Corte Suprema determina cambio de nombre y sexo de persona tránsgenero sin requerir intervención quirúrgica o tratamiento hormonal

Este martes 29 de mayo, la Cuarta sala de la Corte Suprema acogió el recurso de recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primera instancia, rechazó la solicitud de cambio de nombre y sexo registral de una persona transexual sin requerir intervención quirúrgica de ningún tipo.  El razonamiento del tribunal tuvo en vista que las obligaciones internacionales que Chile ha contraído abarcan la prohibición de discriminación por identidad de género, incluyendo el derecho a la salud, integridad física y psíquica y la privacidad. En consecuencia, el Estado deberá facilitar el cambio de nombre y sexo registral, sin condicionamiento a una intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal. Además, si actualmente la ley permite el cambio de nombre y, a la vez, prescribe que el nombre debe ajustarse al sexo, entonces se concluye que todo cambio de nombre debe respetar la realidad que le sirve de parámetro y, si tal realidad se encuentra consignada equivocadamente, debe ser corregido el instrumento respectivo, junto a la modificación del nombre.

El fallo contó con el voto de disidencia del ministro Sr. Blanco, quien estuvo por rechazar el recurso de casación en el fondo, teniendo presente que, en su concepto, los sentenciadores no incurrieron en los errores denunciados al rechazar la solicitud de cambio de nombre, toda vez que, de acuerdo con los hechos asentados, correspondía concluir que no concurren los presupuestos previstos en los artículos 1 letras a) y b) de la Ley N° 17.344 y 31 de la Ley N° 4.808, porque el nombre de la persona no debe ser equívoco respecto del sexo y, en la especie, no se acreditó el sexo femenino de la parte recurrente, ni su transexualidad por elementos objetivos. Así las cosas, la resolución adoptada mantiene un equilibrio básico entre el interés general de la sociedad y el del interesado.

Consulte fallo analizado por Microjuris a continuación

Voces: CIVIL – CAMBIO DE NOMBRE – DISCRIMINACIÓN – TRANSEXUALIDAD – REGISTRO CIVIL – PARTIDA DE NACIMIENTO – DERECHOS HUMANOS – TRATADOS INTERNACIONALES – APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA

Partes: O.B.C. s/ Cambio de sexo registral

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Fecha: 29-may-2018

Producto: Microjuris

Las obligaciones internacionales que Chile ha contraído abarcan la prohibición de discriminación por identidad de género, incluyendo el derecho a la salud, integridad física y psíquica y la privacidad. En consecuencia, el Estado deberá facilitar el cambio de nombre y sexo registral, sin condicionamiento a una intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal. Además, si actualmente la ley permite el cambio de nombre y, a la vez, prescribe que el nombre debe ajustarse al sexo, entonces se concluye que todo cambio de nombre debe respetar la realidad que le sirve de parámetro y, si tal realidad se encuentra consignada equivocadamente, debe ser corregido el instrumento respectivo, junto a la modificación del nombre.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte solicitante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primera instancia, rechazó la solicitud a fin de que se autorice su cambio de nombre y se consigne su sexo como femenino. Esto, debido a que, al rechazar la solicitud los jueces han errado en la correcta aplicación de los artículos 1 letras a y b de la ley 17.344 y 31 de la ley 4808 sobre Registro Civil. En efecto, es en estas situaciones, donde los principios constitucionales y legales entran en juego en un Estado de Derecho, en cumplimiento del mandato del inciso cuarto del artículo 1º de la Constitución, de encontrarse el Estado al servicio de la persona humana, contribuyendo a crear las condiciones sociales para el mayor desarrollo personal de tipo material y espiritual posible. En este tipo de situaciones especiales es donde habrá de primar la faz de la identidad de género, precisamente como eje esencial en el autorreconocimiento como persona singular y frente a la sociedad. En definitiva, si actualmente la ley permite el cambio de nombre y, a la vez, prescribe que el nombre debe ajustarse al sexo, entonces se concluye que todo cambio de nombre debe respetar la realidad que le sirve de parámetro y, si tal realidad se encuentra consignada equivocadamente, debe ser corregido el instrumento respectivo, junto a la modificación del nombre. Por ello es que, sin perjuicio de no existir norma legal expresa que faculte el cambio de sexo registral, como sí ocurre respecto del cambio de nombre, no proceder de la forma señalada importaría, como la jurisprudencia ha reiterado, una afectación de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales y de los principios constitucionales y legales antes señalados en perjuicio de la solicitante.

2.- En identidad de género, la Ley Nro. 20.609 que establece medidas contra la discriminación, reconoce expresamente la valoración y protección jurídica de la «identidad de género», prohibiendo discriminaciones sobre tal base, de conformidad a su artículo 2º inciso primero , y en su artículo 17 , que modifica en la línea expresada el artículo 12 del Código Penal. El derecho a la identidad de género importa que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a éste, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Así, este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros.

3.- Supeditar la sentencia de reasignación sexual, a la previa realización de una intervención quirúrgica, implicaría una seria incongruencia. En efecto, sería quedarse en una visión reduccionista que equipara el sexo en términos jurídicos, con solo una de sus exteriorizaciones, en este caso, la presencia de órganos genitales externos masculinos, obviando los mandatos constitucionales y valoraciones legales más importantes en desmedro de la identidad personal del involucrado. Lo anterior es plenamente concordante con jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declaró que la exigencia de someterse a intervenciones quirúrgicas o tratamiento esterilizador, como requisito para reconocer la identidad de género, viola el derecho a la vida privada y familiar.

4.- Aún cuando el ordenamiento jurídico del país no regula expresamente la situación, la interpretación de la normativa vigente conduce a sostener, razonablemente, que no es posible rectificar el nombre de una persona sin que éste a su vez corresponda al sexo ahí señalado, de lo contrario la norma del artículo 31 inciso segundo del Registro Civil estaría siendo violentada. En tal sentido, los jueces de instancia cometen un error al señalar que no existiendo norma que regule y autorice la materia, el cambio de nombre y sexo legal de las personas transexuales ha quedado entregado al criterio personal de cada juez en lo civil que conoce del caso, toda vez que la interpretación de las leyes nacionales, como ha señalado reiteradamente nuestra jurisprudencia, debe ser efectuada a la luz de los principios constitucionales y legales, comenzando por el derecho a la identidad y la dignidad de las personas que se encuentran en estrecha vinculación, razón por la cual la primera le pertenece a todas las personas sin discriminación.

5.- El Estado de Chile se ha obligado, a través de la ratificación de distintos tratados de derechos humanos, con la obligación de no-discriminación y la garantía de los derechos humanos para todas las personas. Estas obligaciones vinculan a todos los órganos del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, tal como se establece en el Artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República. En cuanto a las personas transgénero, deben ser siempre tratadas con pleno respeto y garantías a sus derechos humanos consagrados en los distintos instrumentos internacionales. Aunque la categoría prohibida de «identidad de género» no esté explícitamente mencionada en los tratados internacionales ratificados por Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha entendido subsumida en «cualquier otra condición social», tal como lo explicitó en el caso «Atala Riffo y otras contra Chile».

6.- Para concurrir a la decisión de la Corte en relación con el cambio de sexo legal, tiene presente que éste puede entenderse referido tanto a determinadas características del cuerpo de una persona como a su auto identificación de género. En su opinión, el derecho a la protección de la vida privada favorece la interpretación de la ley que hace prevalecer esta auto identificación de género por sobre las características corporales. (De la prevención del abogado integrante señor Correa)

7.- Para concurrir a la decisión de la Corte en relación con el cambio de nombre, tiene presente que la prohibición del artículo 31 de la ley 4808 de imponer al nacido un nombre «equívoco respecto del sexo» tiene por objeto la protección del recién nacido y no resulta relevante a objeto de la ley 17344 sobre cambio de nombre. Tratándose de una persona transexual es el nombre legal el que, al indicar inequívocamente un sexo reñido con su identidad de género, le causa el menoscabo moral que el artículo primero letra a) de la citada ley señala como justificante del cambio de nombre. (De la prevención del abogado integrante señor Correa)

8.- La decisión de la Corte, en lo que se refiere al cambio de sexo, parece acarrear consecuencias en al menos dos regímenes legales. Por una parte, el solicitante quedaría habilitado a contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto al de su identidad de género. Como consecuencia de ello, importaría también reconocer que, si contrae matrimonio, los cónyuges quedan habilitados a adoptar. Estas son decisiones que corresponden o a la Constitución, y por tanto a su intérprete, o al legislador. Se estima que los regímenes legales aludidos, interpretados a la luz de la Constitución Política, son consistentes con la decisión que adopta la Corte, la que recoge una línea jurisprudencial que ya se había manifestado en al menos dos Cortes de Apelaciones. Con ello no se niega la autoridad del legislador para dictar una ley que impida una decisión como la que aquí se adopta, cuya conformidad o disconformidad con la Constitución Política solo podría ser evaluada por el Congreso Nacional, Presidente de la República y Tribunal Constitucional. (De la prevención del abogado integrante señor Correa).

9.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, por cuanto los sentenciadores no incurrieron en los errores denunciados al rechazar la solicitud de cambio de nombre, toda vez que, de acuerdo con los hechos asentados, correspondía concluir que no concurren los presupuestos previstos en los artículos 1 letras a) y b) de la Ley N° 17.344 y 31 de la Ley N° 4.808, porque el nombre de la persona no debe ser equívoco respecto del sexo y, en la especie, no se acreditó el sexo femenino de la parte recurrente, ni su transexualidad por elementos objetivos. Así las cosas, la resolución adoptada mantiene un equilibrio básico entre el interés general de la sociedad y el del interesado. (Del voto en contra del ministro señor Blanco)

Consulte texto íntegro de la sentencia

Diputados ingresaron proyecto para concretar la iniciativa legal ciudadana

Los diputados DC Juan Morano, Yasna Provoste e Iván Flores ingresaron hoy un proyecto de ley para que los ciudadanos, al igual que el Gobierno y los parlamentarios, puedan ingresar a trámite al Parlamento proyectos de ley.

El diputado Morano, promotor y autor de la iniciativa, explicó que el proyecto establece que, con el apoyo del 0,25 % de los votantes de una respectiva localidad, los ciudadanos podrán tener iniciativa de ley y sus iniciativas podrán sean tramitadas en el Congreso. «Sabemos que es una legítima demanda y creemos que fortalecemos la democracia y la participación con esta moción que esperamos tenga amplio respaldo y rápida tramitación», recalcó.

Dijo que estiman oportuno que las personas, que tienen el derecho al voto, también puedan presentar proyectos de ley cada vez que lo estimen conveniente, porque son capaces de identificar situaciones cotidianas que ocurren en la comunidad y que requieren de una respuesta eficiente y oportuna.

Morano explico que, en la actualidad, la ley señala que solo los parlamentarios y el Ejecutivo pueden presentar iniciativas legales, situación el proyecto modifica al incluir en la norma a los ciudadanos, con el requisito ya mencionado.

“Incorporar la iniciativa ciudadana como herramienta de participación legislativa en nuestro ordenamiento jurídico permitirá fortalecer la institución de la democracia representativa, contribuyendo de esta forma al aprendizaje político de los ciudadanos, permitiéndole a todos y a cada uno de los integrantes de la sociedad moderna presentar sus propias ideas y necesidades en forma directa ante un parlamento que escucha a la ciudadanía, sin que esto implique interferir en cuestiones propias de las atribuciones propias del Congreso o de las facultades exclusivas del Presidente de la República», planteo el parlamentario.

(Fuente: Diputados)

DD.HH. inicia discusión de proyecto que establece ley de derechos lingüísticos de pueblos originarios

Con el afán de adoptar políticas públicas integrales, la Comisión de Derechos Humanos inició la discusión del proyecto que establece una Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Originarios de Chile.

El texto, que surge como una propuesta de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos, recogida por los autores de la mocióm, busca proteger y fomentar los derechos lingüísticos, tanto individuales como colectivos, consagrar y definir los conceptos propios de la materia, además de reconocer expresamente la condición plurinacional de la sociedad chilena.

Asimismo, pretende determinar cuáles son las lenguas indígenas de Chile y establecer derechos a beneficio de los pueblos, además de obligar a los medios de comunicación, respecto a la difusión de las lenguas indígenas en los contenidos que emitan.

Al mismo tiempo, la iniciativa buscará estimular una sanción general por vulneraciones a los derechos anteriormente mencionados.

Al respecto, la diputada Camila Vallejo (PC), patrocinante del proyecto, señaló que desde la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos le hicieron ver la necesidad de que hubiese una ley en este ámbito, que permitiría a Chile cumplir de una vez por todas con los pactos internacionales en esta materia.

“Cuando desaparece una lengua, desaparece una cultura y la identidad de un pueblo originario, entonces la omisión del Estado, de alguna manera, estaría avalando una vulneración a derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos de los pueblos originarios. (…) Esperamos que este proyecto siga avanzando y que cree una institucionalidad que vele por resguardar estos derechos”, detalló.

La instancia acordó invitar en una próxima sesión a la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos y a representantes de comunidades de pueblos originarios.

Pueblo afrodescendiente

En segundo lugar, la Comisión inició también la discusión del proyecto de ley que otorga un reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno.

Dicha iniciativa, que nace en la región de Arica y Parinacota, pretende que el Estado promueva la cultura y respete los símbolos de dicho pueblos, además de que incluya dentro del plan de educación nacional la historia de los afros.

Por otra parte, pretende incorporar a dichos pueblos como categoría en las encuestas censales del 2017-2022 del país, de manera de contar con información para la correcta promoción de políticas de inclusión.

“Esto tiene que ver con reconocer al afrodescendiente como un actor importantísimo en el desarrollo de nuestro país, porque cuando queremos avanzar como región es trascendental saber la identidad de cada una de ellas. En este caso, la identidad de Arica y Parinacota tiene el ADN muy fuerte de los afrodescendientes”, indicó el diputado Luis Rocafull (PS), autor del proyecto.

(Fuente: Senado)

Consulte los proyectos de ley, Boletines N° 9424 y 10625.

Comisión de DDHH de Diputados aprobó en general proyecto que tipifica la desaparición forzada de personas

Carcel rejas preso Por unanimidad, la Comisión de Derechos Humanos aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas.

La moción, según explicaron sus autores, surgió del trabajo permanente y sistemático con distintas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, siendo fruto del compromiso constante y la lucha permanente contra la impunidad ante la violencia a los derechos humanos.

Durante la sesión, la instancia recibió al director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, quien aseguró que para la Fiscalía es muy importante este proyecto, puesto que no solamente viene a suplir un vacío normativo en la actual legislación, sino que además da cuenta del cumplimiento, por parte del Estado, de numerosos compromisos asumidos al suscribir y ratificar diversos instrumentos internacionales.

“Estos son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Personas Contra la Desaparición Forzada, desde esta perspectiva creemos que es muy importante y provechosa esta discusión, por lo que esperamos que este proyecto pueda transformarse en ley a la brevedad”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Tucapel Jiménez (PPD), expresó que se ha dado un paso trascendental, al votar en general el proyecto, debido a que es una deuda que tiene Chile en materia internacional y sobre todo en Derechos Humanos.

“Este es un proyecto sumamente necesario para el país y que esperamos despachar en el mes de marzo. (…) Volvimos a abrir el plazo para indicaciones, puesto que es un proyecto de mucha trascendencia que esperamos salga lo mejor posible desde la Comisión”, comentó.

En el mismo contexto, el parlamentario resaltó que las indicaciones hacen hincapié en las personas que cometen el delito; en el plazo que se define para la entrega de información; en el tipo de delito para quien no entrega la información; y otros. Todo con el fin, indicó, de que el proyecto quede muy bien redactado y sin posibilidad de interpretar de manera distinta lo que se plantea como espíritu.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9818.

Presentan indicación sustitutiva a proyecto que tipifica desaparición forzada de personas

Camara de DiputadosLa Comisión de Derechos Humanos culminó la etapa de audiencias respecto a la moción que modifica el Código Penal tipificando el delito de desaparición forzada de personas, con la participación de Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien planteó la necesidad de que la iniciativa considere cambios contundentes.

Entre ellos, que este delito sea considerado imprescriptible, inindultable e inamnistiable. Y que la colaboración no se premie con impunidad. Lorena Pizarro lamentó la demora para adecuar la legislación a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, y ratificada por Chile recién en 2010.

La vocera de la AFDD expresó que “a mí me parece que en Chile debemos de una vez por todas empezar a avanzar en el “nunca más”. Ese “nunca más” pasa por asegurar que la impunidad a los que cometieron los crímenes de lesa humanidad en el pasado no se materialice, sino que empecemos a avanzar en condenas efectivas y en todo lo que involucra el derecho internacional humanitario, pero también hay que establecer un cúmulo de normativas, adecuar los tratados internacionales y otras acciones, que permitan -no sólo en el parlamento-, que esa sea una realidad en el país”.

Lorena Pizarro destacó que “en este proyecto ha habido una disposición de la Comisión y particularmente de los diputados de la Nueva Mayoría de escuchar nuestras demandas y de poder hacer llegar algunas propuestas hasta el lunes (hoy), pero esto no resuelve el tema de fondo. La Presidenta de la República y el gobierno deben jugar un rol activo en el avance de estas iniciativas legislativas, esta y otras, que permitan ir asegurando el nunca más”.

Indicación sustitutiva

El diputado René Saffirio (Ind), presentó una indicación sustitutiva que busca modificar sustancialmente la moción original de la diputada Clemira Pacheco (PS), ya que la comisión estima que el proyecto presenta falencias desde el punto de vista jurídico-técnico. Dicha propuesta consideró la opinión de expertos, abogados penalistas, Ministerio Público, defensoría y agrupaciones de DD.HH.

El legislador señaló que “lo que estamos haciendo es tipificar un delito que no existe en la legislación penal, que es la desaparición forzada de personas, no sólo pensando en la traumática historia que nuestro país vivió, sino que pensando también en que ello no vuelva a ocurrir nunca más, de tal manera que las sanciones que se establezcan para ese tipo de delito sean severas”. El proyecto sanciona este delito con penas de 5 años y un día a 10 años.

Safffirio explicó que, desde el punto de vista jurídico, “lo que se ha hecho es dejar claro que el sujeto activo del delito, es decir, quién puede cometer el delito, siempre va a ser un empleado público o agente del Estado o con el apoyo o aquiescencia de un agente del Estado. Y lo otro importante, es que logramos adecuar una norma antigua del Código Penal a los compromisos internacionales que Chile tiene fundamentalmente a partir de la aprobación como ley de la República de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas”.

Otros aspectos que considera la modificación al texto original se refieren a que la acción penal y la pena del delito de desaparición forzada de personas sean imprescriptibles; sancionar al superior jerárquico que conoce que sus subordinados cometen o van a cometer el delito y no lo impiden, o no hiciere cesar la privación de libertad de la víctima; establecer como agravante que el delito se cometa contra embarazadas, menores de edad y personas en situación de discapacidad, con penas que oscilan entre 10 años y un día y 20 años; y como atenuante, en caso de que los partícipes contribuyan a la reaparición con vida de la persona privada de libertad, o permitan esclarecer los hechos y a identificar a los responsables del ilícito.

El diputado Diego Paulsen (RN) valoró los cambios a la iniciativa y expresó que se debe legislar en esta materia porque los Derechos Humanos no tienen color político. “Este proyecto de ley viene a complementar la legislación chilena actual, primero se hace que el delito de desaparición forzada de personas sea imprescriptible, -lo que se asimila al proyecto del ley de tortura que aprobó hace algunos meses la comisión-, se deja claro que es un agente del Estado el que comete este tipo de delito y el tema de la subordinación. El trabajo del diputado Saffirio fue de mucha ayuda, al igual que lo realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, que aportó bastante en superar unos baches que tenía el proyecto”.

El parlamentario recalcó que “a raíz de estas modificaciones vamos a apoyar gran parte de este proyecto. De de hecho, fui firmante de la indicación sustitutiva del diputado Saffirio, porque creo que desde las nuevas generaciones no tenemos miedo a legislar. Creo que los Derechos Humanos no tienen color político. Vamos a seguir avanzando en esto, vamos a defender la dignidad humana como tal, por lo tanto cualquier violación que hoy cometa un ente del Estado tiene que ser castigada como tal”.

En la sesión se acordó pedir una audiencia a la Presidenta de la República para analizar y pedir prioridad a la agenda legislativa en materia de Derechos Humanos. Además, la AFDD emplazó a los parlamentarios a no guardar silencio frente a los oídos sordos del Poder Judicial respecto a desconocer el derecho internacional humanitario en la aplicación de penas bajas en esta materia.

(Fuente: Diputados)

 

Sala de Cámara de Diputados aprobó acuerdo sobre derechos humanos del mercosur

internacional tratados cooperacion diplomaticos diplomaciaEn forma unánime, con 105 votos, la Cámara de Diputados aprobó el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR, suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005. El texto ahora será revisado por el Senado.

Con esta herramienta se profundiza lo pactado por el 21 de diciembre de 2015, en la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes de Estado, oportunidad en que se adoptó la “Declaración Especial sobre el Protocolo de Asunción sobre el Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el MERCOSUR”.

El Protocolo que la Cámara ratificó este miércoles, y que ahora será visto por el Senado en Segundo Trámite, contribuye a fortalecer sustancialmente la cooperación entre los Estados Partes y Asociados en materia de derechos humanos, y constituye un espacio de diálogo político y temático de trascendental importancia, que permite avanzar sobre las políticas públicas nacionales y regionales y de integración en la materia.

Asimismo, se reafirma la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, manifestando el compromiso con la vigencia del sistema democrático y del Estado de Derecho, partiendo del valor supremo de la promoción y protección de los derechos humanos, lo que es plenamente coincidente con la política del Estado de Chile en esta materia.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10994.

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Segunda Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. En esta segunda parte destacamos otras sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron el año.

DERECHO PENITENCIARIO

Comunera Mapuche engrillada durante el parto

embarazoEn noviembre, Gendarmería incurrió en un grave caso de abuso en lo que la Corte Suprema consideró una «confluencia de factores entrecruzados de discriminación», al mantener engrillada a la camilla del hospital  a una comunera mapuche presa mientras tenía trabajos de parto, estando además vigilada por personal de la institución. Según el tribunal supremo, hubo discriminación se dio por ser mujer, indígena, madre y presa.

Consulte:

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EDUCACIÓN

Universidades y estudiantes: una relación contractual

estudianteEste año las cortes han visto un cambio importante en el tratamiento de las universidades. Con anterioridad existía un criterio bastante extendido –tanto en sentencias civiles como constitucionales– que consideraba que la relación entre estudiante y Universidades no eran una relación meramente contractual, restringiendo la aplicación de cláusulas contractuales o reglamentos disciplinarios. Sin embargo, últimamente se ha considerado un criterio más contractual para evaluar estas relaciones.

Consulte:

LEY ZAMUDIO Y DISCRIMINACIÓN

Género y Derecho: paulatimente tomando importancia

no_discriminacionSi bien no hay un criterio unívoco aún, los tribunales en distintas sedes han mostrado una gran apertura para revisar causas que involucren discriminación de género en diversas instancias.  Entre algunos de los fallos destacados ,

Consulte:

DESAFUEROS

Delitos económicos e injurias

gaspar-rivasEn una pauta noticiosa marcada por casos de corrupción y enfrentamientos verbales entre autoridades, este año la Corte Suprema ha resuelto importantes desafueros contra parlamentarios de la República,

 

Consulte:

  • En fallo dividido, el pleno de la Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero en contra del Senador Jaime Orpis por delitos reiterados de cohecho, lavado de dineros, fraude al Fisco, y fraude tributario.
  • Por unanimidad, se acoge el desafuero del Diputado Gaspar Rivas contra el empresario Andrónico Luksic por la comisión del delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social.

CONSTITUCIONAL

Inaplicabilidad de Ley Emilia

automovil choque daños accidente de transitoEn el mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito, modificación introducida por la Ley N° 20.770 –más conocida como Ley Emilia–, considerando que la prohibición atentaba contra los principios de legalidad, de proporcionalidad, de resocialización y de humanización.

Consulte:

Tribunal Constitucional declaró inaplicable para la causa concreta la prohibición de aplicación de pena sustitutiva del 196 ter de la Ley de Tránsito.

lala

CONSUMIDORES

Publicidad de letra chica

firmaEn derecho de protección al consumidor, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de apelación ratificando la multa contra la empresa Cencosud, al considerar que la publicidad efectuada por la empresa en un diario de circulación nacional se realizó con uso de letra ilegible e incompresible para el consumidor medio.

Canal de televisión discrimina a conductor al exigirle exhibir su orientación sexual en matinal

Imagen: La Tercera

Imagen: La Tercera

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación en contra de la sentencia que acogió la acción de no discriminación, interpuesta contra el canal de televisión que transgredió la privacidad de un conductor de televisión y lo discriminó laboralmente, al exigirle exponer y exhibir su orientación sexual. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 15 de diciembre, la undécima sala de la Corte rechazó la defensa del canal de televisión Chilevisión, considerando que el canal realizó una actuación discriminatoria en contra del conductor Ignacio Gutiérrez, que constituye una distinción, restricción o exclusión fundada en una de las categorías sospechosas contenidas en el artículo 2 de la Ley Nº 20.609, es decir, la orientación sexual.

En su defensa, el canal de televisión demandado, invocando el legítimo ejercicio para desarrollar una actividad económica, acudió a la orientación sexual del demandante para decidir el rol que éste desempeñaría en el programa que animaba y para buscar que éste se expresara desde su sensibilidad homosexual, con la finalidad de dar una mayor credibilidad a los espectadores. Sin embargo, la corte estimó que lo anterior carecía de toda razonabilidad toda vez que no era necesario ni proporcional, invadiendo de este modo el derecho a la vida privada del demandante consagrado constitucionalmente en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Política, vulnerando también su integridad síquica, pues realiza un impacto traumático a su estabilidad psicológica, desencadenando un cuadro ansioso depresivo.

En efecto, el tribunal estima que se ha hecho una exclusión del actor de un determinado rol, pretendiendo que se exprese desde su «sensibilidad homosexual», acudiendo a una de las categorías sospechosas de discriminación, por lo que el análisis para excluir la arbitrariedad debía ser estricto. Sobre esto, se consideró de un estudio de focus group que no había cuestionamiento al conductor por su orientación sexual por parte del público, ni tampoco se veía la necesidad de potenciar la visibilidad de su orientación sexual, además que tampoco se desprende de las cláusulas del contrato que aquella sea una necesidad para que pueda ser conductor del programa. Incluso el tribunal va más lejos: potenciar la credibilidad del conductor podía obtenerse por otros medios distintos y menos invasivos, sin que se viera como necesario acudir a la connotación sexual del demandante.

El tribunal también estima que los requerimientos del canal implícitamente conllevan hacer pública su condición de homosexualidad, la que hasta entonces nadie había estimado necesaria para mejorar el rating del programa. La condición sexual del demandante no había sido expresada por el mismo ni fue motivo de exposición pública por parte de éste, de manera tal que exigirle no sólo que lo manifestara sino que también acentuare de cierta forma un determinado comportamiento evidentemente excede de toda razonabilidad. En este mismo sentido, el fin de legitimar las preferencias sexuales de las personas, no se condice con la necesidad que veía el canal en orden a que el conductor se expresara desde su identidad sexual, pues para legitimar su preferencia no se advierte la necesidad de tener que expresarla.

Por todo lo anterior, el fallo de mayoría declara que la conducta de discriminación arbitraria en que ha incurrido la demandada fue la exclusión del actor del denominado rol de «dueño de casa» en el matinal de Chilevisión en razón de la orientación sexual de éste, y buscar que se expresara en el Programa desde su identidad sexual.

El fallo, además, cuenta con el voto de disidencia de la Ministra Sra. Mireya López Miranda.

La disidente considera que el canal televisivo tiene un derecho al libre ejercicio de la actividad económica que desarrolla, de tal manera que es evidente que para que tal derechos pueda co-existir con el respeto de su derecho a la vida privada y a la honra, cada uno de sus titulares debe comprender que la vida en sociedad impone derechos y restricciones que permitan el ejercicio pacífico de tales derechos. En este contexto, no existe impedimento legal alguno para que el canal televisivo decidiera –al amparo de la actividad que desarrolla– reformular el matinal, incorporar un tercer animador a quien asignar un rol de «dueño de casa» y optar para ello por una persona heterosexual de acuerdo al perfil que se quería dar a dicho papel. En efecto, el canal tiene la libertad para entregar un rol de desempeño a otra persona si considera que ésta puede representar mejor el papel que se pretende desde el punto de vista de credibilidad en la actuación. De ese modo, la decisión adoptada puede explicarse tal como una estrategia para obtener una mejor audiencia, sin que con ello se viole el ordenamiento jurídico vigente, ni los derechos del conductor demandante.

Solicitan patrocinio al Gobierno en proyecto de ley que sustituye la medida de cárcel por reclusión domiciliaria a personas gravemente enfermas

SENADOCon el objetivo de que “las penas de cárcel no se transformen en actos de crueldad”,  los senadores Alberto Espina, Baldo Prokurica, Francisco Chahuán y Andrés Allamand, se reunieron con el ministro de Justicia, Jaime Campos, a quien solicitaron patrocinar el proyecto de ley que permitirá, por razones humanitarias, que se les aplique a las personas que se encuentran con una enfermedad terminal o con un grave deterioro físico o mental irreversible, una medida de seguridad distinta a la privación de libertad.

En este sentido, la propuesta -que agrega un nuevo artículo al Código Procesal Penal- señala que “en caso de que un condenado se encuentre con enfermedad terminal o con un grave deterioro físico o mental irreversible que le haga imposible desenvolverse con la mínima autonomía razonable, debidamente acreditada, el tribunal de oficio o a petición de persona interesada, oyendo al fiscal y al defensor, dictará una resolución fundada disponiendo la reclusión domiciliaria y las demás medidas de seguridad que correspondieren. El tribunal velará por el inmediato cumplimiento de su resolución”.

Al término del encuentro, efectuado en las dependencias de la cartera ministerial, el senador Alberto Espina explicó que la iniciativa busca que “cuando se trate de una persona condenada, cualquiera sea su edad, o cualquiera sea el delito cometido, y tenga una enfermedad terminal debidamente certificada por el Instituto Médico Legal o tenga una enfermedad que le signifique un deterioro grave, psicológico o mental que le impida desenvolverse de manera irreversible por sí misma, el juez pueda -considerando los certificados médicos respectivos- permitir que cumpla su pena en su casa y no en la cárcel”.

(Fuente: Senado)

Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín Nº 11020-07

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Primera Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. A partir de esta nota,  comenzaremos a destacar de forma no exhaustiva algunas sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron este año.

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GLOBOS DE VIGILANCIA

Relación entre seguridad y privacidad

globoA principios de año, las Municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea implementaron un sistema de cámaras de vigilancia en globos en la comuna. Vecinos y organizaciones ciudadanas recurrieron de protección frente a este plan, reclamando que a través de él se vulneraban los derechos de la privacidad, al abarcarse tanto espacios públicos como privados en la vigilancia.

Consulte:

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PERSONAL A CONTRATA Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Aplicación de normativa laboral

Funcionarios JudicialesDesde finales del año pasado, y durante todo este año, se ha dado un vuelco jurisprudencial importante relacionado con el estatuto que se le reconoce a distintos grupos de funcionarios públicos, en los cuales la Corte Suprema ha optado por la aplicación del régimen del Código del Trabajo.  A continuación, algunos fallos relevantes.

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RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS 

Multitienda responsable por mantener a clientes en Dicom 

deudoresDurante el mes de octubre, la Corte Suprema respaldo criterio de la sentencia que acogió la demanda colectiva llevada adelante por Sernac a causa de las cláusulas abusivas en los contratos de crédito con la casa comercial. La Corte consideró que al firmar el convenio de pago entre la empresa y los clientes –existiendo en ellos la legítima expectativa de salir del registro de morosidad– se produce una novación, en la cual se extingue la primitiva deuda y surge una nueva.

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PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, CAMBIO JURISPRUDENCIAL

Presentación de la demanda interrumpe la prescripción

codigo civilEl 31 de mayo del presente año, la cuarta sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en juicio sumario sobre acción reivindicatoria especial del Decreto Ley 2695, rechazando la excepción de prescripción interpuesta en segunda instancia. Modificando un criterio jurisprudencial de larga data, el fallo comenta que (…) «es tiempo de variar el criterio mayoritario que ha sostenido que la interrupción de la prescripción requiere la presentación de la demanda y además su notificación aún devengándose el plazo de prescripción.Esta posición doctrinal y jurisprudencial contraviene el fundamento mismo de la prescripción que sanciona el descuido, desidia y negligencia de quien detenta un derecho y en cambio privilegia una interpretación que no tiene asidero en los artículos 2518 y 2503 nº 1, ambos del Código Civil».

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INTERNET

Rechazo del derecho al olvido

google

Mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca incorporar el derecho al olvido al ordenamiento nacional, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el sitio web El Mercurio Online, y contra el buscador Google por existir una noticia en la que se asociaba el nombre del recurrente a un delito, por el cual el mismo ya cumplió la pena. El tribunal capitalino estimó que el derecho al olvido no existe en la legislación nacional, ni tampoco ha sido incorporado por la jurisprudencia, por lo que no puede existir como un derecho alegable ante tribunales. Apelada la sentencia,  la Tercera sala de la corte Suprema, confirmó lo resuelto en resolución de fecha 22 de noviembre de 2016.

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