30º Juzgado Civil de Santiago condena a empresa de buses a pago de indemnización a familiares de fallecido en accidente de tránsito

El Trigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó a  empresa de transportes a pagar un indemnización  de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a la conviviente e hijas de fallecido en un accidente de tránsito en las cercanías de Antofagasta. Se acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios, tras establecer la responsabilidad extracontractual de la empresa en el accidente registrado en octubre de 2014, a la altura del kilómetro 1255 de la Ruta 5 Norte.

Los familiares del fallecido dedujeron demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de  empresa de transportes de buses,   fundada en el hecho ocurrido   entre la ciudad
de La Serena hasta Arica, donde un chofer de la empresa perdió el control y maniobrabilidad del móvil, desviando su desplazamiento  perdiendo el control, provocando su volcamiento    de lo cual resultaron lesionados   varios pasajeros mientras el conviviente y padre de las demandantes resultó fallecido.

El tribunal estableció que el  accidente fue causado por la conducción descuidada del conductor del bus de propiedad de la empresa demandada, al haber contravenido la normativa reglamentaria de tránsito, lo quedó plasmado en el informe del médico legal y en la sentencia condenatoria firme y ejecutoriada, por lo que concluye que entre la conducta culposa y el fallecimiento del  pasajero del mismo bus, existe el nexo causal necesario y exigido en la Ley.

Por lo tanto acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, solo en cuanto a que se condena a Empresa de Buses , a pagar por concepto de indemnización por daño moral a la demandante, la suma de $50.000.000 para cada una de las demandantes en la forma establecida en el considerando décimo sexto.

(Fuente PJUD).

Corte Suprema rechaza recurso de Casación y condena al Fisco a pagar Indemnización a familiares de Victimas del Tsunami en Dichato

La Corte Suprema rechaza recurso de Casación  en contra de la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción y condena al Estado de Chile a pagar una indmenización total de $100.000.000  (cien millones de pesos) a familiares de padre e hija que fallecieron producto del tsunami que asoló la localidad de Dichato, en la Región del Bío Bío, el 27 de febrero de 2010.

En fallo unánime (causa rol 100.695-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama– confirmó la sentencia que ordenó al fisco indemnizar a los familiares de León Ortiz Novoa y Valeria Ortiz Obregón, tras establecer la falta de servicio del Estado al levantar la alerta de tsunami, lo que provocó que los familiares de los demandantes abandonaran la zona segura donde se encontraban para regresar a su casa, ubicada en la zona que arrasó el maremoto.

«Que, en efecto, ante un escenario de falta de comunicaciones en razón de la catástrofe ocurrida, la actuación posterior del Intendente Regional, llamando a la calma e instar a la población a regresar a sus casas descartando la ocurrencia de un tsunami, es, precisamente, la conducta que constituyó la falta de servicio atribuida por los sentenciadores del fondo. La omisión o abstención de un deber jurídico de la Administración generará responsabilidad para aquella si se trata del incumplimiento de un deber impuesto por el ordenamiento jurídico, cuando se constata la ausencia de actividad del órgano del Estado, debiendo haber existido, disponiendo de los medios para ello». Sentencia el fallo.

«Que aun siendo las anteriores consideraciones motivos suficientes para descartar el caso fortuito alegado por el Fisco, a mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que el artículo 45 del Código Civil lo define como “El imprevisto a que no es posible resistir». En lo que concierne a los antecedentes que lo configuran, la naturaleza imprevista se verifica cuando no resulta posible vislumbrar la existencia del daño con anterioridad a su ocurrencia, es decir, haber adoptado todas las precauciones para que el daño no se produzca y aun así, ser imposible para el agente contrarrestarlo.» Concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Santiago rechazó apelación contra sentencia que condenó al Fisco a indemnizar a familiares de víctima en Tsunami de Juan Fernández

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo que condenó al fisco a pagar una indemnización de $300.000.000 a los padres y hermanos de víctima que perdió la vida en el tsunami que afectó a la isla Juan Fernández, por existir falta de servicio de la administración en la falta de aviso del evento acaecido el 27 de febrero de 2010.

En cuanto al caso fortuito o fuerza mayor alegada por el apelante, tanto por imprevisibilidad del sismo (imposible de prever con medios científicos o tecnológicos actuales); cuanto porque el hipocentro del mismo fue inicialmente localizado en tierra y en la Octava Región, lo que fue determinante para descartar en ese momento un maremoto de acuerdo a la información disponible; en tribunal desestima tal alegación, al tener presente que «que de acuerdo a la magnitud e intensidad del sismo, la reglamentación legal y reglamentaria imponían el deber de difundir alerta de tsunami, independientemente del lugar donde se encontrare el hipocentro, alerta que debía difundirse inmediatamente y por las redes de comunicación (principal y auxiliar) con que se contaba» dice el fallo.

Del mismo modo, la resolución agrega: «que el apelante confunde el resultado del ilícito (la desaparición de la víctima) con aquellos que se invocaron como constitutivos de la falta de servicio, que pudieron ser varios; pero la causa de la acción acogida es la misma, esto es, que el Estado incurrió en culpa del momento que los servicios públicos actuaron deficientemente, o no emplearon la diligencia debida, causando el daño o perjuicio que se demanda. Luego, dicho actuar deficiente o culposo pudo estar constituido por uno o más actos u omisiones, bastando la acreditación de alguno o algunos de ellos (no necesariamente todos) para satisfacer la exigencia de tener por configurada la acción deducida, prevista en los Arts. 38 inciso segundo de la Carta Fundamental y 4° de la ley 18.575, sobre Bases de la Administración.»

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte texto completo de sentencia

 

Corte Suprema rechaza casación contra fallo que ordenó a municipalidad indemnizar por caída de menor en canal de regadío

En días recientes, la Tercera sala de la Corte Suprema de forma unánime, rechazó un recurso de casación (ROL 12240-2017) interpuesto por una municipalidad contra la sentencia que la condenó  a indemnizar perjuicios por falta de servicio en la mantención y advertencia en la acera y un canal de regadío que provocó la que un menor de edad se ahogara en el lugar. Consulte fallo analizado por Microjuris a continuación:

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN – CANALES DE AGUA – REGADÍO – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – ACERAS – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Partes: Lillo Torres, B. c/ Ilustre Municipalidad de Rancagua s/ Responsabilidad por falta de servicio

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

El Municipio incurrió en falta de servicio, toda vez que incumplió un imperativo legal al no ejercer el debido cuidado frente a la grave anomalía que presentaba una vereda peatonal pues adjunto a ella corría a tajo abierto un canal sin ninguna medida de seguridad, donde se produjo el accidente.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso casación en el fondo interpuesto por el municipio demandado contra la sentencia de segundo grado que, confirmando la sentencia de primera instancia, acogió la demanda por indemnización de perjuicios fundada en la falta de servicio de la recurrente por el accidente en que un menor de edad cayó en un canal de regadío que se encontraba entre el inmueble y la vereda, toda vez que el municipio recurrente trata de incorporar alegaciones nuevas, al señalar que el canal estaba ubicado bajo un inmueble privado.

2.- Sin perjuicio que se estableció en autos que el terreno en que se emplaza, el acueducto es un bien nacional de uso público, cabe destacar que tal circunstancia es irrelevante para establecer la responsabilidad de la demandada, por cuanto si se trataba de un bien privado gravado con servidumbre de acueducto, igualmente la Municipalidad demandada debió velar, porque se adoptaran las medidas de seguridad exigiendo a los dueños del acueducto o del terreno, en atención a que se trata de un canal adjunto a la vereda por la que transitan diariamente peatones; y mientras aquello se realizara, estaba en la obligación de advertir el peligro a los transeúntes adoptando, aunque sea en forma transitoria, mecanismos que evitaran se produjeran hechos tan lamentables como el que origina autos, obligación que emana no sólo de lo establecido en los artículos 5 letra c), 26 letra c) y 142 de la Ley N° 18.695, sino también lo expresado en el artículo 188 de la Ley N° 18.290, en cuanto la obligación de los inspectores municipales de tomar nota de todo desperfecto en calzadas y aceras a fin de comunicarlo.

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Corte Suprema rechaza casación contra fallo que ordenó a municipalidad indemnizar a padres de víctima de accidente de tránsito

La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a una Municipalidad a pagar una indemnización total de $40.000.000  a los padres de fallecido en accidente de tránsito.

En fallo dividido (causa rol 5.813-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa Egnem, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Leonor Etcheberry y Jorge Lagos– confirmó la sentencia recurrida que condenó al municipio por falta de servicio en la mantención de barreras de contención que provocaron la muerte de uno de los pasajeros del vehículo siniestrado en octubre de 2014. Cabe destacar que la procedencia de la falta de servicio se determinó respecto de barreras que habían sido previamente declaradas como camino público en zona urbana y el Ministerio de Obras Públicas había licitado su reparación. Consulte a continuación, sentencia analizada por Microjuris.

Voces: CIVIL – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD – ACCIDENTES DE TRÁNSITO – LEY DE TRÁNSITO – LEY DE CAMINOS – DAÑO MORAL – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA

Partes: Muñoz Flores, Carlos c/ Municipalidad de Hualpén s/ Responsabilidad por falta de servicio

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Producto: Municipalidades – Microjuris

Correspondía al municipio demandado velar por el buen y apropiado estado de la barrera de contención donde se produjo el accidente que causó la muerte al ocupante de un vehículo, sin que se pueda justificar dicho incumplimiento en que la vía donde se encontraba dicha barrera, fuera previamente declarada como camino público en área urbana.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por una municipalidad contra la resolución de segundo grado que confirmó el fallo que acogió la demanda por indemnización de perjuicios; toda vez que los jueces del fondo no han incurrido en errores de derecho al establecer la falta de servicio del municipio en la mantención de una barrera de contención contra la que colisionó un vehículo causando la muerte a uno de los pasajeros. De este modo, la circunstancia de que el automóvil siniestrado haya sido conducido por una persona en estado de ebriedad, no altera la conclusión anterior, puesto que si las barreras de contención y separación hubiesen estado en buenas condiciones, ningún fierro se hubiese incrustado en el cuerpo del joven fallecido; habida además, la consideración que los otros ocupantes solamente resultaron con lesiones.

2.- Corresponde desechar la alegación de la defensa en orden a que la avenida donde se encontraba la barrera fue declarada camino público por lo que la responsabilidad recaería sobre el Ministerio de Obras Públicas, pues dicha circunstancia no excluye la obligación de los municipios de administrar directamente los bienes nacionales de uso público, debiendo velar por que ellos cumplan la función para la que están destinados, de conformidad a la letra c) del artículo 5° de la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades, en relación a la letra d) del artículo 3 y a la letra f) del artículo 4º, del mismo cuerpo legal.

3.- El deber de administrar los bienes nacionales de uso público ubicados en su comuna que las normas legales recién citadas, imponen a las municipalidades comprende no solamente el cuidado y conservación de ellos en función de mantener la integridad del patrimonio público, sino también todo lo que tienda a precaver lesiones en su integridad corporal y daños en cosas de su propiedad a las personas para cuyo uso han sido destinados. A este ámbito normativo pertenece la obligación específica de las municipalidades de mantener el tránsito expedito y en condiciones de seguridad para los vehículos y peatones que se desplazan por las vías y, en caso de encontrarse éstas en mal estado, advertirles del riesgo que ello trae consigo mediante la instalación de señalizaciones adecuadas, lo que además se ve refrendado por lo prescrito por el inciso 5° del Artículo 169 de la Ley N° 18.290, sobre Tránsito.

4.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo, toda vez que consta en autos que la dirección de vialidad respectiva asumió la mantención de la avenida donde se produjo el siniestro, declarada previamente como camino público en área urbana, destinando recursos fiscales a la reparación y conservación de las barreras de contención, mediante licitación pública y contrato de obra pública, por lo que no resultaba procedente hacer responsable al municipio. (Del voto de disidencia del abogado integrante sr. Lagos).

5.- Debe entenderse que la conjunción «o» del inciso 5° del artículo 169 de la Ley de Tránsito es utilizada por el legislador para establecer una responsabilidad alternativa y no conjunta, entre la Municipalidad o el Fisco, de manera que no resulta posible desprender que habiéndose asumido la administración de la vía por la Dirección de Vialidad, el municipio mantenga una responsabilidad por el mismo mantenimiento y conservación que ya ha pasado a manos fiscales. (Del voto de disidencia del abogado integrante sr. Lagos).

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Corte Suprema confirma fallo que ordena al Fisco pagar indemnización a hijos de carabinero fallecido en manifestación

La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar a título de daño moral $95.000.000 (noventa y cinco millones de pesos) a cada uno de los dos hijos de cabo de Carabineros que perdió la vida prestando servicios de contención de manifestantes el 11 de septiembre de 2007, en la comuna de Pudahuel.

En fallo unánime (causa rol 397-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Carlos Cerda y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– confirmó la sentencia recurrida que ordenó indemnizar a los hijos de Cristián Alexis Vera Contreras, policía que falleció producto de una herida de bala en la cabeza, tras ratifica la responsabilidad de Carabineros por falta de servicio, al no proporcionar los elementos de seguridad y de resguardar de la integridad física del funcionario.

«Que, sobre el punto recurrido, corresponde señalar que la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros entrega al General Director en su artículo 59 una serie de facultades relativas a la administración de la institución, en virtud de las cuales le corresponde la regulación, entre otras materias, de la disposición del armamento y elementos de seguridad que se proveen a sus funcionarios, actividad cuya importancia motivó, además, la dictación del Reglamento de Armamento y Municiones para Carabineros de Chile, Nº 14 por parte del antiguo Ministerio de Defensa Nacional y que define en su artículo segundo a los elementos de protección como ‘Aquellas especies destinadas a proteger la integridad física del personal, tales como escudos, cascos, esposas de seguridad, chalecos antibalas, y equipos de protección y desactivadores de bombas y explosivos‘», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «De tal normativa se desprende inequívocamente que, más allá del deber general de seguridad que la institución tiene con sus funcionarios en razón de la actividad riesgosa que ellos realizan, existen deberes específicos de entregar al personal los elementos necesarios para el resguardo de su integridad física, que no fueron cumplidos en este caso, generándose la consiguiente responsabilidad».

«(…) en consecuencia, la conducta de la institución resulta indudablemente antijurídica, sin que se observe que los sentenciadores del grado hayan incurrido en infracción de los artículos 1437, 2284 y 2314 del Código Civil», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Tribunal Supremo español confirma sentencia que condenó a periódico digital a indemnizar por publicar audio íntegro de conversación

tribunal-supremoEl Tribunal Supremo español confirmó la condena a un periódico digital a indemnizar a Alicia Sánchez-Camacho –una política española– por publicar un audio íntegro de una conversación, desestimando así el recurso de casación interpuesto por Editorial de Periodistes S.L., contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 13ª) dictada en un juicio ordinario sobre protección del derecho el honor, la intimidad personal y la propia imagen, promovido por Alicia Sánchez-Camacho Pérez, con motivo de la publicación en el periódico digital “El Triangle” de un link que contenía el audio con la conversación que mantuvo con la ex pareja de un hijo de Jordi Pujol en un restaurante de Barcelona.

Cabe recordar que la grabación se obtuvo con un aparato de escucha camuflado y la conversación se desarrolló en un reservado privado del restaurante.

En su sentencia, el máximo Tribunal ibérico manifestó que la decisión adoptada por la Audiencia Provincial no contradice su propia doctrina jurisprudencial, porque si bien la obtención de información por grabación puede no ser ilegítima si resulta proporcionada al interés público de los derechos registrados, ya que no cabe descartar que mediante este procedimiento se descubran casos de corrupción política o económica al más alto nivel que deban ser conocidos y trasmitidos a la opinión pública con la contundencia inherente a la grabación de la voz, sin embargo, en el caso de marras, lo que podía ser de interés público por tratarse de casos de corrupción política o económica se encontraba ya publicado y no se trataba de la difusión de cortes sobre lo grabado con ese contenido, sino de la difusión del audio íntegro de la conversación, en la que afloraban cuestiones ceñidas al ámbito propio y personal que carecen de relevancia para el interés general y sobre las que no tiene prevalencia el derecho de información.

De esta manera, el fallo concluye condenando al medio de comunicación con el pago de una indemnización a favor de Alicia Sánchez-Camacho Pérez.

(Fuente: Diario Constitucional)

 

Corte Suprema confirma sentencia que rechazó demanda contra el fisco por supuesto actuar negligente del Ministerio Público

fiscaliaLa Corte Suprema rechazó la demanda presentada en contra del fisco por un supuesto actuar arbitrario del Ministerio Público en una causa por tráfico de estupefacientes, cuyo imputado resultó absuelto de los cargos.

En fallo unánime (causa rol 52.932-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Juan Eduardo Figueroa– rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que desestimó la demanda presentada por Paul Morrison Cristi, quien fue formalizado en febrero de 2007, por el delito de tráfico de estupefacientes, siendo absuelto por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco al no comprobarse su participación en los hechos.

El fallo del máximo tribunal descartó responsabilidad del Estado por las eventuales conductas erróneas o arbitrarias del Ministerio Público.

«Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia y la doctrina, se trata de un factor de atribución de responsabilidad mucho más restrictivo que el de los supuestos generales de la responsabilidad administrativa o de falta de servicio, respondiendo el primero más bien a un modelo de culpa o negligencia grave. En otras palabras, se debe estar ante un error craso y manifiesto, que no tenga sustento en un motivo plausible», sostiene el fallo.

La resolución agrega que «ha quedado asentado entonces que en lo que dice relación con la calificación de «injustificadamente errónea» requerida para acoger la demanda, no basta con que el proceder del ente persecutor sea meramente equivocado, inexacto o desacertado, sino que también debe estar falto absolutamente de justificación, lo que, a su vez, supone que la conducta arbitraria del Ministerio Público sea antojadiza o que esté dirigida por la irracionalidad».

«(…) del examen de los antecedentes fácticos reseñados –continúa– en el fundamento noveno de esta sentencia es posible concluir que el comportamiento imputado al Ministerio Público dista de poder ser conceptuado como injustificadamente erróneo o arbitrario pues esta judicatura no puede soslayar que la detención de los demandantes se produce motivada por información entregada por un tercero y por un agente encubierto en una investigación que se inició a través de una orden de investigar emitida en el mes de diciembre del año 2006 y que, al momento de su detención, fue encontrada en el asiento trasero del vehículo que se trasladaban los imputados una sustancia color verde –cannabis sativa–continúa– que dio positivo a la prueba de campo. Esas son las circunstancias concretas que debió enfrentar el órgano persecutor al momento de dirigir la investigación en contra de los demandantes, sin que, el hecho de haber decidido tempranamente ejercer la facultad de no perseverar respecto de Nicolás Moresco Cristi y que Paul Morrisson Cristi fuera absuelto, pueda demostrar que existió una conducta irracional o carente de motivos por parte del Ministerio Público. En este contexto, existió por parte del órgano persecutor una interpretación del artículo 4º de la Ley N° 20.000 distinta de aquella sostenida por los magistrados que conocieron y fallaron absolviendo al acusado, siendo del caso señalar que no existe discusión respecto que la sustancia que arrojó positivo a la prueba de campo sí fue encontrada en el vehículo en que se trasportaban los demandantes, sin embargo, la absolución viene más bien por un reproche probatorio relacionado con la exigencia de un estándar de prueba más elevado por parte de los sentenciadores».

(Fuente: Poder Judicial)

Corte de Apelaciones acoge indemnización de perjuicios por utilización de ilustraciones en reedición

librosLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia respecto al monto indemnizatorio  por responsabilidad contractual, al utilizar ilustraciones del actor en reediciones sin pagar los derechos correspondientes. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 14 de Noviembre, la duodécima sala del tribunal de alzada accedió a lo reclamado en relación a ilustraciones de los libros que se han considerado entre las infracciones de la ley 17.336, por no haberse pagado derechos de autor de sucesivas reediciones, considerando que el cumplimiento se dio por el pago de honorarios de la primera edición realizado por la demandada, afectando al actor y dejándole sin percibir los derechos de autor que le correspondían en estas obras.

Sobre la relación contractual entre las partes y cuyo incumplimiento llevó al actor a demandar a la editora, el tribunal estima que el Código Civil en su artículo 584 señala que la propiedad intelectual se regirá por leyes especiales, siendo la ley especial en materia de derechos de autor y derechos conexos es la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. En dicha ley, junto con reconocerse los derechos del autor de una obra, le permiten contratar sobre ellos, y en el caso particular con una Editora, debiendo sin embargo redactarse al efecto la escritura pública correspondiente o el documento privado, que contenga las clausulas mínimas que establece la referida ley, pero cuya existencia no se ha acreditado. En estas condiciones, los simples documentos que representan pagos de la demandada a la actora solo pueden decir relación con una edición en que haya aparecido la obra de dicha parte, pero no con la utilización posterior por la demandada en los términos que se han establecido, respecto de los cuales la demandante ha invocado sus derechos y la indemnización correspondiente.

Además, respecto a la ampliación de las obras que deben pagarse que solicita en demandante, se tienen acreditadas dos obras – «Se las echó el Buin» y «Adiós al Séptimo de Líneas»– en las cuales hay ediciones posteriores a las convenidas originalmente y canceladas en su oportunidad al ilustrador. Sin embargo, estas obras, que pudieron agregarse a los títulos respecto de los cuales el actor debiera recibir indemnización de perjuicios, fueron emitidas en los años 2008 y 2009, es decir, transcurrido un término superior a los cuatro años que se han establecido como término de prescripción para las acciones, con lo cual tampoco entraran en el análisis de la indemnización demandada por los perjuicios causados al actor.

Por tanto, el tribunal resuelve que la apelación se acoge parcialmente, en cuanto se considera la indemnización fijada por el tribunal muy baja en relación con las graves infracciones a la ley 17.336 cometidas por la demandada, pero solo de acogerá esa petición en cuanto se determinará prudencialmente una suma superior a la fijada por el tribunal de la causa, como lo permite la ley.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó demanda de funcionaria judicial española que durante proceso ocultó indemnización por estimarla abusiva

Tribunal Europeo de Derechos HumanosEn días recientes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), rechazó la demanda de una funcionaria canaria que ocultó a los jueces que ya había recibido una indemnización por no haber sido informada de una sentencia.

Cabe recordar que la demandante residente en Las Palmas de Gran Canaria, se presentó en 2005 a un concurso de movilidad interna para funcionarios de la administración de Justicia. Sin embargo, otra funcionaria de la misma ciudad, obtuvo un puesto en Jerez de la Frontera, pero renunció al mismo dentro del plazo previsto.

Posteriormente, el BOE había publicado la lista provisional de atribución de puestos sin tener en cuenta la renuncia, motivo por el cual a la demandante le dieron el puesto de R.N.M. en el juzgado canario.

La funcionaria presentó un recurso en el que alegó que había renunciado al cambio y el juez de lo contencioso-administrativo nº1 de Jerez de la Frontera falló en su favor en octubre de 2007, anulando la atribución del puesto de la demandante y le reintegró en el suyo, sin ser informada de la sentencia.

De esta manera, la demandante se consideraba agraviada por un defecto de información en la atribución de un puesto dentro de la administración de justicia, por lo que inició un proceso contra el Estado. Así, en las sucesivas instancias, sus apelaciones fueron rechazadas, hasta llegar al Tribunal Constitucional, pero en paralelo interpuso un recurso contencioso administrativo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le indemnizó con 5.000 euros, frente a los 250.000 que reclamaba, sin informar de esa indemnización al Tribunal de Estrasburgo.

En su sentencia, el TEDH consideró que esa información está en el «núcleo del caso», por lo que «no está convencido de las explicaciones que ha dado la demandante para justificar su silencio».

Por ello, concluye la sentencia expresando que «el comportamiento de la demandante en el presente caso ha sido contrario a la vocación del derecho de recurso insectionidual», tal como prevé el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que rechaza la demanda por «abusiva».

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte texto íntegro del fallo

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