Presentan acusación constitucional contra ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño

SenadoEl libelo fue presentado por 11 diputados, y se origina en las conclusiones de la comisión que investigó los hogares del Sename, que apuntan a la responsabilidad del ministro Carreño en el ocultamiento de un informe elaborado por el Poder Judicial y la Unicef, en que se detectaron casos de vulneración de derechos esenciales de menores en estos recintos.

Una acusación constitucional en contra del Ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, presentaron los diputados René Saffirio (DC), Fidel Espinoza (PS), Iván Flores (DC),Tucapel Jiménez (PPD), Ricardo Rincón (DC), Luis Rocafull (PS), Maya Fernández (PS),Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandra Sepúlveda (Ind).

La Constitución establece que a la Cámara de Diputados le corresponde analizar la procedencia de las acusaciones constitucionales. Si ésta procede, entonces le corresponde al Senado estudiar el fondo del libelo.

Esta acusación será analizada por una comisión integrada por los diputados José Manuel Edwards (RN), Javier Macaya (UDI), Arturo Squella (UDI), Patricio Melero (UDI) y René Manuel García (RN).

El diputado Saffirio -quien fue presidente de la comisión investigadora por el caso Sename- explicó que “se busca la destitución del ministro Héctor Carreño por su responsabilidad en actos y omisiones que implicaron violaciones flagrantes de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sus acciones u omisiones constituyen ilícitos constitucionales que justifican su destitución».

Por su parte, el diputado Rincón recordó que “la comisión tuvo acceso a decenas de pruebas y casos que involucran la acción u omisión del ministro Carreño; pruebas que están incluidas en el libelo y que esperamos todos los diputados puedan estudiar en su mérito. Son casos que provocaron conmoción nacional y que, al menos en lo personal, generaron la profunda convicción de frenar los abusos y asumir que el Estado debe proteger a estos menores en su totalidad y denunciar cualquier vulneración de sus derechos. Así, al menos, lo hicimos junto al diputado Saffirio denunciando varios casos al Ministerio Público”.

El primero capítulo de la acusación señala que Héctor Carreño no cumplió «con los deberes encomendados» como «responsable de la unidad de apoyo a la reforma de la justicia de familia». Y añade que se abocó a «tareas que exceden las funciones para las que fue nombrado sin apego estricto a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella, abusando de su posición de superior jerárquico y atendiendo a intereses individuales o de un determinado grupo, y no en servicio de la persona o en razón de lo que es mejor para la comunidad».

Luego, en el capítulo dos, se indica que el ministro «vulneró» sistemáticamente y de forma «grave los derechos fundamentales de las personas en causas de violencia intrafamiliar» desde 2008.

(Fuente: Diputados)

Segundo Tribunal Ambiental acoge a trámite reclamación de HidroAysén contra decisión de Comité de Ministros

segundo tribunal ambientalEl Tribunal Ambiental de Santiago acogió a trámite la reclamación formulada por HidroAysén contra la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que materializó el acuerdo del Comité de Ministros, adoptado el pasado 10 de junio.

En esa fecha los ministros acordaron invalidar los Acuerdos del Comité de Ministros de 30 de enero de 2014 y, al mismo tiempo, resolver los recursos de reclamación presentados contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del “Proyecto Hidroeléctrico Aysén”.

La empresa recurrió al Tribunal Ambiental de Santiago en virtud de lo establecido en el artículo 17 N°8 de la ley N° 20.600, que señala que el Tribunal es competente para “conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental. El plazo para la interposición de la acción será de treinta días contado desde la notificación de la respectiva resolución”.

Admitida a tramitación, el segundo Tribunal Ambiental solicitó del reclamado –Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental- informe sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días corridos. Recibido el informe o vencido el plazo para presentarlo, el Tribunal ordenará traer los autos en relación, y luego pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte espediente Rol Nº R-40-2014

Ley N° 20.678, Establece la elección directa de los Consejeros Regionales «Cores»

votoEste 19 de Junio  se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.678 que modifica la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional. Esta modificación tiene por objeto de establecer una nueva manera de integración de  los Consejos Regionales, “Cores”,  mediante la elección directa de sus miembros por los ciudadanos. Este mecanismo se inaugurará el próximo 17 de noviembre, conjuntamente con las elecciones presidenciales y parlamentarias, según se desprende del artículo primero transitorio de esta norma.

La modificación substituye la antigua forma de conformación de este organismo, que consistía en una elección que realizaban de los consejeros regionales los concejales de las distintas provincias del país días después de las elecciones municipales,  para pasar así,  a una elección por sufragio universal, en votación directa de los miembros de los “CORES”, tal como lo establece el nuevo artículo 29 de la normativa citada. Estos comicios se efectuarán cada cuatro años, conjuntamente con las votaciones parlamentarias, tal como se indica en el artículo 83 y los miembros electos podrán ser reelegidos en forma indefinida.

Para la elección de los “Cores” se  empleará el sistema electoral proporcional, mecanismo idéntico al utilizado en la elección de concejales, aplicándose con ello cifra repartidora. Además, los candidatos de los diferentes partidos podrán presentarse en pactos o en subpactos electorales. Mientras que los aspirantes independientes podrán participar por su cuenta o con el apoyo de colectividades.

El número de consejeros que se elegirán en la elección variarán por región y se establecerán según la población del último Censo 2012.  Así, las regiones de hasta 400 mil habitantes escogerán 14 “Cores”,  16 consejeros en las regiones de más de 400 mil habitantes; 20 en las regiones de más de 800 mil habitantes; 28 en las regiones de más de un millón quinientos mil habitantes; y por 34 consejeros regionales en las regiones de más de cuatro millones de personas.

Artículos sustituidos: 29°, 30° y el capítulo VI desde el artículo 82 al 99 bis

Artículos agregados: 29° bis

Artículos Reemplazados: 42°

Descargue texto completo de la la Ley N° 20.678 

Columna: «Sociedades Express y su constitucionalidad»

Sr_Alfredo_Martin_IllanesPor Alfredo Martin Illanes (*)

Sin perjuicio de atribuir la mayor importancia a iniciativas destinadas a apoyar a los emprendedores y el desarrollo de nuestra economía, es muy necesario identificar de manera correcta dónde se encuentran los reales problemas para que una empresa, especialmente  micro o pequeña, pueda  constituirse y operar. Es la única forma de no agregarle nuevas trabas, sean económicas o legales.

El Ministerio de Economía persigue reducir a un día el plazo de constitución de las sociedades a objeto de ocupar un lugar de privilegio en el ranking Doing Business. Sin embargo, es sabido que hoy día cerca del 100%  de las sociedades se puede constituir e inscribir en 24 o 48 horas y que el 60% de ellas, sólo en horas.

Si el actual sistema es capaz de constituir una sociedad en el plazo al que aspira el Ministerio de Economía, concluimos que la principal diferencia se radica en la gratuidad que se ofrece, ya que los emprendedores continuarán soportando las largas tramitaciones en las municipalidades y otros organismos, que es lo que constituye el real y verdadero problema para iniciar sus actividades.

Para lograr su propósito, el Ministerio de Economía incursionó en el riesgoso camino de atentar contra la unidad de la institucionalidad del país al establecer un sistema y registro paralelo al existente y otras consideraciones que merecieron fundados reparos de prestigiosos académicos y entidades, entre los que podemos mencionar a la Presidenta del Colegio de Abogados, señora Olga Feliú, al Director del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad de Chile don Rafael Gómez Balmaceda, profesores de la Universidad Diego Portales,  Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Cieplan y otros.

Los reparos se orientaron a lo siguiente: Asume el Ministerio de Economía una labor no establecida en la Ley de Bases de la Administración del Estado y menos, en  la ley que lo regula; Se entrega la función de otorgar fe pública al subsecretario de economía, con la posibilidad de delegarla en quien estime conveniente, sin responsabilidad civil alguna aparejada a dicha obligación; Quedan estas sociedades fuera de la obligación de informar a la Unidad de Análisis Financiero, única manera que este organismo pueda conocer de operaciones sospechas y de aquellas efectuadas por personas expuestas políticamente; entrega a un reglamento diversas materias que son  propias de ley; Hay una clara invasión del Poder Ejecutivo en facultades y labores que corresponden  a auxiliares de la administración de justicia, pertenecientes al Poder Judicial; Se crea un formato electrónico que será llenado por los futuros socios, sin prevenir ni vigilar el cumplimiento o incumplimiento de las normas  que regulan la constitución de sociedades y nadie responderá por eso.

Esta futura ley, se desentiende de la necesidad que tienen los futuros socios o emprendedores de una adecuada y oportuna orientación legal que permita determinar la naturaleza jurídica de la nueva persona jurídica, las estipulaciones estatutarias y demás pactos que los contratantes estimen convenientes, según cada realidad, para alcanzar con éxito los fines de la empresa, evitando los costos e incertidumbres de futuros litigios.

En el plano constitucional, el profesor de derecho constitucional don Francisco Zúñiga, expresa: “con el procedimiento de constitución de sociedades que se propone, se altera el principio de certeza o seguridad jurídica, que es el elemento basal para construir un juicio de legitimidad constitucional del proyecto, lo que puede dar lugar a inconstitucionalidades de fondo al ser incompatibles  o desconocer los valores, principios o reglas sustantivas del principio de certeza o seguridad jurídica infringiendo de esta forma una norma iusfundamental de conducta, cuyo contenido son valores, principios constitucionales, derechos, deberes y garantías constitucionales cuya garantía de cierre se encontraría contenida en forma expresa en el art. 19 Nº 26 del Constitución Política.” Por su parte, a juicio del constitucionalista profesor José Luis Cea, la seguridad y certeza jurídica, es una de las finalidades más nobles del derecho, por cuanto, sin ella no es posible  ni concebible la justicia, la paz y el bien común. La certeza jurídica es el único valor que permite a todos lo demás bienes jurídicos cobrar realidad. Para el profesor Cea Egaña, el artículo 19 N° 26 de la Constitución, no es sólo una norma de hermenéutica constitucional, sino que es un derecho de jerarquía constitucional. La certeza jurídica es una finalidad del derecho y, concretada en los términos con que se hace en el art. 19 N° 26 de la constitución, se erige en un derecho público subjetivo.

La fe pública y el ejercicio de la función notarial y registral están ligadas en forma estrecha a la vida económica de nuestra República y constituyen unos de los pilares fundamentales del orden público económico.

Además, otros estudios realizados por destacados profesores de derecho constitucional establecen que: a) La fijación de una atribución propia del Poder Judicial en la Administración del Estado vulnera el inciso 1º del artículo 77 al transgredir la norma que habilita al legislador a regular las normas básicas del Poder Judicial; b) Se infringe el artículo 24 inciso 1º de la CPE, al radicar en la función de Gobierno atribuciones que son propias de otro poder del Estado por expresa regulación constitucional;  c) El proyecto radica la fe pública en el Subsecretario de Economía, quién no tiene fe pública notarial ni registral, sino una fe pública administrativa, vinculada a las labores propias de su ministerio como jefe de servicios y tal como lo señala la Ley de Bases de la Administración del Estado. El Subsecretario es un colaborador del Ministro y de confianza del Presidente de la República. Por lo tanto, no puede dar fe de actos y contratos sobre terceros debido a que no es la naturaleza jurídico-administrativa del cargo. Los notarios y conservadores son auxiliares de la Administración de Justicia y forman parte del Poder Judicial y de su organización básica y son los Ministros de Fe Pública por excelencia, con las responsabilidades que la ley asigna; d) El Estado, por medio del Ministerio de Economía, autoriza el otorgamiento de beneficios indirectos a un sector de la economía, los empresarios, estableciendo graves diferencias arbitrarias que afectan a los notarios y conservadores que mantendrán las facultades para constituir sociedades comerciales, pero claramente en un régimen desigual que no tiene justificación razonable alguna; e) Una gratuidad indiscriminada, conlleva un trato igual a personas que deben ser tratadas diferentes. Se regulan bajo las mismas normas las personas jurídicas pequeñas como grandes. Si algo debiese proceder, es el establecimiento de beneficios indirectos a favor de aquellas sociedades comerciales pequeñas; La gratuidad del nuevo sistema importa una desigualdad constitutiva de discriminación arbitraria en materia económica respecto del sistema actual, que tiene la obligación de autofinanciarse y por lo tanto, tendrá que competir con la gratuidad que ofrece el nuevo sistema. La discriminación arbitraria, también estaría dada en otras normas legales que no le serán aplicables al nuevo sistema. (UAF, COT,).

Es bueno tener presente que la discriminación arbitraria se da con la sola existencia de un doble sistema de constitución, debido a que las cargas de cada uno de ellos, no son equitativas.

No resulta positivo para el país y, especialmente para los emprendedores, iniciativas que sólo buscan posicionarse en un determinado Ranking, sin que se hagan mayores y mejores análisis. Menos resulta conveniente que desde el organismo central se ejerzan fuertes presiones hacia algunos parlamentarios para que desistieran del ejercicio de un legítimo derecho, como lo era someter a conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional los cuestionamientos planteados más arriba.

(*) Don Alfredo Martin Illanes es Abogado, Universidad de Chile. Vicepresidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile. En su carrera profesional se desempeñó como procurador, abogado, y abogado jefe de la Fiscalía de Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por más de 21 años. Ha desarrollado diversos cursos de perfeccionamiento en materias relacionadas con derecho laboral, minero, comercial y tributario. En 1997 asume el cargo de Notario Público de Buin, para luego pasar en Septiembre del año 2000 a hacerse cargo de la Notaría de San Miguel. Es nombrado Notario de Santiago (Providencia) en Agosto del 2004 cargo que ostenta a la fecha. Profesor de Derecho registral Inmobiliario de la Academia Chilena de Derecho registral de la Universidad Gabriela Mistral.

Enlaces relacionados:

Alerta: Ley N° 20.659, “Simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales”

Columna: «La Justicia Preventiva»

TC declaró inconstitucionalidad de proyecto de ley que ampliaba el plazo que se concede a sostenedores de establecimiento educacionales.

El TC declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley que ampliaba el plazo que se concedió a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias prescritas en el literal a) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2010, del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, contenido en el Boletín Nº 8191-04.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional expuso que, ponderados los antecedentes de la causa, fue declarado inconstitucional el proyecto examinado, por no aparecer los fundamentos que justificarían postergar -respecto de ciertos interesados- el cumplimiento de una obligación objetiva y general, impuesta por la Ley N° 20.370 (artículo 46, letra a)), a la totalidad de los sostenedores de establecimientos educacionales que perciben recursos públicos, con el ostensible propósito de que el Estado pueda supervisar que se destinen al cumplimiento de aquella finalidad que valida su concesión, establecida en el artículo 19, numerales 10° y 11°, de la Constitución, al señalar que es deber del Estado financiar un sistema gratuito de educación básica y media, respetando la libertad de enseñanza.

En efecto, prosigue el fallo, la Ley N° 20.370, General de Educación, publicada el 12 de septiembre de 2009, dispuso en su artículo 46 que el Ministerio de Educación debe reconocer oficialmente a los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media, en la medida que así lo soliciten y den satisfacción, entre otros, al requisito de tener un sostenedor constituido como persona moral, “cuyo objeto social único sea la educación” si se trata de un sujeto jurídico de derecho privado (letra a).

Más tarde, la Ley N° 20.483, referida a las personas jurídicas sostenedoras de establecimientos educacionales, reemplazó uno de los preceptos involucrados. De esa forma, agrega la Magistratura Constitucional, dada la sucesión de leyes producida, cabe entender que las obligaciones creadas por la Ley N° 20.370 a los sostenedores señalados, en orden a organizarse con ese objeto exclusivo y a fin de enfocar correctamente los caudales acopiados, sólo se hicieron plenamente exigibles al inaugurarse el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, con la Ley N° 20.529, de 11 de agosto de 2011. Hasta empalmar con la implementación de la nueva Superintendencia de Educación, insiste la sentencia, toda vez que las facultades de control que a ésta le otorga la Ley N° 20.529, artículos 48 y 49, letras a), b), c) y k), vienen a concretar el cumplimiento de las obligaciones delineadas en los artículos 10, inciso segundo, 46, letra a), y 50 de aquella Ley N° 20.370.

Así, concluye el fallo, consultado su texto e historia de gestación, el proyecto en revisión no responde a razones que justifiquen afectar la concepción de una normativa objetiva y general aplicable en el orden educacional, al postergar por otros dos años una regla de probidad, cuyo objetivo es supervisar que los aportes públicos se inviertan efectivamente en el mantenimiento y desarrollo de los establecimientos educativos beneficiados por el Estado.

Razones anteriores, en virtud de las cuales fue declarado inconstitucional el proyecto en cuestión.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Bertelsen, Peña y Hernández Emparanza, por cuanto, en primer término, estos jueces disidentes tienen presente que la moción parlamentaria que dio origen a la tramitación del proyecto de ley que hoy se examina tuvo por objeto, precisamente, ampliar el plazo concedido a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a la exigencia prescrita en el literal a) del artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación, Ley General de Educación. El referido plazo –como recuerda la sentencia- fue, originalmente, de un año. La Ley N° 20.483 reemplazó la norma transitoria que aludía a dicho plazo estableciendo, esta vez, un plazo de dos años para que los sostenedores educacionales pudieran cumplir la mencionada exigencia.

Sin perjuicio de lo señalado, prosigue el voto disidente, la moción parlamentaria que se recuerda da cuenta de que “producto de lo extenso de los trámites para efectuar la transformación precitada, en especial cuando se trata de sostenedores que forman parte de congregaciones religiosas, las que por sus especiales características y regulación de derecho canónico requieren de autorizaciones adicionales para dicho trámite, a la fecha muchas aún no han materializado el cambio requerido por la ley.”

Por otro lado, continúan estos Ministros, debe advertirse que el proyecto de ley controlado introduce una diferencia de trato entre quienes se encuentran en la misma situación: aquellas personas jurídicas –de derecho público o privado- que aspiran a tener la calidad de sostenedores de uno más establecimientos educacionales, en los términos definidos por la misma ley, para cumplir el requisito necesario para el reconocimiento oficial de establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media. Se trata, en consecuencia, de personas jurídicas que, en ejercicio de la libertad de enseñanza, asegurada en el numeral undécimo del artículo 19 de la Constitución Política, pretenden abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

Con todo, agrega el voto disidente, resulta preciso analizar si la diferencia de trato que ahora introduce el proyecto de ley sometido a control resulta adecuada, idónea y tolerable para el destinatario de la misma, en los términos delineados por la jurisprudencia de este Tribunal

En tal sentido, la sola lectura de las razones consignadas en la moción parlamentaria que dio inicio al proyecto de ley de que se trata permite constatar que el diagnóstico que ellas reflejan dice relación con la distinta naturaleza de las personas que aspiran a constituirse en sostenedores educacionales en los términos exigidos por la Ley General de Educación, lo cual es consistente con el ejercicio amplio de la libertad de enseñanza que sólo limita a aquellos establecimientos que desarrollen actividades contrarias a la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional, en tanto que prohíbe aquella enseñanza que se oriente a propagar tendencias político partidistas (Art. 19 N° 11°, incisos segundo y tercero, de la Constitución Política).

Al mismo tiempo, quienes suscriben este voto estiman que la diferencia de trato introducida por el proyecto de ley aludido es idónea en relación con la finalidad de que todas las personas jurídicas, de derecho público o privado, que reúnan la exigencia establecida en el literal a) del artículo 46 de la Ley General de Educación, puedan constituirse como sostenedores educacionales, teniendo presente que algunas de ellas han enfrentado mayores dificultades para concretar ese propósito, atendida su particular naturaleza. Así lo recuerda, por lo demás, la fundamentación de la moción parlamentaria que dio origen al proyecto de ley controlado.

Asimismo, estos jueces disidentes consideran que la diferencia de trato introducida por el proyecto de ley examinado resulta tolerable, tanto para quienes lograron constituirse como sostenedores educacionales antes de su vigencia como para quienes lo harán a partir de ella, porque en uno y otro caso, la misma ley habrá previsto los medios necesarios para adquirir la antedicha calidad de sostenedor de establecimientos educacionales.

Por otra parte, arguye la disidencia que la decisión adoptada por el fallo en orden a declarar inconstitucional el proyecto de ley controlado generará efectos más perjudiciales que los que ha tratado de evitar. Lo anterior, en la medida que impedirá, del todo, que los establecimientos que desarrollan actualmente labores de enseñanza y que no han concluido los trámites de transformación en personas jurídicas de giro único, puedan hacerlo en el futuro, obligando a los alumnos de esos establecimientos a trasladarse con todos los inconvenientes advertidos en la moción parlamentaria que dio origen al proyecto. En el mismo sentido, la declaración de inconstitucionalidad impedirá que quienes lograron ajustarse a la exigencia contenida en la letra a) del artículo 46 de la Ley General de Educación en el período que media entre el vencimiento del plazo conferido por su artículo primero transitorio (12 de septiembre de 2009) y el momento en que entre en vigencia esta nueva ley, verán extinguirse la posibilidad de dar reconocimiento jurídico a una situación producida en la realidad y que venía a ser saneada por el inciso segundo del artículo único del proyecto de ley controlado.

Por tanto, concluye el voto disidente, no afectando el proyecto de ley controlado el principio constitucional de igualdad ante la ley y no concurriendo, en la especie, los supuestos necesarios para declarar que es contrario a la Carta Fundamental, solo cabe afirmar su constitucionalidad.

(Fuente: Diario Constitucional)

Promueven cuarta urna para que ciudadanía se pronuncie sobre cambio a la Constitución en próximas presidenciales

La necesidad de instalar una cuarta urna publicitaria en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, para que la ciudadanía se pronuncie por el cambio de la Constitución, a través de una Asamblea Constituyente, plantearon los senadores José Antonio Gómez, Jaime Quintana, Guido Girardi, Fulvio Rossi y Alejandro Navarro.

Cabe recordar que con el slogan «Que tu voto mueva Chile», la sociedad civil ha estado impulsando esta iniciativa que busca que sean los votantes quienes se pronuncien si quieren una nueva Constitución, lo que se ha denominado Cuarta Urna. Bajo esa premisa los senadores Girardi, Gómez, Navarro, Quintana y Rossi, presentarán el proyecto de reforma Constitucional.

Al respecto, el senador Girardi señaló que «el llamado es a no dirigir un Chile de espalda los movimientos sociales, o impulsar políticas progresistas que le tengan temor a los movimientos sociales. Los que estamos acá, estamos para representar las demandas de la gente. Reafirmamos legitimidad, urgencia y demanda de impulsar este proyecto para cambiar la Constitución».

(Fuente: Senado)

Tribunal Constitucional declaró constitucionalidad de norma contenida en proyecto que modifica la Ley de Violencia en los Estadios

El TC declaró la constitucionalidad de norma contenida en proyecto de ley que modifica la ley N° 19.327, sobre normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional adujo, en esencia, que el inciso final del artículo 4° que propone incorporar a la Ley Nº 19.327 el numeral 3 del artículo 1° del proyecto es propio de la ley orgánica constitucional a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 77 de la Constitución Política.

Consta en autos, prosigue el TC, que la norma contenida en el proyecto de ley sometida a control fue aprobada en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental y que respecto de ella no se suscitó cuestión de constitucionalidad; asimismo consta que fue oída sobre el particular la Corte Suprema, en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política.

De esa manera, concluye el fallo declarando la constitucionalidad del inciso final del artículo 4° que propone incorporar a la Ley Nº 19.327 el numeral 3 del artículo 1° del proyecto.

Por su parte, el Ministro Viera-Gallo concurrió a lo resuelto dejando expresa constancia que el inciso final del artículo 2º que el proyecto de ley introduce a la Ley Nº 19.327, disponiendo la obligación del Intendente de comunicar al Ministerio Público la programación de partidos de riesgo a efectos de disponer la presencia de a lo menos un fiscal, no afecta las atribuciones del Ministerio Público, toda vez que el Fiscal Regional conserva su facultad para evaluar de forma autónoma si un espectáculo deportivo de fútbol es o no riesgoso para el orden público, en cuyo caso decidirá enviar un fiscal. Así, concluye este Ministro, el precepto no traslada esa apreciación al Intendente, el cual comunica su parecer al Fiscal Regional para que éste, en definitiva, resuelva.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona, García y Hernández Emparanza, quienes estuvieron por declarar que el inciso final del artículo 2° del proyecto de ley es norma orgánica constitucional e inconstitucional, por cuanto, en primer lugar, sostienen quenos encontramos frente a un precedente que ratifica que esta es una materia de indudable contenido orgánico constitucional.

Luego, arguye el voto disidente que el proyecto de ley especifica en su inciso final del artículo 2°, que “si un espectáculo de fútbol profesional implicare un riesgo para el orden público o la seguridad de las personas o los bienes, el Intendente comunicará este hecho al Fiscal Regional del Ministerio Público, quien deberá ordenar la presencia de, a lo menos, un fiscal”. Hay tres interpretaciones posibles. Primero, que el Intendente, autoridad administrativa, compele al fiscal a comparecer como consecuencia de la calificación riesgosa de un partido de fútbol. Segundo, que el Fiscal Regional, después de recibida la comunicación del Intendente, está compelido legalmente a enviar a un fiscal a un partido calificado como riesgoso. Tercero, que el Fiscal Regional tiene libertad para decidir enviar o no enviar al fiscal a un partido, residiendo, en último término en él, la determinación precisa del riesgo de un partido de fútbol. Las dos primeras interpretaciones son inconstitucionales porque afectan directa e indirectamente, inmediata o mediatamente, la facultad del Ministerio Público de dirigir exclusivamente una investigación de un hecho punible. Sólo la tercera interpretación es compatible con la Constitución pero es evidente que no es lo que el legislador define en este proyecto de ley. Es clara, sostienen estos Ministros, la facultad del Intendente de calificar el “riesgo asociado a determinados espectáculos de fútbol profesional” (artículo 2° A del proyecto de ley). Y es esta facultad la que le permite disponer directamente medidas de seguridad, imponer reglas a los organizadores del espectáculo y fijar exigentes condiciones preventivas para su realización adoptando decisiones imperativas, dentro de las cuales se “deberá ordenar” la presencia de un fiscal. Por tanto, esta norma legal vulnera la competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público del artículo 83 de la Constitución por afectar el reparto de competencias definido por ésta.

En cuanto a la facultad  de ordenar la presencia de un fiscal en el estadio frente a un riesgo pre-delictual es inconstitucional, toda vez que, explica la disidencia, la presencia del fiscal no disuade ni tampoco colabora a la dirección eventual de la investigación, la cual está en una fase tan preventiva que le impide impartir órdenes directas a Carabineros de Chile, mientras ésta enfrenta problemas de orden público. Este es un precedente legal inconstitucional y complejo a la vez. El riesgo o patrón histórico de que acontezcan delitos no puede llevar a “adelantar investigaciones previsibles con la presencia previa de un fiscal” en lugares emblemáticos de la comisión, por ejemplo, de delitos financieros, sexuales o de connotación social. Los fiscales son pocos. Si van a presenciar lo que sucede, expresan estos Ministros, hay otros lugares donde pueden ser más necesarios. La publicidad de los espectáculos no debe hacer perder de vista que el Ministerio Público se rige por principio de eficiencia (artículo 6 de su Ley Orgánica Constitucional N° 19.640), que ha sido usado por esta Magistratura para fundar la no perseverancia en la investigación de un delito (STC 1404). No se pueden distraer recursos tan necesarios para la lucha contra la delincuencia. “Prevenir investigando” no es la fórmula constitucional del Ministerio Público sino que ésta ha de estar precedida de delitos que es necesario investigar. Por lo tanto, concluye el voto disidente, se trata de una competencia que el Ministerio Público no puede ejercer bajo ninguna de sus atribuciones del artículo 83 de la Constitución y la estimaron inconstitucional.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte texto íntegro de la Sentencia

Imagen: http://www.redbiobio.com

Ingresan reforma que permitiría acusar constitucionalmente a autoridades como el general director de carabineros

“No nos parece razonable que entre las autoridades que pueden ser sujeto de una acusación constitucional no figuren ni el General Director de Carabineros, ni el Fiscal Nacional, ni el Director de la PDI, atendiendo, precisamente, la naturaleza de sus funciones y atribuciones ”, dijo el diputado DC Gabriel Silber, quien ingresó junto a otros diputados hoy un proyecto de ley que busca modificar el artículo 52 de la Constitución, incorporando a estas autoridades como susceptibles de ser acusadas.

Al respecto, el diputado Silber señaló que “las autoridades que proponemos incorporar como sujetos de una acusación constitucional tienen entre sus facultades un poder innegable y sus acciones generan un alto impacto en la sociedad. En el caso de la institución policial, la opinión pública ha sido testigo de numerosos excesos y del uso de la fuerza en forma brutal y desproporcionada en contra de escolares, y lo mismo hemos visto en contra de mapuches y pobladores; pues bien, si existe la posibilidad de acusar constitucionalmente, no vemos por qué no se pueda acusar al General Director de Carabineros entre otras autoridades”.

El diputado Cornejo, en tanto, señaló que “ninguna autoridad puede quedar exenta de esta acusación; por ello, proponemos, además, agregar al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales, y al Director de la Policía de Investigaciones, modificando el numeral 2 del artículo 52 de la Constitución. Esperamos contar con el apoyo necesario y avanzar en este control propio y exclusivo de la Cámara de Diputados.”

En tanto, el diputado Rincón, señaló que “así como la norma establece que sí pueden ser acusados constitucionalmente los generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, no vemos por qué no se pueda acusar al General Director de Carabineros, más aún después del tenebroso espectáculo que hemos visto a raíz de la represión a los estudiantes”.

Según explicó el diputado René Saffirio, “el objetivo de la acusación constitucional es poder acusar a una serie de autoridades por infracciones o abusos de poder, buscando determinar la culpabilidad o inocencia de la autoridad acusada, y por otra, hacer efectiva su responsabilidad constitucional. No parece razonable que se excluya, por ejemplo, al Fiscal Nacional, pues el incumplimiento de sus funciones debe contemplar no sólo la remoción, actualmente a cargo de la Corte Suprema, sino la respectiva determinación de su responsabilidad en los hechos que puedan ser causales de la acusación”.

(Fuente: Cámara de Diputados)

Ley N° 20.609, Ley Antidiscriminación

Este martes 24 se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 20.609 que Establece Medidas contra la Discriminación, comúnmente llamada como ley antidiscriminación. La finalidad de esta ley, según declara el Inciso 1° del Artículo 1° corresponde fundamentalmente a  “instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria”. Para esto, la ley establece una “acción judicial de no discriminación” e introduce modificaciones de diversa naturaleza al Estatuto Administrativo, al Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y al Código Penal.

En primer término, cabe señalar que el inciso 1° del Artículo 2°, define el concepto de discriminación arbitraria en los siguientes términos: “Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”. Asimismo, los incisos 2° y 3° de este artículo limita ciertas situaciones  que pudieran dar origen o ser consecuencia de discriminación arbitraria. De este modo, el inciso 2° señala que no podrá invocarse, la existencia de discriminación para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público. En tanto, el inciso 3° expresa que “se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima

Acción de No Discriminación

Esta acción se encuentra regulada en el Título II de la ley, y entre sus principales características, cabe mencionar las siguientes:

Esta acción podrá ser interpuesta directamente por el afectado, sus representantes legales, por quien tenga a cargo su cuidado personal o educación; y eventualmente, por un tercero si el afectado se encuentra imposibilitado. En cuanto a la oportunidad para ejercer la acción, esta es de 90 días desde la ocurrencia d la acción u omisión discriminatoria; interponiéndose por escrito o en casos urgentes, verbalmente, levantándose un acta por la secretaria del tribunal competente. En cuanto a la competencia para conocer de esta acción, corresponde al  juez de letras del domicilio del afectado o  del domicilio de quien se denuncie como responsable del acto discriminación; a elección del actor.

Interpuesta la acción, se realizará un control de admisibilidad, dicho control regulado en el Artículo 6°, faculta al tribunal para declararla inadmisible en los siguientes casos: “a) Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles, aun cuando el recurrente se haya desistido. Tampoco se admitirá cuando se haya requerido tutela en los términos de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. b) Cuando se impugnen los contenidos de leyes vigentes. c) Cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por la Constitución o la ley. d) Cuando carezca de fundamento. El juez deberá decretarla por resolución fundada. e) Cuando la acción haya sido deducida fuera de plazo”.

El recurrente podrá solicitar en cualquier momento del juicio, la suspensión provisional de acto reclamado. Una vez declarada admisible la acción, el tribunal requerirá  un informe de la denunciada, que deberá ser evacuada en el término de 10 días hábiles, para luego practicar una audiencia en que llamará a conciliación y ante falta de acuerdo entre las partes, podrá recibir la causa a prueba, apreciando los medios probatorios presentados  de acuerdo a la sana crítica.

En cuanto a la sentencia, ésta declarará si el acto denunciado  constituye discriminación arbitraria, en tal caso, además de ordenar el cese de los efectos del acto o la realización de un hecho en caso de omisión, el tribunal aplicará una multa de 5 a 50 UTM al denunciado. En caso que la acción carezca de fundamento, condenará al actor a pagar una multa de 2 a 20 UTM. La sentencia definitiva será apelable dentro del término de 5 días hábiles.

Por último, se sujeta la acción en todo lo no previsto por esta ley a las reglas generales contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil.

Reformas a otros Cuerpos Legales

El Artículo 15 de esta ley, modifica los Artículos 84 y 125 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834. Al respecto, cabe advertir que este Artículo 15 viene a aclarar la modificación introducida por la Ley N° 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual, (publicada en D.O. 18/03/2005) cuyo Artículo 2° ordenó modificar el Artículo 78 y 119 de la Ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo); en circunstancias que algunos días antes (16/03/2005), se había publicado  referido el DFL N° 29 que fijó el texto refundido del estatuto administrativo, modificando la numeración de los artículos contenidos en ella. Por tanto, este precepto aclara que los Artículos 78 y 119 que modificó la Ley N° 20.005, corresponden a los actuales Artículos 84 y 119, del texto refundido por el DFL N° 29.

El Artículo 16 modifica la letra l) el Artículo 82 de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

El Artículo 17, modifica el Código Penal introduciendo al Artículo 12 una nueva circunstancia agravante general, en el numeral 21° nuevo del siguiente tenor: “Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca.”.

Por último cabe, señalar lo que dispone el Artículo 18 de la ley: “Interpretación de esta ley. Los preceptos de esta ley no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes, con la sola excepción de las disposiciones señaladas en los tres artículos precedentes”.

Consulte la Ley N° 20.609, en Microjuris.

Corte Suprema confirma fallo por menor que pide educación domiciliaria de escuela hospitalaria

La Corte Suprema ratificó que una escuela hospitalaria debe entregar educación en el domicilio a un menor discapacitado que no puede asistir a las clases en el establecimiento de manera  normal.

En fallo unánime (rol3549-12) los ministros Sergio Muñoz, Héctor Carreño, María Eugenia Sandoval, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Emilio Pfeffer confirmaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió el recurso de protección presentado la madre de un menor en contra del ministerio de Educación por la madre de un menor de la Escuela Conile.

La mujer presentó la acción cautelar luego de que la dirección de la escuela le informara que no continuará otorgando formación a su hijo de manera externa, porque existía una instrucción del Ministerio de Educación para no seguir pagando subvención en este tipo de casos.

El menor sufre de Sindrome Distres, patología  que lo mantiene con ventilación mecánica permanente en su hogar, lugar donde ha recibido educación por parte de la escuela hospitalaria hasta octavo básico, a través de un programa especial de instrucción externa.

El fallo determina que se vulneró el principio de la igualdad ante la ley al no otorgar la educación del menor, infrigiendo además la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención de Derechos de la Discapacidad.

(Fuente: Poder Judicial)

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