Corte de Apelaciones de Santiago: «el derecho al olvido es una figura legal que no está contemplada en nuestra Constitución o leyes vigentes»

googleLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el diario El Mercurio online, por la persona que declara estar sufriendo una violación de sus derechos porque es posible encontrar su nombre, a través de un motor de búsqueda google, vinculado a un delito por el que ya cumplió condena. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

La octava sala del Tribunal de Apelaciones rechazó la acción constitucional que aducía a la privacidad de la persona, vulnerándose el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, además de normas legales nacionales e internacionales, solicitando que se elimine la publicación online de los registros computacionales y cualquier base de datos donde aparezca la noticia o cualquiera que afecte su honra y también recurriendo contra Google, para que se le prohíba publicar toda otra publicación similar.

Según el tribunal, lo que se pretende es invocar una especie de «derecho al olvido», figura legal que no está contemplada en nuestra Constitución o leyes vigentes, es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, como, tampoco ha sido recogida por nuestros tribunales, razón por la que no existe como un derecho que pueda ser invocado para hacer desaparecer de la historia personal de la gente aquellas situaciones que en su oportunidad fueron expuestas al público en general por los medios de comunicación social en virtud del legítimo ejercicio del derecho de informar.

Además, al colocar la individualización del recurrente en el buscador Google y aparecer un índice de resultados de distintas páginas que entregan información sobre la noticia en cuestión, una de ellas la página del diario digital de propiedad de la empresa periodística, en el cual es acusado de un delito, ello no es más que el legítimo derecho de informar que en su oportunidad ejerció el diario. No se aprecia de este modo alguna ilegalidad en dicho actuar, donde solo se recoge y reproduce una noticia que es un acto propio del periodismo, sin visualizarse en ello que se esté afectando la honra o la privacidad del recurrente, más cuando no se ha negado que haya ocurrido.

En cuanto al motor de búsqueda Google, y en relación a la información que del actor aparece en Internet al colocar su nombre en él, tampoco se aprecia que haya cometido algún acto arbitrario e ilegal que se le pueda imputar, por cuanto solo corresponde a una herramienta de búsqueda de información en Internet, como varios otros buscadores o motores de búsqueda de que actualmente existen. De este modo, no es una información propia del «buscador» o «motor de búsqueda», si no que aquella que aparece en el índice de información al poner determinadas palabras en él, como en este caso.

Luz verde a proyecto que permite a tribunales acceder a información de la Comisión Valech

Camara-Diputados-ChileLa Cámara de Diputados aprobó, con 62 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley que permite al Poder Judicial acceder a la información del recopilada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech.

El texto legal establece una excepción en la prohibición de acceso a la información para los tribunales de justicia.

La ley 19.992 estipula que son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, salvo el informe que dicha instancia elaboró y que se conoce como Informe Valech.

Este secreto se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes respectivos quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior.

Mientras rija el secreto ninguna persona, autoridad o magistratura tendrá acceso la información, salvo que los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, puedan darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia.

Con el proyecto aprobado por la Cámara y que ahora fue enviado al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional, se exceptúa entonces a los tribunales de Justicia, para facilitar de esta forma las investigaciones y procesos sobre derechos humanos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10883.

Corte de Apelaciones de Valdivia acoge protección de Hospital contra madre que se niega a vacunar a su hijo

inyeccion - vacunaEn fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones valdiviana acogió el recurso interpuesto por la Directora del Hospital Base Osorno a causa de la negativa de la madre a permitir la aplicación de la vacuna denominada BCG (Bacillus Calmette-Guérin), que protege a los niños contra la tuberculosis en todas sus variantes.

La corte estima que la negativa de la recurrida madre del recién nacido a vacunarlo ha sido ilegal, desde que ello es contrario al ordenamiento legal. En concreto, a lo señalado en el Decreto Exento N° 6 del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, publicado en el Diario Oficial de 19 de abril de 2010, a cuyo tenor «Dispone la vacunación obligatoria de la población contra enfermedades inmuno prevenibles de la población del país», entre ellas, la vacuna BCG, indicándose que una dosis debe ser suministrada durante los primeros días de vida.

Además, se considera que el acto es arbitrario, «por cuanto dicha negativa ha sido únicamente por la voluntad o capricho de la recurrida y, con ello, se ha amenazado el legítimo derecho a la vida del recién nacido, ya que no ser vacunado se encuentra expuesto a contraer enfermedades inmunoprevenibles que podrían acarrearle consecuencias dañinas para su salud».

Consulte el fallo analizado en Microjuris.

Corte Suprema informa cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el denominado caso Atala

Pleno Corte SupremaLa Corte Suprema informa el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso caratulado: «Atala Riffo versus Chile. Cumplimiento que consigna la respuesta entregada –el 30 de agosto recién pasado– al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto del cuarto informe de cumplimiento del Estado de Chile sobre la sentencia de la Corte IDH.

El máximo tribunal, tras analizado el asunto en sesión de pleno de ministros el 30 de agosto pasado, y por mayoría de votos, acordó informar que:

«Teniendo en consideración que lo resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de veinticuatro de febrero de dos mil doce, dispone -en lo pertinente a lo consultado- que «El Estado debe continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales de toda las áreas y escalafones de la rama judicial, de conformidad con lo establecido en los párrafos 271 y 272» de dicha sentencia, los que aluden a la obligación del Estado de continuar implementando tales programas y cursos en las temáticas que cita, destinados especialmente a funcionarios; esta Corte entiende que con el mérito de lo expuesto por la Academia Judicial en su informe de fojas 224, que detalle el contenido, extensión y destinatarios de su oferta programática en las materias que cita, se ha dado cumplimiento –en lo que compete– a lo ordenado por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas vs Chile».

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el acuerdo de la Corte Suprema.

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