Sala de Cámara de Diputados aprobó proyecto que reforma el Consejo Nacional de Televisión

TELECOMUNICACIONESCon 106 votos a favor y 1 abstención, la Cámara de Diputados ratificó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley que moderniza el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), concede asignaciones y delega facultades para fijar su planta de personal.

La iniciativa entrega a los trabajadores de planta y contrata del CNTV una asignación de estímulo para velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

Esta asignación, de pago mensual, equivale al 9% de la suma de las siguientes remuneraciones, según corresponda:

a) Sueldo base asignado al grado respectivo.
b) Asignación establecida en los artículos 17 y 18 de la ley N° 19.185.
c) Asignación establecida en el artículo 19 de la ley N° 19.185.
d) Asignación establecida en el artículo 6 del decreto ley N° 1.770, de 1977.

Este proyecto es fruto del esfuerzo de los trabajadores, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). En concreto, permite, después de 42 años, una modernización del organismo, administrativa y jurídicamente, al tiempo que se propicia a los trabajadores (110 funcionarios) posibilidades de tener una mejor carrera funcionaria.

El proyecto avanza en Transparencia para el organismo, estableciendo que el CNTV deberá enviar, anualmente, un informe a ambas ramas del Congreso Nacional con los resultados de la política de fomento audiovisual, de la promoción de programación cultural y educativa y el control de gestión de multas.

En marzo de cada año, además, deberá dar cuenta pública y a través de su sitio electrónico institucional, de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su gestión presupuestaria.

Asimismo, el Consejo deberá publicar las actas de sus sesiones; confeccionar y difundir un informe de gestión y un plan de auditoría interna, y se adscribirá al sistema de compras públicas del Estado.

Además, se establece que los cargos de Secretario Ejecutivo, Secretario General y demás directivos del Consejo, deberán realizarse de acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública. El personal de planta o a contrata que reúna las condiciones exigidas por la ley N° 19.882 y se desempeñe en funciones calificadas como críticas, pasará a recibir la asignación, que es fijada anualmente por la Ley de Presupuestos en cuanto a la cantidad máxima de funcionarios que la perciben y los recursos destinados para su pago.

Por otra parte, el jefe de servicio del Consejo pasará a percibir la asignación de dirección superior de la ley N° 19.863, siéndole aplicable la normativa sobre incompatibilidades y límites que la regula. El porcentaje de dicha asignación alcanzará el 50% de las remuneraciones brutas de carácter permanente que le corresponde recibir.

Finalmente, esta iniciativa delega en la Presidenta de la República la facultad de fijar las nuevas plantas de personal del Consejo y los correspondientes requisitos específicos de ingreso y promoción, entre otras materias conexas.

Al efecto, se contemplan diversas normas, tales como los grados inferiores y superiores por estamento y disposiciones para proceder al encasillamiento del personal.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10922.

INDH denuncia ante el CNTV al programa “Alerta Máxima” de Chilevisión

logo_transpPor eventual vulneración de la dignidad humana, trasgresiones al derecho a la privacidad, por trato discriminatorio y afectaciones a la resocialización de los internos e internas exhibidos en el programa “Alerta Máxima – Tras las Rejas” emitido el 25 de agosto por Chilevisión, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una denuncia contra la estación privada ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), escrito en el que  se le solicita investigar las trasgresiones y faltas cometidas durante el programa, además de aplicar sanciones al canal de TV.

En la denuncia presentada por el INDH se hace énfasis respecto del “tono evidentemente burlesco del periodista que relata el programa, lo cual resulta atentatorio en contra la dignidad de las personas que se encuentran privadas de libertad y en una situación de vulnerabilidad”.

Dentro de las expresiones e imágenes consideradas vulneratorias por el INDH se detalla en el escrito el malestar que expresan internos/as al ser grabados, pero que independiente de sus protestas son igualmente exhibidos. Por ejemplo el escrito del INDH describe la situación de un interno que solicita a los periodistas que no lo graben, señalando “busca en Facebook que salgo entero taquilla”, respecto de lo que el locutor le responde “lo dudo ya que en esta cárcel no podrás actualizar tu estado hasta el 2021”.

Asimismo el programa muestra a algunos internos que se encuentran aislados, indicando el locutor en forma burlesca “viste que teníamos razón, ellos siempre se arreglan para estar solos, recuerden que les quedan dos semanas de aislamiento, así que cuiden sus cigarros”.

Estos ejemplos –son parte de los catorce que se consignan en la presentación del Instituto– y que dan cuenta de la forma burlesca y estigmatizadora de comunicar utilizada por periodistas y por el conductor del programa, respecto de las personas privadas de libertad.

De esta manera el INDH solicita al CNTV que le indique a Chilevisión la serie de vulneraciones de derechos que cometió en la puesta al aire del programa, así como la advertencia de que toda estación de televisión tiene el deber de respetar los derechos de las personas, principalmente si estas están en condiciones de mayor vulnerabilidad como es el caso de las personas privadas de libertad.

(Fuente: INDH)

Gaspar Rivas desaforado por el delito de injurias graves: «Bastan sus expresiones, por sí desdorosas, para entender que se cumplen las exigencias del Código Procesal Penal»

gaspar-rivasLa Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero interpuesta por el empresario Andrónico Luksic en contra del diputado por la comisión del delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social, del previsto y sancionado en los artículos 416, 417 N° 5 y 418 del Código Penal.

La resolución establece que los dichos públicos del diputado cumplen con los requisitos de tratarse de antecedentes que justifiquen la existencia del delito y permiten presumir que ha tenido participación como autor de ellos. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado Martes 2 de Agosto la Corte Suprema en pleno resolvió unánimente acoger el desafuero, considerando que en el proceso de privar de su fuero a un parlamentario –lo que no importa decidir sobre el fondo del asunto–, el nivel de estándar que se debe emplear para ello es el que la ley requiere para la aplicación de medidas cautelares, esto es, el que entrega el artículo 140 del Código Procesal Penal, en sus letras a) y b): que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga y que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.

Según la resolución, las expresiones dadas por el diputado a los medios de prensa cumplen sobradamente estas exigencias. Los dichos del diputado manifestados en medios de comunicación social, son expresiones que podrían ser consideradas injuriosas, al usar expresiones como «delincuente» e «hijo de puta», afectando ciertamente el honor del empresario–que constituye un bien jurídico protegido por el derecho– y que el derecho penal custodia elevando a la categoría de delito las expresiones proferidas o las acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

La defensa del diputado argumenta que sus dichos están protegidos por el derecho a expresarse libremente. Sin embargo, el máximo tribunal estima que ello no es así.

Para ello, refiere el Nº 12 del artículo 19 de la Constitución, que señala que se asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, «sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…». El ordenamiento jurídico no protege un pretendido derecho a insultar; se pueden emitir opiniones sin que el Estado las censure previamente, mas proferidas las expresiones que constituyen esas opiniones, su autor, en su caso, debe responder en la forma indicada en el precepto constitucional.

También arguye que las expresiones emitidas están cubiertas por el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. Sin embargo dicho privilegio –consagrado en el artículo 61 de la Carta Fundamental– sólo se refiere a las opiniones que los parlamentarios manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. En el caso, los dichos no fueron vertidos en sesiones de sala o de comisión, sino en medios de comunicación social, por lo que la inviolabilidad no sería aplicable.

Contratos ofrecidos por teléfono: No bastará con que la persona diga “si” o presione un número dictado por operadora

telefono movilLa Comisión de Economía se encuentra analizando las normas sobre protección de los derechos de los consumidores, regulando la formación del consentimiento en los contratos ofrecidos telefónicamente, con el fin de que no baste con que la persona diga Sí o presione un número que le dicta la operadora, para que se suscriba el ofrecimiento, sino que propone que el consumidor dé su consentimiento por escrito.

Un fuerte respaldo tuvieron las ideas matrices del proyecto, aprobándose en primer trámite por los integrantes de la Comisión, tras escuchar la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), el Comité Retail Financiero y la Asociación Nacional de Empresas de Telefonía Móvil (ATELMO).

El presidente de la Comisión, el senador Moreira, señaló que “por unanimidad votamos este proyecto, así que desde la próxima semana vamos a comenzar a preparar las indicaciones, considerando que estamos autorizados para revisarlo en general y particular a la vez, por tratarse de un artículo único”, y propuso un plazo máximo para presentar indicaciones hasta el 20 de julio.

En esta línea, el senador Harboe, uno de los autores del proyecto,  valoró el despacho indicando que los cuestionamientos realizados por los invitados al proyecto, “no son novedad porque cuando hemos tramitado otras normas, como la ley Dicom, también se nos dijo que esto no sería factible. Ahora se nos asegura que esto sería terminar con los contratos telefónicos, y ello no es así”.

Por otro lado, el abogado de la ABIF, Luis Cordero señaló que “creemos que prohibir esta modalidad resulta arbitraria frente a otras de la industria. Además, resulta un retroceso en la digitalización de los bienes y servicios, y la bancarización”.

Agregó que “esta excepción a la actual legislación, no está justificada. Proponemos regular el contenido y claridad del guión telefónico; y el horario de la llamada que además siempre deberían ser grabadas. También nos parece que siempre deberían hacer medidas para validar la identidad del consumidor».

En esta misma línea,  el vice presidente ejecutivo del Comité Retail Financiero, Claudio Ortiz, mencionó las estadísticas del Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) respecto a la baja cantidad de reclamos que habría por este tipo de contratos versus los relacionados con las ventas online.

Explicó además que “si el consentimiento se produce solo de manera escrita, los contratos telefónicos desaparecen. Este canal solo servirá para hacer promociones”.

Por su parte, el jefe de Asuntos Públicos de Entel y representante de la ATELMO, Felipe Simonsohn,  afirma que “creo que hacer cambios podría tener un efecto regresivo considerando el impacto de las nuevas tecnologías”.

Por su parte, el senador Quinteros cuestionó los datos del Sernac respecto la baja tasa de reclamos asociados a este tipo de contratos, al manifestar que “se habla de 300 casos por año, ese número me parece bajo si pensamos en la cantidad de ventas que se realizan cada día. No me coinciden esas cifras”.

El senador Harboe aseguró que “cuando se nos dice que esto afectará el comercio a distancia, les quiero recordar el caso de España, donde existe 12 veces más comercio de este tipo y la legislación local es más dura. Se obliga al proveedor a entregar un contrato por escrito antes de que se forme el consentimiento del cliente”.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10375-03.

Corte de Santiago acoge recurso de protección contra empresa por acoso telefónico a cliente

telefono movilLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado en contra de la Movistar S.A. por acoso telefónico a cliente por una supuesta deuda con la empresa.

En fallo unánime (causa rol 36222-2016), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jessica González, Romy Rutherford y el abogado (i) Mauricio Decap– acogió la acción cautelar presentada por el abogado Francisco Bravo López.

La sentencia del tribunal de alzada determina el actuar arbitrario, irracional e justificado el proceder de la empresa al utilizar «un verdadero acoso telefónico a un deudor».

«Podemos colegir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, bastando con poner en noticia del deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación bajo ningún aspecto incurrir en un verdadero acoso telefónico a un deudor, al margen de todas las oposiciones que aquél pueda realizar legítimamente en el procedimiento de cobro judicial de la deuda. No puede soslayarse lo dudoso que resulta la existencia de deudas que aparecen con posterioridad al abandono de la propiedad donde se prestaba el servicio, sin perjuicio de la necesaria fundamentación que la empresa pueda efectuar al momento de demandar el cobro de la deuda respectiva», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Ciertamente, la recurrida intenta justificar su conducta en la existencia de una deuda del recurrente, debiendo cuestionarse la empresa acerca de la racionalidad o justificación razonable de su proceder con dicha finalidad, la que aquí, como se viene sosteniendo, no es posible divisar, razón por la que se estima por este Tribunal que la recurrida ha incurrido en una conducta arbitraria (…) nuestra Carta Fundamental consagra en el artículo 19 N° 1, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, derecho fundamental que se ve vulnerado en cuanto a lo que se refiere a la integridad psicológica, en la medida en que este acoso telefónico resulta ser persistente, ajeno a lo razonable y excede, por lo mismo, los márgenes de lo permitido y tolerable, y en consecuencia procede acoger la acción interpuesta.

Por lo tanto, concluye, «se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Francisco Alejandro Bravo López, abogado, domiciliado en calle Suiza N°2063, departamento 605, de la Comuna de Providencia, en contra de TELEFONICA CHILE S.A. (MOVISTAR), en lo principal de la presentación de fojas 15 y siguientes, debiendo la recurrida abstenerse de efectuar en el futuro llamados telefónicos de cobros extrajudiciales de la presunta deuda que con ella mantiene el recurrente ya individualizado».

(Fuente: Poder Judicial)

Tramitación electrónica de causas judiciales garantiza el acceso de todas las personas

Diario digital electronico internetLa norma que establece la tramitación digital de los casos en el Poder Judicial, tiene por objeto que todas las actuaciones del proceso de jueces, auxiliares de la administración de justicia y de funcionarios judiciales se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en la carpeta electrónica. Se garantiza la publicidad de las actuaciones, porque los sistemas informáticos deben preservar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley.

La carpeta electrónica está disponible en el portal de internet del Poder Judicial, salvo que la ley establezca lo contrario o habilite al tribunal para restringir su publicidad, o la de alguna parte de ella. En cuanto a las resoluciones suscritas por los jueces mediante firma electrónica avanzada, se estableció que no requerirán de la firma ni de la autorización del ministro de fe correspondiente.

La reserva se mantiene con las demandas, las presentaciones acerca de medidas cautelares y todas aquellas que requieren de reserva para asegurar la eficacia. También debe impedirse el tratamiento masivo de datos personales sin la respectiva autorización.

Los actos jurisdiccionales se suscriben por medio de firma electrónica avanzada. De esa manera, serán válidos y producirán los mismos efectos que si se hubieren llevado a cabo en papel.

La ley se aplica desde el 18 de junio de 2016 para causas nuevas en 13 jurisdicciones: Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas; y el 18 de diciembre de 2016 se incorporará para las causas nuevas en las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción.

Entre los trámites que se pueden hacer en la oficina virtual, se encuentran la presentación de demandas, escritos y documentos. Las presentaciones efectuadas a través de la oficina se entenderán suscritas por el usuario que las remite, sin necesidad de contener su firma manuscrita.

Se aplica en todas las causas que conozcan los siguientes tribunales: la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los presidentes y ministros de Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras y los juzgados de garantía, los juzgados de familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial creó una Oficina Judicial Virtual, disponible en el sitio web: http://www.poderjudicial.cl. En esa página se ofrecen los servicios para la tramitación electrónica. Los usuarios deben ingresar con la clave única del Estado, que las personas obtienen en el Servicio de Registro Civil e Identificación. La clave única del Estado se entiende como firma electrónica simple.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el tecto íntegro de la ley 20.886.

Tramitarán moción que prorroga la emisión de facturas electrónicas por parte de las pymes

impuestos internet IVA cobranzaCon 16 votos  favor y 10 en contra, la Sala declaró admisible el proyecto de ley que prorroga la entrada en vigencia para las empresas de menor tamaño y las microempresas de la obligación de emitir facturas electrónicas. La norma tuvo su origen en una moción de los senadores Manuel José Ossandón, Lily Pérez San Martín y Eugenio Tuma fue declarada inadmisible al ser presentada, por lo que se ofició al Ejecutivo suscribirla.

Como hasta la fecha no se había recibido respuesta en tal sentido, al inicio de la sesión el senador Ossandón solicitó votar la admisibilidad.

DISCUSIÓN 

TUMA

“Si la iniciativa se tratara de tributos sería inadmisible, pero el proyecto no se refiere a eso. Innova en materia accesoria, queremos que se prorrogue el cambio del uso de papel al sistema digital para emitir facturas en el caso de las mipymes y pymes”.

ESPINA

“Lo que entiendo es que se altera la forma (el plazo) en que se va a pagar una factura, pero no se refiere a aumentar o disminuir los tributos. La ley indica que todas la facturas deben ser electrónicas, pero hay zonas donde no hay internet; por eso se está pidiendo aquello”.

GARCÍA RUMINOT

“Se dice que es facultad del Ejecutivo de condonar, reducir, suprimir los tributos. Acá no estamos hablando de una de esas materias, por eso creo que es admisible. Estoy hablando del artículo 65 número 1 de la Constitución Política”.

LARRAÍN

“Cuando se dice que es un procedimiento, no me queda claro si es parte de la administración financiera del Estado. Cuando se amplía un plazo, se interviene en la recaudación. Tengo mis dudas de la admisibilidad. Estamos hablando de la forma en que el tributo debe recaudarse”.

GARCÍA HUIDOBRO

“No hay cambio de plazo de pago. Solamente se pide que se prorrogue por un tiempo más el uso de facturas en papel porque en las zonas rurales no siempre hay internet”.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 8874-05.

Proyecto que busca garantiza una velocidad mínima de acceso a Internet quedó listo para ser votado por la Sala

telefonia telecomunicaciones redes conexionesEn condiciones de ser discutido y votado por la Sala del Senado quedó el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Ello, luego que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobara algunos de los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados en su segundo trámite y rechazara otras disposiciones.

Así lo informó el presidente de la citada instancia legislativa, senador Manuel Antonio Matta, tras explicar que es muy probable que se tenga que constituir una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias en torno a la iniciativa.

«El gran debate que tuvimos es de qué forma los servicios que procuran dar un servicio de internet adecuado al pago que realiza el usuario, efectivamente se cumple», dijo el senador tras precisar que «hoy existe una extremada liberalidad en la materia respecto de que lo que se cancela por parte del usuario no es el servicio que se otorga por parte de las empresas».

El senador Matta indicó que «tuvimos controversia con los criterios de la Cámara de  Diputados y al ser rechazados por parte nuestra, vamos a llegar a una mixta para poder subsanar los criterios diferenciadores».

En lo fundamental el proyecto busca lograr garantizar la velocidad de acceso a internet fijando, a su vez, un organismo independiente, externo y técnico a cargo de la verificación de los accesos de internet que ofrecen las compañías.

Los senadores aprobaron las normas que dicen relación con dotar de mayor autonomía e independencia a la entidad externa que verificará lo que ofrecen las compañías y las rechazadas dicen relación con los derechos de los usuarios y las garantías a las que se verían obligados los proveedores.

DECODIFICACIÓN ILEGAL

Asimismo, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones continuó con el estudio del proyecto, en primer trámite, que establece sanciones a la decodificación ilegal de televisión satelital de pago (boletín 10.294-15)

La iniciativa, tiene su origen en una moción de los senadores Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta, Manuel José Ossandón y Patricio Walker, quienes buscaron una fórmula para poder sancionar la decodificación ilegal de la televisión satelital de pago.

Según cálculos extraoficiales, en base a los registros de Aduanas, se estima que en Chile existen alrededor de 300.000 usuarios de dispositivos destinados a decodificar señales satelitales de forma ilegal, hecho que ha producido pérdidas de más de 66 millones de dólares en las empresas operadoras de TV satelital de pago, pérdidas que en Latinoamérica alcanzarían los 3.200 millones de dólares, lo que según los operadores puede atentar en contra del desarrollo de esta industria en la región.

Esta iniciativa pretende avanzar en la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de televisión satelital de pago, impidiendo la comercialización transfronteriza e intrafronteriza de dispositivos y/o softwares con capacidad de decodificar señales satelitales encriptadas, sin la debida autorización del distribuidor legal y/o dueño del contenido.

Se precisa que no se persigue sancionar a los dueños; meros tenedores; o poseedores de los dispositivos y/o softwares descritos previamente, ya que el objetivo es sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago.

Según explicó el senador Matta «se busca evitar cualquier situación de uso ilegal del sistema y poder sancionar debidamente con multa y decomiso, básicamente el uso ilegal… hay espíritu mayoritario de ver para entender requerimientos para mejorar el proyecto de decodificación ilegal».

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 8584-15.

Corte de Santiago confirmó multa contra Chilevisión por exhibir a niños inhalando gas butano

ChilevisionLa Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del Consejo de Televisión, que sancionó al noticiario de “Chilevisión Noticias Tarde”, que exhibió en horario para todo espectador, una nota periodística que exhibía imágenes de niños, niñas y adolescentes que ilustraban como utilizar el gas butano de los encendedores como estupefacientes.

En su sentencia, El Tribunal de alzada capitalino destacó que pudo observar los videos que se acompañaron, corroborando la vulneración del derecho a la imagen, debido a que no solo se captó ésta, sino que al difundirla inadecuadamente se estigmatizó socialmente a un grupo de jóvenes, lo que constituye una grave vulneración a su dignidad.

Enseguida, sostuvo que debido a la importancia en nuestro ordenamiento jurídico, no es posible sostener que los contornos jurídicos de la dignidad de la persona son vagos, toda vez que su respeto se encuentra en la observancia de los Derechos Humanos.

Así, la sentencia concluye entregando como ejemplo el artículo 33 de la Ley 19.733, que prohíbe la divulgación de la identidad de los menores de edad que se encuentran vinculados a un delito, aduciendo que dicha disposición representa la forma como se debe actuar en general para resguardar sus derechos a la vida privada, honra y reputación conforme a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño (Tratado Internacional ratificado por Chile y promulgada el 27 de septiembre de 1990) y que los órganos administrativos del Estado están llamados a proteger.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Llanos, quien estuvo por revocar la resolución apelada y dejar sin efecto la multa impuesta, argumentando que el artículo 1 inciso tercero de la ley citada, cuando pretendió entregar una definición de «correcto funcionamiento», no logra satisfacer la exigencia del inciso final del artículo 19 Nº 3º de la Constitución, pues no describe expresamente la conducta que exige; y el acuerdo sancionatorio motivo de esta apelación castiga el comportamiento consistente en haber quebrantado la permisionaria el principio del correcto funcionamiento, que al no estar correctamente tipificado, se asimila a un «tipo penal en blanco» que por violar el mandato de tipicidad del consabido artículo 19 Nº 3º inciso final de la carta primera, carece de validez para justificar, sobre su base, el ejercicio de la potestad sancionatoria.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el fallo de la Corte de Apelaciones analizado en microjuris.

Buscan garantizar el derecho al olvido

tecnologiaCon el propósito de consagrar de manera legal determinados derechos, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley 19.628, sobre la protección de la vida privada, para efectos de garantizar al titular de datos personales el derecho al olvido. El documento fue remitido a la Comisión de Constitución para su estudio.

El proyecto detalla que a nivel mundial se ha presentado la inquietud respecto de la forma en que, actualmente, se realiza el tratamiento de datos personales en las plataformas digitales, en relación con la protección de la intimidad y la vida privada.

Señala que las personas deben tener el dominio y control respecto al destino de sus datos y la información concerniente a su persona en plataformas digitales, cuando la ley no establezca lo contrario. En este sentido, el texto describe que cada persona puede solicitar la cancelación o supresión de sus datos en determinadas circunstancias, lo que a grandes rasgos es conocido como “derecho al olvido”.

“Si bien no existe un concepto uniforme en el derecho comparado sobre lo que se entiende por “derecho al olvido”, no es menos cierto que distintas legislaciones están avanzando en este sentido e incluso parte de la jurisprudencia tanto a nivel internacional como nacional han emitido fallos en esta dirección”, resaltaron los legisladores.

Asimismo, agregaron que, por ello, esta moción pretende actualizar la legislación nacional con el fin de proteger la vida privada de las personas a través una regulación moderna y a la par con el avance de los fenómenos sociales de la era digital.

“Hoy en día, la ley 19.628 consagra distintos derechos al titular de datos, los que están protegidos a través del denominado “Habeas Data”, pero no hay, a nuestro parecer, claridad en cuanto al efectivo control de los particulares respecto de sus datos, dado que no es explícito en la ley el “derecho al olvido”, aseguraron.

En esta línea, aclararon que es necesario hacer presente que el “derecho al olvido”, aquí planteado, no es de carácter absoluto y se encuentra limitado, en primer lugar, por el derecho a la libertad de prensa y de investigación. “Nuestra legislación en la ley 19.733 sobre medios de comunicación social permite, en caso de que un particular sea perjudicado o menoscabado por alguna información referente a su persona, el derecho a réplica o retractación, por lo que, evidentemente, dicha situación protege la vida íntima y la honorabilidad de la persona, bien jurídico que ya está resguardado en dicha norma y que el “derecho a olvido” no apunta”.

En segundo lugar, sostuvieron que este derecho no podría ser invocado por parte de personalidades públicas con el fin de borrar de las plataformas digitales eventuales actuaciones poco convenientes. “Uno de los requisitos para ejercer el “derecho al olvido” es la caducidad del dato, y dado el carácter público de ciertas personas, la información referente a ellos no caduca y se mantiene en el tiempo”, aclararon.

Finalmente, manifestaron que el derecho a olvido es de carácter irrenunciable para su titular, evitando así eventuales suscripciones o acuerdos contractuales entre un prestador del servicio y el usuario que vaya en contra de lo que aquí se pretende.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de Ley, Boletín Nº  10608.

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