Con 106 votos a favor y 1 abstención, la Cámara de Diputados ratificó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley que moderniza el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), concede asignaciones y delega facultades para fijar su planta de personal.
La iniciativa entrega a los trabajadores de planta y contrata del CNTV una asignación de estímulo para velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.
Esta asignación, de pago mensual, equivale al 9% de la suma de las siguientes remuneraciones, según corresponda:
a) Sueldo base asignado al grado respectivo.
b) Asignación establecida en los artículos 17 y 18 de la ley N° 19.185.
c) Asignación establecida en el artículo 19 de la ley N° 19.185.
d) Asignación establecida en el artículo 6 del decreto ley N° 1.770, de 1977.
Este proyecto es fruto del esfuerzo de los trabajadores, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). En concreto, permite, después de 42 años, una modernización del organismo, administrativa y jurídicamente, al tiempo que se propicia a los trabajadores (110 funcionarios) posibilidades de tener una mejor carrera funcionaria.
El proyecto avanza en Transparencia para el organismo, estableciendo que el CNTV deberá enviar, anualmente, un informe a ambas ramas del Congreso Nacional con los resultados de la política de fomento audiovisual, de la promoción de programación cultural y educativa y el control de gestión de multas.
En marzo de cada año, además, deberá dar cuenta pública y a través de su sitio electrónico institucional, de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su gestión presupuestaria.
Asimismo, el Consejo deberá publicar las actas de sus sesiones; confeccionar y difundir un informe de gestión y un plan de auditoría interna, y se adscribirá al sistema de compras públicas del Estado.
Además, se establece que los cargos de Secretario Ejecutivo, Secretario General y demás directivos del Consejo, deberán realizarse de acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública. El personal de planta o a contrata que reúna las condiciones exigidas por la ley N° 19.882 y se desempeñe en funciones calificadas como críticas, pasará a recibir la asignación, que es fijada anualmente por la Ley de Presupuestos en cuanto a la cantidad máxima de funcionarios que la perciben y los recursos destinados para su pago.
Por otra parte, el jefe de servicio del Consejo pasará a percibir la asignación de dirección superior de la ley N° 19.863, siéndole aplicable la normativa sobre incompatibilidades y límites que la regula. El porcentaje de dicha asignación alcanzará el 50% de las remuneraciones brutas de carácter permanente que le corresponde recibir.
Finalmente, esta iniciativa delega en la Presidenta de la República la facultad de fijar las nuevas plantas de personal del Consejo y los correspondientes requisitos específicos de ingreso y promoción, entre otras materias conexas.
Al efecto, se contemplan diversas normas, tales como los grados inferiores y superiores por estamento y disposiciones para proceder al encasillamiento del personal.
(Fuente: Diputados)
Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10922.
Por eventual vulneración de la dignidad humana, trasgresiones al derecho a la privacidad, por trato discriminatorio y afectaciones a la resocialización de los internos e internas exhibidos en el programa “Alerta Máxima – Tras las Rejas” emitido el 25 de agosto por Chilevisión, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una denuncia contra la estación privada ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), escrito en el que se le solicita investigar las trasgresiones y faltas cometidas durante el programa, además de aplicar sanciones al canal de TV.
La Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero interpuesta por el empresario Andrónico Luksic en contra del diputado por la comisión del delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social, del previsto y sancionado en los artículos 416, 417 N° 5 y 418 del Código Penal.
La Comisión de Economía se encuentra analizando las normas sobre protección de los derechos de los consumidores, regulando la formación del consentimiento en los contratos ofrecidos telefónicamente, con el fin de que no baste con que la persona diga Sí o presione un número que le dicta la operadora, para que se suscriba el ofrecimiento, sino que propone que el consumidor dé su consentimiento por escrito.
La norma que establece la tramitación digital de los casos en el Poder Judicial, tiene por objeto que todas las actuaciones del proceso de jueces, auxiliares de la administración de justicia y de funcionarios judiciales se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en la carpeta electrónica. Se garantiza la publicidad de las actuaciones, porque los sistemas informáticos deben preservar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley.
Con 16 votos favor y 10 en contra, la Sala declaró admisible el proyecto de ley que prorroga la entrada en vigencia para las empresas de menor tamaño y las microempresas de la obligación de emitir facturas electrónicas. La norma tuvo su origen en una moción de los senadores Manuel José Ossandón, Lily Pérez San Martín y Eugenio Tuma fue declarada inadmisible al ser presentada, por lo que se ofició al Ejecutivo suscribirla.
En condiciones de ser discutido y votado por la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Ello, luego que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobara algunos de los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados en su segundo trámite y rechazara otras disposiciones.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del Consejo de Televisión, que sancionó al noticiario de “Chilevisión Noticias Tarde”, que exhibió en horario para todo espectador, una nota periodística que exhibía imágenes de niños, niñas y adolescentes que ilustraban como utilizar el gas butano de los encendedores como estupefacientes.
Con el propósito de consagrar de manera legal determinados derechos, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley 19.628, sobre la protección de la vida privada, para efectos de garantizar al titular de datos personales el derecho al olvido. El documento fue remitido a la Comisión de Constitución para su estudio.
