ley para fortalecer la persecución penal del delito de colusión

colusionDos proyectos de ley destinados a combatir penalmente la colusión de precios por parte de las empresas que operan en el país fueron presentadas esta semana por dos grupos distintos de diputados, ello en el contexto del nuevo caso conocido que afecta particularmente al mercado de los pañales para bebés.

La primera de las iniciativas legales fue presentada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), junto a los diputados Aldo Cornejo (DC) y Lautaro Carmona (PC). «Creemos que un proyecto de esta naturaleza, aprobado con la mayor rapidez posible dentro del Congreso, significará que en un nuevo caso de colusión podrá intervenir el Ministerio Público de inmediato, establecer las responsabilidades penales si existen y aplicar las sanciones que correspondan», enfatizó Aldo Cornejo, vocero del grupo.

Explicitó que la idea de la propuesta legal es que el Ministerio Público pueda intervenir en estos casos, sin tener que esperar las decisiones administrativas de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

En concreto, el proyecto establece que las investigaciones de los hechos de colusión solo se podrán iniciar de oficio por el Ministerio Público o por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella.

Asimismo, se define que el Ministerio Público podrá aplicar la suspensión condicional del procedimiento, cuando la pena que pueda imponerse al imputado no exceda del presidio menor en su grado máximo y el acuerdo ilícito no hubiese afectado gravemente a los mercados.

«El establecimiento de una suspensión condicional del procedimiento permitirá que el Ministerio Público lleve a juicio oral solo a aquellos carteles duros que inciden con mayor impacto en los mercados y en la vida económica de los ciudadanos. Dicha determinación quedará entregada al Ministerio Público y los Tribunales de Garantía, competentes en lo penal, y se deberán imponer condiciones obligatorias destinadas a reparar el daño causado y mejorar los controles de las empresas involucradas de manera que se puedan evitar nuevas infracciones a la libre competencia», se explica en la moción.

Además, se determina que el fiscal del Ministerio Público deberá contemplar como condición necesaria, al menos, el pago de una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. También se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que, en ningún caso, podrá exceder el período de suspensión del procedimiento.

Al mismo tiempo, se podrá contemplar en dicho acuerdo la obligación de implementar programas de cumplimiento de las normas de libre competencia, los que deberán ser visados por la Fiscalía Nacional Económica y otras medidas que tiendan a evitar riesgos futuros de un comportamiento empresarial que no se ajuste a las normas que protegen la libre competencia. También podrán imponerse otras medidas tendientes a reparar el daño sufrido por los consumidores.

La segunda moción fue presentada por los diputados Vlado Mirosevic (PL), René Saffirio (IND), Alejandra Sepúlveda (IND) y Miguel Angel Alvarado (PPD) y está destinada a aumentar el periodo de prescripción de los delitos relativos a este ámbito: de tres a cinco años, para los delitos comunes de libre competencia; y de cinco a diez años, para los delitos de colusión.

«El plazo de cinco años para la prescripción del delito de colusión es insuficiente, dado que estas se tratan de investigaciones muy complejas, que requieren de tiempo y estudio», planteó el diputado Mirosevic.

(Fuente: Diputados)

A segundo trámite de Senado proyecto que facilita la entrega de propinas en establecimientos comerciales

ComercioEn condiciones de ser analizado por la Cámara de Diputados, en su segundo trámite, quedó el proyecto que facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio. (Boletín N° 10329-13)

El proyecto de ley, iniciado en Moción de los senadores Alejandro García-Huidobro, Adriana Muñoz, Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Antonio Coloma y Juan Pablo Letelier, tiene por objeto posibilitar en las estaciones de expendio de combustibles u otros establecimientos en que habitualmente se deje propina, que ésta se pueda hacer efectiva también mediante los servicios electrónicos de pago.

Intervinieron los senadores Adriana Muñoz, Alejandro García Huidobro, Juan Pablo Letelier, Francisco Chahuán, e Iván Moreira.

Contenido del Proyecto de ley:

– Hace aplicables a los trabajadores de todos los establecimientos de atención al público, en los que habitualmente se deje propina, como las estaciones de expendio de combustibles u otros, las normas del Código del Trabajo que garantizan la entrega de las propinas a los trabajadores de restaurantes cuando éstas se efectúan en dinero en efectivo o a través de los medios de pago aceptados por el empleador, tales como tarjetas de crédito, de débito, cheques u otros títulos de crédito.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10329-13.

Corte Suprema acoge recurso de queja y ordena a automotora pagar indemnización por vender vehículo usado como nuevo

automovil permiso circulacionLa Corte Suprema acogió el recurso de queja presentado en contra de sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó demanda de indemnización de perjuicios y confirmó resolución de primera instancia que sancionó a la Automotora Gildemeister por vender vehículo usado como nuevo.

En fallo unánime (causa rol 78.838-2016), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado (i) Rodrigo Correa– ratificó la sentencia que aplicó a la automotora una multa de 10 UTM (unidades tributarias mensuales) y el pago de $11.434.111 (once millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento once pesos) a Gloria Bustos Cisternas, quien compró el 2015, un vehículo Mahindra, modelo XUV 500 nuevo, en Gildmeister, sin que la empresa le informará que en realidad se trataba de un vehículo usado.

El fallo de la Corte Suprema establece la falta o abuso de los ministros de la Corte Santiago que anularon el pago de la indemnización que había establecido el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes.

«Que, en este estado de cosas, no puede pasarse por alto que la circunstancia que sirve de sustento a la pretensión civil de la actora y a la decisión infraccional dictada por los recurridos es el hecho de haberse vendido a la demandante un vehículo como nuevo, en circunstancia que era usado, lo que implica una transgresión del deber del proveedor de proporcionar información veraz y oportuna. De esta manera no es posible, a renglón seguido, negar una indemnización que deriva de ese aspecto central del pleito, puesto que ello acarrea el menoscabo del derecho de la consumidora de obtener una reparación íntegra de los perjuicios sufridos. En efecto, esa circunstancia fáctica devela que era un elemento relevante de la compraventa celebrada, la convicción de que el automóvil adquirido era nuevo, lo que ciertamente motiva en la compradora el pago de un precio superior al que habría pactado de saber que era usado, de un permiso de circulación propio de un vehículo sin utilización previa, además de los impuestos y primera inscripción concedidos por los recurridos, al punto que el conocimiento de esa condición podría incluso impedir la formación del consentimiento. Entonces, resulta inequívoco que la indemnización a conceder a la demandante debe comprender el pago de todas las sumas desembolsadas por el producto adquirido con la equívoca convicción que era nuevo, puesto que sólo de esa forma se produce la indemnización adecuada y oportuna de todos los daños provocados por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor», sostiene el fallo de la Corte Suprema.

La resolución agrega que «(…) conforme con lo que se ha ido señalado, queda en evidencia que los recurridos han incurrido en grave falta o abuso en los términos del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales en la dictación de la sentencia, puesto que han desatendido lo previsto por el artículo 3 letra e) de la Ley de Protección al Consumidor, al otorgar una indemnización notoriamente incompleta, a pesar de haber establecido el hecho que servía de base para conceder la reparación íntegra del daño, que incluye todas las sumas pagadas por la actora que surgieron de un error provocado por el incumplimiento de la demandada de su deber de información impuesto por la ley, lo que necesariamente implicaba confirmar lo resuelto por el a quo, circunstancia que lleva a acoger el recurso».

(Fuente: Poder Judicial)

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