Corte Suprema rechaza recurso de casación en el fondo deducido por ex cónyuge en contra de sentencia que rechazó demanda de declaración de bien familiar

No puede estimarse que la judicatura del fondo vulneró el mandato contenido en el artículo 141 del Código Civil, al que otorgó el sentido y alcance que el legislador pretendió respecto de la institución en análisis, razón por la cual el recurso de casación interpuesto será rechazado. [Read more…]

Algunos Aspectos Jurídicos del fallo de la Corte Suprema que concede cuidado personal a padre con pareja del mismo sexo

Durante esta semana, apareció entre los medios de comunicación social e institucionales, la noticia relativa a que la «Corte Suprema concedió cuidado personal de dos niños a padre con pareja del mismo sexo». Dicha noticia hace referencia a una sentencia de la Cuarta Sala del máximo tribunal de fecha 23 de mayo de 2017, en que «acogió un recurso de casación y concedió el cuidado personal de los dos menores, a padre que tiene pareja del mismo sexo.

En fallo dividido, la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Carlos Cerda y el abogado (i) Álvaro Quintanilla– revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había concedido el cuidado personal a la madre»(1).

Sin perjuicio del interés que pueda causar prima facie la orientación sexual del padre en relación al cuidado personal de sus hijos, lo cierto es que al leer la sentencia(2) de casación aludida,  es posible encontrar escasas referencias a dicha circunstancia, y por el contrario, la discusión jurídica se centra sobre otros aspectos que parecen bastante más  generales y relevantes que fundamentan la redacción de esta nota.

Cabe aclarar que la nota en comento, por cierto no quiere restar el posible interés que genere la circunstancia antes aludida, sino simplemente atender otros puntos relevantes de este fallo que contiene dos votos de disidencia. En términos generales, fundamentan la presente alerta, en primer lugar, la calificación que efectúa el voto de mayoría de la regla contenida en el inciso 3° del artículo 225 del Código Civil (aquella que  señala que «a falta del acuerdo de ambos padres, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo») como una regla supletoria y provisoria, para el caso de separación de los padres, cuando no existiere acuerdo respecto de cuál de ellos tendría el cuidado personal de los hijos menores,mientras pende una eventual decisión judicial al respecto. Contrario a lo sostenido por los sentenciadores de segunda instancia, quienes consideraron la regla del inciso tercero del artículo 225,  como un precepto al que el legislador ha dado preeminencia motivado por el factor estabilidad del niño, en relación a los demás criterios o circunstancias enunciados en el artículo 225-2, los deben apreciarse bajo la mirada de si son suficientes para derrotar el criterio legal preferido o alterar el estándar legislativo priorizado.

Otro punto relevante, es la declaración expresa en torno a que «el interés superior del niño es el único elemento que ha de primar a la hora de decidir sobre el cuidado personal del hijo, con lo cual se pone fin al criterio que todavía solía invocarse — pese a las modificaciones introducidas por la ley 19.585 — y que giraba en tomo la inhabilidad de la madre o del padre para ejercer dicho cuidado.En consonancia con aquello, se establecieron en el artículo 225-2, determinados criterios y circunstancias que los jueces «considerarán y ponderarán conjuntamente » para decidir a cuál de los padres atribuir el cuidado personal del niño o niña, sin que ninguno de ellos tenga prioridad ni menos deban subordinarse a la regla provisoria del inciso 3° del artículo 225″ (Considerando Cuarto)

Es destacable en este caso, dice relación con: «el hecho que el legislador la asocie precisamente – la estabilidad – a la actitud que tenga cada uno de los padres para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular. En el caso de marras, así el máximo tribunal observa que «no es un hecho discutido, la retención ilícita de los niños (efectuada) por la madre en (el extranjero), llegando al extremo que su restitución hubo de ser obtenida a través de resolución judicial dictada por los tribunales de ese país. En consecuencia, si los sentenciadores estimaban prioritario mantener la estabilidad de los niños, no podían obviar esta circunstancia, desde que ciertamente es demostrativa de una actitud que la perturba y que, en consecuencia, contraría el interés superior de los niños, que para su pleno desarrollo requieren mantener una vinculación “sana y cercana”, a través de un “contacto periódico y estable” con el padre o madre que no ejerza el cuidado personal, según establece el artículo 229 del Código Civil(Del Considerando sexto)». Análisis del fallo por Microjuris a continuación. psc.-

A continuación sumario de Microjuris:

Voces: FAMILIA – CUIDADO PERSONAL – CUIDADO EXCLUSIVO DE LOS HIJOS – INFRACCIÓN DE LA LEY – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA – SENTENCIA DE REEMPLAZO
Partes: Xxxxx c/ Xxxxxx s/ Cuidado Personal – Corresponsabilidad Parental
Tribunal: Corte Suprema
Fecha: 23-may-2017
Cita: ROL:XXXXX-XX, MJJ50462
Producto: Microjuris
 El interés superior del niño es el único elemento que ha de primar al decidir sobre el cuidado personal del hijo, con lo cual se pone fin al criterio que todavía solía invocarse y que giraba en tomo la inhabilidad de la madre o del padre para ejercer dicho cuidado.

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por el padre en contra la sentencia de segundo grado que, revocando lo de primera instancia, mantuvo el cuidado personal en la madre, toda vez que los jueces del fondo yerran al interpretar la regla del inciso 3° del Artículo 225  del Código Civil, esto es que -a falta del acuerdo de ambos padres, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo- al calificarla como privilegio o preferencia para ejercer el cuidado personal de los hijos, producto de lo cual entienden que el legislador ha dado preeminencia al factor estabilidad del niño, en relación a los demás criterios o circunstancias enunciados en el artículo 225-2 del mismo cuerpo legal, que el juez debe apreciar para determinar a cuál de los padres atribuir el cuidado personal.

2.- Contrario a lo que sostiene el fallo impugnado, la regla del inciso 3° del artículo 225 del Código Civil fue introducida por la ley 20.680  como una regla supletoria y provisoria, para el caso de separación de los padres, cuando no existiere acuerdo respecto de cuál de ellos tendría el cuidado personal de los hijos menores, atendida la eliminación de la regla de atribución legal que establecía una preferencia en favor de la madre en tal evento. En términos prácticos, la regla opta por mantener la situación de hecho que se verifica en tal momento, dejando el cuidado personal en quien estuviere conviviendo con los hijos a esa fecha, mientras no exista una decisión judicial al respecto. La eliminación de la regla legal supletoria de atribución preferente a la madre generó, durante la tramitación del proyecto que dio lugar a la ley aludida, la inquietud en algunos legisladores, de definir qué ocurría en caso de no existir acuerdo y mientras no se ejercieran acciones judiciales tendientes a obtener el cuidado personal por uno de los padres, alcanzándose una solución de compromiso que no le da preferencia a ninguno por sobre el otro y se inclina, en cambio, por mantener al hijo con aquel con quien estuviera conviviendo.

3.- El interés superior del niño es el único elemento que ha de primar a la hora de decidir sobre el cuidado personal del hijo, con lo cual se pone fin al criterio que todavía solía invocarse — pese a las modificaciones introducidas por la ley 19.585 – y que giraba en tomo la inhabilidad de la madre o del padre para ejercer dicho cuidado. En consonancia con aquello, se establecieron en el artículo 225-2, determinados criterios y circunstancias que los jueces «considerarán y ponderarán conjuntamente» para decidir a cuál de los padres atribuir el cuidado personal del niño o niña, sin que ninguno de ellos tenga prioridad ni menos deban subordinarse a la regla provisoria del inciso 3° del artículo 225. Así, los jueces del fondo cometen un error de derecho al interpretar la norma en la forma en que lo han hecho, lo que ha tenido evidente influencia en lo dispositivo del fallo, desde que de apreciar los distintos elementos probatorios bajo la mirada de si son suficientes para derrotar el criterio legal preferido, o alterar el estándar legislativo priorizado, en circunstancias que no existe tal priorización o preferencia legal, en la medida que lo único que interesa es desentrañar con quién los niños habrán de estar mejor, es decir, cuál de los padres está en condiciones de proveer mejor a su interés superior.

4.- Si bien la estabilidad emocional ha de ser un criterio a considerar por los juzgadores a la hora de establecer tanto el régimen comunicacional como el ejercicio del cuidado personal, resulta indicativo el hecho que el legislador la asocie precisamente – la estabilidad – a la actitud que tenga cada uno de los padres para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular, conforme a la letra d)  del artículo 225-2 del Código Civil. Así, en el caso de marras no es un hecho discutido, la retención ilícita de los niños en efectuada por la madre en el extranjero, llegando al extremo que su restitución hubo de ser obtenida a través de resolución judicial dictada por los tribunales de ese país. En consecuencia, si los sentenciadores estimaban prioritario mantener la estabilidad de los niños, no podían obviar esta circunstancia, desde que ciertamente es demostrativa de una actitud que la perturba y que, en consecuencia, contraría el interés superior de los niños, que para su pleno desarrollo requieren mantener una vinculación «sana y cercana», a través de un «contacto periódico y estable» con el padre o madre que no ejerza el cuidado personal, según establece el artículo 229 del Código Civil.

5.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo intentado, toda vez que el recurrente según se desprende de lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, a menos que se denuncie de manera eficiente y se constate la vulneración de normas denominadas reguladoras de la prueba; cabe expresar que la apreciación de la prueba es un proceso intelectual privativo de aquéllos que escapa al control de casación en la medida que respeten el marco dado por dicha normativa. En el caso de autos, aplica el artículo 32 de la Ley N° 19.968, que señala que la prueba se debe apreciar conforme a las reglas de la sana crítica, sistema que ordena valorar los antecedentes probatorios conforme la lógica, las máximas de experiencia o los conocimientos científicamente afianzados. (Del voto de disidencia de los ministros Sres. Blanco y Sra. Chevesich)

6.- Como se advierte los jueces del fondo concluyeron, después de ponderar la prueba rendida en la audiencia de juicio, que los progenitores están capacitados para ejercer el cuidado personal de sus hijos, aunque ambos en algunos tópicos específicos que componen la denominada competencia parental exteriorizan ciertas deficiencias, uno en el o los aspectos inquiridos más desarrollo respecto del otro, reparable, en todo caso, mediante las respectivas terapias de fortalecimiento. En consecuencia, como el recurso postula que el padre es el más apto, el que cuenta con mejores habilidades parentales y características psicológicas, económicas y sociales, también que no son mínimas las diferencias en las habilidades que presenta en relación a la madre, lo que envuelve que cuestiona los presupuestos fácticos que se tuvieron por asentados, sin denunciar infringido el artículo 32 de la Ley N° 19.968, el recurso no puede prosperar. (Del voto de disidencia de los ministros Sres. Blanco y Sra. Chevesich)

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Nota:

(1) Fuente: Poder Judicial, 07-08-2017 «Corte suprema concede cuidado personal de dos niños a padre con pareja del mismo sexo»

(2) Consulte Texto completo de la sentencia (sin datos personales), Fuente: Poder Judicial

Aprueban en general proyecto sobre monitoreo telemático en casos de violencia intrafamiliar

Con la presencia del Ministro de Justicia, Jaime Campos, y la autora de la moción, senadora Adriana Muñoz, la Comisión de Familia respaldó la idea de legislar en torno a la iniciativa (boletín 9715) que modifica las leyes de Tribunales de Familia y Violencia Intrafamiliar, para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas y para facultar a los tribunales, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático.

Más en concreto, el proyecto busca incorporar al abanico de medidas cautelares posibles que puede adoptar el juez de Familia, el uso de un sistema telemático de monitoreo del presunto agresor, solicitada por la víctima, pero revisable durante la secuela del procedimiento respectivo, para verificar si aún persisten los fundamentos que la hagan procedentes.

La idea, según se explicó, es contar con un mecanismo certero, para que las medidas cautelares se cumplan, tanto por el agresor como también por la misma víctima, ya que muchas veces son estas las que incumplen las medidas, ya que usan las cautelares como forma de amenaza a la pareja.

Para el Secretario de la cartera de Justicia, Jaime Campos, es interesante que el ordenamiento jurídico contemple un sistema de control telemático de medidas cautelares en materia de violencia intrafamiliar, porque la experiencia indica que, sin ese control, es muy poco el valor práctico que tiene el decretar este tipo de medidas.

Indicó que se debe realizar una distinción cuando la medida cautelar se refiere a situaciones de violencia intrafamiliar constitutiva de delito y la no constitutiva de delito. En el caso de la primera, explicó, la medida cautelar la va a decretar el juez del Crimen y, en ese caso, no hay inconveniente en que el control de la medida lo haga Gendarmería de Chile, porque trabaja con procesados y condenados en sede penal.

El Ministro argumentó que, respecto de las relacionadas con violencia intrafamiliar no constitutivas de delito, las competencia queda en los tribunales de Familia. «Aquí no tenemos ni procesados ni condenados penalmente. Por ende, Gendarmería no podría entrar a controlarlos y, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica respectiva, esto podría ser competencia de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Eso me lleva a la conclusión que en el segundo trámite se tendrán que hacer los ajustes respectivos para que la legislación, que en definitiva se apruebe, esté en consonancia con las normas antes señaladas», puntualizó.

Para el diputado Fernando Meza (PRSD), «la sociedad chilena debe tener una vergüenza muy grande». Remarcó que, todos los años, hay cien mil mujeres que realizan una denuncia sobre violencia intrafamiliar y otros 30 mil hombres que hacen lo mismo. «De tal manera que la sociedad necesita mucha educación, respeto a la pareja, a quien vive contigo, la tolerancia. Es una lástima tener que recurrir a una ley como esta, tan necesaria por la falta de educación», señaló.

Por su parte, la diputada Claudia Nogueira (UDI) destacó que la aprobación en general del proyecto es una buena noticia. Subrayó que «el Gobierno, a través del Ministro de Justicia, ha entendido lo necesario y urgente que es legislar en dirección a proteger a mujeres que no solo pueden ser tremendamente dañadas, sino que asesinadas por sus parejas».

En ese sentido, consideró que el control telemático se hace una necesidad como medida cautelar (hoy existe como pena sustitutiva), porque se ha visto, y se sabe, que la medida cautelar que va en dirección a prohibir el acercamiento al lugar del trabajo o el hogar de la víctima es absolutamente ineficiente. «Aquel que transgrede esa medida, hoy día puede causar la muerte de una mujer violentada y maltratada», enfatizó.

Resaltó que, gracias a un trabajo que ha hecho el Ejecutivo con la Fiscalía a través del Sernam, han podido saber que hay 1.029 mujeres individualizadas de acuerdo a la pauta de evaluación y riesgo que hace Carabineros en caso de violencia intrafamiliar.

Asimismo, recordó que hay 35 mil brazaletes electrónicos, de los cuales el 10% son utilizados y el resto está para la simple disposición. «Por lo tanto, cuando se habla que se necesitan recursos, claramente se le informó al Ministro, de parte de la senadora Muñoz, que aquí no se trata de más recursos sino de disposición y de ponerse del lado de la víctima y no de los agresores. Sea aquella agresión materia del tribunal de Familia o constitutiva de delito. Lo que tenemos que determinar es quien va a controlar, si Gendarmería o Carabineros. El propio proyecto de ley lo contiene», especificó.

Los legisladores continuarán ahora en la discusión en particular del proyecto, teniendo a la vista que se trata de un tema urgente para el país y, por lo tanto, que se requiere de su pronto despacho.

Consultar boletín N° 9715 aquí.

(Fuente: cámara)

Comisión de familia retomó discusión de proyecto que reforma el sistema de adopción

Fortalecer la familiar y poner como prioridad el interés superior del niño es que lo busca el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre Reforma Integral de Adopción en Chile, cuya discusión fue retomada en la Comisión de Familia.

El texto, que fue ingresado a la Cámara en octubre de 2013 y paralizado en su discusión por el trámite de la Ley de Garantías de la Niñez, contempla incorporar el interés superior del niño; el derecho de la niña, niño o adolescente a vivir en familia; la subsidiariedad de la adopción; el derecho a ser oído; el derecho del adoptado a conocer sus orígenes; y la reserva de la adopción.

Considerando el largo proceso que tiene hoy el sistema de adopción en el país, la iniciativa buscará agilizarlo proponiendo un nuevo catálogo, más amplio y detallado, que establezca las causas de adoptabilidad. Hoy en día sólo existen dos causales: abandono e inhabilidad física o moral.

Uno de los nuevos motivos que es agregado por el proyecto es la circunstancia de que un niño haya estado internado en una institución por un período superior a seis meses, sin causa justificada. Otra innovación en este sentido es el inmediato inicio del proceso de adoptabilidad cuando exista una causal, acotándose la búsqueda de parientes más cercanos y estableciendo normas que permitan garantizar y agilizar su notificación, entre otras.

Desde el Ministerio de Justicia, el Subsecretario Nicolás Mena valoró el acuerdo tomado con la Comisión para afrontar, durante todo lo que queda del periodo legislativo, lo que respecta al proyecto, con la idea de hacer un trabajo conjunto que permita constar con mejoras importantes.

“Este es un proyecto que tiene un contexto distinto a lo que había en el año 2015, porque se han ido aprobando proyectos vinculados a la infancia, dentro de lo que es la batería de iniciativas, que hacen necesario que algunos sistemas que estaban contemplados para aquella época sean actualmente atingentes, por lo tanto, se logró un muy buen acuerdo y buen ánimo”, subrayó.

El diputado UDI David Sandoval señaló que hoy día existe la necesidad de avanzar en un sistema que dé garantías prioritarias a los niños, a fin de que se les restablezca, con la máxima celeridad, la condición de vivir en un entorno cercano a su familia.

“El mecanismo de trabajo debe ser donde los equipos trabajen con toda la seriedad, pero también donde los planteamientos que se realizan en ese contexto se respeten hasta la última instancia y que no pase lo que pasó en el proyecto de Garantías de la Niñez, donde se rechazaron materias sustantivas y fundamentales para el proyecto de ley”, resaltó.

Desde la Comisión argumentaron que se espera contar con la mejor disposición y voluntad para sacar adelante una buena ley de Reforma al Sistema de Adopción.

(Fuente: Diputados)

Avanza proyecto de derecho de filiación de hijos de parejas del mismo sexo

La Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionada con los niños, niñas y adolescentes, se ha reunido con agrupaciones civiles y con académicos, para debatir sobre la posibilidad de que las mujeres también puedan realizar este reconocimiento que entrega vínculos filiativos con los menores y que hoy es exclusivo de los hombres.
Cabe recordar que actualmente en Chile solo los hombres están facultados para poder hacer valer los derechos de filiación sobre los hijos a través de la figura legal del reconocimiento, situación que, de acuerdo a legisladores,  con las nuevas figuras de familia que comienzan a aparecer en la sociedad, como familias con dos madres, dificulta el objetivo de asegurar derechos de protección sobre el o los menores.
En el mismo sentido,  junto al reconocimiento que pueden hacer los hombres, el derecho de afiliación sobre los hijos, por parte de las mujeres, se obtiene por transmisión sanguínea, por lo que, en el caso de una pareja de mujeres, aquella que no fue la que dio a luz, no puede entregarle estos derechos al menor.
Por ello, el derecho de filiación busca proteger a los menores en sus derechos personales a ser cuidados, protegidos y educados por sus madres o padres, su derecho al nombre y a la identidad, sus derechos alimenticios, previsionales, de seguridad social, hereditarios y los derechos patrimoniales en general.
El senador miembro de la Comisión,  Letelier, sostuvo  que en el reconocimiento existe una limitación, que es discriminatoria, por cuanto solo se le permite a un hombre a dar filiación, no así a una mujer.
El legislador aseguró también que “como comisión tenemos el deber de garantizar el derecho de los niños y que se reconozca los sectionersos tipos de familia”.
El documento establece que esta problemática se ha ido convirtiendo en algo recurrente dentro del país debido a la posibilidad que tienen hoy las mujeres de someterse a técnicas de reproducción humana asistida como también las posibilidades de adopción, por lo que los hijos de estas parejas solo contarían con el vínculo de filiación respecto de la madre que dio a luz, quedando la otra imposibilitada de hacer valer este derecho.
Por su parte, la profesora de derecho de la Universidad de Chile, Fabiola Lathrop, detalló que “estas familias han alcanzado cada vez mayor aceptación e inclusión, el tema es que del punto de vista jurídico no alcanzan el reconocimiento que se debería alcanzar”.
Finalmente, agregó que frente a esto “el proyecto trata de poner algunas soluciones ahí donde la ley todavía tiene una distancia entre lo que es la realidad familiar de un niño y lo que dice desde el punto de vista filiativo el Registro Civil”.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis del boletín N° 10626-07 aquí.

(Fuente: diario constitucional)

Sala continúa debate y votación de proyecto que crea el Sistema de Garantías de la Niñez

El proyecto de ley que crea el sistema de garantías de la niñez centró el trabajo de la Sala de la Cámara de Diputados el martes 7 de marzo.

Los alcances de la iniciativa legal fueron presentados la semana pasada, a través de la rendición de los informes de las Comisiones de Familia y de Hacienda, lo que poseen una diferencia importante en sus normas: mientras el primero insta al Estado a utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos de los infantes, incluso requiriendo la cooperación internacional en caso de estos no ser suficientes los dineros del país; el texto de Hacienda no presenta un compromiso explícito para asegurar el presupuesto necesario.

Tal como se explica en los textos, el propósito de la iniciativa consiste en adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile, mediante la creación de un ordenamiento coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales denominado «Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez», que da cuenta de una nueva concepción de los niños como sujetos de derechos y no meramente como depositarios de prácticas asistenciales o como objetos de la tutela estatal.

Además, contiene las bases institucionales para prevenir la vulneración de sus derechos, como asimismo, asegura su efectivo cumplimiento y vela por el pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, el que considera, además, su identidad cultural y pertenencia a pueblos indígenas, que permitan favorecer su desarrollo integral.

Conforme al texto de la Comisión de Hacienda (último aprobado), esta ley tiene por objeto la protección y garantía integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y en las leyes.

El proyecto, tal como se adelantó, crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, el que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños.

Formarán parte de este sistema, entre otros, los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la Administración del Estado, el Defensor de los Derechos de la Niñez, entras instituciones, que en el ámbito de sus competencias deban ejecutar acciones de protección, promoción, prevención, restitución o reparación para el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos del niño.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por niño todo ser humano menor de dieciocho años. En caso de duda sobre si un niño es o no menor de dieciocho años, y siempre que vaya en beneficio de sus derechos, se presumirá que lo es.

Esta normativa define que es deber de los órganos del Estado, de la familia y de la sociedad respetar, promover y proteger los derechos de los niños. Asimismo, indica que la responsabilidad por el cuidado, formación, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación corresponde preferentemente a los padres y/o madres del niño, quienes ejercerán esta responsabilidad activa, equitativa y permanentemente, sea que vivan o no en el mismo hogar.

Señala también que toda persona debe respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de los niños. Las organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo funciones relacionadas con el desarrollo de los niños deben respetar, promover y velar activamente por sus derechos, reciban o no financiamiento del Estado, debiendo respetar siempre el interés superior del niño.

Corresponderá a los órganos de la Administración del Estado, en el ámbito de sus competencias, en particular: promover, en condiciones de igualdad, el libre y pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños; proveer programas, asistencia y apoyo a los padres y/o madres, y a las familias en el ejercicio de su responsabilidad sobre los niños; y facilitar y promover la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Asimismo, se deberá promover el restablecimiento de los derechos cuyo ejercicio se haya visto privado o limitado por la falta o insuficiencia del desarrollo de los derechos y deberes que competen a los padres y/o madres, y a las familias; dar prioridad a los niños vulnerados en sus derechos en el acceso y uso a todo servicio, prestación y recursos de toda naturaleza, sean públicos o privados necesarios para su completa rehabilitación, en las debidas condiciones de seguridad y dignidad; y promover el restablecimiento de los derechos de los niños vulnerados por terceros distintos de los padres y/o madres, su familia, sus representantes legales o quienes los tuvieran legalmente a su cuidado.

Esta ley promoverá la defensa en particular de los derechos de los niños en situación de discapacidad o provenientes de grupos sociales o específicos, tales como niños inmigrantes, pertenecientes a comunidades indígenas o que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, garantizando su pleno desarrollo y respeto a las garantías especiales que la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, la Constitución Política de la República y las leyes, les otorgan.

Asimismo, se establece que todo niño tiene derecho a que en las actuaciones y decisiones que les afecten, sea que provengan de autoridades legislativas, judiciales o administrativas, de las organizaciones de la sociedad civil, de instituciones privadas, o de los padres y/o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado, se considere primordialmente su interés superior.

El cuerpo legal, además, entre otras múltiples normas, define que los niños tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos sin discriminación arbitraria; y determina que los órganos de la Administración del Estado cumplirán con las obligaciones que la presente ley establece, dentro del marco de sus competencias legales, asegurando, en su caso, el acceso a las prestaciones que les corresponde entregar o garantizar de manera progresiva y velando por una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos de que disponga el país y sus respectivos presupuestos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10315.

Se inicia debate de proyecto sobre sistemas de garantías de la niñez

niñosCon los informes de la Comisión de Familia, entregado por la diputada Denise Pascal (PS), y de la Comisión de Hacienda, entregado por el diputado Ernesto Silva (UDI), se dio por iniciado el debate del proyecto que establece un sistema de garantías de la niñez.

La propuesta busca adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile, mediante la creación de un ordenamiento coordinado de dispositivos legales, institucionales, políticos y sociales denominado «Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez», que da cuenta de una nueva concepción de los niños como sujetos de derechos y no meramente como depositarios de prácticas asistenciales o como objetos de la tutela estatal.

Además, contiene las bases institucionales para prevenir la vulneración de sus derechos, como asimismo, asegura su efectivo cumplimiento y vela por el pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, el que considera, además, su identidad cultural y pertenencia a pueblos indígenas, que permitan favorecer su desarrollo integral.

Cabe resaltar que durante su análisis en las comisiones surgieron diferencias importantes: mientras Familia optó por instar al Estado a utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos de los infantes, debiendo incluso acudir a la cooperación internacional en caso de estos no ser suficientes los dineros del país; Hacienda, a solicitud del Ejecutivo, dejó abiertas las normas relacionadas, sin un compromiso explícito.

Contenido

La propuesta legal tiene por objeto la protección y garantía integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y en las leyes.

El Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños.

Formarán parte de este sistema, entre otros, los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la Administración del Estado, el Defensor de los Derechos de la Niñez y otras instituciones que en el ámbito de sus competencias deban ejecutar acciones de protección, promoción, prevención, restitución o reparación para el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos del niño.

Entre otras materias, se establece que la ley promoverá la defensa en particular de los derechos de los niños en situación de discapacidad o provenientes de grupos sociales o específicos, tales como niños inmigrantes, pertenecientes a comunidades indígenas o que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, garantizando su pleno desarrollo y respeto a las garantías especiales que la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, la Constitución Política de la República y las leyes, les otorgan.

Además, todo niño tiene derecho a que en las actuaciones y decisiones que les afecten, sea que provengan de autoridades legislativas, judiciales o administrativas, de las organizaciones de la sociedad civil, de instituciones privadas, o de los padres y/o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado, se considere primordialmente su interés superior.

El cuerpo legal define que los niños tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos sin discriminación arbitraria; y determina que los órganos de la Administración del Estado cumplirán con las obligaciones que la presente ley establece, dentro del marco de sus competencias legales, asegurando, en su caso, el acceso a las prestaciones que les corresponde entregar o garantizar de manera progresiva y velando por una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos de que disponga el país y sus respectivos presupuestos.

(Fuente: Diputados)

Consulte el proyecto de ley, Boletín N° 10315.

Suprema anula de oficio sentencia que ordena a organismo técnico establecer régimen de relación directa y regular: se infringe deber de inexcusabilidad

Padres separadosLa Corte Suprema anuló de oficio la sentencia de familia que oficia al DAM para que establezca un régimen de relación directa y regular entre padre e hijo, sin resolver el asunto en la misma sentencia. Consulte el fallo analizado en Microjuris.

El pasado 26 de Enero de este año, la cuarta sala del máximo tribunal terminó anulando de oficio la sentencia apelada que confirmó el fallo de familia que estableció el pago de un monto de pensión alimenticia, y adicionalmente solicitó al DAM de la comuna que en base a los antecedentes de la causa propusiera la mejor relación directa y regular entre padre e hijo, a fin de fortalecer la revinculación filial, procurar la adaptación del niño al padre y retomar las visitas sin causar daño al niño.

La Corte Suprema estima que el tribunal omite pronunciarse respecto a la demanda reconvencional de relación directa y regular interpuesta por el recurrente, vulnerando el artículo 66 N° 4, 5, y 6 de la Ley N° 19.968. Esto es así, porque el tribunal no emite pronunciamiento ni vierte en la sentencia razonamiento alguno sobre los motivos que sustentan su decisión en lo referente al régimen de relación directa y regular, cosa que además es reiterada por el tribunal de segunda instancia al confirmar la sentencia en iguales términos.

Como se dijo, el tribunal del fondo solicita al DAM que propusiese el mejor régimen de relación directa y regular entre el padre y el hijo. Si bien la iniciativa se encuentra motivada por el interés superior del niño, el fallo considera que el tribunal no sabe conjugar dicho principio con su deber ineludible de pronunciarse sobre todo asunto sometido a su conocimiento. Por lo tanto, al delegar en la sentencia la labor de determinar el régimen de relación directa y regular en otra entidad, infringe el deber de inexcusabilidad que informa el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

El fallo, en todo caso, considera la posibilidad de que la delegación por parte del tribunal del establecimiento de un régimen de relación directa y regular en el DAM podría ser interpretado como una forma de posponer su decisión hasta después de recabar sustento técnico. Sin embargo, al no señalar los fundamentos que supuestamente harían necesaria la intervención de un organismo técnico, de todas maneras incumple su obligación de fundamentar la sentencia, dejando al recurrente en la indefensión.

Es por ello mismo que la Corte Suprema emite en el mismo acto una sentencia de reemplazo, estableciendo un regimen de relación directa y regular entre el padre y el hijo.

En esta, a efectos de establecer el régimen de relación directa y regular, se considera que es necesario evaluar y ponderar lo señalado por los informes psicológicos evacuados. Ellos señalan que: a) la situación de ausencia del padre no satisface las necesidades emocionales del niño; b) se recomienda una relación directa y regular sin pernoctación, dado que el ciclo vital que vive el niño se caracteriza por una mayor dependencia de la madre; c) se observa apego del padre hacia su hijo y un genuino interés por participar en su desarrollo, sin que se perciban contradicciones para ejercer roles parentales; d) si bien se constata una tendencia a la impulsividad en la estructura de personalidad del demandante reconvencional, ello no representa un obstáculo para el ejercicio de su rol parental.

De todo lo anterior, el tribunal concluye que el restablecimiento de la relación del padre con su hijo debe ser progresiva, dado el tiempo de separación que ha habido entre ellos, que aconseja adecuar los ritmos de adaptación y reconocimiento, y que el padre someterse a un tratamiento de control de impulsos que contribuya a mejorar el manejo de su impulsividad, en pro del interés superior del niño.

Corte de Santiago acoge recurso de protección y ordena al Registro Civil celebrar matrimonio entre chileno y ciudadana ecuatoriana

Matrimonio y Pacto de Union CivilLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por una pareja chileno-ecuatoriana en contra del Registro Civil e Identificación, organismo que se negó a celebrar su matrimonio.

En fallo unánime (causa rol 1.613-2017), la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Javier Moya, Pilar Aguayo y la abogada (i) Claudia Candiani– acogió la acción cautelar presentada por Mayra Pinela Espinoza y Hugo Lara Díaz.

Pinela Espinoza arribó hace 10 años a Chile. Periodo en el que cumplió una pena de 541 días de presidio por un hurto. Además, se encuentra en situación irregular en el país, razón por la cual el Registro Civil le denegó fecha para contraer matrimonio, pese a que la pareja tiene un hijo y esperan otro.

En la sentencia, el tribunal de alzada establece que el Registro Civil cometió un acto arbitrario al negar la concreción del matrimonio, sin que exista impedimento legal, de acuerdo a la ley de matrimonio civil chilena y la Convención Americana de Derechos Humanos.

«Que, analizada la normativa invocada por la recurrente, esta Corte observa que el citado artículo 76 del DL 1094 efectivamente exige a los extranjeros que acrediten su residencia legal en el país y que demuestren que se encuentran habilitados para la celebración del acto o contrato requerido; sin embargo, en la especie, cabe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Matrimonio Civil que señala que «la facultad de contraer matrimonio es un derecho inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello», establece el fallo.

Resolución que agrega: «En el mismo sentido se pronuncia el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al señalar, en su párrafo segundo, que «se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención», norma que en relación al inciso segundo del artículo quinto de la Constitución Política de la República, eleva a derecho humano de carácter universal la facultad de contraer matrimonio. En este derrotero, no existen, a juicio de esta Corte, otros impedimentos para contraer matrimonio en Chile que no sean los que consagra el artículo 5° de la Ley N° 19.947, que en la especie no concurren; razones por las cuales esta Corte estima no existir impedimento alguno para que los recurrentes contraigan matrimonio en Chile».

«(…) en armonía con lo razonado, no cabe sino concluir que la recurrente -Servicio de Registro Civil e Identificación- ha incurrido en conducta ilegal y arbitraria: Ilegal al no existir norma alguna en nuestro país que permita discriminar entre chilenos o extranjeros, en cuanto al documento idóneo que sirva para acreditar la identidad de los contrayentes, siendo suficiente un pasaporte válido y vigente, tal como, además, lo informa el propio Registro Civil al publicar en su página Web que para efectos del matrimonio de ciudadanos extranjeros en Chile, estos podrán usar cédula de identidad o pasaporte. En este sentido, la conducta del Servicio priva a los recurrentes del legítimo ejercicio de su derecho a contraer matrimonio, no obstante cumplir los requisitos legales para ello; y arbitrario, desde que no expresa una justificación suficiente para negar la celebración del acto, máxime cuando ambos contrayentes cumplen con los requisitos establecidos por el legislador para contraer el vínculo», concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Corte Suprema remite al senado informe sobre proyecto de ley que suspende sentencias para embarazadas y madres de menores de 3 años

Pleno Corte SupremaReunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el viernes 3 de febrero recién pasado– analizó el contenido del proyecto de ley que establece la suspensión de la ejecución de sentencias y de la prisión preventiva de embarazadas y mujeres con hijos menores de 3 años. Informe que fue remitido al presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, el lunes 13.

La Corte Suprema, tras la revisión de la iniciativa legal afirma que: «(…) es posible concluir que el proyecto en cuestión propone ajustes normativos de importancia no menor, en relación al cumplimiento de los estándares internacionales antes mencionados, los que intentan equilibrar las desigualdades que afectan a las mujeres privadas de libertad embarazadas o que dan a luz en esa condición y proteger el interés superior de niños y niñas, a través de modificaciones legales que pretenden hacerse cargo del rol de cuidado de los hijos que socialmente se atribuye a la mujer, y del impacto que sobre la base de este rol socialmente definido, tiene la privación de su libertad para ella y para la sociedad en general».

Oficio que agrega: «Ahora bien, la opción tomada por el proyecto obliga también a preguntarse si una modificación como la propuesta no contribuiría, acaso, a perpetuar el rol socialmente asignado a la mujer como única o exclusiva cuidadora de sus hijos, excluyendo la participación de los hombres en el ejercicio de su rol parental y la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, que han potenciado las últimas reformas introducidas al Código Civil por la ley 20.680».

Respecto de la suspensión de la ejecución de la sentencia, el máximo tribunal sostiene que «(…) si bien la medida de suspensión parece orientarse a proteger a la familia y al interés superior del niño, su carácter doblemente incondicionado –no constituye una facultad para el juez, sino una obligación, y al finalizarse el periodo de suspensión esta siempre implicará la privación de libertad de la mujer y la separación de su hijo, aunque se haya rehabilitado y ya no exista necesidad de pena– puede perjudicar el interés superior del niño o niña y contradecir el sentido general que de acuerdo a la ley y los tratados internacionales debe perseguir el sistema penitenciario: promover la reinserción social y la ulterior prevención del delito».

«En efecto –continúa–, sin perjuicio de su enorme relevancia en la generalidad de los casos, no es difícil pensar en situaciones en que la medida de suspensión de la condena podría resultar irrelevante o incluso inútil en relación al interés del menor. Y esto es así, porque tal como demuestra la experiencia de la situación regulatoria actual, pueden existir casos en que justamente aquello que más convenga al menor sea quedar bajo el cuidado personal de su padre, algún otro miembro de su familia o, en casos especialmente graves, su internación en un centro de lactantes e infantes del SENAME. En estas situaciones, la medida de suspensión de la condena de la madre no serviría a los fines que busca el proyecto y, al contrario, podría contribuir a perpetuar estereotipos de género, pudiendo su aplicación particular dificultar las acciones encaminadas a lograr una mejor distribución de roles y tareas en materia de cuidado de los hijos».

Potestad discrecional
Ahondado en el punto, el pleno de ministro propone, «en lo que a este asunto respecta, pareciera pertinente considerar la medida de suspensión de la condena como una potestad discrecional de los tribunales de justicia y no un deber incondicionado, tal como aparece en la propuesta. Esto haría posible conciliar, en el caso concreto, todos los fines que enuncia la moción, haciéndose cargo del hecho que en la generalidad de los casos es la mujer la que ejerce el cuidado del niño o niña, sin contradecir un enfoque respetuoso de las consideraciones de género y el interés superior de las niñas y niños implicados. Asimismo, la denunciada rigidez del sistema, que tampoco distingue, al expirar el plazo de suspensión de la condena, e impone, necesariamente, la privación de libertad en la mujer que ha utilizado esta herramienta, puede provocar importantes distorsiones respecto de los fines de reinserción que debiese perseguir un modelo de ejecución penitenciaria respetuoso de los Derechos Humanos».

«En este sentido –prosigue–, tal como en el caso anterior, resulta contra intuitivo o incluso violento privar de libertad a una mujer que, tras haber visto suspendida su condena, demuestra haberse reinsertado adecuadamente en sociedad y haberse hecho cargo del cuidado del niño o niña y su desarrollo integral. Lo cierto es que, tal como en el caso anterior, parece aconsejable entregar la evaluación de la situación de la mujer y su hijo a la judicatura especializada, la que en conocimiento de las circunstancias del caso y el interés superior del niño, debería ser capaz de ampliar el plazo de suspensión o, inclusive, sustituir o conmutar su condena. Esta sola posibilidad, podría constituir un importante incentivo para la reinserción de la mujer, la prevención de su reincidencia, y el resguardo de la familia y el interés superior del niño.
De hecho una solución regulativa similar se ha propuesto por varios expertos chilenos en la materia».

Cautelares
Sobre los mecanismos de control de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, la Corte Suprema estima que «(…) la suspensión de la condena sujeta a la mujer a un régimen de control innominado, que no especifica detalladamente sus implicancias ni refiere a algún estatuto legal o reglamentario que defina claramente sus consecuencias, no precisándose si la sujeción al control de la mujer corresponde a una pena, o a alguna otra medida. De esta manera, la estrategia regulativa del proyecto no responde cuestiones tan elementales como las que siguen:
– Determinar si el mecanismo de suspensión interrumpe o suspende el plazo de prescripción de la pena que se estipula. Esto es importante, especialmente, en atención a las reglas de media prescripción que estipula el artículo 103 del Código Penal, y la posibilidad de extender hasta por tres años más el periodo de suspensión, como sugiere el nuevo artículo 468 bis de la propuesta;
– Determinar si el mecanismo de revocación de la suspensión será incondicionado; si se producirá sólo tras la comisión de un nuevo delito o también con el incumplimiento del régimen de control impuesto; si se discriminará según la entidad del incumplimiento, o la reiteración de los mismos; qué rol jugará en su evaluación el cuidado del niño, su interés superior o el proceso de reinserción de la condenada;
– Determinar cómo se ejercerá el control de la autoridad; si será de cargo del SENAME. De las policías o de Gendarmería de Chile; si se someterá a la mujer a una o más condiciones determinadas, como las de realizar acciones en favor de su hijo o el hogar común;
– Determinar qué sucederá si al cumplirse dos años de suspensión nace un nuevo hijo; ¿Se suspenderá nuevamente la pena respecto de este nuevo recién nacido? ¿Cómo se calificará la existencia de una enfermedad grave?
– Determinar cómo se aplicarán las reglas de abono, si se someterá a las reglas generales explicitadas en el artículo 26 de la ley 18.216, independientemente del hecho que el control al que se somete a la mujer no tiene necesariamente el carácter de pena (o modo de cumplimiento de la misma)».

A modo de compendio, el pleno sostiene que «(…) no obstante la positiva inspiración del proyecto, éste no considera algunas cuestiones relacionadas, que han sido observadas por diversos expertos como de necesaria reforma:
– La inexistencia de una regla o principio según el cual la lactancia o el cuidado personal de un niño puedan servir de fundamentación o argumento para la concesión de alguno de los beneficios o derechos penitenciarios que prevé la ley, como son la libertad condicional, la rebaja de condena, el sistema de salidas, o la pena mixta.
– La inexistencia de una reglamentación que permita facilitar la relación directa y regular de madres y padres privados de libertad, con sus hijos menores, durante toda su niñez.
– La inexistencia de regímenes y principios que plasmen la importancia de la maternidad o paternidad para efectos de acceder prioritariamente a las plazas de trabajo, educación y capacitación en contextos de encierro.
– La inexistencia de un sistema de ejecución penitenciario moderno, que cuente con jueces de ejecución con competencias claras, con cobertura jurisdiccional adecuada, y criterios interseccionales que permitan compatibilizar el resguardo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la legalidad y juridicidad en el cumplimiento de las penas, y la reinserción social de los condenados».

Prisión preventiva indispensable
Sobre la prisión preventiva, el informe del máximo tribunal afirma que «es menester tener presente que, en su calidad de medida cautelar, ella se impone sobre la base de un juicio de ponderación complejo que, de un lado, considera la existencia de determinados riesgos que pueden producirse mientras dura la investigación o el juzgamiento de la acción (como podrían ser la fuga del imputado o la perpetración de un nuevo ilícito), y por otro, considera los daños, costos y riesgos que una medida tan intensa como ésta produce (v.gr. los costos económicos que conlleva la privación de libertad para el Estado, el riesgo jurídico de privar de libertad a alguien que en definitiva será declarado inocente, etc.). De allí que ella sólo pueda imponerse cuando, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, ella sea ‘indispensable'».

«Pues bien –continúa–, atendida la naturaleza jurídica de la prisión preventiva como medida cautelar, la existencia de una mujer embarazada, o que tenga a su cargo el cuidado de su hijo, implica riesgos y consecuencias dañinas adicionales -a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior del presente informe- que no se encuentran presentes respecto de otros imputados. Estos riesgos intensificados, contrastados con el principio de la primacía del interés superior del niño, de la personalidad de las penas y la protección de la vida del que está por nacer, plausiblemente pueden llevar a considerar al legislador la prohibición de aplicar esta medida a mujeres embarazadas. Esto equivaldría, desde luego, a una decisión de política criminal, en la que el legislador ordena de modo incondicionado que, ante los conflictos de intereses que pudieran existir entre los principios de éxito de una investigación y prevención del delito por un lado, y el interés superior del niño y la protección de la vida de aquél que está por nacer, por otro, el juez siempre deba privilegiar estos últimos, debiendo el ordenamiento prever otros mecanismos orientados a resguardar el éxito de la investigación. Con todo, valen aquí las reflexiones hechas anteriormente, en relación a los eventuales problemas que podría generar una opción legislativa rígida o incondicionada, que eventualmente podría conspirar contra los propósitos del mismo proyecto».

«Sin perjuicio de lo anterior, es menester tener presente que la prisión preventiva es una medida que, aún hoy, sin norma expresa al respecto, podría decidir no aplicarse para las mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años, tanto en razón del criterio de ponderación antes indicado, como en directa aplicación del control de convencionalidad relativo al interés superior del niño, priorizando otras medidas de control contempladas por la ley. Así, «no se sacrifica aquí ningún interés público estatal de coerción personal sino que se lo adapta para conjugarlos con los derechos de protección especial que involucran a la infancia y la adolescencia«, concluye.

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el informe de la Corte Suprema.

 

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