Comisión de Educación: Mineduc y Cruch desestiman suspender cobro de aranceles en educación superior por pandemia

Desde el Consejo de Rectores de las universidades chilenas indicaron que la moción impactaría negativamente a los centros educacionales, punto en el que coincidió el Ministerio de Educación que, además, calificó la medida como inconstitucional. [Read more…]

Ley Nº 21.072 elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior y establece una regulación transitoria para los años 2017 y 2018

Con fecha 13 de febrero se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.072 que elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, estableciendo  una regulación transitoria para los años 2017 y 2018.

El ejecutivo propuso la eliminación del aporte fiscal indirecto (AFI) con el fin de ir eliminando herramientas que no tienen un efectivo potencial para promover la equidad, calidad y eficiencia del sistema de educación superior, indica que el AFI tiene un carácter altamente regresivo  lo que, sumado a la evolución experimentada por otros mecanismos de financiamiento del sistema de educación superior, ratifican la decisión de terminar con este aporte. Esta decisión ya estaba contemplada en el proyecto de ley de educación superior, pero dada la necesidad de materializar a la brevedad este cambio, se separa de dicha iniciativa y se materializa a través del presente proyecto de ley.

El proyecto de ley señala en sus antecedentes que «El AFI fue creado en el año 1981 para aumentar la calidad de la educación superior, a través de la competencia entre las instituciones para captar a los mejores alumnos. La distribución de su monto total se realiza en función de las instituciones en que se matriculen los 27.500 mejores puntajes de la PSU en el año inmediatamente anterior, generando un mayor monto de AFI los alumnos con mejores puntajes. Como se puede observar, una de las principales debilidades del AFI es su sesgo en contra de los alumnos de menor nivel socioeconómico, ya que, al basar su distribución exclusivamente en los puntajes obtenidos por los estudiantes en la PSU, profundiza la inequidad de dicho instrumento. En efecto, el puntaje de la PSU se encuentra fuertemente correlacionado con una serie de factores ajenos a las habilidades cognitivas o inteligencia del postulante, tales como su nivel socioeconómico familiar y la educación de sus padres (Contreras et al, 2007). Así, la utilización exclusiva de la PSU como indicador de la calidad de los alumnos para determinar la asignación del AFI, lleva a que la gran mayoría de los causantes del mismo sean alumnos pertenecientes a familias de los quintiles de mayores ingresos.»

El proyecto de ley consta de tres artículos.

El primero de ellos, deroga, a partir de la entrada en vigencia de la ley, el aporte fiscal indirecto, contenido en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre financiamiento de las universidades.

El segundo prevé una transición para el año 2017, contemplando la suma de $2.000.000 miles de pesos por concepto de aporte fiscal indirecto al que podrán acceder, considerando los montos y condiciones consignados en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior que los años 2016 y 2017 hayan tenido matriculados en el primer año de estudios, estudiantes que se encuentren entre los primeros 27.500 puntajes, ordenado de menor a mayor de acuerdo con los puntajes obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria, partes lenguaje y comunicación, y matemática, accederán a partir de la entrada en vigencia del artículo anterior, para los años 2017 y 2018, según corresponda, al aporte a que se refiere el
inciso siguiente.. El objetivo de estos recursos es permitir que las instituciones de educación superior realicen un ajuste más gradual respecto a la pérdida de esta fuente de financiamiento.

Finalmente, el artículo 3 contempla la imputación del gasto, estableciendo que el mayor gasto que irrogue esta ley se financiará con cargo a la asignación 104 «Provisión para Financiamiento Comprometido» del Programa 03 Operaciones Complementarias de la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente para el año 2018.

Consulte Ley Nº 21.072 aquí

Comisión de Educación aprueba en general proyecto de ley sobre Educación Superior y pasa a Sala

De forma unánime, la Comisión de Educación aprobó el proyecto de ley sobre Educación Superior,   y por ende la Sala deberá revisar la iniciativa, antes de ser discutida en particular por la comisión.

El proyecto de ley se enmarca dentro de una serie de reformas que se realizan al sistema educacional del país respecto a la educación parvularia, inclusión, creación de Universidades y Centros de Formación Técnica, que en conjunto forman la Reforma Educacional propuesta por  el gobierno.

Dentro de los objetivos que tiene este proyecto en particular, éste busca consolidar un sistema de educación superior, entregar garantías de calidad y resguardo de la fe pública, promover la equidad e inclusión, fortalecer la educación superior estatal y la formación técnico profesional.

Junto a esto, la iniciativa también establece la “gratuidad para los estudiantes de sus estudios de pregrado mediante el financiamiento público a las instituciones de educación superior que cumplan ciertos requisitos y obligaciones”, las que con la reciente aprobación llegaría al 60% de los estudiantes.

El senador Ignacio Walker, quien preside la Comisión de Educación del Senado, explicó tras la aprobación del proyecto que “no se asegura la gratuidad universal, sino que en la medida de lo posible, para el que la necesita, becas para quien no tiene gratuidad y créditos para quien no tiene ni becas ni gratuidad, y me parece bien, me parece realista”.

Por su parte, el senador Andrés Allamand, explicó que “para llegar al 90% (de gratuidad) con la fórmula del propio gobierno se requieren 40 años, no hay gratuidad garantizada, se requieren 10 años para avanzar al 70% y 20 años más para llegar al 80%”.
El senador Jaime Quintana celebró el paso que se dio con la aprobación de esta iniciativa, puesto que “lo importante es dónde está la convicción, y en ese sentido hemos señalado que lo importante es la gratuidad universal y hay quienes lo que quisieran es una gratuidad en la medida de lo posible”.

La parlamentaria Ena Von Baer explicó que la gratuidad no era, a su parecer, lo más importante de dicha reforma, puesto que es una normativa que abarca todos los aspectos de la educación superior, y que “el que más me preocupaba era la estructura jurídica que se les pedía a las universidades, y creo que fue un avance bastante importante”.

Durante la discusión, se hicieron presentes también la ministra de Educación, Adriana Delpiano quien afirmó respecto de la gratuidad que “tenemos que equilibrar este objetivo con la medida que se dan determinados ingresos”, mientras que el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Gabriel de la Fuente, explicó que “se consagra legalmente la gratuidad universal y eso tiene que ir construyéndose paso a paso”.

El proyecto de ley se encuentra en discusión desde agosto de este año en el Senado, y durante su estudio la Comisión de Educación recibió a más de 38 invitados, entre las que contaron rectores de universidades, Centros de Formación Técnica, agrupaciones de casas de estudios, y de estudiantes, entre otros.

Consultar  Boletín Nº 10368-04 aquí.

(Fuente: senado)

Debaten indicaciones de proyecto sobre universidades del Estado

La Jefa de la División Jurídica de Educacion Superior del Mineduc, Alejandra Contreras, expuso las indicaciones del Ejecutivo al proyecto sobre universidades del Estado (boletín 11329) que actualmente se tramita en la comisión técnica de la Cámara de Diputados.

Las observaciones van dirigidas a la eleccion del rector o rectora; las funciones del consejo universitario asi como la organización y funcionamiento interno de este y algunas adecuaciones respecto de las normas de contratación, entre otros puntos.

De acuerdo al presidente de la Comisión de Educación, Rodrigo González (PPD), las indicaciones efectuan modificaciones significativas al proyecto.

El legislador explicó que estas indicaciones “interpretan y recogen el pronunciamiento de las comunidades de las universidades del Estado, de la Universidad de Chile y que hacen sentido para una modificación muy significativa del proyecto”.

Añadió que “el estatuto administrativo va a regular las relaciones de los funcionarios y académicos de la universidad, el rol del Consejo Superior y del Consejo Universitario están garantizados, con carácter resolutivo y además con una ampla participación de la comunidad. La elección del Consejo Superior de las universidades estatales será triestamental, con participación además de los académicos, de los estudiantes y de los funcionarios y además se incorpora en forma plena la necesidad de una mayor participación y un rol más importante del Consejo Universitario”.

El integrante de la Comision de Educacion, Jaime Bellolio (UDI), consideró razonables las indicaciones formuladas por el Ejecutivo y se refirió al aumento de matrículas en estas casas de estudios, recalcando que esta debe ser por motivos de calidad.

Recordó que “nosotros votamos a favor el proyecto en general, porque creemos que tiene que mejorarsela calidad de las universidades públicas”. Enfatizó que estos planteles “no son de propiedad de la Izquierda, sino que son de todos los chilenos y, por tanto, nosotros queremos que se fortalezcan”.

Precisó que uno de los puntos en conflicto es la cantidad de matrículas. “Y hay algunos que en sus argumentaciones nos dicen ‘mire, todo aquello que es privado es malo y todo aquello que es público, o que es estatal, es bueno’. Y yo obviamente quiero disputar eso porque no es cierto”.

Continuó señalando que “lo que yo quiero es que los estudiantes puedan escoger, escoger con claridad, sabiendo cuál es la tasa de graduación, cuál es la tasa de empleabilidad, cuáles son los salarios, y que si es una universidad estatal, pues bienvenido sea. Para mí eso no es una cuestión ideológica, sino más bien es una cuestión práctica: que los estudiantes puedan ir donde les ofrecen más oportunidades”.

La comision acordó que el proyecto se votará en particular hasta el 11 de octubre. De esta forma, se amplió hasta el próximo viernes el plazo para efectuar indicaciones por parte de los diputados.

El proyecto pretende abordar la naturaleza, organización y funcionamiento de las universidades del Estado desde una visión sistémica, estructurada y de largo plazo, con una orientación definida respecto de lo que el país demanda y necesita de sus universidades y de lo que éstas, a su vez, requieren del Estado para llevar a cabo su misión y sus funciones, de acuerdo a criterios de excelencia.

Consultar boletín 11329 aquí.

(Fuente: cámara)

Tribunal Constitucional se pronunciará respecto del fondo de inaplicabilidad que impugna normas que autorizan retener devolución de impuestos a deudores del CAE

Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucional, el artículo 17 de la Ley N° 20.027, que establece el Crédito con Aval del Estado (CAE), y el artículo 44 del Reglamento de dicha ley.

La gestión pendiente incide en un recurso de protección de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.

El requirente aduce que los preceptos impugnados infringirían el derecho a la defensa, pues sólo permite oponer excepción de pago, excluyendo la prescripción extintiva, limitando así la defensa del deudor. Además, se vulneraría el derecho a un juez natural, pues convertiría a la Tesorería Regional en una comisión especial, privando al deudor del derecho a ser juzgado por el tribunal que establece la ley. También infringirían el debido proceso, por cuanto sólo basta la solicitud de cobro de parte del acreedor para que la Tesorería proceda a retener la devolución de impuestos, y además la única excepción que puede oponer el deudor debe ser acreditada mediante un certificado emitido por el propio acreedor.

La Primera Sala del TC declaró admisible parcialmente el requerimiento, por cuanto los antecedentes examinados permiten concluir que se dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Vea texto íntegro del expediente Rol 3682-17 aquí.

(Fuente: diario constitucional

Avanza eliminación de Aporte Fiscal Indirecto que reciben instituciones de educación superior

El Aporte Fiscal Indirecto (AFI) fue creado el año 1981 para aumentar la calidad de la educación superior, a través de la competencia entre las instituciones para captar a los mejores alumnos. No obstante, en la actualidad ha caído en desuso y se ha transformado en una herramienta regresiva.

Así lo explicó el senador Ignacio Walker, presidente de la Comisión de Educación, al término de la sesión en que esa instancia aprobó el proyecto que elimina el AFI y establece una regulación transitoria para el año 2017. La iniciativa tendrá que será analizada ahora por la Comisión de Hacienda, antes de ser votada en la Sala.

“En los años 80 y 90 el aporte fiscal indirecto tuvo un impacto, porque el 40% del aporte fiscal a las instituciones de educación superior era vía AFI para captar a los 27 mil mejores alumnos de la PSU, eso era positvo. Ahora ha ido cayendo en desuso. Solo el 3,5% del aporte fiscal a las instituciones de educación superior es vía aporte fiscal indirecto”, explicó el senador Walker.

Agregó que ese instrumento “resultó ser bastante regresivo e inequitativo” y a modo de ejemplo citó que “las comunas de Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Barnechea tienen 3.400 alumnos que reciben AFI y todo Valparaíso y Viña del Mar tiene 670 alumnos. La proporción es uno a siete”.

El senador señaló que con la eliminación del AFI “a futuro el énfasis va a ser en los aportes basales que recibe el CRUCH, las 27 universidades estatales y no estatales del Consejo de Rectores y por supuesto el tema de becas y créditos que está abierto a instituciones fuera del CRUCH, incluidas las privadas, lo que es un paso importante desde el punto de vista de la racionalidad y equidad”.

Cabe recordar que la distribución del monto total del AFI se realiza en función de las instituciones en que se matriculen los 27.500 mejores puntajes de la PSU en el año inmediatamente anterior, generando un mayor monto de AFI los alumnos con mejores puntajes.

Según el Ejecutivo, una de las principales debilidades del AFI es su sesgo en contra de los alumnos de menor nivel socioeconómico, ya que, al basar su distribución exclusivamente en los puntajes obtenidos por los estudiantes en la PSU, profundiza la inequidad de dicho instrumento.

La iniciativa consta de tres artículos. El primero de ellos, deroga, a partir de la entrada en vigencia de la ley, el aporte fiscal indirecto; el segundo prevé una transición para el año 2017, contemplando la suma de $2.000.000 miles de pesos por concepto de aporte fiscal indirecto al que podrán acceder las instituciones de educación superior que el año 2016 hayan tenido matriculados en el primer año de estudios, estudiantes que se encuentren entre los primeros 27.500 puntajes, ordenado de menor a mayor de acuerdo con los puntajes obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria, partes lenguaje y comunicación, y matemática. El objetivo de estos recursos es permitir que las instituciones de educación superior realicen un ajuste más gradual respecto a la pérdida de esta fuente de financiamiento.

Finalmente, el artículo 3 contempla la imputación del gasto, estableciendo que el mayor gasto que irrogue esta ley se financiará con cargo a la asignación 104 «Provisión para Financiamiento Comprometido» del Programa 03 Operaciones Complementarias de la Partida Tesoro Público, del Presupuesto vigente para el año 2017.

Consultar  Boletín Nº 11257-07 aquí.

(Fuente: Senado)

Ingresó al TC inaplicabilidad que impugna normas que autorizan retener devolución de impuestos a deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario y del CAE

Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucionales, el artículo 1° de la Ley N° 19.989 y el artículo 17° de la Ley N° 20.027, que establece el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Los preceptos impugnados establecen, en esencia, la facultad de la Tesorería General de la República para retener la devolución anual de impuestos de los deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario y del Crédito con Aval del Estado.

La gestión pendiente incide en un recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El requirente estima que los preceptos impugnados los preceptos impugnados infringirían el derecho a la defensa, pues sólo permite oponer excepción de pago, excluyendo la prescripción extintiva, y además ésta debe ser acreditada mediante un certificado emitido por el propio acreedor. Además, se vulneraría el derecho a un juez natural, pues convertiría a la Tesorería Regional en una comisión especial, privando al deudor del derecho a ser juzgado por el tribunal que establece la ley. También infringirían el debido proceso, pues sólo basta la solicitud de cobro de parte del acreedor para que la Tesorería proceda a retener la devolución de impuestos y además la acreditación de la única excepción oponible por el deudor debe ser acreditada mediante un certificado emitido por el propio acreedor.

La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.

Vea texto íntegro del expediente Rol N° 3772-17 aquí.

(Fuente: diario constitucional)

Se aprueba en general proyecto de ley que modifica el derecho de retracto en la prestación de servicios educacionales

Con 13 votos a favor se aprobó en general en la Sala del Senado el proyecto de ley que busca modificar la Ley del Consumidor, específicamente en lo relativo al derecho de retracto en los contratos de prestación de servicios educacionales.

El proyecto de ley, en primer trámite, debe volver ahora a la Comisión de Economía donde se discutirán las indicaciones y se realizará un segundo informe.

La iniciativa busca modificar el momento en que comienzan a contar los diez días que tienen las personas que contratan servicios educacionales para hacer uso del retracto.

Actualmente, la Ley del Consumidor establece que los días con los que cuentan las personas para hacer uso de este derecho comienzan a correr desde el momento en que se publican los resultados de las publicaciones; los parlamentarios, por su parte, solicitan que este lapso comience a correr desde que se firma el respectivo contrato firmado con la institución de educación superior (ya sea universitaria o técnica).

Para que este derecho sea efectivo, eso sí, los recintos educacionales no deben haber iniciado los servicios ofrecidos, y deberán devolver tanto el dinero como toda la documentación solicitada a los alumnos.

 

(Fuente: http://www.senado.cl/sala-aprueba-en-general-proyecto-de-ley-que-modifica-el-derecho-de/prontus_senado/2017-06-15/094614.html)

Corte Suprema rechazó casación y confirma sentencia que declaró prescritos pagarés de cobro de crédito universitario

En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia que declaró prescritas las acciones de un crédito universitario de un estudiante de la Universidad de Tarapacá.
La sentencia del máximo Tribunal sostiene que la Ley N° 19.987 regula los beneficios y el sistema del Fondo Solidario de Crédito Universitario, disponiendo las épocas de exigibilidad y modalidades a las que han de ceñirse los obligados para el cumplimiento de lo adeudado. Por su parte, conforme al artículo 1° de la Ley N° 19.989, la Tesorería General de la República se encuentra facultada para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario,  los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según la información que emane del ente acreedor, e imputarlo al pago de dicha deuda.
Enseguida la resolución de la Corte Suprema señala que el tenor de la norma antes reseñada deja ver que el hecho de satisfacer, total o parcialmente, una determinada deuda por concepto de crédito universitario, con el abono que se haga de ella por medio de los fondos a que tiene derecho el deudor, provenientes de la devolución del remanente del período tributario anual, si bien constituye el pago o cumplimiento de la obligación que aquél mantiene con la entidad universitaria, lo cierto es que ello tiene lugar porque la Tesorería General de la República procede a retener esos dineros y los entera al acreedor, a la sola instancia de este último y de manera inconsulta respecto del obligado».
Además el fallo del máximo Tribunal afirma que queda patente que aquella solución prevista por la ley especial, tendiente a satisfacer las deudas correspondientes al crédito universitario, se encuentra prevista para superar la conducta omisiva o el incumplimiento de los obligados en relación a los trámites ordenados en la Ley N° 19.987 para cubrir tales créditos; mecanismo que se pone en movimiento al requerirlo el acreedor y que la autoridad fiscal cumple sin necesidad de recabar el consentimiento del obligado.
Agrega la sentencia que en esas circunstancias, atendido que tales abonos al saldo deudor del crédito universitario ocurren sin necesidad que el obligado manifieste su aquiescencia, no cabe tenerlos como un reconocimiento de la obligación por parte de éste, toda vez que se trata de un cobro gestionado por el acreedor directamente ante el organismo estatal encargado de la devolución anual derivada del ejercicio tributario, que para estos efectos la retiene y entrega al requirente. No se produce en esta secuencia de actos la intervención del obligado de la que pudiera inferirse su aceptación, expresa o tácita. En otras palabras, concluye, se trata de un acto de autoridad que se encuentra amparado en una facultad que concede el ordenamiento jurídico, de la que no es posible extraer una manifestación de voluntad del deudor.

(Fuente: poder judicial)

Aprobado en la Cámara de Diputados proyecto misceláneo de educación

La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que modifica diversos cuerpos legales que rigen al sector educativo, en materia de subvención escolar preferencial, Sistema de Desarrollo Profesional Docente y situación de becarios de posgrado.

La iniciativa realiza determinados ajustes a ciertas regulaciones existentes, así como el perfeccionamiento de reglas con el fin de permitir su adecuada aplicación.

En primer lugar, el proyecto establece medidas de retención de la subvención escolar preferencial (SEP) mensual para aquellos establecimientos que no realicen la rendición anual de cuentas y una reducción de los recursos entregados por este concepto para establecimientos educacionales que, cumpliendo con la exigencia de rendición de cuentas, no alcancen a demostrar que ejecutaron el 70% de los recursos que les fueron entregados.

En segundo término, se facilita el cierre de las becas administradas por CONICYT y se otorga un nuevo plazo a los becarios para cumplir y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, al 29 de diciembre de 2017.

Un tercer aspecto dice relación con modificaciones al Estatuto Docente y a la Ley N° 20.903, para aclarar el concepto de “docente principiante”, y precisar que la asignación de inducción se pagará a través del sostenedor. Además, se incorpora al régimen del Sistema de Desarrollo Docente el tramo “de acceso”, que hasta ahora existía sólo en transición. Se especifica que en las escuelas o liceos cárceles se entenderá que existe un 60% de concentración de estudiantes prioritarios, lo que permitirá a los docentes que ahí se desempeñen, acceder a la asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios. En relación con la misma asignación, se aclara el plazo durante el cual puede percibirla un docente inicial temprano.

Adicionalmente, se modifican los requisitos para acceder a las funciones de Jefe de División e Intendente de Educación Parvularia de la Superintendencia de Educación Parvularia.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 11128.

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