Gobierno anuncia retorno del fútbol profesional en Chile

El regreso de los torneos de Primera División y Primera B será el sábado 29 de agosto, luego de un acuerdo de las autoridades sanitarias con los gremios del fútbol. [Read more…]

Tribunal Arbitral del Deporte rechaza Apelación de Bolivia por caso Cabrera

El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó el argumento de la Federación Boliviana confirmando que la FIFA tiene  derecho a iniciar de oficio un procedimiento disciplinario contra por hechos cometidos en un partido, hasta por 2 años de conformidad al Código Disciplinario de la Fifa.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés de Tribunal Aribtral du Sport), con sede en Lausana, Suiza, resolvió mantener el fallo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) que dispuso que Perú y Chile obtuvieran los 3 puntos por una diferencia de 3 a 0 en partidos ante Bolivia por Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, fundada en la errónea inclusión del jugador naturalizado Nelson Cabrera.

Cabe señalar que la legislación boliviana autoriza la naturalización de los extranjeros tras una permanencia de tres años, normativa a la que se acogió el jugador Cabrera, nacido en Paraguay, jugador de Bolívar,  quien llegó a Bolivia en 2013. Sin embargo, las normativas impuestas por la FIFA exige que para que un jugador pueda representar a un seleccionado debe contar con no menos de cinco años de residencia en su país de adopción.

El TAS «ha rechazado las dos apelaciones presentadas por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) contra las decisiones dictadas el 12 de enero de 2017 por la Comisión de Apelación de la FIFA (CA FIFA). En consecuencia, se confirman las decisiones de la CA FIFA y los partidos disputados por Bolivia contra Perú el 1 de septiembre de 2016 (2-0) y por Chile contra Bolivia el 6 de septiembre de 2016 (0-0) se consideran perdidos por Bolivia por el marcador de 3-0 en favor de Perú y 3-0 en favor de Chile, con su consecuente implementación en la tabla de las Clasificatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2018», anuncia el comunicado oficial.

«Transcurrido un mes desde los partidos antes mencionados, la Federación Peruana de Fútbol y la Federación de Fútbol de Chile tuvieron conocimiento de que el jugador nacido en Paraguay, Nelson Cabrera, podría no cumplir con los requisitos de elegibilidad para jugar por Bolivia e informaron a la FIFA al respecto. La FIFA inició una investigación respecto a la alineación de Nelson Cabrera por Bolivia en dichos partidos. En virtud de la decisión de fecha 27 de octubre de 2016, la Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó que la FBB incumplió con la normativa de la FIFA respecto a la nacionalidad y, como consecuencia de ello, la FIFA decidió que los partidos entre Bolivia y Perú y entre Chile y Bolivia disputados en septiembre de 2016 debían ser considerados perdidos por Bolivia», expresa el laudo.

La audiencia se celebró el 5 de julio de 2017 en Lausana, Suiza. Ni en los escritos presentados por las partes ni en la audiencia se objetó el hecho de que Nelson Cabrera no cumpliera con los requisitos de elegibilidad para jugar por la selección nacional de Bolivia. En cambio, la FBB cuestionó el derecho de la FIFA a iniciar una investigación respecto a la inelegibilidad del jugador y alegó ciertas inconsistencias entre el Código Disciplinario de la FIFA (CDF) y el , siendo este último el que establecía que una protesta oficial debía interponerse dentro de la hora posterior al partido en cuestión. La Formación Arbitral rechazó estos argumentos estableciendo que la FIFA tenía el derecho de iniciar de oficio un procedimiento disciplinario contra Bolivia conforme al CDF dentro del plazo de dos años, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 del CDF que prescribe literalmente que «Las infracciones cometidas durante un partido prescriben a los dos años. Las demás prescriben, en general, a los diez años.» Asimismo el artículo 108 del mismo cuerpo legal sostiene que las infracciones disciplinarias son perseguibles de oficio. En consecuencia, la Formación Arbitral rechazó las apelaciones y confirmó las decisiones apeladas. PCM.

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Notas:
(1) Código Disciplinario de la Fifa. Artículo 42 :»Prescripción del procedimiento
1. Las infracciones cometidas durante un partido prescriben a los dos años. Las demás prescriben, en general, a los diez años.
2. Las infracciones de las normas antidopaje prescriben a los ocho años.
3. La infracción definida como cohecho (véase art. 62) no prescribe».

(2) Código Disciplinario de la Fifa. Artículo 108 «Inicio del procedimiento
1. Las infracciones disciplinarias son perseguibles de oficio.
2. Cualquier persona o autoridad puede comunicar a los órganos jurisdiccionales competentes las conductas que consideren contrarias a la reglamentación de la FIFA. Tales denuncias deberán formularse por escrito.
3. Los oficiales de partido están obligados a denunciar todas las infracciones de las que tuvieran conocimiento».

(Fuente: Tribunal Aribtral du Sport)

Ver comunicado de prensa aquí.

Véase Código Disciplinario de la Fifa.

Corte de Apelaciones desestima protección de Deportes Concepción por expulsión de la ANFP

deportes-concepcionLa Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el Recurso de Protección interpuesto por Deportes Concepción contra la ANFP, aduciendo discriminación arbitraria en su expulsión de la asociación. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado martes 31 de enero, la quinta sala del tribunal de apelaciones capitalino rechazó la protección interpuesta por el Club, impugnando su desafiliación de la ANFP. En la sentencia, el tribunal analiza extendidamente dos de los principales argumentos entregados por el club:

En primer lugar, aborda la alegación del club de haber sido juzgado por comisiones especiales, según lo establecido en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política, considerando que el órgano de la ANFP que tomó la decisión, el «Consejo de Presidentes», constituye un órgano administrativo que es incompatible con la función de juzgamiento.

Según estima el fallo, el artículo 553 del Código Civil establece la obligatoriedad a respetar las normas que las mismas organizaciones se entregan, mientras su inciso segundo comprende, respecto de la potestad disciplinaria de un asociación, tres principios: el primero, relacionado con la existencia de órganos especiales con facultades disciplinarias; el segundo, que para ejercer dicha potestad se debe contemplar un procedimiento racional y justo que vele por el derecho de los asociados y el tercero, relacionado con la incompatibilidad entre órgano de administración y órgano disciplinario.

Considerando esto, el estatuto de la recurrida cumple cabalmente con dichos principios, desde que establece su organización interna contemplando como máxima autoridad al Consejo de Presidentes y además la existencia de un directorio y tribunales encargados de la disciplina de los asuntos patrimoniales y de honor a los que se entregan diversas facultades disciplinarias. Dentro de las diversas autoridades y organismos que el estatuto señala está el Directorio el que tiene claramente funciones de administración, las que ejerce en forma exclusiva y excluyente de todos los otros organismos que componen la Asociación Nacional de Fútbol, órgano que no ha ejercido en el caso ninguna facultad disciplinaria, sino que ha sido el Consejo de Presidentes el que ha tomado la decisión impugnada. Por tanto, el Consejo de Presidentes nunca se constituyó como una comisión especial.

En segundo lugar, también la parte recurrente estima que se vulnera la igualdad ante la Ley, en conformidad al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, incurriendo la recurrida en una discriminación arbitraria al expulsar al club, lo que se explicita al comparar la situación de Deportes Concepción con otros clubes en situaciones similares.

Sin embargo, si bien se reconoce que otros clubes deportivos están en una situación económica complicada, según los antecedentes que presentó la ANFP todos ellos, oyendo el requerimiento del Directorio de la Asociación, reprogramaron sus deudas, acogiéndose a una fórmula para salir de la situación financiera en que se encontraban, siendo la única institución deportiva que no presentó plan alguno el club recurrente.

En tal sentido, el trato discriminatorio por parte del Consejo de Presidentes no se configura. Había una precaria e insostenible situación económica por la que atravesaba el club, incumpliendo gravemente sus compromisos laborales con el plantel del fútbol profesional y su cuerpo técnico, lo que en su oportunidad motivó la intervención del sindicato de futbolistas SIFUP en resguardo de los intereses de sus asociados, amenazando con una inminente paralización de las actividades deportivas ante esta situación económica, lo que motivó la intervención del Directorio para llegar a un acuerdo con el indicado sindicato para pagar los salarios y remuneraciones adeudados al plantel y cuerpo técnico del club. Esto implicó poder revertir la huelga anunciada y, consecuentemente, la paralización del torneo de fútbol, todo lo cual llevó a las reuniones extraordinarias que culminaron con la sesión extraordinario del día martes 26 de abril de 2016, en que se adoptó la medida tildada de ilegal y arbitraria.

Tomando el consideración lo anterior, el tribunal rechaza de manera unánime la acción de protección constitucional.

Se publicó el nuevo Reglamento de la Ley N° 19.327, que establece derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional

futbol-profesionalEste lunes 17 de octubre se publicó en el Diario Oficial, el Decreto número 1.046, Ministerio del Interior, de 2016; que «Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.327, que establece derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional».

De acuerdo a la parte considerativa del propio decreto N° 1046, en comento, tiene por objeto actualizar el anterior reglamento, contenido en el decreto supremo N° 225, de 2013, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Lo anterior motivado por las modificaciones introducidas a la Ley 19.327 por la Ley N° 20.844, «estableciendo los derechos y deberes a los asistentes y organizadores de los espectáculos de fútbol profesional; nuevas atribuciones a los intendentes; más obligaciones para los organizadores de espectáculos de fútbol profesional; la creación de infracciones que conocen los Juzgados de Policía Local; la aplicación de la ley sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, a hechos conexos a los espectáculos de fútbol profesional; y facultades adicionales para Carabineros de Chile, entre otras medidas».

De esta forma, el artículo 2° del Decreto N° 1.046, deroga el decreto N° 225, del 7 de marzo de 2013, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que estableció el anterior reglamento de la ley N° 19.327. En tanto, el artículo 1° aprueba el nuevo reglamento de la Ley 19.327, de 109 artículos y 12 Títulos, del siguiente tenor:

«TÍTULO I. Del ámbito de aplicación
TÍTULO II. Del rol del intendente
TÍTULO III. De las autorizaciones y medidas de seguridad
TÍTULO IV. De los deberes de los organizadores, asociaciones y dirigentes de fútbol
profesional
TÍTULO V. De las condiciones de ingreso y permanencia en los espectáculos de fútbol
profesional
TÍTULO VI. De los jefes y guardias de seguridad en espectáculos de fútbol profesional
TÍTULO VII. De los procedimientos y directrices de Carabineros de Chile en espectáculos
de fútbol profesional
TÍTULO VIII. De las contribuciones y actividades de promoción y de apoyo
TÍTULO IX. De los deberes de la entidad superior del fútbol profesional
TÍTULO X. Del Registro de la Ley N° 19.327
TÍTULO XI. De las mesas de trabajo regionales
TÍTULO XII. De las comunicaciones»

En cuanto a su entrada en vigencia, el artículo Primero transitorio, prescribe: «el presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial»

Consulte texto Decreto N° 1.046 que aprueba nuevo Reglamento de la Ley N° 19.327, que establece derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

Corte de Apelaciones acoge recurso de nulidad de Beccacece contra Anfp por bonos

sebastian-beccaceceLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad interpuesto por el ayudante de técnico contra la ANFP, por el pago del monto de USD 840.000 por concepto de remuneraciones pendientes, en virtud del bono de resultado pactado. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

La décima sala de la Corte, el 5 de Octubre pasado, acogió por unanimidad el recurso de nulidad deducido por la parte demandante, rechazando los interpuestos por la ANFP, estimando que el tribunal laboral incurrió en «extra petita» al fallar sobre si el monto adeudado lo era en cantidad líquida o bruta.

El fallo aduce que el juez, al interpretar las distintas cláusulas modificatorias del contrato, estableció que correspondía el pago pretendido por la demandante puesto que los bonos de resultado se habían hecho acumulativos a raíz de modificaciones introducidas por un anexo y, a la vez, que los montos que daban la suma pedida no eran ya líquidos, porque también se había modificado lo relativo a la liquidez de los mismos. Esta parte no fue controvertida por la demandada, más aún, su defensa se asiló en la vigencia del anexo de contrato en razón de una modificación posterior de noviembre de 2015. Tal cuestión no fue controvertida, y no puede argumentarse razonablemente que por haber controversia sobre el monto de lo adeudado, se entiende que la hay respecto a si la cantidad a pagar debe ser líquida o bruta.

Según los hechos asentados por el tribunal de letras laboral, El bono de resultado sólo está contenido en dos de los instrumentos que vinculan a las partes, el anexo de 1 de mayo de 2015 y el de 30 de septiembre de 2015 (al primero se atiene la demandada y al segundo, la demandante). En cuanto al anexo de 1 de mayo de 2015, se asienta que la redacción original de este anexo no existe ya que fue modificado y no se expresó la voluntad de restituir el texto original. Y, asimismo, que el contrato de fecha 16 de noviembre de 2015, no se refiere a los bonos de resultado (dice de 2016, lo que obviamente es un error tipográfico). Ahora bien, sobre la base del anexo de 30 de septiembre de 2015 estableció que este bono se modificó a acumulativo, y que habiendo ganado la Copa América el seleccionado nacional deben pagarse todos los bonos que correspondían al campeonato. En cuanto a la forma en que debe pagarse el señalado bono expresó que el anexo de 30 de septiembre reemplazó lo acordado en el anexo de 1 de mayo de 2015 en la parte en que se estipulaba que los montos expresados son líquidos y que el empleador asumía el pago de los impuestos y cotizaciones correspondientes a esos pagos, y entendió que tenía competencia para pronunciarse sobre esto en razón de que la demandada al contestar objetó el monto de lo demandado, lo que se reflejó en el punto número 1 de la interlocutoria de prueba. Es así, que decide pronunciarse y establecer que el monto que en la demanda se solicita como cantidad líquida a pagar, se pague por la demandada pero que el pago de todo descuento legal que corresponda por dichas sumas (acumulativas, que arrojan esa cantidad), será de cargo de quien por corresponda. Esto implica que a esa suma deberán practicarse los descuentos que procedan, de modo que la misma no puede ser líquida.

El tribunal concluye que el asunto –es decir, la definición de si el monto adeudado es líquido o bruto– tampoco es una materia en que el tribunal haya invocado que podía actuar de oficio. No existen los datos que permitan discernir aquellas cargas a que estaría sujeta, lo que el propio tribunal advierte al no indicar nada de mayor concreción a este respecto. En el mismo sentido, no puede obviarse que parte de la prueba y de la fundamentación de la sentencia es el cheque que el anterior presidente del directorio entregó al actor y que finalmente no se pagó, el cual precisamente se entregó para cobrar exactamente la suma pretendida por el actor en este juicio.

Contraloría se pronuncia acerca de recursos destinados a maratón de Santiago

Fuente: Tele13

Fuente: Tele13

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte del diputado Morales– sobre la procedencia de entregar recursos a un evento como la Maratón de Santiago pues, a su juicio, actualmente es solo una actividad recreacional, ya que no cuenta con reconocimiento de la Federación Atlética de Chile ni de la International Association of Athletics Federations, IAAF.

El Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND) informó que no ha entregado recursos para financiar la Maratón de Santiago y que solo ha intervenido en el marco del concurso público que anualmente debe convocar conforme al artículo 44 de la Ley N° 19.712, Ley del Deporte, para seleccionar los planes, programas, proyectos y actividades que se propongan para ser financiados mediante donaciones con fines deportivos que tengan derecho al crédito tributario establecido en el artículo 62 de ese texto legal.

Agrega que para la realización del reseñado evento en los años 2014 y 2015 se presentaron las iniciativas que insectionidualiza, las cuales fueron solventadas a través del concurso de donaciones sujetas al anotado beneficio tributario por las empresas que menciona, mientras que en el 2016 no se recibieron por esta vía propuestas que tuvieran dicha finalidad.

Al efecto, el ente de control indicó que de la normativa en análisis se logra advertir dos mecanismos con el objeto de financiar actividades deportivas. Así, por una parte considera la entrega de recursos a través del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y, por otro, la posibilidad que estas se solventen mediante donaciones sujetas al beneficio tributario del anotado artículo 62.

Enseguida, sostiene que, de los antecedentes tenidos en vista, aparece que los proyectos vinculados a los eventos Maratón de Santiago 2014 y 2015, se financiaron por medio del mecanismo de donaciones a que se refiere el artículo 68 de la anotada ley N° 19.712, al encontrarse inscritas en el registro respectivo, ser evaluadas por el instituto y determinarse que estaban destinados al cumplimiento de los objetivos indicados en las letras a), b), c) o d) del artículo 43 del mismo texto. Agrega, que la entidad que presentó tales iniciativas está inscrita en el registro de organizaciones deportivas que lleva el IND de conformidad con el artículo 36 de la anotada ley N° 19.712.

En consecuencia, la Contraloría expresa que, de acuerdo con lo informado por el Instituto en el año 2016, no se recibieron propuestas que tuvieran por finalidad realizar la Maratón de Santiago, y por tanto, el IND no ha entregado recursos para dicha actividad por esta otra vía.

Finalmente, el órgano contralor concluye que no se advierten inconvenientes en que el instituto haya considerado a los proyectos vinculados a los eventos Maratón de Santiago 2014 y 2015 como susceptibles de recibir dichas liberalidades, especialmente teniendo en consideración que en algunos de ellos se daba cuenta que la competencia contaba con la colaboración y certificación de la Federación Atlética de Chile.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el Dictamen de Contraloría N° 58.801 de 2016.

Suazo despedido injustificadamete por ByN: la expresión » ‘cagones’ no se dio por establecida con la prueba rendida»

chupete suazoLa Corte de Apelaciones de Santiago anuló de oficio la sentencia, declarando injustificado despido del futbolista por parte de Blanco y Negro S. A. Además, dio lugar a indemnización por lucro cesante. Consulte el fallo de nulidad analizado en Microjuris.

Con fecha martes 16 de Agosto del 2016, el tribunal de apelaciones anuló de oficio la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que había rechazado la acción de tutela de derechos y de despido injustificado contra Blanco y Negro S.A. La Corte estima que el único hecho que dio por acreditado el tribunal laboral fue que el trabajador dijo: «Que mirai huevón?», mas no los improperios que se indicaron en la carta de despido, para fundar el eventual incumplimiento de los grave por parte del futbolista.

La argumentación del juzgado laboral se realiza sobre la base de hechos no probados, y que por tanto, no existen en el proceso para considerar que hubo incumplimiento, primero, y que éste era grave, luego. De tal suerte que el tribunal faltó categóricamente a la exigencia del N° 4 del artículo 459 del Código del Trabajo, en la estimación de que ciertos hechos se encontraban acreditados, en concreto, las supuestas expresiones «huevones» y «cagones» proferidas por el demandante, y su efecto de denostar a sus superiores en el club deportivo.

Por todo lo anterior, el fallo incurre en la causal de la letra e) del artículo 478 del Código del Trabajo, lo autoriza ala corte a proceder de oficio de nulidad.

Agrega el tribunal que no se trata solamente de que el hecho no sea grave, sino que no lo es suficientemente, como para autorizar el despido sin indemnizaciones, porque esto debe apreciarse en el contexto en que ocurre, con el jugador saliendo del campo de juego antes de finalizar el partido, con el cuerpo y la mente caliente y es allí donde se profiere la expresión que se tuvo por acreditada por el juez: «Qué mirai huevón?». En estas condiciones, no parece no sólo no tener la gravedad suficiente, sino que no se trata propiamente de un incumplimiento de obligaciones del contrato. Es claro que, por una parte que el Reglamento Interno del club no le fue entregado al trabajador –incumpliendo una obligación el empleador–, y por otro lado, que esta sola expresión no puede ser tomada como un incumplimiento de las obligaciones que al trabajador le impone el contrato, por mucho que en una cláusula aun consentida se haya elevado a tal carácter el de «proferir por cualquier medio, expresiones que afecten la imagen del Club, sus dirigentes, administradores; cuerpo técnico, jugadores y socios», como quiera que carece de la aptitud para producir un efecto como aquél, sobre todo teniendo en cuenta que es un hecho aislado que afecta la vida profesional de un jugador de fútbol de largo desempeño en el medio chileno y extranjero, así como en la Selección Nacional.

Finalmente se dicta sentencia de reemplazo, fijando el pago de una indemnización por lucro cesante. La relación laboral se extendió desde el 22 de diciembre de 2014 al 20 de octubre de 2015, estando suscrito a plazo fijo, hasta el 31 de diciembre de 2016, por lo cual habrá de darse lugar al pago fundado en que se impidió al jugador recibir las remuneraciones acordadas hasta el vencimiento del plazo.

Diputados proponen reformar normativa de Sociedades Anónimas Deportivas

futbol-profesionalLa moción de los diputados Browne, Chávez, Fuentes, Gutiérrez, Jiménez, Melo, Pilowsky, Vallejos y Walker, expone que los últimos acontecimientos de la forma de administrar el fútbol hace necesario revisar las normas que lo regulan.

Observa luego que con las sociedades anónimas deportivas se prometió profesionalizar la gestión del fútbol. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de esa ley, los clubes no han pagado sus deudas con el FISCO y por el contrario, esas deudas se han duplicado.

Al efecto, los autores de la iniciativa aducen que lo único nuevo ha sido el ingreso de empresarios de dudosa conducta ética, incluso con problemas legales, que además han privado a los socios de los clubes la posibilidad de decidir sobre los destinos de sus instituciones.

En razón de lo anterior, y tomando en consideración el modelo alemán donde, por ley, el 51% de los clubes le pertenece a los hinchas y socios y sólo el 49 % de su propiedad se transa en el mercado, el proyecto de ley propone reformar la normativa de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), con el objeto de aumentar su fiscalización; eliminar conflictos de interés en la propiedad de los clubes y abrir la propiedad y administración de estos a los socios e hinchas.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N°

Corte de Valdivia acogió protección y ordena levantar sanción a dirigente deportivo

Corte_de_Apelaciones_de_Valdivia001En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de protección interpuesto por José Salvador Arancibia Pacheco, presidente de la comisión de ética del club Bancario de Osorno, en contra del directorio de la institución deportiva –representado  el presidente, Mario Artemio Cárdenas Bórquez– que le aplicó el 2 de diciembre de 2015, la medida disciplinaria de suspensión como socio. Sanción que le impidió participar en las elecciones de renovación de la directiva de la organización.

En su sentencia, se expone que, analizados los hechos en que se funda la medida impuesta, es posible advertir en primer término que ningunos de ellos se condice con las causales de suspensión esgrimidas. En efecto, la primera conducta que se reprocha al actor, está dada por haber denunciado irregularidades al Ministerio de Justicia al margen de los estatutos, sin embargo, revisado el texto acompañado, no aparece que la posibilidad de denunciar está vedada a los miembros de la Comisión de Ética conforme a las disposiciones estatutarias que la regulan. En segundo término, la eventual negligencia e incumplimiento de obligaciones que se esgrime como fundamento de la medida, aparece como vaga e imprecisa, sin que se base en hechos concretos y específicos que permitan un adecuado derecho a defensa de los sancionados.

Y es que, a mayor a mayor abundamiento, expone el fallo que el texto reglamentario aludido, no contempla una instancia clara de descargos que permitan a los sancionados, con la medida de suspensión, controvertir las imputaciones, cargos, rendir prueba en contrario y eventualmente, recurrir de una decisión adversa, garantías mínimas del debido proceso garantizado por la Constitución en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política, en su manifestación de derecho a defensa, de lo que se deduce que se trata de una medida infundada, inmotivada y por ende arbitraria.

De ese modo, concluye la Corte de Valdivia acogiendo la acción de protección interpuesta por don José Salvador Arancibia Pacheco, disponiéndose como medida destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, se deje sin efecto la medida aplicada consistente en la suspensión de la calidad de socio del actor del Club Deportivo Bancario de Osorno, permitiéndole el goce y ejercicio todos los derechos que los estatutos le confieren, debiendo informar a esta Corte el cumplimiento de la medida impuesta, bajo apercibimiento legal.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del abogado integrante Juan Carlos Vidal, quien estuvo por rechazar la acción, toda vez que el artículo 20 de la Constitución Política de la República en forma expresa señala cuales son los derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 respecto de los cuales se puede interponer la acción de protección, y consecuentemente aquellos que sean susceptibles de admisibilidad. En este contexto, aun cuando los requisitos de formalidad de la acción no son estrictos, resulta indispensable que el recurrente cite al menos la o las garantías o derechos constitucionales que se estimen vulnerados o amagados, para el debido examen del recurso en relación con el referido artículo 20 de la Carta Fundamental, agregando que el recurrente solo citó una disposición del Código Civil, lo que resulta insuficiente para encuadrar su acción en una garantía constitucional especifica, considerando que los hechos narrados se refieren a la suspensión de un cargo y a la imposibilidad de participar en una elección.

(Fuente: Diario Constitucional)

Corte Suprema remite a la cámara de diputados opinión sobre modificaciones a ley de violencia en los estadios

Estadio_SeguroLa Corte Suprema remitió a la Cámara de Diputados el informe respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.327, en lo relativo a su ámbito de aplicación y al establecimiento de un régimen sancionatorio efectivo, y la ley N° 20.502, en materia de funciones de la subsecretaría de Prevención del Delito.

El informe fue remitido -el lunes 6 de octubre- al presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, y contiene los comentarios que hace el máximo tribunal al nuevo cuerpo legal, reiterando los criterios que se han aplicado en normativas similares.

Respecto de las modificaciones del artículo Nº 26 de la normativa, que propone dar atención preferente en las tablas de las Cortes de Apelaciones ante los recursos de reclamación de sanciones adoptadas por los intendentes regionales, el máximo tribunal se mostró contrario.

«Sobre la agregación extraordinaria de la causa a la tabla de audiencia más próxima que prevé la norma antes indicada, este Tribunal se ha referido en reiteradas oportunidades a esta materia, manifestando su disconformidad con ella (…) En este contexto, no obstante la importancia de la materia que regula el proyecto de ley, no es de aquellas materias que ameritaría su incorporación extraordinaria a la tabla para su vista preferente», sostiene el informe sobre el punto.

Asimismo, se manifiesta desacuerdo con el planteamiento que no procede recurso en contra de las decisiones de la Corte de Apelaciones en la misma materia: «Al respecto, el Tribunal Pleno también ha mostrado su desacuerdo, expresando en el Oficio Nº 32, de 3 de abril de 2013, que «cuando no procede recurso alguno en contra de la resolución que resuelve la reclamación, se está atentando el derecho constitucional del debido proceso, consagrado en el numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República». Sin embargo, es necesario advertir que el régimen normal respecto de la resolución dictada en única instancia por la Corte de Apelaciones, es procedente el recurso de casación. En todo caso, en el evento que se deniegue todo recurso, las partes pueden impugnar la determinación de la Corte de Apelaciones por medio del recurso de queja».

En tanto, respecto de las modificaciones del artículo Nº 27 que otorgan competencia a los juzgados de Policía Local en ciertas sanciones, la Corte Suprema considera que: «La competencia, respecto de las acciones civiles es entregada a los Juzgados de Policía Local, de acuerdo a lo dispuesto en el en el inciso final de aquella disposición, restringiéndolas a las de carácter indemnizatorias, sin que se observe para excluir las restitutorias u otras declarativas de derechos».

Sobre las modificaciones al artículo 29 que otorgan a la subsecretaría de Prevención del Delito facultades para crear un registro de infractores de la ley de Violencia en los Estadios, le máximo tribunal plantea la existencia de diversas inconsistencias.

(Fuente: Poder Judicial)

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