Diputados ingresaron proyecto para concretar la iniciativa legal ciudadana

Los diputados DC Juan Morano, Yasna Provoste e Iván Flores ingresaron hoy un proyecto de ley para que los ciudadanos, al igual que el Gobierno y los parlamentarios, puedan ingresar a trámite al Parlamento proyectos de ley.

El diputado Morano, promotor y autor de la iniciativa, explicó que el proyecto establece que, con el apoyo del 0,25 % de los votantes de una respectiva localidad, los ciudadanos podrán tener iniciativa de ley y sus iniciativas podrán sean tramitadas en el Congreso. «Sabemos que es una legítima demanda y creemos que fortalecemos la democracia y la participación con esta moción que esperamos tenga amplio respaldo y rápida tramitación», recalcó.

Dijo que estiman oportuno que las personas, que tienen el derecho al voto, también puedan presentar proyectos de ley cada vez que lo estimen conveniente, porque son capaces de identificar situaciones cotidianas que ocurren en la comunidad y que requieren de una respuesta eficiente y oportuna.

Morano explico que, en la actualidad, la ley señala que solo los parlamentarios y el Ejecutivo pueden presentar iniciativas legales, situación el proyecto modifica al incluir en la norma a los ciudadanos, con el requisito ya mencionado.

“Incorporar la iniciativa ciudadana como herramienta de participación legislativa en nuestro ordenamiento jurídico permitirá fortalecer la institución de la democracia representativa, contribuyendo de esta forma al aprendizaje político de los ciudadanos, permitiéndole a todos y a cada uno de los integrantes de la sociedad moderna presentar sus propias ideas y necesidades en forma directa ante un parlamento que escucha a la ciudadanía, sin que esto implique interferir en cuestiones propias de las atribuciones propias del Congreso o de las facultades exclusivas del Presidente de la República», planteo el parlamentario.

(Fuente: Diputados)

Corte de Apelaciones de Valparaíso confirma sentencia que condenó a oftalmólogo por discriminación arbitraria

Corte-de-Apelaciones-de-Valparaiso-pjud.cl_La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó -el pasado viernes 3 de febrero- la sentencia recurrida, que condenó al oftalmólogo Carlos Daniel Schiappacasse Maturana, por discriminación arbitraria de la asesora del hogar Patricia Valdebenito Vargas, a quien intentó sacar de un ascensor del edifico Atlantis, el 26 de septiembre de 2015.

n fallo unánime (causa rol 1885-2016) la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Carolina Figueroa, Rosario Lavín y el abogado (i) Hugo Fuenzalida– confirmó la sentencia dictada el 26 de agosto de 2016 por el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, que condena al facultativo a cancelar una multa a beneficio fiscal de 30 UTM (unidades tributarias mensuales).

«Que la parte demandada, esto es, Carlos Daniel Schiappacasse Maturana, al evacuar su informe reconoce que instó a doña Patricia Valdebenito Varas a bajarse del ascensor de mala forma, para luego proceder a sacar a la fuerza al perro e intentar hacer lo mismo con la parte demandante, quien se resistió a ello, aconteciendo que resulta fuera de dudas que la parte demandada identificó claramente a la parte demandante como una Asesora del Hogar», estableció el fallo confirmado.

La resolución de primera instancia agrega que la actitud del demandado «(…) involucra una perturbación en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República, en especial el consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Magna, esto es el de igualdad ante la ley»

El fallo concluye que «se declara que la parte demandada ha incurrido en una discriminación arbitraria respecto de la Asesora del Hogar, doña Patricia Angélica Valdebenito Varas, aplicándosele a don Carlos Daniel Schiappacasse Maturana una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales, a beneficio fiscal».

(Fuente: Poder Judicial)

Canal de televisión discrimina a conductor al exigirle exhibir su orientación sexual en matinal

Imagen: La Tercera

Imagen: La Tercera

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación en contra de la sentencia que acogió la acción de no discriminación, interpuesta contra el canal de televisión que transgredió la privacidad de un conductor de televisión y lo discriminó laboralmente, al exigirle exponer y exhibir su orientación sexual. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 15 de diciembre, la undécima sala de la Corte rechazó la defensa del canal de televisión Chilevisión, considerando que el canal realizó una actuación discriminatoria en contra del conductor Ignacio Gutiérrez, que constituye una distinción, restricción o exclusión fundada en una de las categorías sospechosas contenidas en el artículo 2 de la Ley Nº 20.609, es decir, la orientación sexual.

En su defensa, el canal de televisión demandado, invocando el legítimo ejercicio para desarrollar una actividad económica, acudió a la orientación sexual del demandante para decidir el rol que éste desempeñaría en el programa que animaba y para buscar que éste se expresara desde su sensibilidad homosexual, con la finalidad de dar una mayor credibilidad a los espectadores. Sin embargo, la corte estimó que lo anterior carecía de toda razonabilidad toda vez que no era necesario ni proporcional, invadiendo de este modo el derecho a la vida privada del demandante consagrado constitucionalmente en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Política, vulnerando también su integridad síquica, pues realiza un impacto traumático a su estabilidad psicológica, desencadenando un cuadro ansioso depresivo.

En efecto, el tribunal estima que se ha hecho una exclusión del actor de un determinado rol, pretendiendo que se exprese desde su «sensibilidad homosexual», acudiendo a una de las categorías sospechosas de discriminación, por lo que el análisis para excluir la arbitrariedad debía ser estricto. Sobre esto, se consideró de un estudio de focus group que no había cuestionamiento al conductor por su orientación sexual por parte del público, ni tampoco se veía la necesidad de potenciar la visibilidad de su orientación sexual, además que tampoco se desprende de las cláusulas del contrato que aquella sea una necesidad para que pueda ser conductor del programa. Incluso el tribunal va más lejos: potenciar la credibilidad del conductor podía obtenerse por otros medios distintos y menos invasivos, sin que se viera como necesario acudir a la connotación sexual del demandante.

El tribunal también estima que los requerimientos del canal implícitamente conllevan hacer pública su condición de homosexualidad, la que hasta entonces nadie había estimado necesaria para mejorar el rating del programa. La condición sexual del demandante no había sido expresada por el mismo ni fue motivo de exposición pública por parte de éste, de manera tal que exigirle no sólo que lo manifestara sino que también acentuare de cierta forma un determinado comportamiento evidentemente excede de toda razonabilidad. En este mismo sentido, el fin de legitimar las preferencias sexuales de las personas, no se condice con la necesidad que veía el canal en orden a que el conductor se expresara desde su identidad sexual, pues para legitimar su preferencia no se advierte la necesidad de tener que expresarla.

Por todo lo anterior, el fallo de mayoría declara que la conducta de discriminación arbitraria en que ha incurrido la demandada fue la exclusión del actor del denominado rol de «dueño de casa» en el matinal de Chilevisión en razón de la orientación sexual de éste, y buscar que se expresara en el Programa desde su identidad sexual.

El fallo, además, cuenta con el voto de disidencia de la Ministra Sra. Mireya López Miranda.

La disidente considera que el canal televisivo tiene un derecho al libre ejercicio de la actividad económica que desarrolla, de tal manera que es evidente que para que tal derechos pueda co-existir con el respeto de su derecho a la vida privada y a la honra, cada uno de sus titulares debe comprender que la vida en sociedad impone derechos y restricciones que permitan el ejercicio pacífico de tales derechos. En este contexto, no existe impedimento legal alguno para que el canal televisivo decidiera –al amparo de la actividad que desarrolla– reformular el matinal, incorporar un tercer animador a quien asignar un rol de «dueño de casa» y optar para ello por una persona heterosexual de acuerdo al perfil que se quería dar a dicho papel. En efecto, el canal tiene la libertad para entregar un rol de desempeño a otra persona si considera que ésta puede representar mejor el papel que se pretende desde el punto de vista de credibilidad en la actuación. De ese modo, la decisión adoptada puede explicarse tal como una estrategia para obtener una mejor audiencia, sin que con ello se viole el ordenamiento jurídico vigente, ni los derechos del conductor demandante.

Sentencias destacadas y tendencias jurisprudenciales de 2016, Primera Parte

Durante el 2016 ha habido cambios jurisprudenciales importantes, todos ellos integrados y analizados en nuestra base de datos de http://www.microjuris.cl. A partir de esta nota,  comenzaremos a destacar de forma no exhaustiva algunas sentencias y criterios jurisprudenciales que marcaron este año.

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GLOBOS DE VIGILANCIA

Relación entre seguridad y privacidad

globoA principios de año, las Municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea implementaron un sistema de cámaras de vigilancia en globos en la comuna. Vecinos y organizaciones ciudadanas recurrieron de protección frente a este plan, reclamando que a través de él se vulneraban los derechos de la privacidad, al abarcarse tanto espacios públicos como privados en la vigilancia.

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PERSONAL A CONTRATA Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Aplicación de normativa laboral

Funcionarios JudicialesDesde finales del año pasado, y durante todo este año, se ha dado un vuelco jurisprudencial importante relacionado con el estatuto que se le reconoce a distintos grupos de funcionarios públicos, en los cuales la Corte Suprema ha optado por la aplicación del régimen del Código del Trabajo.  A continuación, algunos fallos relevantes.

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RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS 

Multitienda responsable por mantener a clientes en Dicom 

deudoresDurante el mes de octubre, la Corte Suprema respaldo criterio de la sentencia que acogió la demanda colectiva llevada adelante por Sernac a causa de las cláusulas abusivas en los contratos de crédito con la casa comercial. La Corte consideró que al firmar el convenio de pago entre la empresa y los clientes –existiendo en ellos la legítima expectativa de salir del registro de morosidad– se produce una novación, en la cual se extingue la primitiva deuda y surge una nueva.

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PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, CAMBIO JURISPRUDENCIAL

Presentación de la demanda interrumpe la prescripción

codigo civilEl 31 de mayo del presente año, la cuarta sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en juicio sumario sobre acción reivindicatoria especial del Decreto Ley 2695, rechazando la excepción de prescripción interpuesta en segunda instancia. Modificando un criterio jurisprudencial de larga data, el fallo comenta que (…) «es tiempo de variar el criterio mayoritario que ha sostenido que la interrupción de la prescripción requiere la presentación de la demanda y además su notificación aún devengándose el plazo de prescripción.Esta posición doctrinal y jurisprudencial contraviene el fundamento mismo de la prescripción que sanciona el descuido, desidia y negligencia de quien detenta un derecho y en cambio privilegia una interpretación que no tiene asidero en los artículos 2518 y 2503 nº 1, ambos del Código Civil».

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INTERNET

Rechazo del derecho al olvido

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Mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley que busca incorporar el derecho al olvido al ordenamiento nacional, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el sitio web El Mercurio Online, y contra el buscador Google por existir una noticia en la que se asociaba el nombre del recurrente a un delito, por el cual el mismo ya cumplió la pena. El tribunal capitalino estimó que el derecho al olvido no existe en la legislación nacional, ni tampoco ha sido incorporado por la jurisprudencia, por lo que no puede existir como un derecho alegable ante tribunales. Apelada la sentencia,  la Tercera sala de la corte Suprema, confirmó lo resuelto en resolución de fecha 22 de noviembre de 2016.

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Corte de Apelaciones acoge indemnización de perjuicios por utilización de ilustraciones en reedición

librosLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente el recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia respecto al monto indemnizatorio  por responsabilidad contractual, al utilizar ilustraciones del actor en reediciones sin pagar los derechos correspondientes. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 14 de Noviembre, la duodécima sala del tribunal de alzada accedió a lo reclamado en relación a ilustraciones de los libros que se han considerado entre las infracciones de la ley 17.336, por no haberse pagado derechos de autor de sucesivas reediciones, considerando que el cumplimiento se dio por el pago de honorarios de la primera edición realizado por la demandada, afectando al actor y dejándole sin percibir los derechos de autor que le correspondían en estas obras.

Sobre la relación contractual entre las partes y cuyo incumplimiento llevó al actor a demandar a la editora, el tribunal estima que el Código Civil en su artículo 584 señala que la propiedad intelectual se regirá por leyes especiales, siendo la ley especial en materia de derechos de autor y derechos conexos es la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual. En dicha ley, junto con reconocerse los derechos del autor de una obra, le permiten contratar sobre ellos, y en el caso particular con una Editora, debiendo sin embargo redactarse al efecto la escritura pública correspondiente o el documento privado, que contenga las clausulas mínimas que establece la referida ley, pero cuya existencia no se ha acreditado. En estas condiciones, los simples documentos que representan pagos de la demandada a la actora solo pueden decir relación con una edición en que haya aparecido la obra de dicha parte, pero no con la utilización posterior por la demandada en los términos que se han establecido, respecto de los cuales la demandante ha invocado sus derechos y la indemnización correspondiente.

Además, respecto a la ampliación de las obras que deben pagarse que solicita en demandante, se tienen acreditadas dos obras – «Se las echó el Buin» y «Adiós al Séptimo de Líneas»– en las cuales hay ediciones posteriores a las convenidas originalmente y canceladas en su oportunidad al ilustrador. Sin embargo, estas obras, que pudieron agregarse a los títulos respecto de los cuales el actor debiera recibir indemnización de perjuicios, fueron emitidas en los años 2008 y 2009, es decir, transcurrido un término superior a los cuatro años que se han establecido como término de prescripción para las acciones, con lo cual tampoco entraran en el análisis de la indemnización demandada por los perjuicios causados al actor.

Por tanto, el tribunal resuelve que la apelación se acoge parcialmente, en cuanto se considera la indemnización fijada por el tribunal muy baja en relación con las graves infracciones a la ley 17.336 cometidas por la demandada, pero solo de acogerá esa petición en cuanto se determinará prudencialmente una suma superior a la fijada por el tribunal de la causa, como lo permite la ley.

Corte de Apelaciones de Santiago: «el derecho al olvido es una figura legal que no está contemplada en nuestra Constitución o leyes vigentes»

googleLa Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto contra el diario El Mercurio online, por la persona que declara estar sufriendo una violación de sus derechos porque es posible encontrar su nombre, a través de un motor de búsqueda google, vinculado a un delito por el que ya cumplió condena. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

La octava sala del Tribunal de Apelaciones rechazó la acción constitucional que aducía a la privacidad de la persona, vulnerándose el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, además de normas legales nacionales e internacionales, solicitando que se elimine la publicación online de los registros computacionales y cualquier base de datos donde aparezca la noticia o cualquiera que afecte su honra y también recurriendo contra Google, para que se le prohíba publicar toda otra publicación similar.

Según el tribunal, lo que se pretende es invocar una especie de «derecho al olvido», figura legal que no está contemplada en nuestra Constitución o leyes vigentes, es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, como, tampoco ha sido recogida por nuestros tribunales, razón por la que no existe como un derecho que pueda ser invocado para hacer desaparecer de la historia personal de la gente aquellas situaciones que en su oportunidad fueron expuestas al público en general por los medios de comunicación social en virtud del legítimo ejercicio del derecho de informar.

Además, al colocar la individualización del recurrente en el buscador Google y aparecer un índice de resultados de distintas páginas que entregan información sobre la noticia en cuestión, una de ellas la página del diario digital de propiedad de la empresa periodística, en el cual es acusado de un delito, ello no es más que el legítimo derecho de informar que en su oportunidad ejerció el diario. No se aprecia de este modo alguna ilegalidad en dicho actuar, donde solo se recoge y reproduce una noticia que es un acto propio del periodismo, sin visualizarse en ello que se esté afectando la honra o la privacidad del recurrente, más cuando no se ha negado que haya ocurrido.

En cuanto al motor de búsqueda Google, y en relación a la información que del actor aparece en Internet al colocar su nombre en él, tampoco se aprecia que haya cometido algún acto arbitrario e ilegal que se le pueda imputar, por cuanto solo corresponde a una herramienta de búsqueda de información en Internet, como varios otros buscadores o motores de búsqueda de que actualmente existen. De este modo, no es una información propia del «buscador» o «motor de búsqueda», si no que aquella que aparece en el índice de información al poner determinadas palabras en él, como en este caso.

Corte de Apelaciones de Valdivia acoge protección de Hospital contra madre que se niega a vacunar a su hijo

inyeccion - vacunaEn fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones valdiviana acogió el recurso interpuesto por la Directora del Hospital Base Osorno a causa de la negativa de la madre a permitir la aplicación de la vacuna denominada BCG (Bacillus Calmette-Guérin), que protege a los niños contra la tuberculosis en todas sus variantes.

La corte estima que la negativa de la recurrida madre del recién nacido a vacunarlo ha sido ilegal, desde que ello es contrario al ordenamiento legal. En concreto, a lo señalado en el Decreto Exento N° 6 del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, publicado en el Diario Oficial de 19 de abril de 2010, a cuyo tenor «Dispone la vacunación obligatoria de la población contra enfermedades inmuno prevenibles de la población del país», entre ellas, la vacuna BCG, indicándose que una dosis debe ser suministrada durante los primeros días de vida.

Además, se considera que el acto es arbitrario, «por cuanto dicha negativa ha sido únicamente por la voluntad o capricho de la recurrida y, con ello, se ha amenazado el legítimo derecho a la vida del recién nacido, ya que no ser vacunado se encuentra expuesto a contraer enfermedades inmunoprevenibles que podrían acarrearle consecuencias dañinas para su salud».

Consulte el fallo analizado en Microjuris.

Suprema rechaza protección de estudiante contra Universidad que negó matrícula por existencia de deuda

educaciónLa Corte Suprema acogió el recurso de apelación, revocando la sentencia de protección que estimaba que la negativa de matrícula de un estudiante a causa de tener deudas con la institución era un acto ilegal y arbitrario. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 26 de julio de 2016, en fallo unánime la tercera sala del máximo tribunal revocó y rechazó la acción de protección deducida por un alumno de la carrera de derecho en contra de la Universidad de las Américas, ante la negativa de esa Casa de Estudios para matricularse, debido a la existencia de una deuda por aranceles de periodos académicos anteriores.

El estudiante argumenta que se encuentra en la última etapa de su enseñanza universitaria y que la Universidad, al actuar como lo hace,  impide que personas que cumplen con los requisitos académicos puedan acceder a su derecho a la educación por razones ajenas a lo académico, consistentes en el no pago de una deuda, lo que constituye un ejercicio ilegítimo de autotutela.

Sin embargo, en su sentencia la corte estima que de los contratos de prestación de servicios educacionales firmados por el recurrente con la Universidad recurrida se desprende que el alumno se obligó a pagar por los servicios educacionales contratados. Por otra parte, continúa la corte, los contratos también establecen la obligatoriedad de la normativa académica, reglamentaria y administrativa de la Universidad contenida en los Reglamentos, especialmente y en lo que incide en el recurso la contenida en el Reglamento del Alumno. El reglamento señala que los alumnos regulares conservarán dicha calidad mientras «carezcan de impedimentos de orden académico, económico, disciplinario o de salud para cursar estudios».

Se agrega enseguida que el artículo sexto del citado documento establece la obligatoriedad de la normativa académica, reglamentaria y administrativa de la Universidad contenida en los Reglamentos, especialmente y en lo que incide en el recurso la contenida en el Reglamento del Alumno.

En este sentido, no es controvertido por el actor que hasta la fecha no ha podido pagar la deuda que tiene con la Universidad, por lo que queda de manifiesto que la negativa de la recurrida a matricular al alumno por el periodo 2016 no es ilegal o arbitraria, toda vez que se ajustó a los contratos celebrados con el recurrente y a la reglamentación interna de la Universidad.

Es por ello que la sentencia concluye que en los contratos firmados, el estudiante acepta la reglamentación interna de la universidad en la cual se condiciona la matrícula a la no existencia de deuda.

Tribunal Constitucional resolvió que proyecto de voto de chilenos en el exterior no vulnera la Constitución

tribunal constitucionalSon cerca de 900 mil los chilenos que viven en el extranjero y se estima que 450 mil se encontrarían en condiciones de votar en las próximas elecciones presidenciales luego de que el TC resolviera que el proyecto de ley que regula el voto chileno en el exterior se ajusta a la Constitución.

Cabe recordar que una reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional estableció que los ciudadanos chilenos con derecho a sufragio que se encuentren fuera de Chile podrán emitir su voto, pudiendo votar en las elecciones para Presidente de la República y en las primarias presidenciales que hagan los partidos o pactos electorales, lo que implica que no podrán emitir sufragio en las elecciones de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales.

Asimismo, quedarán habilitados para votar en los plebiscitos nacionales. Sin embargo, para materializar el voto fuera de Chile se requerirá que las personas se inscriban en el país en el que viven o permanecen en el momento de la elección o plebiscito. Se establecerá mediante una ley orgánica constitucional el procedimiento para que los chilenos se puedan inscribir.

De esa forma, aprobada  la ley orgánica constitucional que regulará la inscripción, los chilenos podrán votar en las primarias presidenciales de 2017 y en las elecciones presidenciales que se harán ese mismo año.

(Fuente: Diario Constitucional)

Por mayoría: despachan a Sala articulado para la elección del gobernador regional

SENADOLa Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, despachó por mayoría el articulado del proyecto, en primer trámite constitucional, que permite la elección de gobernadores regionales, por votación popular.

Durante la primera sesión de la instancia parlamentaria se aprobó lo que los legisladores denominaron «el corazón de la propuesta”, constituida por la indicación del Ejecutivo para el artículo 111 que en su inciso primero establece que La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región”.

Esto fue respaldado por 3 votos a favor de los senadores Andrés Zaldívar, Rabindranath Quinteros y Carlos Bianchi y 2 abstenciones de la presidenta de la Comisión senadora Ena Von Baer y del senador Alberto Espina.

Al término del debate, junto con agradecer el apoyo, el Ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, adelantó que el Ejecutivo le pondrá discusión inmediata a la norma, para que pueda ser tramitada por la Sala del Senado la próxima semana.

Cabe precisar que a solicitud de la senadora Von Baer se sometió a votación el artículo 111, inciso por inciso, con lo que –a su juicio- “da claridad de lo que estamos respaldando y en lo que no estamos de acuerdo», al referirse a lo que calificó como un débil traspaso de competencias «(…) lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo transversal con el Ejecutivo, por la importancia que tiene este proyecto. Perdimos una oportunidad”, sentenció.

Otro de los puntos centrales despejados fue la fórmula para la elección que fija un piso de 40% de los votos para ser electo gobernador regional, lo que contó con 3 votos a favor, 1 abstención y el voto en contra de la senadora Von Baer quien manifestó que “yo estoy de acuerdo con la simple mayoría, no me gusta el 40% y como no llegamos a acuerdo con el gobierno, voto en contra”.

Asimismo, el Ministro Eyzaguirre, a solicitud del senador Bianchi se comprometió a darle urgencia al proyecto referido a la transferencia de competencias, que es parte de los puntos que solicitaba un sector de la Comisión para llegar a Sala con un acuerdo transversal, pero se reiteró que son proyectos diferentes. Lea nota relacionada.

“Nos apremia hacer efectiva esta elección, aprobar este proyecto, porque en paralelo está avanzando el tema de las competencias y podría decir que para este proyecto esperamos conversar y flexibilizar, pero en la elección es donde estamos muy apretados de tiempo”, sentenció el Secretario de Estado.

GOBERNADOR REGIONAL

Los legisladores argumentaron la votación de cada inciso del artículo 111 que prosigue:

“El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional.

El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, a un cuarenta por ciento más uno de los votos válidamente emitidos, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente”.

DESCENTRALIZACIÓN

El senador Alberto Espina reiteró que “el país necesita descentralizarse a la brevedad y tienen 4 elementos básicos: elección popular de intendentes; facultades y competencias para una verdadera priorización para la región; financiamiento; y fiscalización del uso de los recursos (…); sin embargo, aquí realmente no estamos eligiendo una autoridad que tenga todo sus sentido en su región”.

«La diferencia de fondo –agregó- se nos produce con la forma en que esta está planteado, donde no se transfieren realmente las atribuciones”,

A su turno, el senador Bianchi indicó que “no queremos gobiernos de papel, pero sí necesitamos regionalización, manteniendo el Estadio unitario” y apeló a la «confianza» para aprobar la norma y permitir que pase a Sala con el informe favorable de la Comisión.

En tanto, el senador Quinteros recordó que “un intendente designado tiene atribuciones, hoy suman 23 y en esta reforma se aumentan a 49 nuevas y paulatinamente se van a ir agregando otras. Todos entendemos que una reforma trascendental como ésta, requiere de gradualidad”.

Para el senador Zaldívar “tenemos que determinar si queremos elegir o no a la autoridad regional. (…) Efectivamente estaba a favor de una mayoría absoluta, pero se ha escuchado a todos y quiero dejar en claro que hemos logrado eficacia legislativa, no estamos legislando en forma improvisada”.

YA NO EXISTIRÁ INTENDENTE

Por su parte, la senadora Von Baer fue enfática al manifestar que “aquí no estamos eligiendo al intendente, este desaparece. Hoy tiene tareas importantes como la coordinación de los seremis, que ya no estarán a su cargo. El intendente supervisa a los servicios públicos, pero con esta nueva figura no dependerán de él sino que del Delegado Presidencial; lo único que les quedará es el 10% del presupuesto regional”.

En la misma línea la legisladora y el senador Espina recordaron que le solicitaron al Gobierno el establecer servicios públicos regionales, “nos preocupa porque el Gobernador electo siempre necesitará a un servicio público, pero este estará centralizado, por lo que se podrían producir problemas d gobernabilidad”.

“Buscábamos llegar a un acuerdo con atribuciones autónomas desde el día en que asuman, pero hoy no existe claridad”, recalcaron.

INDICACIONES

Durante la sesión de la tarde, la Comisión abordó las indicaciones presentadas por los senadores y el Ejecutivo, varias de ellas fueron rechazadas, entre otras mantener el nombre de “intendente”; mientras que algunos perfeccionamientos fueron retirados por sus propios autores.

Además, se rechazó la indicación 41 propuesta por la Presidenta de la República, en la que se señala que: “Toda transferencia de competencias a las municipalidades deberá señalar la fuente de los recursos necesarios para su desarrollo.”

No obstante, a juicio de los senadores Quinteros y Zaldívar “da mayor certeza de la procedencia de los recursos y resguarda aún más los intereses municipales”; posición adversa manifestaron los senadores Von Baer, Espina y Bianchi, éste último manifestó que su voto en contra es para que en Sala se pueda analizar con mayor precisión y que no exista duda de “esta transferencia de recursos, porque este ha sido el eterno problema de las administraciones municipales: traspasos sin los dineros. Debe haber un debate profundo en la Sala sobre esta indicación”, sentenció.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 9834-06.

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