TRICEL no admitió reclamación de candidato declarado como independiente pero con afiliación en Partido Político

El Tribunal Calificador de Elecciones declaró inadmisible la reclamación deducida por un candidato declarado como independiente, pero que registra afiliación en Partido Político.

En su reclamación, Guillermo Teillier del Valle, en representación de Carlo Franco Campano Vilches, candidato a diputado, por Distrito 17, VII Región del Maule, expuso que por resolución del Servicio Electoral Nº O-3.965 de fecha 31 de agosto de 2017, publicada y notificada en el Diario Oficial, el día 2 de septiembre del presente año, rechazó la declaración de la candidatura del Sr Campano, del Pacto “Fuerza de la Mayoría”, subpacto “Partido Comunista de Chile e Independientes”, por la causal de “Declarado como independiente, pero registra afiliación en partido político. Art. 4º, inciso 6º de la Ley Nº 18.700”.

Enseguida, se sostuvo en el libelo que debido a un lamentable error de hecho, el cual se produjo en las transcripciones del llenado de la declaración de candidatura del Sr. Campano, se inscribió como independiente, siendo éste militante del Partido Comunista de Chile; lo que consta del certificado otorgado por el Subdirector del Servicio Electoral de Chile.

Por lo anterior, se requirió al Tribunal Calificador de Elecciones ponderar los principios generales que inspiran la Justicia Electoral, entre ellas, primar la intención sobre la voluntad declarada, tomando en consideración la buena fe y la participación ciudadana, como una extensión de la soberanía basados en el régimen democrático de gobierno. Agrega, que el error involuntario acontecido no ha desvirtuado la participación electoral a la cual anhela postular el candidato, y que no genera efectos jurídicos distintos entre un candidato independiente o uno afiliado a un partido político dentro del mismo pacto electoral.

En su sentencia, expone en síntesis el TRICEL que la resolución Nº O-3.965 que rechazó la candidatura a diputado fue publicada en el Diario Oficial el 2 de septiembre de 2017, por lo que, en consecuencia, el plazo para intentar la reclamación venció el 7 de septiembre de 2017, de modo que el libelo de autos fue presentado fuera de plazo. Siendo así, la reclamación deducida por Guillermo Teillier del Valle, en representación de Carlo Franco Campano Vilches, fue declarada inadmisible, por extemporánea.

(Fuente: diario constitucional)

Publican textos refundidos de leyes que regulan nuestro sistema electoral

Este miércoles 6 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos con Fuerza de Ley Números 1 a 5 todos de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijan textos refundidos coordinados y sistematizados  de diversas leyes que regulan nuestro sistema electoral, a saber: la Ley Nº 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; Ley Nº 20.640 sobre sobre elecciones primarias; Ley Nº 19.884, Orgánica Constitucional de Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral; Ley Nº 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; y Ley Nº 18.603 Orgánica Constitucional sobre partidos Políticos.

Cabe señalar que estos instrumentos legales han sido objeto de diversas modificaciones legales en el último tiempo. A continuación, señalamos un resumen por cada ley refundida

A. ULTIMAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA LEY Nº 18.700

Ley Nº 20.960 , publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de octubre de 2016 que regula el derecho a sufragio en el extranjero. Artículos 40, 41, 97 y 159. Se agrega Título XIII» De las votaciones en el extranjero» con artículos 190 a 222.

Ley Nº 20.938 , publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de julio de 2016 que modifica límites de los aportes propios que efectúan los candidatos a concejal en sus campañas. Artículo 144.

Ley N° 20.900 , publicada en el Diario Oficial de fecha 14 de abril de 2016 que dicta normas para el fortalecimiento y transparencia de la democracia.Artículos 3°,30, 31, 31 bis, 32, 35, 55, 67. 70, 71, 124 y 126. Se agregan artículos 6° bis, 6° ter, 31 ter, 32 bis, 32 ter, 34 y 34 bis. Se deroga artículo 33.El artículo 9° de esta ley suprimió referencias al Director del Servicio Electoral en los artículos 3°, 3° bis, 5°, 7° y 53.

B. ULTIMAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA LEY Nº 20.640

Ley N° 20.916 publicada en el Diario Oficial de fecha 16 de abril de 2016 que modifica la fecha de las elecciones primarias municipales.Artículo 14.

Ley N° 20.900, publicada en el Diario Oficial de fecha 14 de abril de 2016 que dicta normas para el
fortalecimiento y transparencia de la democracia. Artículo 42 y agrega artículo 6° bis.

Ley N° 20.914 , publicada en el Diario Oficial de fecha 5 de abril de 2016 que modifica cuerpos legales que indica para permitir la inscripción de pactos electorales diversos en elecciones municipales. Artículos 13 y 14.

Ley N° 20.840 , publicada en el Diario Oficial de fecha 5 de mayo de 2015, que sustituye el Sistema Electoral Binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional. Artículos 7° y 30. Se agrega artículo tercero transitorio.

C. ULTIMAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA LEY Nº 19.884

Ley Nº 20.937 publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de julio de 2016 que repone atribuciones del Servicio Electoral. Artículo 9º.

Ley N° 20.900 , publicada en el Diario Oficial de fecha 14 de abril de 2016 que dicta normas para el fortalecimiento y transparencia de la democracia. Artículos 2°, 3°, 4°, 5° bis, 9°, 14, 15, 16. 17. 21. 21 bis. 25, 26, 27, 27 A, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 48, 51 y 54. Se agregan artículos 24 bis, 27 bis, 27 ter, 27 quáter y 28 bis. Se derogan artículos 10, 18, 19, 20 y 22. El artículo 9° de esta ley modificó referencias al Director del Servicio Electoral en los artículos 4°, 14° bis, 30, 32, 33 y 41.

Ley N° 20.840 , publicada en el Diario Oficial de fecha 5 de mayo de 2015, que sustituye el Sistema Electoral Binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional. Intercala epígrafe » Disposiciones transitorias» y agrega artículos segundo y tercero transitorios.

D. ULTIMAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA LEY Nº 18.556

Ley Nº 20.960 , publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de octubre de 2016 que regula el derecho a sufragio en el extranjero. Artículos 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 56 y 70 A.

Ley N° 20.900 , publicada en el Diario Oficial de fecha 14 de abril de 2016 que dicta normas para el fortalecimiento y transparencia de la democracia. Artículos 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70. Se intercalan párrafos 4°, 5°, 6° y 7° con artículos 70 A a 70 E. Se incorpora artículo 76.

E. ULTIMAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA LEY Nº 18.556

Ley N° 20.915, publicada en el Diario Oficial de fecha 15 de abril de 2016 que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización. Artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 35, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57 y 59. Se agregan artículos 18 bis, 18 ter, 23 bis, 28 bis, 28 ter, 28 quáter, 35 bis, 35 ter, 35 quáter, Título VI con artículos 36 bis y 36 ter, 51 bis y 64.

Ley N° 20.900 , publicada en el Diario Oficial de fecha 14 de abril de 2016 que dicta normas para el
fortalecimiento y transparencia de la democracia. Artículos 33, 34, 35, 43 y 56. Se agregan artículos 33 bis, 34 bis y 34 ter. El artículo 9° de esta ley suprimió referencias al Director del Servicio Electoral en los artículos 7°, 10°, 11, 18, 19, 34, 48, 51, 53, 55, 57, 59 y 61.

Ley N° 20.840 , publicada en el Diario Oficial de fecha 5 de mayo de 2015, que sustituye el Sistema Electoral Binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional. Artículos 6°, 7°, 7°, 26 y 42.

Consulte textos refundidos publicados en el Diario Oficial Nº 41.853 de 6 septiembre:

DFL Nº 1 – Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 20.640, que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república, parlamentarios y alcaldes

DFL Nº 2 – Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº18.700, órgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios

DFL Nº 3 – Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n°19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral

DFL Nº 4 – Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos

DFL Nº 5 – Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n°18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral

Senado dejó sin efecto sesiones especiales de hoy tras retiro del proyecto sobre padrón electoral

SENADOSin efecto quedaron las sesiones especiales convocadas por el Senado, para este día martes, con motivo del trámite del proyecto en primer trámite, que apuntaba a superar los problemas producidos con el padrón electoral, con miras a las elecciones municipales de este domingo 23 de octubre.

La Corporación había citado a sesiones especiales de 22:00 a 23:00 y de 23:00 a 24:00 horas, con la finalidad de considerar el proyecto de ley que exceptúa por una única vez la aplicación de las disposiciones que se indican de las leyes Nos 18.556 y 18.700.

Cabe recordar que durante el fin de semana el Ejecutivo resolvió enviar una iniciativa para resolver los problemas que afectan a más de medio millón de votantes y fue por ese motivo que el Senado acordó convocar a sesiones especiales.

Sin embargo, en la Cámara Baja, el procedimiento significó que la Comisión de Gobierno de dicha corporación se abocara a debatir en general y en particular sobre el texto legal, sin concitar los acuerdos necesarios para su aprobación.

A su vez, en el Senado, se realizó una sesión especial para abordar la situación del mencionado proyecto y allí quedaron de manifiesto una serie de dudas sobre el alcance constitucional y el principio de igualdad de la ley del mismo.

El texto legal necesitaba 67 votos en la Cámara Baja y 21 votos en el Senado.

(Fuente: Senado)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° N° 10927-06.

Diputados rechazan oficio del Servel que prohibe uso de redes sociales como facebook o twitter para campañas electorales

whatsAppEn el marco de la entrada en vigencia la Ley 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que modificó la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, introduciendo cambios en materia de propaganda electoral, el Servel elaboró un manual de consulta para las elecciones municipales, donde se prohíbe hacer propaganda a través de plataformas de internet como las redes sociales de Whatsapp, Twitter o Facebook, además de llamados telefónicos.

Esta medida ha sido rechazada por parlamentarios de diversas bancadas que estiman que el Servicio Electoral ha realizado una interpretación a la ley que atenta contra la libertad de expresión de los candidatos y no iría en línea con el espíritu de la ley aprobada.

En ese marco esta tarde la Comisión de Constitución debatirá un proyecto de ley ingresado por los diputados Osvaldo Andrade (PS), Guillermo Ceroni (PPD), Cristián Monckeberg (RN), Ricardo Rincón (DC), Jorge Sabag (DC), Alejandro Santana (RN),Leonardo Soto (PS), Arturo Squella (UDI) y Marisol Turres (UDI), sesión a la que se encuentra invitado el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, diputado Guillermo Ceroni, manifestó que «el Servel está equivocado en su interpretación, ya que en el espíritu de la ley, y tras revisar las actas de las sesiones, jamás se estableció esto, por lo tanto es necesario que se corrija esta posición. Es absurdo que se excluya a medios que en muchos casos son privados, ya que la ciudadanía tiene que tener diversas opciones para informarse sobre el proceso electoral y las propuestas de sus candidatos». El diputado agregó que «es necesario que esto se aclare cuanto antes»

Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) también cuestionó las definiciones sobre propaganda electoral considerando que «el Servel se ha extralimitado, es absurda su interpretación de la Ley. Resulta un error grave, toda vez que la legislación que aprobamos recientemente en ninguna parte limitó la propaganda en internet, porque su objetivo es justamente que los candidatos promuevan sus ideas, exista un debate público y se profundice la competencia electoral en espacios donde haya igualdad de condiciones», señaló.

Planteó «que es absurdo excluir medios que permiten un debate igualitario al que las personas concurren voluntariamente, y limitar por tanto, una forma de hacer campaña radicalmente distinta al ámbito de la colocación masiva de carteles en que primaban los recursos económicos, que era el paradigma de las elecciones al que le pusimos fin».

Finalmente, el diputado Ramón Farías (PPD) sostuvo que “más allá de atentar contra la libertad de expresión de los candidatos y de sus seguidores, lo que aquí ocurre es que se atenta contra la modernidad. El Servel hace una interpretación de la ley que claramente no se adecúa a los tiempos actuales, de cómo la ciudadanía se comunica y expresa sus opiniones e ideas. Es cosa de ver el ejemplo de Obama que las ha utilizado para hacer énfasis en algunos puntos de sus campañas”, afirmó el diputado.

(Fuente: Diputados)

Consulte tramitación de Proyecto de Ley,  Boletín 10816

TRICEL acogió recurso de reposición deducido por partido político en formación

votoEl Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) acogió el recurso de reposición interpuesto por el Partido Político en formación “Izquierda Ciudadana”, declarando admisible el recurso de apelación interpuesto.

Cabe recordar que la impugnación se originó en razón de que el TRICEL declarara inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación deducido por “Izquierda Ciudadana”.

En su resolución, el Tribunal expresó que, según lo suscrito por la Directora (s) del Servicio Electoral, Elizabeth Cabrera, que el horario de atención al público en el nivel central y Dirección Regional Metropolitana, es de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

En consecuencia, el TRICEL resolvió que ante la imposibilidad de presentar escritos el último día de plazo se causó al peticionario un perjuicio en el ejercicio de sus derechos.

TC declaró inconstitucionalidad de norma contenida en proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia

tribunal constitucionalEl TC declaró la inconstitucionalidad de norma –numeral 19 del artículo 1°– contenida en el proyecto de ley que sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia (Boletín 9790-07).

En su sentencia, en torno a las normas que revisten el carácter de orgánicas constitucionales y que fueron declaradas por conforme a la Constitución, se expresa, en cuanto a la declaración de patrimonio e intereses, que el proyecto establece, en el artículo 6 bis que se incorpora a la Ley N° 18.700, por el numeral 2 del artículo 1°, que todos los candidatos, incluidos los de primarias, deben realizar una declaración de patrimonio e intereses en los términos previstos en la Ley N° 20.880. Dicha declaración está establecida como requisito de validez de las declaraciones de precandidaturas e inscripciones a candidaturas. El Servicio Electoral, junto con verificar si se acompañaron o no, puede permitir subsanar eventuales errores, debe remitir copia de éstas al Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero y publicarlas en la página web del Servicio.

Dicha exigencia podría considerarse inconstitucional por establecer un requisito adicional para los candidatos, no contemplados en la Constitución, se aduce. En primer lugar, porque la declaración de intereses y patrimonio que se exige no es un requisito para ocupar el cargo al que postulan los candidatos, sino un requisito para inscribir la candidatura o la precandidatura. En segundo lugar, el ámbito de la ley orgánica que establece el artículo 18 de la Constitución es amplio, pues obliga a diseñar un sistema electoral público, donde se regule la forma en que se realizarán los procesos electorales. Y finalmente, la exigencia de la declaración de intereses y de patrimonio debe ponderarse teniendo a la vista que todos los candidatos a elección popular que las deben formular, una vez que estén en el cargo, están obligados a efectuarlas, conforme lo establece la Ley N° 20.880. En este sentido, el proyecto sólo adelanta una obligación que es inevitable para quienes resulten electos.

Más adelante, y en cuanto a la propaganda electoral en espacios públicos, indica el fallo que el proyecto de ley regula la propaganda electoral en espacios públicos y en espacios privados. Lo primero lo hace en el artículo 32, que se introduce por el numeral 7 del artículo 1° a la Ley N° 18.700. El segundo lo hace en el artículo 32 bis, que se introduce al mismo cuerpo legal por el numeral 8 del artículo 1° del proyecto.

Al efecto, se señala que podría sostenerse que este sistema afecta la autonomía municipal, porque el Servicio Electoral puede definir los espacios para propaganda en bienes que le corresponde por ley administrar al municipio, y puede ordenar el retiro de la propaganda ilegal. El TC no comparte lo anterior. En primer lugar, la administración de los bienes nacionales de uso público que existen en la comuna por parte del municipio, no es absoluto. En segundo lugar, de acuerdo a la misma ley orgánica de municipalidades, hay funciones exclusivas y compartidas de los municipios. Entre las que pueden compartir con otros órganos, se encuentran las relacionadas con urbanización y vialidad urbana o rural (artículo 4°, letra f). Es perfectamente posible enmarcar el rol del Servicio Electoral en esta función compartida.

En tercer lugar, el proceso de elaboración del listado se hace con participación del municipio. No es, por tanto, una facultad en que el municipio no intervenga. Y finalmente, tampoco ve inconveniente en que al Servicio Electoral, como lo establece el artículo 35 que se incorpora a la Ley N° 18.700, por el numeral 12 del proyecto, se le otorgue la facultad de ordenar al alcalde respectivo retirar los elementos de propaganda.

Luego, en relación a la prohibición al partido político de contratar con empresas condenadas por prácticas antisindicales o por infracciones al Decreto Ley N° 211 sobre libre competencia (Ley N° 19.884), se arguye por la sentencia que el artículo 2°, numeral 8, del proyecto de ley introduce nuevos incisos segundo y tercero al artículo 14 de la Ley N° 19.884 Orgánica Constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. En ellos, se incorpora la prohibición de contratación de los partidos políticos con empresas que hayan “sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores a la elección”. Asimismo, extiende similar prohibición a las “empresas sancionadas (…) por infracción del Decreto Ley N° 211, que fija normas para la defensa de la libre competencia (…)”, indicando sobre el particular que se trata, sobre todo, de limitar la contratación a aquellos que aspiran a dirigir la misma Administración del Estado que se rige por reglas de respeto de los derechos fundamentales, buena fe en el trato laboral y de lealtad con principios coherentes con estos valores jurídicos. Por tanto, se estima ajustado a la Constitución, de conformidad, a la jurisprudencia anterior de esta Magistratura.

En cuanto a la investigación previa denuncia o querella del Servicio Electoral (Ley N° 19.884), se sostiene por el TC que el proyecto controlado establece en su artículo 2°, números 23 y 24, que modifican la Ley N° 19.884, nuevas figuras penales vinculadas al gasto electoral en los artículos 27 bis y 27 ter. Sin embargo, en el numeral 24 de su artículo 2° que agrega el nuevo artículo 27 quáter a la Ley N° 19.884, establece que las investigaciones por estos delitos sólo pueden ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio Electoral. También establece que cualquier persona puede denunciar estos hechos ante el Servicio Electoral.

En esencia, se indica que no hay ningún inconveniente constitucional que la acción penal la pueda ejercer, por querella, el Servicio Electoral, pues la Constitución establece que los titulares de esta son el Ministerio Público, el ofendido por el delito “y las demás personas que determine la ley”. Entre estas “demás personas” está el Servicio Electoral, a quien la Constitución le entregó personalidad jurídica y patrimonio propio (artículo 94 bis).

En torno al fomento a la participación de las mujeres (Ley N° 18.603), se expresa que el proyecto, en su artículo 3°, numeral 2, incorpora un nuevo artículo 33 bis a la Ley N° 18.603, que permite un financiamiento público a los partidos. El proyecto establece que al menos un 10% del total aportado a cada partido, debe utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres.

Indica el fallo que podría considerarse que dicha medida constituye una discriminación arbitraria, lo cual no comparte el TC. En primer lugar, porque dichos fondos públicos están afectados a la finalidad que el legislador establezca. Por lo mismo, es plenamente legítimo que se destinen prioritariamente a ciertos objetivos que estime valiosos. En segundo lugar, claramente se trata de una medida de discriminación positiva, que tiende a potenciar la participación de la mujer en la vida política. Este Tribunal ha validado las cuotas de género en las primarias (STC 2777/2015) y las cuotas de género en las directivas de los partidos (STC 2980/2016).

Más adelante, y respecto la LOC que el TC declaró inconstitucional, se expone que  la disposición contenida en el numeral 19 del artículo 1°, que modifica el artículo 144 de la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, en cuanto sustrae competencia a los jueces de policía local para conocer de procedimientos sancionatorios por infracciones a la misma ley, y las entrega al conocimiento del Servicio Electoral, es inconstitucional por motivos formales, toda vez que respecto de dicha disposición del proyecto no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución, en orden a que siendo la organización y atribuciones de los tribunales de justicia materia de ley orgánica constitucional, dicha ley “sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema” (artículo 77, inciso segundo, de la Constitución).

Por tanto, se indica, es inconstitucional suprimir una atribución de los tribunales de justicia sin que el Congreso Nacional haya dado cumplimiento a la exigencia constitucional de consultar la modificación legislativa a la Corte Suprema, en forma previa a la aprobación del proyecto de ley.

En consecuencia, concluye en esta parte el fallo estableciendo que el numeral 19 del artículo 1° debe ser suprimido del texto del proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad, quedando el artículo 144 de la Ley N° 18.700 con su misma redacción actual.

De ese modo, y constando en autos que, en lo pertinente, salvo respecto de la norma del proyecto que se declara inconstitucional, se escuchó previamente a la Corte Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, y que las normas del proyecto bajo análisis fueron aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, el TC concluye declarando que la disposición contenida en el numeral 19 del artículo 1° es inconstitucional y, en consecuencia, debe eliminarse del texto del proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad

Acordada la calificación de constitucional del numeral 2 del artículo 1° del proyecto, en cuanto incorpora un nuevo artículo 6 bis a la Ley N° 18.700, con el voto dirimente del Presidente del Tribunal.

Por su parte, los Ministros Carmona, García y Pozo previnieron estar por declarar como propio de ley orgánica constitucional el artículo 28 bis de la Ley N° 19.884, incorporado por el numeral 25 del artículo 2 del proyecto.

De otro lado, la Ministra Peña previno compartir los considerandos 75° y 76° de la sentencia por estimar que importan un juicio de mérito sobre la obra legislativa que es ajeno a la naturaleza propia de un control de constitucionalidad como el que se realiza por esta sentencia.

Asimismo, los Ministros Aróstica, Brahm, Letelier y Romero estuvieron por formular la siguiente prevención, respecto de la carga pública de las radios. Artículo 31 ter de la Ley N° 18.700 (incorporado por el artículo 1° N° 6 del Proyecto), estimándolo constitucional, con el alcance de que los spot de información ciudadana que el Servicio Electoral puede ordenar transmitir a las radioemisoras, en los plazos y con los límites que señala la norma, configuran la imposición de una carga pública justa y proporcionada que puede gravar a entidades privadas, de conformidad con el artículo 19, N° 20, de la Carta Fundamental.

Por su lado, los Ministros Aróstica, Brahm y Letelier estuvieron por formular, entre otras, las siguientes prevenciones: sobre las donaciones en especie. Artículo 24 bis de la Ley N° 19.884 (agregado por el artículo 2° N° 18 del Proyecto), indicaron que además de considerar que un regalo de un precandidato o candidato a una persona, sea moral, jurídica o natural, no siempre estará sujeto a la prohibición que la norma estatuye, atendido a que el acto de regalar es “hacer expresiones de afecto y benevolencia” y el regalo propiamente “es la dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre” (Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua, Vigésima Tercera Edición, año 2014, p. 1879). De acuerdo a lo cual, para que tenga lugar la prohibición que impone el nuevo artículo 24 bis de la Ley N° 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, debe tratarse de una donación propiamente tal, acto que jurídicamente no siempre coincidirá con lo que debe entenderse por regalo.

En cuanto a las atribuciones de la Contraloría General de la República. Artículo 58 de la Ley N° 18.556 (introducido por el artículo 5° N° 2 del Proyecto), manifiestan estos Ministros que aunque el Servicio Electoral ha de desempeñar cometidos netamente administrativos -habida cuenta que no le es dable ejercer funciones legislativas ni jurisdiccionales-, es lo cierto que ha dejado de componer los cuadros orgánicos de la Administración del Estado, dado que la Ley de Reforma Constitucional N° 20.860 le infundió el carácter de organismo constitucionalmente autónomo y sujeto a una propia y especial normativa legal.

Respecto de las disidencias, adujeron, en lo grueso, los Ministros Carmona, García y Pozo que es materia de Ley Orgánica Constitucional de aquellas referidas al artículo 18 de la Constitución en relación con el artículo 64 de la misma, la disposición tercera transitoria que faculta al Presidente de la República para que “en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante un decreto con fuerza de ley, el texto refundido, coordinado y sistematizado” de todas las leyes electorales.

Fue acordada la declaración como orgánico constitucional de la disposición contenida en el numeral 3, letra a), del artículo 1° del proyecto, en el entendido que se consigna en la sentencia, con el voto en contra de los Ministros Carmona, García, Pozo y Vásquez, quienes estuvieron por prescindir del entendido referido.

Por su parte, fue acordada la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 19 del artículo 1°, que modifica el artículo 144 de la Ley N° 18.700, por infringir el artículo 77 de la Constitución, por no haber oído a la Corte Suprema, con el voto en contra de los Ministros Carmona, García, Hernández Emparanza y Pozo.

De igual modo, fue acordada la calificación de ley orgánica constitucional de los artículos 27 bis y 27 ter de la Ley N° 19.884, que introducen los numerales 23 y 24 del artículo 2° del proyecto, con el voto en contra de los Ministros Carmona, García y Pozo.

Asimismo, fue acordada la calificación de ley orgánica constitucional del artículo 5°, numeral 11, letra h), del proyecto, que modifica el artículo 68 de la Ley N° 18.556, con el voto en contra de idénticos Ministros ya citados.

Por otra parte, fue acordada la declaración como ley orgánica constitucional del nuevo artículo 6 bis de la Ley N° 18.700, que introduce el numeral 2 del artículo 1° del proyecto de ley, obligando a todos los candidatos a hacer declaración de patrimonio e intereses, con el voto en contra de los Ministros Carmona, García, Hernández Emparanza y Pozo.

Fue acordada la calificación de constitucional del numeral 2 del artículo 1° del proyecto, en cuanto incorpora un nuevo artículo 6° bis a la Ley N° 18.700, con el voto en contra de los Ministros Peña, Aróstica, Romero, Brahm y Letelier.

Por su lado, fue acordada la calificación de constitucional de la expresión “sólo” contenida en el numeral 24 del artículo 2° del proyecto, que incorpora un nuevo artículo 27 quáter a la Ley N° 19.884, con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Brahm, Letelier y  Vásquez.

Luego, fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Brahm, Letelier y Romero, quienes estuvieron por declarar inconstitucional la siguiente disposición del proyecto: Tope aportes del propio candidato. Artículo 9° inciso sexto de la Ley N° 19.884 (sustituido por el artículo 2° N° 5 del Proyecto)

De otro lado, fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Brahm y Letelier, quienes estuvieron por declarar inconstitucionales una serie de disposiciones que particularizan.

Finalmente, el Ministro Pozo disintió de la sentencia, pues considera que, además de aquellas determinadas en los votos que más arriba suscribe, no tienen el carácter de ley orgánica constitucional, las disposiciones señaladas en el artículo 1° números 1,3 a 10 y 12 a 18 inclusive; el artículo 2° números 2, 4, 8, 17, 21, 22, 26, 27, 28 y 30 a 34 inclusive; el artículo 3° números 4, 5 y 6; el artículo 5° números 6, 8, 9, 10, y el número 15; el artículo 6° número 2; el artículo 9° y los artículos primero transitorio, segundo transitorio, quinto transitorio, sexto transitorio, séptimo transitorio, octavo transitorio, noveno transitorio y duodécimo transitorio, del proyecto de ley sometido a control preventivo de constitucionalidad que se indican.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 9790-07.

TC declaró constitucionalidad de normas contenidas en proyecto que fortalece carácter público y democrático de partidos políticos

tribunal constitucionalEl TC declaró la constitucionalidad de normas contenidas en el proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.

En su sentencia, y en torno a las normas del proyecto de ley que fueron declaradas constitucionales en el entendido que se indican, expone en lo grueso la Magistratura Constitucional la disposición contenida en la letra b) del numeral 4) del artículo 1° del proyecto de ley sometido a control, que reemplaza la letra e) del artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, se declarará conforme a la Constitución, en el entendido de que la expresión “la ley (exija)” debe entenderse referida a la ley orgánica constitucional a que alude el inciso quinto del artículo 19 N° 15° de la Carta Fundamental. Y, por su parte, se expone que la norma contenida en la letra j) del inciso segundo del nuevo artículo 24, agregado por el numeral 23) del artículo 1° del proyecto de ley examinado, se declarará asimismo conforme a la Carta Fundamental, en el entendido que la alusión a “la ley”, contenida en la mencionada letra j) debe entenderse referida a la misma ley orgánica constitucional mencionada en el considerando que precede.

Enseguida, respecto a la prohibición de afiliarse a un partido político, arguye el fallo que el numeral 16, letra a), acápite ii) del artículo 1° del proyecto de ley, que modifica el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, establece la prohibición de “afiliarse a partido político alguno” a un conjunto amplio de autoridades y funcionarios públicos. Esta prohibición, se indica, es más intensa que las actuales reglas que establece el artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales que les impiden, grosso modo, “participar en los actos que las precedan” (a las elecciones populares) o “mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político o efectuar cualquier actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial”.

Luego, y en cuanto a la afiliación de un extranjero a un partido político, manifiesta la sentencia que la letra a) del numeral 16 del artículo 1° del proyecto de ley, en su acápite i), modifica el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos estableciendo una ampliación de quiénes pueden afiliarse a un partido político incorporando al “extranjero avecindado en Chile por más de cinco años”. Esta ampliación del derecho de participar activamente en política a los extranjeros avecindados exige contrastar los requisitos a partir de los cuáles es reconocido el mismo derecho a los nacionales. Siendo así, hay un principio de igualdad connatural en la norma propuesta referido al trato entre un chileno y un extranjero que consiste en que se equiparan en su condición de “ciudadanos”.

Sobre la actualización de los registros de afiliados de los partidos políticos. Inhabilitados para ejercer el derecho de sufragio, señala la Magistratura Constitucional que el precepto legal explicado es constitucional en el entendido que la actualización de los registros de adherentes y afiliados realizada por el Servicio Electoral sólo puede y debe referirse a las hipótesis definidas por el artículo 17 de la Constitución y no vincularse a las hipótesis del artículo 16 de la Constitución por limitar un derecho no concernido en la presente regulación.

En torno al silencio positivo, expone el TC que el numeral 17 del artículo 1° del proyecto introduce un nuevo artículo 18 bis a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos estableciendo una regla de silencio positivo para la afiliación al partido político si éste no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de 40 días hábiles desde que esta se efectuó. Al efecto, se manifiesta no visualizar inconveniente en esta regulación. En primer lugar, porque es un asunto propio del ámbito del legislador. En segundo lugar, el TC no ve que ello afecte ni a los solicitantes ni a los partidos. Desde luego, porque la afiliación sigue siendo voluntaria. Y  en tercer lugar, la regla busca no mantener la incertidumbre de alguien que quiere militar y a quien el partido no le indica si está de acuerdo o no con su ingreso.

En relación al establecimiento de cuotas de género, arguye el fallo que el numeral 21 del artículo 1° del proyecto de ley sometido a control reemplaza el artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos estableciendo que en la integración de los órganos colegiados previstos en la ley, los partidos deben asegurar que ninguno de los sexos supere el 60% de los miembros. Y en caso de ser tres miembros, al menos uno de ellos debe ser de sexo diferente (letra d), inciso quinto), estableciendo al efecto que es un hecho que en las directivas de los partidos no se observa una presencia femenina que responda a su porcentaje poblacional. Por lo mismo, el legislador ha considerado que es legítimo incentivar su incorporación a dichos cargos.

A continuación, respecto de la impugnación de instrucciones del Servicio Electoral, sostiene la sentencia que  el numeral 22 del artículo 1° del proyecto introduce un nuevo artículo 23 bis en la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, según el cual todos los miembros de los órganos básicos del partido deben ser electos democráticamente, sin perjuicio que el estatuto de cada uno de ellos determine el procedimiento y el sistema electoral. Asimismo, establece que el órgano ejecutivo de cada partido debe remitir al Servicio Electoral el reglamento de las elecciones internas y su actualización. Ese reglamento debe ser aprobado por el Servicio Electoral y debe contener una regulación mínima que el proyecto establece. Del mismo modo, consagra que los estatutos deben prever mecanismos de reclamación ante los tribunales internos.

Al efecto, no considera el TC que exista inconveniente constitucional que el Servicio Electoral dicte estas instrucciones. Por mandato del artículo 94 bis de la Carta Fundamental, corresponde a este organismo ejercer la administración, supervigilancia y fiscalización de las normas sobre los partidos políticos.

Sobre la transparencia activa, arguye la Magistratura Constitucional que el proyecto establece en el artículo 36 bis una transparencia activa. Es decir, una obligación de mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, en forma completa y actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y acceso expedito una serie de antecedentes. De esa obligación debe velar el órgano ejecutivo del partido, no viendo inconvenientes en la existencia de este procedimiento de reclamación ante el Consejo para la Transparencia, ni del procedimiento sancionatorio del que puede ser objeto el partido político, ni de la sanción que se les pueda aplicar.

Y en cuanto al procedimiento de saneamiento de inmuebles, manifiesta el TC que el proyecto establece en sus artículos segundo y tercero transitorios, un mecanismo de regularización de inmuebles que los partidos hubieran poseído materialmente en forma continua, exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante cinco años a lo menos, siempre que no exista disputa judicial y que no se encuentre inscrito a su nombre en el Conservador, sostiene el fallo que no ve inconveniente en que el legislador permita regularizar la posesión de inmuebles por parte de los partidos políticos. Ellos también pueden poseer bienes inmuebles no inscritos.

De esa forma, y constando en autos que las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento, fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política, procedió a declarar la constitucionalidad del artículo 1°, en sus N°s 1° a 52, salvo sus numerales 16 y 36, este último, en lo que respecta al artículo 36 ter, nuevo; el artículo 2°; así como los artículos primero, segundo, tercero -con excepción de su numeral 11°, inciso segundo-, quinto, sexto, séptimo y octavo transitorios, del proyecto de ley en cuestión, como de igual manera del artículo 1° en sus numerales 16, 17, 19, 21, 22, 36, 37, y los artículos segundo y tercero transitorios, del proyecto de ley ya referido, declarados como constitucionales, en los entendidos consignados en los considerandos decimoquinto a cuadragesimoctavo.

Por su parte, los Ministros Carmona, García y Pozo, concurren a la presente decisión, haciendo una prevención respecto de las siguientes cuestiones de mérito, discutidas en el control preventivo, sosteniendo al efecto que el artículo 5°, inciso tercero y el artículo 6° inciso segundo del proyecto de ley, referidas a las facilidades que el legislador franquea para la constitución de los partidos políticos y la afiliación a los mismos, en los trámites exentos de cobros que se realicen ante las notarías y que el artículo 23 inciso cuarto del proyecto que limita la reelección interna por más de dos períodos consecutivos al mismo cargo político, habilitando una renovación interna de los partidos.

Por su parte, los Ministros Peña y Vásquez previnieron que concurren a la declaración de constitucionalidad del numeral 1) del proyecto de ley sometido a control –que sustituye el artículo 1° de la ley orgánica constitucional de los Partidos Políticos- en el entendido que la declaración de que los partidos políticos “expresan el pluralismo político” (inciso segundo) es sin perjuicio del marco constitucional en que dicho valor propio de la democracia debe desarrollarse conforme a lo estatuido expresamente en el inciso sexto del artículo 19 N° 15° de la Carta Fundamental.

De otro lado, la calificación de orgánica constitucional de los artículos 2° y 3° transitorios, con la excepción de su numeral 11, inciso segundo, fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona, García y Pozo.

De igual modo, los Ministros Aróstica, Brahm y Letelier estuvieron también por declarar inconstitucional por forma las disposiciones referidas a continuación, por considerar que ellas modifican atribuciones de los Tribunales de Justicia.

Finalmente, idénticos Ministros recién citados hicieron las siguientes prevenciones en relación al artículo 5°, inciso tercero y artículo 6°, inciso segundo modificados por el proyecto de ley; en cuanto al artículo 18, en lo referido a los requisitos exigidos a los extranjeros para sufragar contenido en el artículo 1°, N° 16, del proyecto; de mismo modo en torno al artículo 18 TER, literal L) establecido en el artículo 1°, N° 17; artículo 1°, N° 19, que reemplaza el artículo 20 de la ley 18.603 por el que se indica en el proyecto entendido acerca de la reserva de la nómina de afiliados al partido político, y, finalmente, sobre  el artículo 1°, N° 22, del proyecto que intercala en la ley N° 18.603 a continuación del artículo 23 el artículo 23 bis, prevención respecto al inciso final de esta disposición en relación con las instrucciones que debe dictar el Servicio Electoral.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte el proyecto de ley, Boletín Nº 10154-07.

Solicitan urgencia a proyecto que propone pérdida de escaño por infringir ley electoral

votoLuego que el gobierno presentara el proyecto que establece pérdida de cargos públicos por infringir normas de gasto y transparencia electoral, el Presidente del Senado, Patricio Walker, instó al Ejecutivo a que le ponga urgencia a la iniciativa que está en el Congreso que incluye la pérdida del escaño a los parlamentarios que incurran en este delito.

Al efecto, cabe recordar que uno de los proyectos se refiere  a cargos de elección popular que no tienen facultad legislativa, dejando fuera a los parlamentarios, a diferencia del proyecto presentado por los senadores Isabel Allende, Patricio Walker, Lily Pérez, Rebindranath Quinteros y Carlos Montes.

El senador Walker, arguyó que “quiero valorar el proyecto presentado por la Presidenta Bachelet, es un avance en materia de probidad y transparencia, pero creo que es fundamental que los parlamentarios que infringen las normas de gasto y transparencia electoral sean sometidos al mismo castigo que un alcalde, un concejal o un consejero regional que cometa este delito”.

Finalmente, el Presidente del Senado adujo que “le agradecemos a la Presidenta Bachelet la disposición de patrocinar las iniciativas parlamentarias que vayan en esta línea, por eso le pedimos que le ponga urgencia a nuestro proyecto de ley lo antes posible, para que  le demos una señal clara a la ciudadanía que queremos castigar este tipo de conductas”.

La moción se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N° 9859

 

Ley 20.681 que establece la obligatoriedad a los canales abiertos de transmitir la franja electoral para las elecciones primarias

franja1Este martes 25 de junio se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.681, normativa que incorpora a la ley N°20.640, sobre Sistema de Elecciones Primarias, un nuevo Título IV, en el que se establece la obligación a los canales de televisión de libre recepción de transmitir la franja electoral para las elecciones primarias que se desarrollarán el domingo 30 de este mes.

La nueva normativa establece en su artículo transitorio que la propaganda electoral correspondiente a éste año «sólo tendrá lugar desde el octavo hasta el tercer día anterior al de la elección primaria». De esta manera, la referida franja se transmitirá desde el día de hoy hasta el próximo día jueves 27 de Junio.

Para estos comicios, tal como lo señala el nuevo artículo 42 bis «los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente quince minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral, los que se distribuirán en partes iguales entre los partidos o pactos que participen».
Para determinar el horario de transmisión, el mismo artículo señala que “los canales de televisión determinarán, en conjunto con los partidos o pactos que participen, el horario en que se efectuarán las transmisiones. En caso de desacuerdo, la propuesta de los canales deberá ser aprobada por el Consejo Nacional de Televisión».

 

Descargue texto completo de la Ley N° 20.681

Ley N° 20.678, Establece la elección directa de los Consejeros Regionales «Cores»

votoEste 19 de Junio  se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.678 que modifica la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional. Esta modificación tiene por objeto de establecer una nueva manera de integración de  los Consejos Regionales, “Cores”,  mediante la elección directa de sus miembros por los ciudadanos. Este mecanismo se inaugurará el próximo 17 de noviembre, conjuntamente con las elecciones presidenciales y parlamentarias, según se desprende del artículo primero transitorio de esta norma.

La modificación substituye la antigua forma de conformación de este organismo, que consistía en una elección que realizaban de los consejeros regionales los concejales de las distintas provincias del país días después de las elecciones municipales,  para pasar así,  a una elección por sufragio universal, en votación directa de los miembros de los “CORES”, tal como lo establece el nuevo artículo 29 de la normativa citada. Estos comicios se efectuarán cada cuatro años, conjuntamente con las votaciones parlamentarias, tal como se indica en el artículo 83 y los miembros electos podrán ser reelegidos en forma indefinida.

Para la elección de los “Cores” se  empleará el sistema electoral proporcional, mecanismo idéntico al utilizado en la elección de concejales, aplicándose con ello cifra repartidora. Además, los candidatos de los diferentes partidos podrán presentarse en pactos o en subpactos electorales. Mientras que los aspirantes independientes podrán participar por su cuenta o con el apoyo de colectividades.

El número de consejeros que se elegirán en la elección variarán por región y se establecerán según la población del último Censo 2012.  Así, las regiones de hasta 400 mil habitantes escogerán 14 “Cores”,  16 consejeros en las regiones de más de 400 mil habitantes; 20 en las regiones de más de 800 mil habitantes; 28 en las regiones de más de un millón quinientos mil habitantes; y por 34 consejeros regionales en las regiones de más de cuatro millones de personas.

Artículos sustituidos: 29°, 30° y el capítulo VI desde el artículo 82 al 99 bis

Artículos agregados: 29° bis

Artículos Reemplazados: 42°

Descargue texto completo de la la Ley N° 20.678 

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