Corte de Santiago confirma sentencia y ordena a laboratorio pagar indemnización por error en resultado de examen de paternidad

PaternidadLa Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó al Centro de Biología Molecular y Genética Limitada a pagar $10.000.000 (diez millones de pesos) por entregar resultados erróneos de un examen de ADN en proceso de paternidad.

En fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Fernando Carreño y Patricia González– confirmó la sentencia recurrida, dictada el 22 de marzo pasado por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó al laboratorio a indemnizar a la madre de menor, por entregar resultados que fueron corregidos por pruebas realizadas por el Servicio Médico Legal.

La sentencia del tribunal de alzada confirma en todas sus partes el fallo de primera instancia dictado por la jueza Sylvia Pappa Belleti, que estableció la responsabilidad extracontractual del Centro de Biología Molecular y Genética.

«(…) en cuanto a los dos primeros requisitos de procedencia de la acción por responsabilidad extracontractual, esto es, la existencia de un hecho imputable a dolo o culpa del deudor, en la especie, tratándose de la práctica de un examen específico, sujeto, por tanto, a estándares razonablemente exactos en su desarrollo, un error en el mismo, que es un hecho probado en la causa, en virtud de los exámenes posteriores a los que se sometieron los padres y el menor y que en definitiva llevó a acreditar la paternidad biológica tiene la gravedad suficiente para permitir presumir, y por esta va tener por establecido, que ha mediado de parte de la demandada una inobservancia de cuidados propios de la disciplina», sostiene el fallo confirmado.

Resolución que agrega: «Por otro lado, la demandada ha omitido toda defensa y prueba en torno a haberse respetado o seguido los cánones usuales y exigibles para la práctica de este tipo de exámenes, o la idoneidad del laboratorio para practicarlo, o incluso invocar la posibilidad de que el efectuado, conforme a algún parámetro estadístico propio de las características de los mismos, resultan inimputablemente errados. No habiéndose esgrimido, tampoco, un caso fortuito, la demandada falla en cumplir su carga procesal de probar que ha actuado con diligencia».

«En este orden de ideas –continúa–, es decir en relación al segundo de los requisitos, la imputabilidad de los daños por dolo o culpa, es necesario, advertir que el artículo 1437 establece que las obligaciones también pueden provenir de un hecho ilícito, que puede revestir la forma de un delito o cuasidelito. La obligación consistirá en la indemnización del daño ocasionado, así lo dispone el artículo 2314 del Código Civil que señala «El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito». Lo que caracteriza a los delitos y cuasidelitos es que se trata de hechos ilícitos que además causan daño. El artículo 2284 del Código Civil, que junto a los dos mencionados conforma la trilogía de la fuente de las obligaciones establece qué se entiende por delito y cuasidelito. «Será delito el hecho ilícito cometido con la intención de dañar; será cuasidelito el hecho ilícito culpable, cometido sin la intención de dañar. En el delito, por ende, hay dolo, en su acepción definida en el artículo 44 del Código Civil, que en ocasiones también se llama malicia; mientras que en el cuasidelito «hay culpa, es decir, negligencia, descuido, imprudencia, falta de la debida diligencia».

«(…) a mayor abundamiento, en relación a la culpa de la demandada, cabe señalar que a fojas 163, absolvieron posiciones los representantes legales de la demandada, don Hugo Rodrigo Jorquera González y don Carlos Víctor Durán Menchaca, siendo además el primero el que firma el informe de paternidad objeto de marras; señalando en su confesión que no pueden pronunciarse acerca de la identidad de quienes concurrieron a realizarse el examen; y que carecen de facultades para acreditar la identidad de los concurrentes, la que se consigna solamente en base a la buena fe de los solicitantes. Que tal argumento resulta para esta sentenciadora absolutamente improcedente, toda vez que es un hecho público y notorio que en cualquier centro médico, laboratorio y para cualquier examen de rutina solicitan la cédula de identidad para realizarlos, entonces, con mayor razón le es exigible a la demandada el debido cuidado en cuanto a la acreditación de identidad para la toma de muestras, atendidas las consecuencias jurídicas que devienen del resultado del mismo», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Gaspar Rivas desaforado por el delito de injurias graves: «Bastan sus expresiones, por sí desdorosas, para entender que se cumplen las exigencias del Código Procesal Penal»

gaspar-rivasLa Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero interpuesta por el empresario Andrónico Luksic en contra del diputado por la comisión del delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social, del previsto y sancionado en los artículos 416, 417 N° 5 y 418 del Código Penal.

La resolución establece que los dichos públicos del diputado cumplen con los requisitos de tratarse de antecedentes que justifiquen la existencia del delito y permiten presumir que ha tenido participación como autor de ellos. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado Martes 2 de Agosto la Corte Suprema en pleno resolvió unánimente acoger el desafuero, considerando que en el proceso de privar de su fuero a un parlamentario –lo que no importa decidir sobre el fondo del asunto–, el nivel de estándar que se debe emplear para ello es el que la ley requiere para la aplicación de medidas cautelares, esto es, el que entrega el artículo 140 del Código Procesal Penal, en sus letras a) y b): que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga y que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.

Según la resolución, las expresiones dadas por el diputado a los medios de prensa cumplen sobradamente estas exigencias. Los dichos del diputado manifestados en medios de comunicación social, son expresiones que podrían ser consideradas injuriosas, al usar expresiones como «delincuente» e «hijo de puta», afectando ciertamente el honor del empresario–que constituye un bien jurídico protegido por el derecho– y que el derecho penal custodia elevando a la categoría de delito las expresiones proferidas o las acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

La defensa del diputado argumenta que sus dichos están protegidos por el derecho a expresarse libremente. Sin embargo, el máximo tribunal estima que ello no es así.

Para ello, refiere el Nº 12 del artículo 19 de la Constitución, que señala que se asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, «sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…». El ordenamiento jurídico no protege un pretendido derecho a insultar; se pueden emitir opiniones sin que el Estado las censure previamente, mas proferidas las expresiones que constituyen esas opiniones, su autor, en su caso, debe responder en la forma indicada en el precepto constitucional.

También arguye que las expresiones emitidas están cubiertas por el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. Sin embargo dicho privilegio –consagrado en el artículo 61 de la Carta Fundamental– sólo se refiere a las opiniones que los parlamentarios manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. En el caso, los dichos no fueron vertidos en sesiones de sala o de comisión, sino en medios de comunicación social, por lo que la inviolabilidad no sería aplicable.

Corte de Santiago condenó a medio de comunicación escrito a pagar una indemnización por vincular a ex Oficial de Carabineros con narcotraficantes

FUERZAS ARMADASEn fallo unánime, la Corte de Santiago condenó a El Mercurio SAP a pagar una indemnización de $20.000.000 a ex Comandante de Carabineros, Juan Ignacio Loyola Villalobos, quien fue vinculado por la empresa periodística con una banda de narcotráfico conocida como «Los Carejarro», en julio de 2008.

La sentencia de la Corte capitalina, la cual confirma el fallo dictado por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad de la empresa por falta de cuidado o negligencia al difundir dicha información, sostiene que «aparece manifiesta la falta de cuidado, culpa o negligencia de la demandada al difundir la información en los términos en que fue publicada (tanto en la portada como en los titulares del cuerpo interior), del momento que vincula una «expulsión» del demandante del cuerpo de Carabineros (hecho que no había ocurrido) con nexos con una banda de narcotraficantes; en circunstancias que la propia fuente de la información que cita señala que no hay antecedentes de esos nexos. Sigue de ello que si por los dichos del General de Carabineros que dio la información, y que le constaban al medio de prensa demandado al citarlos textualmente, no aparecían hasta ese momento «nexos» con la banda de narcotraficantes ya mencionada, la demandada obró con culpa evidente al destacar la existencia de tales nexos tanto en la portada como en los titulares del cuerpo interior. Es decir, cuando efectuó la publicación de la manera antes indicada, y sabiendo que tales vínculos no se habían establecido, actuando desaprensivamente, informó como si fueren efectivos, relacionando a ellos la salida de Carabineros del actor. Por tanto, la demandada sabía que la información no tenía caracteres de veracidad».

La resolución del Tribunal de Alzada agrega que «(…) no exonera de responsabilidad a la demandada la circunstancia que se hubiese informado en términos similares, por otros medios de comunicación, sobre los hechos que dieron origen al proceso, como quiera que es facultad del agraviado demandar a uno, a más de uno o a todos los que le habrían inferido el daño; no pudiendo diluir su propia responsabilidad por haber incurrido otros en hechos similares. Con todo, y aun cuando se aceptara la teoría de la equivalencia de las condiciones –que cita– para establecer el nexo causal, ello tampoco lo libera de responsabilidad, del momento que si otros medios concurrieron al hecho dañoso, sólo demostraría ello la existencia de causas concurrentes o concausas, pero no que por tal razón queda eximido uno de los que contribuyó al daño producido».

(Fuente: Diario Constitucional)

Suprema condena al Estado a pagar indemnización a seis sobrevivientes de la tragedia de Antuco

Antuco_VolcanLa Corte Suprema rechazó recurso de casación y ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) a cada uno de los 6 soldados conscriptos que sobrevivieron al ejercicio militar realizado el 18 de mayo de 2005.

En fallo unánime (causa rol 16269-2015), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jaime Rodríguez Espoz– confirmó el fallo impugnado que condenó al fisco a pagar las indemnizaciones.

«(…) tal como lo sostuvo esta Corte en los autos Rol N° 24.984-2014, la condena penal de los ex funcionarios del Ejército de Chile, como autores de cuasidelito de homicidio simple, implica admitir que aquellos incurrieron en lo que el derecho administrativo denomina una «falta personal» que ocasionó la muerte de algunos conscriptos que se encontraban a su cargo, así como el daño psíquico y psicológico respecto de otros conscriptos que sobrevivieron a los hechos. Sin embargo, atendido el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos, tal falta personal no se encuentra desvinculada del servicio, sino que se ha cometido, como lo refiere el fallo impugnado, en el ejercicio del mismo. En efecto, el hecho ocurre el día 18 de mayo de 2005, en circunstancias que los demandantes se encontraban realizando el servicio militar, razón por la que debían cumplir las órdenes emanadas del personal superior jerárquico en cuanto a ejecutar una marcha de repliegue hacia un recinto empleado como refugio, provistos para ello de ropa, equipo y alimentación entregada por el Ejército de Chile y capacitados e instruidos para realizar este tipo de ejercicios por la misma institución, por lo que claramente existe un entorno que está vinculado al servicio del que formaban parte los soldados intervinientes en estos hecho», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «En consecuencia, el Estado no puede desvincularse de la falta personal en que han incurrido sus agentes, por cuanto ha sido éste quien ha instalado a los conscriptos afectados en una determinada misión militar y les ha impuesto además la obligación de cumplir con los ejercicios o actividades de instrucción, de modo que la acción desplegada por los funcionarios condenados penalmente no se encuentra desprovista de vínculo con el servicio, sino que por el contrario, se ha cometido en el ejercicio de la función, la que se ha ejecutado indebidamente, comprometiendo por lo tanto la responsabilidad estatal».

«Que en efecto–continúa–, de lo hasta ahora razonado fluye la existencia de la relación de causalidad entre el hecho y el resultado dañoso, siendo del caso destacar que el vínculo causal es una materia que comprende un aspecto fáctico y otro aspecto normativo, siendo cuestionado a través del arbitrio únicamente el primer aspecto señalado, cuestión que en la especie no resiste análisis, toda vez que se estableció que los actores eran conscriptos que participaron en la fatídica marcha del 18 de mayo de 2005 y que a raíz de aquel suceso sufrieron daños que incluso fueron reconocidos por el demandado, quien esgrime que prestó ayuda sicológica a los conscriptos sobrevivientes para efectos de superar los traumas creados a partir de los hechos que motivan la presente acción. De este modo se descarta la infracción de los artículos 1698 del Código Civil en relación a los artículos 1437, 2314 y 2329 del mismo cuerpo normativo. Que, por otro lado, tal como se ha reflexionado, en los autos quedó asentada la existencia de una falta personal inescindible de la función pública desplegada por el agente del Estado, descartándose así la vulneración de los artículos 1° de la Ley N° 18.948, 42 de la Ley N° 18.575 y 2320, 2322 y 2284 del Código Civil, pues en la especie existe un factor de imputación que genera la responsabilidad del Estado».

(Fuente: Poder Judicial)

Juzgado civil de Santiago acoge demanda de indemnización de servicios por negligencia de organismos públicos durante tsunami

terremoto catastrofeEl Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios por el fallecimiento de familiares a causa del tsunami causado por el terremoto del 2010.

La resolución del tribunal establece que si bien el SHOA no estuvo, por causas inimputables, en condiciones de cumplir rápidamente con su obligación reglamentaria de dar aviso a las respectivas autoridades navales y marítimas para la adopción de las medidas preventivas, sí podía dar aviso a estaciones de Carabineros con asiento en los puertos y caletas afectadas, cuyas comunicaciones no tenían impedimento alguno. Consulte fallo de primera instancia analizado por Microjuris.

El tribunal de primera instancia determinó la responsabilidad del Fisco en la muerte de los familiares de los demandantes debido a las negligencias graves ocurridas durante la emergencia, pues no realizó la comunicación a organismos a los que debió haber informando, lo que constituye una infracción gravísima al protocolo de emergencia que lo obligaba a informar, actuando con culpa por infracción de reglamentos.

Según el fallo, en el SHOA recae un deber exclusivo: es la única autoridad oficial en el país responsable de evaluar las informaciones sísmicas y de mareas para determinar la posibilidad de generación de un tsunami, emitir alertas y/o alarmas de maremotos y difundirlas o cancelarlas, todo según el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM) en el que participan las autoridades marítimas y civiles conforme a las disposiciones contenidas en la publicación Nº 3014, «Instrucciones Generales sobre el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos». Asimismo, la finalidad principal del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos será hacer llegar toda la información relacionada con la magnitud y hora estimada de llegada de un maremoto a nuestras costas, información que el SHOA debe entregar a las autoridades navales, marítimas y civiles (ONEMI) para la adopción de las medidas preventivas que correspondan, entre ellas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con asiento en los puertos y caletas del litoral.

El SHOA debía poner en conocimiento de la alerta de tsunami a las autoridades civiles —como a la ONEMI, cosa que efectivamente hizo— pero también a autoridades navales y marítimas, para la adopción de las medidas preventivas que correspondan, entre ellas las Fuerzas Armadas y de Carabineros con asiento en los puertos y caletas del litoral. Lo último no ocurrió, y los motivos esgrimidos —el colapso del sistema de comunicaciones, no del SHOA sino de los potenciales destinatarios— no justifican dicha omisión, pues no es efectivo dicho colapso respecto de Carabineros.

En su defensa, el Fisco aduce imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho, a causa del corte de comunicaciones post-catástrofe.

Pierde vigor la alegación de imprevisibilidad desde que el SHOA (que constituye un ente con Mando Técnico y es el único facultado para calificar la probabilidad de un maremoto) decretó alerta de tsunami y remitió dicha alerta por fax al CAT de la ONEMI a las 04:07 am, apoyado además en el primer boletín del Pacific Tsunami Warning Center (Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, PTWC) recibido en la sala SNAM a las 03:48 horas, documento que había sido remitido por el PTWC a las 06:46, hora internacional, 03:46 hora de Chile, que indicaba también probabilida de tsunami. Ante este hecho cabe preguntarse dónde está la imprevisibilidad de una ocurrencia de tsunami. Abona lo dicho el que la alerta de tsunami emitida por el SHOA sólo fue cancelada a las 05:10 am, por lo que en el tiempo en que la ONEMI recibe la alerta de tsunami y finalmente ésta es erróneamente cancelada (varias olas ya azotaban las costas de Chile) se aprecia una conducta culposa del ente estatal. En consecuencia, era previsible la ocurrencia de un tsunami, pues así lo comunicaba la alerta del SHOA y el boletín del PTWC.

En cuanto a la irresistibilidad, por las evidentes razones de anormalidad vividas, se asentó em el procedimiento que la Armada de Chile estuvo imposibilitada sin culpa de hacer llegar la alerta a las autoridades navales y marítimas. Sin embargo, sí estuvo en condiciones de comunicarse con Carabineros apostados en las zonas afectadas, pues las comunicaciones de estos se mantuvieron en pie, y estaba obligado por protocolo a hacerlo y no lo hizo, lo que constituye una omisión culposa y no un caso fortuito o fuerza mayor.

CS condenó a Servicio de Salud indemnizar a paciente que resultó fracturada

funcionario_saludEn fallo unánime, la Corte Suprema ratificó el fallo impugnado que condenó al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota a pagar una indemnización de $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) por el concepto de daño moral, provocado a paciente fractura por falta de servicio en hospital Gustavo Fricke.

Al efecto, cabe recordar que en su oportunidad el Tribunal de primera instancia estableció que la documentación especificada en los considerandos octavo a décimo, cabe considerarla como una presunción que constituye plena prueba en cuanto a que la parte demandada incurrió en una falta de servicio respecto de la parte demandada en cuanto que a consecuencia de la fractura subcapital del húmero izquierdo que sufrió, debió haber sido sometida a una intervención quirúrgica y no colocar un yeso colgante en la extremidad afectada para una inmovilización transitoria, lo cual no solucionó su situación de salud, sufriendo como consecuencia mucho dolor y a fin de superar su malestar debió ser sometida a una intervención quirúrgica por médico particular y a un posterior tratamiento de rehabilitación para logar la recuperación funcional de dicha extremidad, presunción que tiene caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar dicho convencimiento, todo conforme al inciso segundo del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil. Útil resulta añadir que la parte demandada de fojas 83 a 93, rinde la prueba testimonial consistente en las declaraciones de los médicos Daniel Esteban Vásquez Ulloa y Raúl Hernán Oyarce López, sin embargo en esencia ratifican que a la parte demandante se le colocó un yeso colgante en la extremidad afectada para una inmovilización transitoria

Por su parte, el ,máximo Tribunal expone en su sentencia que, en lo que toca al primer argumento hecho valer por el recurso, de la simple lectura del fallo de segunda instancia queda de manifiesto que el tribunal, eliminando el fundamento séptimo del de primer grado, sustituyó esa argumentación por la que explicitó a continuación en relación a la inhabilitación impuesta al Dr. César Barría en la causa penal Rol N° 17.927 del año 1991. Pero, sin embargo –y al revés de lo aseverado por el recurrente–, lo medular de la decisión impugnada tiene directa relación con el resto de los fundamentos reproducidos del fallo de primer grado, al punto que en la decisión de la Corte se consigna expresamente que, en lugar del motivo eliminado, tiene «además» presente el nuevo fundamento ya aludido, lo que significa que este último se inserta al margen y a mayor abundamiento de lo razonado en el fallo de primer grado, cuyo contenido se comparte. En tales circunstancias, el fundamento adicionado por la sentencia en examen carece absolutamente de influencia en lo dispositivo del fallo, razón que conducirá, al rechazo de esta argumentación.

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte Suprema ordena a banco pagar indemnización por cobro irregular de crédito hipotecario

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió parcialmente demanda interpuesta y condenó al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –BBVA– pagar a clienta $25.000.000 (veinticinco millones de pesos), por concepto de daño moral, por el cobro irregular de un crédito, lo que llevó al remate de la propiedad de la afectada.

En fallo unánime (causa rol 4168-2015), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa María Maggi, Juan Eduardo Fuentes, el fiscal judicial Juan Escobar y los abogados (i) Daniel Peñailillo y Juan Figueroa– ordena pagar la indemnización a Hilda María Guzmán Vargas, quien contrató un crédito hipotecario con BBVA, entidad que remató el inmueble adquirido al retrasarse Guzmán Vargas en el pago de cuatro cuotas.

«Que el ilícito por el cual se condena a la demandada consiste en la conducta indebida y negligente que la entidad bancaria ha tenido en el procedimiento de cobro del mutuo otorgado a la demandante, el que se compone de un conjunto de hechos y actos que determinaron, en definitiva, que se procediera a una ejecución improcedente en que se remató el bien hipotecado, sin que la ejecutada hubiera sido legalmente emplazada en el mismo, lo que provocó su indefensión y culminó con el hecho dañino de la pérdida del inmueble», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «Que, siendo el cuasidelito civil del cual ha resultado responsable la actora un hecho complejo, compuesto por conductas activas y omisivas de la demandada, el plazo de prescripción extintiva establecido por el artículo 2332 del Código Civil debe ser contado desde el término de la configuración del ilícito, que tiene lugar con el remate del inmueble y consiguiente pérdida de la propiedad; no -como lo pretende la demandada- desde la interposición de la demanda en el juicio ejecutivo referido (con la que se inicia) ni con un acto de notificación viciado y que fue posteriormente anulado (que integra el conjunto cuando se está desenvolviendo)».

Finalmente concluye:

«Por estas consideraciones, lo previsto en las normas citadas y en atención, además, a lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de nueve de mayo de dos mil catorce, escrita a fojas 140 y siguientes, en cuanto rechazó íntegramente la demanda, y en su lugar se declara:
1.- Que se acoge la demanda interpuesta sólo en cuanto se condena al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a pagar a la actora Hilda María Guzmán Vargas la suma de $25.000.000, por concepto de daño moral, con interés y reajuste según variación del Índice de Precios al Consumidor desde que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el día del pago efectivo.
2.- Que se rechaza la excepción de prescripción, deducida subsidiariamente por la demandada.
3.- Que se confirma, en lo demás apelado, la referida sentencia.»

(Fuente: Poder Judicial)

Tribunal Ambiental admitió a trámite demanda por daño ambiental contra relleno sanitario Santa Marta

Fotografía: La Tercera

Fotografía: La Tercera

El Tribunal Ambiental de Santiago admitió a trámite una demanda por reparación de daño ambiental en contra del Consorcio Santa Marta S.A. presentada por un grupo de vecinos de San Bernardo y Talagante, luego del colapso de masa e incendio que afectó al relleno sanitario en enero recién pasado.

Los demandantes solicitan al Tribunal Ambiental que condene a la empresa a reparar el medio ambiente dañado, decrete el término de la vida útil del relleno y, por lo tanto, la instruya para que elabore y ejecute un plan de cierre del recinto; disponga la cobertura final del depósito, la extracción de lixiviados y líquidos percolados y el manejo de lixiviados y biogás de una forma reparatoria para el medio ambiente dañado; selle las membranas de impermeabilización; habilite un sistema de monitoreo y control de la reparación; restablezca los cierres y canales perimetrales, reforeste las áreas protegidas o de conservación, recupere las laderas de cerros con vegetación nativa; y adopte medidas de prevención y control de aves, de emisión de material particulado y de prevención y control de olores.

El Tribunal Ambiental confirió traslado a la empresa para que informe, en el plazo de 15 días hábiles, respecto de los puntos planteados en la demanda.

A mediados de enero, y tras el incendio que lo afectó, el Tribunal autorizó, por un plazo de 15 días hábiles, la detención del funcionamiento de las instalaciones del relleno sanitarios. Luego de este período la SMA formuló cargos contra Consorcio Santa Marta S.A., abriendo un procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa, y solicitando al Tribunal Ambiental la autorización para aplicar una nueva medida contra el depósito, esta vez la clausura temporal parcial de sus instalaciones (ordenando que solo podrá disponer y operar el área identificada como “zona de seguridad- Celda 1”).

El proyecto, cuyo titular es el Consorcio Santa Marta S.A., fue concebido como una alternativa al relleno sanitario Lepanto y consiste en la construcción, operación y abandono de un sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos de la zona sur de Santiago. Tiene una vida útil de 20 años, a partir de 2002, y cuenta con 13 distintas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA’s) emitidas tanto por la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema Metropolitana; y la Comisión de Evaluación Ambiental, CEA Metropolitana, entre 2005 y 2013.

(Fuente: Tribunal Ambiental)

Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar ordena a Universidad del Mar indemnizar a todos sus alumnos afectados

Universidad del MarLa demanda colectiva, presentada en 2012 por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Valparaíso, exigía el reconocimiento de al menos diez cláusulas abusivas de los contratos que cada uno de los alumnos debió firmar al ingresar al plantel, además de la indemnización de todos ellos, según su situación, incluyendo el pago por el detrimento del título profesional una vez que se conoció las condiciones en la que estudiaban.

La sentencia, fue emitida el pasado lunes 8 de febrero, y fue apelada por el síndico de quiebras de la casa de estudios, Cristián Herrera, este lunes 15 de febrero, por lo que ahora la causa será analizada por la Corte de Apelaciones de la ciudad jardín.

En la sentencia del tribunal, se acoge la propuesta del Sernac, y se divide a los estudiantes en cuatro grupos, según las formas en que fueron afectados por el actuar de la Universidad:

«Grupo 1: alumnos que continuaron sus estudios en otros planteles educacionales, en virtud de convenios, sin dejar de tener la calidad de alumnos de la Universidad del Mar;

Grupo 2: Alumnos que fueron reubicados durante el año 2013 en otras instituciones educacionales, dejando de tener la calidad de alumnos de la Universidad del Mar;

Grupo 3: Alumnos cuya reubicación en otros centros educacionales no fue posible y que, por dicha razón, no continuaron con sus estudios durante el año 2013;

Grupo 4: Alumnos cuyos ramos cursados en la Universidad del Mar no son susceptibles de convalidación y / u homologación con otras instituciones».

Además, se señala que «las declaraciones testificales rendidas en autos, permiten dar cuenta de la evidente transgresión que los alumnos sufrieron en sus derechos como consumidores, en cuanto no fueron respetadas las modalidades de estudio que fueron contratadas, desconociéndoseles la pretensión final que se persigue con el ingreso a una entidad universitaria».

(Fuente: La Tercera)

Corte Suprema condena a empresa aseguradora por no brindar cobertura médica convenida

medical recordsLa Corte Suprema acogió recurso de queja y condenó a la empresa Metlife a pagar una multa de 5 UTM y una indemnización de 600 UF por daño emergente; además de $5.000.000 por daño moral, por no respetar cobertura de seguro médico. En total, el pago de indemnización asciende a cerca de $ 20,5 millones de pesos.

En fallo unánime, la Segunda Sala de febrero del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Sergio Muñoz, Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz– acogió el recurso de queja presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia y confirmó lo resuelto en primera instancia por el Segundo Juzgado de Policía Local de Osorno, que había acogido la demanda presentada por Carlos Manselli Santibáñez.

Las infracciones involucradas eran las del artículo 12 («respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio») y 23 («en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, [el proveedor] causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio») de la Ley N° 19.496. La resolución de la Corte Suprema descarta que en el caso se pueda aplicar la prescripción de seis meses para presentar acciones que persigan la responsabilidad contravencional que estable la ley de protección de los derechos de los consumidores.

(Fuente: Diario Financiero y Poder Judicial)

Consulte el fallo de la Corte Suprema rol 37058-2015.

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